Hermenegildo Félix Garay

Expediente 736/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
736/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
24/11/2017

Partes del expediente

  • Hermenegildo Félix Garay
  • Recaudador de Rentas de Jerez, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: a) Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del nueve al veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de seis de noviembre del año en curso (foja 228 a la 236), dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 736/2017. b) Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; c) Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. d) De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse y que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 27132, 27133, 27134, 27135, 27136 y 27137

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 736/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas (fojas 68 y 122), oficial notificadora de dicho juzgado (fojas 69 y 170), Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, en Jerez de García Salinas, Tesorero Municipal de Jerez de García Salinas (foja 199), del emplazamiento de la tercera interesada Ma. del Carmen Rivera Rivas (foja 62), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos, en particular, la circunstancia de que el Director de Seguridad Pública Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y el recaudador de rentas en dicho municipio no rindieron su informe con justificación a pesar de que fueron debidamente requeridos para tal efecto (fojas 18 y 176). A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con las documentales exhibidas por la parte quejosa (fojas 7 y 26 a 52) y por el juez responsable (fojas 70 a 116 y 123 a 168), consistentes estas últimas en las copias certificadas del juicio ordinario civil 289/2017. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los vertidos por la representación social de la adscripción en los pedimentos que obran a fojas 206 y 208 de autos. El juez acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 736/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Hermenegildo Félix Garay, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora a) Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Ejecutoras b) Oficial notificadora adscrita al juzgado citado c) Director de Seguridad Pública Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS: - Las medidas provisionales decretadas en el auto de radicación de demanda, relativas al juicio ordinario civil 289/2017, promovido contra el quejoso por María del Carmen Rivera Rivas; y su ejecución (foja 3). Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 8 a 12), se registró el juicio con el expediente 736/2017, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes con justificación, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción y emplazar al tercero interesado a la tercero interesada. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 21 a 25), el quejoso amplió la demanda respecto de las autoridades ejecutoras siguientes: - Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. - Titular del Departamento de Catastro de la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas. - Recaudador de Rentas en el Municipio de Jerez de García Salinas. De la autoridad ordenadora, reclamó las medidas precautorias dictadas en el auto de radicación combatido, consistentes en las anotaciones preventivas en los bienes inmuebles registrados en el Registro Público de la Propiedad y en el inventario de los semovientes existentes en el domicilio ubicado en calle Avicultores del rancho El Molino. En acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió la ampliación de demanda (fojas 53 a 55). En auto de cuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 204), se comunicó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades jurisdiccionales en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: Del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas: a) El auto de inicio de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ordinario civil 289/2017, sobre divorcio necesario incausado (promovido por María del Carmen Rivera Rivas, contra Hermenegildo Felix Garay), en el cual se decretaron, como medidas precautorias: la separación de los cónyuges; el abandono del demandado del domicilio conyugal; anotaciones registrales cautelares en los bienes inmuebles del demandado; y el inventario de los semovientes existentes en el rancho El Molino. Del actuario adscrito al juzgado citado, del Director de Seguridad Pública Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, del Tesorero Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas (en la denominación correcta del señalado como titular del departamento de catastro de dicho municipio) y del Recaudador de Rentas en el municipio en referencia: b) La ejecución en el ámbito de sus competencias del proveído reclamado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, aceptó la existencia de la determinación reclamada (fojas 68 y 122). Asimismo, dicho juzgador remitió la copia certificada de las actuaciones relativas al juicio ordinario civil 289/2017; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Por su parte, la oficial notificadora del juzgado responsable aceptó la ejecución del acuerdo combatido (fojas 69 y 170). La Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, en Jerez de García Salinas, aceptó la inscripción de las anotaciones preventivas determinadas (foja 181). El Tesorero Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, aceptó el registro de notas marginales en los bienes del quejoso registrados en el catastro de dicho municipio (foja 199). Por último, el Director de Seguridad Pública Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y el recaudador de rentas en dicho municipio no rindieron su informe con justificación a pesar de que fueron debidamente requeridos para tal efecto (fojas 18 y 176); por tanto, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos de ejecución que se les atribuyen. Además, la participación de dichas autoridades responsables se encuentra corroborada con las constancias remitidas del juicio natural, porque: I. Del análisis integral del auto reclamado, se desprende que se ordenó girar oficio a la recaudación de rentas en el municipio en referencia, a efecto de que informara los vehículos que se encontraban a nombre del quejoso (foja 142, reverso). II. En proveído de tres de agosto (esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete), se autorizó el uso de la fuerza pública para la ejecución del auto de inicio controvertido, por lo que se ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública en la ciudad en cita para que auxiliara en la diligencia de emplazamiento (foja 152). En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de divorcio necesario (incausado), María del Carmen Rivera Rivas demandó de Hermenegildo Félix Garay, en esencia, la disolución del vínculo matrimonial, los gananciales correspondientes al tiempo del matrimonio, el desalojo del domicilio conyugal (fojas 124 a 127). 2. En proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, admitió la demanda a trámite con el expediente 289/2017, ordenó el emplazamiento del demandado y decretó como medidas precautorias: la separación de los cónyuges; el abandono del demandado del domicilio conyugal; anotaciones registrales cautelares en los bienes inmuebles del demandado; y el inventario de los semovientes existentes en el rancho El Molino. Asimismo, requirió informes a efecto de investigar los inmuebles y vehículos que pudiera tener en propiedad el demandado (fojas 139 a 143). La determinación anterior y su ejecución integran la litis constitucional. 3. En acuerdo de tres de agosto de dos mil diecisiete, se autorizó el auxilio de la fuerza pública para la diligencia de emplazamiento (foja 152). 4. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se realizó el emplazamiento del quejoso (foja 41). QUINTO. Causas de improcedencia. El Tesorero Municipal de Jerez de García Salinas alega que debe sobreseerse en el juicio, porque la medida preventiva combatida fue dictada ante el temor fundado de que los inmuebles sujetos a juicio salieran dolosamente del patrimonio de la parte demandada, esto es, las providencias precautorias constituyen medidas que se adoptan cuando por el tiempo que necesariamente ha de transcurrir con motivo de un juicio, exista peligro de que la materia desaparezca o no se pueda hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia (foja 199). La afirmación sintetizada es infundada, dado que se encuentra vinculada con el fondo del asunto. En efecto, el núcleo del argumento en estudio se centra en la justificación de las medidas cautelares que fueron decretadas en el auto reclamado. No obstante, el análisis de dicho aspecto integra el fondo de la presente instancia constitucional, pues implica el estudio de la legalidad del proveído referido. De manera que la justificación del acto reclamado no puede servir de base para sobreseer en el juicio, pues ello debe analizarse a la luz de los conceptos de violación y sería un contrasentido determinar que no procede el análisis de éstos tomando en cuenta el fondo del asunto. Por tanto, al tener una estrecha vinculación con el fondo del asunto, la afirmación en análisis debe desestimarse. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, enero de dos mil dos, página cinco, que dispone: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. De ahí que no se encuentre acreditada la improcedencia del presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados, como se argumentará a continuación. El quejoso arguye, en concreto, que los actos reclamados son violatorios de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues sin sujetarse estrictamente a lo prescrito en estos preceptos, se decretó provisionalmente que su esposa sea la que permanezca en el domicilio conyugal; sin que él haya dado margen a que tales medidas cautelares se decreten, dado que su cónyuge es quien, de manera constante, se ausenta del hogar. Que ha cohabitado el domicilio conyugal sin problema alguno, al no ser una persona agresiva, además de que tiene severas secuelas por un infarto en el cerebelo y se encuentra imposibilitado para trabajar, por lo que se causa un daño de imposible reparación con el desalojo decretado. Asimismo, agrega, no ha proferido ofensa alguna contra su esposa. Por tanto, concluye, las medidas cautelares resultan ilegales (foja 5). El concepto de violación anterior es infundado, por lo siguiente: El artículo 234, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Zacatecas establece: ARTÍCULO 234 Mientras que se decreta el divorcio, al admitir la demanda el Juez, y en los casos que lo considere pertinente, con el auxilio de la instancia de mediación del Poder Judicial del Estado, de oficio dictará provisionalmente las siguientes medidas: I. La separación de los cónyuges. Del precepto anterior se deduce que la separación provisional de los cónyuges resulta una medida connatural a la demanda de divorcio, pues el juez debe dictarla de oficio al admitir la demanda, en los casos en que lo considere pertinente. De ahí que la medida precautoria en comento no tiene un supuesto específico para que se decrete, sino que, en general, es necesario que exista una demanda de divorcio y que el juez la considere necesaria. En consecuencia, el hecho de que, con anterioridad al divorcio, se hubiera cohabitado sin conflictos con el otro cónyuge y que no se hubieran realizado conductas agresivas no excluye que pueda decretarse la separación, pues aún el juez puede considerarla necesaria en virtud de la demanda de divorcio. Lo anterior teniendo como directriz que la separación en comento resulta connatural a la demanda de divorcio, pues, en general, no existiría justificación para que los cónyuges siguieran cohabitando, ante la pretensión de uno de ellos de divorciarse; por lo que se trata de una medida que se justifica con la sola demanda de divorcio, salvo que el juez advierta alguna cuestión por la cual no resultaría una providencia adecuada. Ahora bien, en otra parte, la causa de pedir del quejoso en los argumentos en análisis descansa en dos supuestos, a saber, el primero relativo a que la actora en el juicio natural era la que se ausentaba del domicilio conyugal por largos periodos; y, la segunda referente a que cuenta con un estado de salud que no le permitiría abandonar dicho lugar. No obstante lo alegado, las hipótesis fácticas destacadas no cuentan con sustento probatorio alguno que las corrobore y que consecuentemente las haga probables. Esto es así, ya que como medios de prueba, la parte peticionaria del amparo únicamente ofreció copia simple de las constancias que obran en el juicio natural; y, en ese sentido, del análisis integral de la demanda natural (fojas 124 a 127), no se advierte manifestación alguna que corrobore los supuestos referidos por el quejoso, por el contrario, la tercero interesada parte de la base de que el amparista fue quien se ausentó por un largo periodo del domicilio conyugal para trabajar en el extranjero y que regresó apenas hace un año y medio (foja 124, reverso). Sin que del resto de constancias se desprendan los hechos en que descansa lo afirmado por el quejoso, pues se trata: 1. De las copias certificadas de las actas de nacimiento y matrimonio relacionadas con el divorcio (fojas 37 a 44). 2. El acuerdo reparatorio de veintiséis de noviembre de dos mil quince, celebrado por los cónyuges respecto de unos daños provocados por el quejoso en el domicilio conyugal (foja 45). De dicho documentos únicamente se infiere el acuerdo alcanzado por las partes, pero no se desprenden circunstancias relativas a los hechos en comento. 3. El acta circunstanciada de hechos de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 46), levantada por la comparecencia ante la representación social de Marisol Morales; de la que se desprenden únicamente hechos relativos a una presunta agresión por parte del quejoso a la tercero interesada. 4. La factura de un vehículo marca Ford, F-350, modelo dos mil (foja 47). 5. La escritura pública cuatro mil cuatrocientos quince, relativa al inmueble ubicado en calle Álamo, treinta y ocho en Jerez de García Salinas (fojas 48 y 50) Así como la copia simple del recibo fiscal 8715172 de veintidós de mayo de dos mil diecisiete (foja 52), relativo a la expedición de placas en favor del vehículo cuya propiedad alega en la demanda de amparo. Así, con las pruebas reseñadas, el quejoso no acredita el padecimiento médico que refiere ni que la quejosa se ausentaba del domicilio conyugal, a efecto de poder dilucidar si, en su caso, tales circunstancias inciden en los términos en que fue decretada la separación controvertida. Por tanto, al no haberse acreditado los extremos que constituyen, en una parte, el núcleo del concepto de violación en análisis, no obstante constituir una carga del quejoso, el argumento en estudio, se reitera, resulta infundado. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, Octava Época, agosto de dos mil cuatro, página setenta y siete, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En otro orden de ideas, el amparista refiere que el matrimonio con la actora en el juicio natural no se hizo constar el régimen patrimonial aplicable, por lo que debe entenderse celebrado bajo separación de bienes. En ese sentido, afirma, el quejoso es propietario del vehículo marca Ford F-35O, modelo 2000, número de serie EFDKF36L3YMA10245 y del inmueble ubicado en calle Álamo, zona centro en Fresnillo, Zacatecas. Bienes que dice son de su exclusiva propiedad y que adquirió con recursos propios, sin desatender sus obligaciones familiares (foja 24, escrito de ampliación demanda). El argumento sintetizado resulta infundado. En efecto, el artículo 234, fracción III, del Código Familiar para el Estado de Zacatecas, establece: ARTÍCULO 234. Mientras que se decreta el divorcio, al admitir la demanda el Juez, y en los casos que lo considere pertinente, con el auxilio de la instancia de mediación del Poder Judicial del Estado, de oficio dictará provisionalmente las siguientes medidas: (.) III. Las que estime convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes, ni en los de la sociedad conyugal. Del numeral trascrito se deduce la facultad del juzgador para, al admitir la demanda de divorcio, decretar las medidas provisionales que estime pertinentes para que los cónyuges no puedan causar perjuicios en el patrimonio matrimonial. Lo anterior, se advierte, con independencia del régimen patrimonial que rija el patrimonio, pues únicamente se establece que procederán ese tipo de medidas en los casos en que se pueda causar perjuicios a los bienes del promovente o a los de la sociedad conyugal; lo que implica que éstas proceden respecto de cualquier bien sobre el que, preliminarmente, tenga derecho el cónyuge promovente del divorcio. De tal manera que el hecho de que tales providencias se decreten sobre bienes de propiedad exclusiva de uno de los cónyuges, por sí solo, no constituye un impedimento para decretar las medidas anteriores, pues lo relevante es que se estimen necesarias para proteger los intereses del otro cónyuge. Lo que resulta congruente con el contenido del numerales 139, 140 y 141 de la modificación familiar en referencia, ya que tales preceptos disponen: ARTÍCULO 139 Se llaman gananciales matrimoniales o concubinarios, a los frutos y provechos que se obtienen con el esfuerzo común de los cónyuges o concubinos, en la administración de los bienes comunes o personales, que sirven para el sostenimiento del hogar, y cuidado y educación de los hijos, sin perjuicio de que la propiedad y posesión de tales bienes la conserve quien tiene derecho a ello. ARTÍCULO 140 La comunidad de gananciales empieza el día en que se celebre el matrimonio o se inicie el concubinato, salvo convenio en contrario. ARTÍCULO 141 Se presume que forman parte de la comunidad legal de gananciales: I. Los frutos de cualquier especie de los bienes comunes, o de los bienes personales, en los que haya habido administración y trabajo comunes; II. Las mejoras que los bienes de la comunidad hayan experimentado durante la vida en común. Las donaciones hechas a ambos o a cada uno de ellos en consideración al matrimonio o al concubinato; III. Los bienes adquiridos con fondos o bienes comunes, o que sean el resultado del trabajo y esfuerzo de ambos. El precepto anterior contempla un régimen económico matrimonial común desde el inicio del matrimonio, entre otros supuestos, respecto de los bienes adquiridos con fondos o bienes comunes o que sean el resultado del trabajo y esfuerzo de ambos. Lo anterior tiene efectos entre los cónyuges, pues no se trata de una sociedad con personalidad jurídica (como la sociedad conyugal), puesto que se precisa que tal comunidad es sin perjuicio de que la propiedad y posesión de tales bienes la conserve quien tiene derecho a ello. En consecuencia, es evidente que existe la posibilidad de que, aun bajo el régimen de separación de bienes y respecto de las propiedades que correspondan a uno solo de los cónyuges, el otro tenga derecho a una parte de tal patrimonio, en particular, en el supuesto destacado. Luego, contrariamente a lo alegado, el régimen patrimonial alegado (separación de bienes) y la acreditación de que la medida incide en bienes de exclusiva propiedad no constituyen, por sí solo, un impedimento para que puedan decretarse las providencias cautelares en comento, pues, se insiste, cabe la posibilidad de que el otro cónyuge tenga un derecho común sobre ellos. Máxime que se trata de medidas provisionales tendentes a proteger la eficacia de la sentencia definitiva que se llegara a dictar, por lo que la afectación derivada de aquéllas no es privativa, sino de molestia, y será durante el trámite del juicio cuando pueda acreditarse en definitiva la titularidad de los derechos sobre tales bienes. Por tanto, se insiste, el hecho de que los bienes afectados en el acto reclamado fueran del dominio exclusivo del quejoso no excluye que puedan integrar una comunidad patrimonial con el otro cónyuge, a través de la figura de gananciales, y que, por ende, pudieran ser objeto de las medidas reclamadas. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación y no actualizarse algún supuesto en el que proceda suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado. Negativa que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados, al no combatirse por vicios propios. Sin que las manifestaciones realizadas en la ampliación de demanda respecto del emplazamiento al juicio natural (foja 23) puedan ser materia de estudio en la presente resolución, porque resultan ajenas a la litis constitucional; esto, ya que tal diligencia no se reclamó destacadamente y se advierte que tal narrativa se realizó únicamente a manera de antecedentes, tomando en cuenta que la inconformidad toral descansó en las medidas cautelares decretadas y que no puede considerarse como tercero extraño por equiparación al quejoso, al no haberse emitido la sentencia definitiva en el juicio natural. Máxime que el amparista reconoce haberse enterado del emplazamiento, por lo que no se advierte una inconformidad sobre la eficacia de dicha actuación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hermenegildo Félix Garay, en contra de los actos reclamados del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, actuario adscrito al juzgado citado, Director de Seguridad Pública Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, del Tesorero Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas y del Recaudador de Rentas en el municipio en referencia; consistentes en el auto de inicio de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ordinario civil 289/2017, y su ejecución. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Tesorero Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas (autoridad que el quejoso denominó como Titular del Departamento de Catastro de la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas). Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. LIC. JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta al Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con tres pedimentos con folios 13417, 13418 y 13419. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Tesorero Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas (autoridad que el quejoso denominó como Titular del Departamento de Catastro de la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas); por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. En otro aspecto, agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los pedimentos de cuenta signados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. En cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

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