Hermenegildo González Chacón y Otros.

Expediente 1599/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1599/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Hermenegildo González Chacón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de amparo directo ***, con el que informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; ARCHÍVESE el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el presente cuaderno de antecedentes, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 20. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual solicita se le remita copia certificada de las constancias consistentes en el informe justificado rendido en el juicio de amparo *** del índice de este órgano jurisdiccional y de la resolución interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil veintidós dictada en el incidente de falsificación de firmas del expediente ***. En atención a lo solicitado, con fundamento en el numeral 3, de la ley de la materia, así como con el diverso 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, remítasele al Tribunal copia certificada de las actuaciones solicitadas que integran el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativas al juicio de amparo 1183/2022, de nuestra estadística, para que esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente y registrar bajo el número de juicio de amparo 1599/2022-4-A. INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Federal estima que los actos impugnados son reclamables en amparo directo; es decir, corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer y resolver respecto de la demanda de amparo de que se trata. De lo anterior, se colige que la suscrita resulta legalmente incompetente por razón de grado para conocer de la demanda en estudio, en términos de lo dispuesto en los artículos 47, 170, fracción I y 176 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA. La Resolución de Interlocutoria en el Incidente de Falsificación de firma, de fecha 04 de octubre de 2022, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, Junta Especial Uno, en el expediente ***, antes ***." Para corroborar lo anterior, en principio, resulta necesario acudir a lo establecido por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." De los normativos en cita, se advierte que compete a los tribunales colegiados de circuito conocer del juicio de amparo directo, que es aquel que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Las sentencias definitivas o laudos son aquellos que dictan los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que deciden el juicio en lo principal, es decir, los que contienen un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, declarando el derecho que corresponda a cada una de las partes como resultado del análisis de sus planteamientos y de las pruebas que aportaron. Cabe precisar que el concepto tribunal se debe entender en un sentido amplio, esto es, como ente jurídico dotado de atribuciones legales para decir el derecho en los asuntos que la ley le otorgue competencia. En este orden de ideas, quedan incluidos los juzgados y tribunales, con independencia de que la conformación de estos últimos sea unitaria o colegiada. Por su parte, las resoluciones que ponen fin al juicio son las que lo dan por concluido en forma anticipada; se distinguen de las sentencias definitivas, porque no contienen pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, sino que terminan el juicio por actualizarse causales de desechamiento, de sobreseimiento (desistimiento de la acción, muerte alguna de las partes, convenio judicial o extrajudicial, etcétera) o la incompetencia del tribunal que conoce, en algunos casos, así como la inactividad procesal de las partes interesadas en que se dirima la controversia legal de que se trate. De lo expuesto, podemos destacar dos notas distintivas del juicio de amparo directo: La primera es que sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que sin decidir el litigio en lo principal tienen como efecto culminar con el mismo y, la segunda, que las resoluciones contra las que se promueve deben dictarse en juicio, sean civiles, penales, laborales, agrarios o administrativos. Esta última característica le ha valido el sobrenombre al juicio de amparo directo de "amparo judicial" o "amparo jurisdiccional", dado que como se ha establecido, no procede contra actos administrativos o emanados de procedimientos de esa naturaleza, aun cuando se hayan seguido en forma de juicio, pues, para estos supuestos, el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente establece la procedencia del juicio de amparo ante los jueces de Distrito. ***

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