Hermenegildo Gutierrez Múñoz
Expediente 853/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Hermenegildo Gutierrez Múñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, ocho de febrero de dos mil diecinueve. I. Archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional del acto reclamado. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Ejecutoria. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, en la que se sobreseyó en el mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. III. Destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VII. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintidós de enero de dos mil diecinueve. I. Solicita copias. Téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso Hermenegildo Gutiérrez Muñoz, mediante el cual solicita copias de los informes previos; con fundamento en lo dispuesto por el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias que solicita y hágase entrega de las mismas a la persona que autoriza, previa razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Incidental
Audiencia incidental En Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con trece minutos del veintiuno de enero de dos mil diecinueve, Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Brenda Guadalupe Martínez Castillo, Secretaria que autoriza y da fe, inicia la audiencia incidental prevista en el artículo 144 de la Ley de Amparo, en los cuadernos de suspensión relativos al juicio de amparo 853/2018, sin la asistencia de las partes. I. Relación de constancias. a) La Secretaria da cuenta al Juez: Con el estado procesal que guardan los presentes autos y, con las constancias que integran esta incidencia. b) El Juez acuerda: Celébrese la presente audiencia. II. Intervención del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. Se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional no formuló pedimento. III. Periodo probatorio. Acto continuo, se abre el período probatorio, en el cual se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas, por lo que se declara cerrada dicha etapa. IV. Alegatos. Consecuentemente, se abre el periodo correspondiente a alegatos, en el cual se hace constar que las partes no formularon, y al no existir escrito en dicho sentido, se declara concluida esta etapa, para dictar la resolución siguiente. RESOLUCIÓN INCIDENTAL Visto para resolver en definitiva el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 853/2018. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda y fijación de los actos reclamados. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, Hermenegildo Gutiérrez Muñoz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó de las siguientes autoridades: 1. Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad. 2. Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de Mazatlán, (Sala A) Cecjude, con sede en esta ciudad. 3. Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de Mazatlán, (Sala B) Cecjude, con residencia en esta ciudad. 4. Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de Mazatlán, (Sala C) Cecjude, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: La orden de comparecencia, detención o aprehensión librada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. El veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho, se concedió al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados; se pidió informe previo a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, conforme lo establecen los artículos 33, 37 y 125 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Informe previo. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad , con residencia en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto reclamado. Así, como la parte quejosa no aportó prueba alguna tendiente a demostrar lo contrario, consecuentemente, debe negarse la suspensión definitiva de los actos reclamados, por falta de materia sobre qué decretarla, en términos de lo dispuesto en los artículos 128 y 144 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del texto siguiente: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." (Novena Época. Registro 204855. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia Común, Tesis VI.2o. J/19, Página 133) TERCERO. El Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas que le fue concedido para tal efecto, como se acredita con el sello de recibido del oficio 34555/2018, en treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho ; en consecuencia, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. Así, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos jurídicos 128 y 138 de la Ley de Amparo vigente, toda vez que hasta el momento no existe dato alguno del que se deduzca que se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse, con su ejecución se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en consecuencia, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, respecto de la orden de comparecencia, detención o aprehensión librada en su contra que constituye el acto reclamado, para los efectos siguientes: a) Si la orden aprehensión que se pretende ejecutar es por delito de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud) o bien, de aquellos delitos que establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en esta zona del Estado, entró en vigor a partir del quince de enero de dos mil dieciséis, o de aquellos que estén contemplados en cualquier otra legislación secundaria que contemple prisión preventiva oficiosa; la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el Centro de reclusión que corresponda, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que en el presente asunto no consta dato alguno que indique que la parte quejosa se ubica en alguno de los supuestos para la aplicación del párrafo segundo del artículo 162 de la Ley de Amparo, esto es, decretar la privación de libertad en un domicilio, y dado que la privación de la libertad es una consecuencia de la resolución, ya sea de orden de aprehensión, por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional, ello hace improcedente dicha excepción, ya que no se justificó ni siquiera indiciariamente que existieran dichas circunstancias. b) Si la orden de aprehensión es por delito que no tiene prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, esto es, para que las cosas permanezcan en el estado que guardan y no se le prive de la libertad personal con motivo de dicha orden. De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo en vigor. La suspensión definitiva concedida surtirá efectos hasta en tanto se resuelva sobre el presente juicio de amparo, en relación con la orden de aprehensión reclamada. c) En el caso de que la parte quejosa se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al Juez, la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando la parte imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el Centro de reclusión que corresponda, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del numeral 166 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado consistente en la orden de detención; al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos jurídicos 128 y 129 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa solicita la medida suspensional y hasta el momento no existe dato alguno del que se deduzca que se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse, con su ejecución se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la orden de detención que, si en su caso, ya fue efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concede para que se ponga en inmediata libertad, si no se acredita la flagrancia o la urgencia. Mientras que, de existir flagrancia o urgencia, se instruye al Ministerio Público para que el quejoso sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, a partir de su detención; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. De igual manera, y tratándose de una orden de comparecencia, librada por el agente del Ministerio Público, con motivo de la indagatoria de un delito que no tiene pena privativa de libertad, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que no se obligue al agraviado con auxilio de la fuerza pública a presentarse al desahogo de alguna diligencia dentro de la averiguación previa correspondiente; asimismo, no se le prive de la libertad; ello, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre el juicio de amparo En el caso de que dicha orden de comparecencia, haya sido librada por un Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, la suspensión se concede para que no se ejecute dicho mandamiento, quedando el quejoso a disposición de este Juzgado de amparo por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. "ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social." (Novena Época, Registro: 172458, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 35/2007, Página: 430). Garantía. Conforme a lo previsto en el numeral 168 de la Ley de Amparo, deberá exigirse a la parte quejosa la exhibición de garantía, la que se fijará tomando en consideración los elementos siguientes: la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, características personales y situación económica del impetrante, así como la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. También deberá fijarse las medidas de aseguramiento que se estimen necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y en su caso se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, y en su oportunidad, pueda ser devuelta la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del término de cinco días garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley para el cumplimiento de la obligación (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera). En ese contexto, por tratarse de actos que afectan la libertad personal del promovente y al no contar hasta el momento con suficientes elementos que los aportados por ésta en su libelo constitucional, con fundamento en el artículo 132, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es fijar discrecionalmente una garantía por la suma de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), al no constar hasta este momento mayores datos que hagan necesario fijar una garantía mayor. Si opta por hacerlo mediante billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), la institución crediticia depositaria debe incluir la leyenda de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de ese depósito, y la relativa a que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante; lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio Consejo. "Artículo 879. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste, cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria". "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". En caso de exhibir póliza de fianza, deberá ser a disposición de este juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme a lo establecido en el diverso numeral 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; también la afianzadora deberá indicar que se somete a la jurisdicción del Juzgado de Distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para el caso de hacer efectiva esa garantía. De igual modo, si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante, y si se garantiza mediante póliza de fianza la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; y, deberá incluirse el texto siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedido a Hermenegildo Gutiérrez Muñoz, en el incidente de suspensión 853/2018." En el entendido que, de tratarse de delito de prisión preventiva oficiosa, no será necesario exhibir la garantía aquí fijada. "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando los actos que se reclaman derivan de un procedimiento penal y afectan la libertad personal, al proveer sobre la suspensión es menester guardar un equilibrio entre esa garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento, por ello, los artículos 124 Bis, 130, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen la facultad del Juez de Distrito para fijar las medidas de aseguramiento pertinentes, a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, y sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo. En ese sentido, cuando se reclama una orden de aprehensión por un delito no grave, la suspensión produce el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en cuanto a su libertad se refiere y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, incluso si la orden de captura no ha sido cumplida, la finalidad de la medida cautelar es evitar su ejecución material, por ello, el Juez de Distrito debe exigir al quejoso una garantía económica y ordenar su presentación ante la autoridad responsable. Sin embargo, cuando la orden de aprehensión es por delito grave, la suspensión que se concede no evita ni paraliza su ejecución, de ahí que la libertad del quejoso no queda a cargo del Juez de amparo ni hay obligación de devolverlo a la jurisdicción de la autoridad responsable; consecuentemente, no debe exigírsele la exhibición de garantía económica alguna, ni su presentación ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, pues resultaría contradictorio con la finalidad de dicha medida el que la suspensión no aportara al quejoso alguna condición favorable a su libertad personal y favoreciera a la autoridad en la ejecución del mandamiento de captura, obligándolo a entregarse para ser recluido y afrontar el proceso en prisión preventiva, lo cual no corresponde a las funciones del Juez de Distrito, ni comulga con la finalidad del juicio de amparo. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 12/2012. 30 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Julio César Ramírez Carreón". ("Décima Época, Registro: 2000678, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.P.13 P (10a.), Página: 1971). Medidas de aseguramiento. Por el momento no se decreta ninguna medida de aseguramiento, en virtud de que hasta este instante, no existen datos o aspectos objetivos para decidir si está o no garantizada la comparecencia del imputado en el juicio, ni existe evidencia que se pretenda obstaculizar el desarrollo de la investigación, o que se pone en peligro a la víctima, los testigos o la comunidad. En el entendido que, si la orden de comparecencia, detención y/o aprehensión es por delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del nuevo sistema procesal penal, se impone como medida de aseguramiento a fin de que se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, la obligación de comparecer personalmente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días, a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice, respecto del informe en el que la citada autoridad, acepte la existencia del acto reclamado, para la continuación del proceso, lo que deberá demostrar a este juzgado dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva. Casos en que no surtirá efectos la suspensión concedida. a) Si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa o por otra persona a su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado, y contra las propias autoridades ordenadoras. b) Si la parte quejosa es sorprendido en delito flagrante. Causas de revocación de la medida cautelar decretada. a) De no acreditarse que la parte quejosa cumplió con la exhibición de la garantía en el plazo indicado. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley de Amparo. b) De no acreditarse que la parte quejosa compareció ante la citada autoridad responsable cuantas veces sea citado o requerido para la práctica de cualquier diligencia relacionada con la indagatoria. c) La libertad otorgada a la parte quejosa con motivo de esta suspensión podrá ser revocada cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por este órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 167 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 125 y 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se niega a Hermenegildo Gutiérrez Muñoz, la suspensión definitiva de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Se concede a Hermenegildo Gutiérrez Muñoz la suspensión definitiva de los actos que reclama de la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
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