Hermenegildo Ávila Pizarro

Expediente 1205/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1205/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
07/03/2016

Partes del expediente

  • Hermenegildo Ávila Pizarro
  • Hermenegildo Ávila Pizarro y Otros.
  • Dario Ibarguen Macias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vistos, por cuanto a la certificación de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 Fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para todos los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que derogó el diverso Acuerdo 1/2001, en su oportunidad procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Agréguese en autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora Durango de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Durango, por medio del cual remite copia certificada de las constancias que fueron solicitadas por auto del dieciséis de diciembre del año en curso. Ahora bien, toda vez que dichas constancias forman parte integrante del informe con justificación, póngase a la vista de las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con la finalidad de facilitar el manejo del presente expediente, fórmense el tomo dos de pruebas.

  3. Principal

    Agréguese en autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio número AIC-CESPD-33-2016, firmado por la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales, por medio del cual da cumplimiento al auto de diecinueve de enero del año en curso. Ahora bien, toda vez que dicho oficio forma parte integrante del informe con justificación, póngase a la vista de las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    De la vista de autos se advierte que las constancias que como complemento a su informe justificado remitió la autoridad señalada como responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora Durango de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Durango, relativas a la carpeta de investigación FED/DGO/DGO/0000675/2015, son copias simples (tomo uno de pruebas), es decir, carentes de certificación alguna, las cuales, dada su naturaleza, por sí solas no son susceptibles de producir convicción en cuanto a la veracidad de su contenido. Asimismo, de la imposición de las documentales allegadas a este sumario por la autoridad señalada como responsable Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Durango de la Procuraduría General de la República, se observa que la relativa al consentimiento de Hermenegildo Ávila Pizarro, para la toma de huella dactilares y palmares en la carpeta de investigación FED/DGO/DGO/0000675/2015, de fecha veintidós de octubre de dos mil quince (foja 53 de autos), se encuentra incompleta. En merito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, y con la finalidad de estar en aptitud de practicar el análisis del acto reclamado, requiérase al agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora Durango de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Durango y a la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Durango de la Procuraduría General de la República, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, remitan copia certificada de la totalidad de las constancias de donde emana el acto reclamado, que fueron precisadas en los párrafos que anteceden, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se les impondrá una multa de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en los artículos 238 en relación con el 260, fracción II de la citada Ley, suma que acorde con el prudente arbitrio judicial, se estima suficiente para compeler la desobediencia en que, en su caso, puedan incurrir las citadas autoridades, de dar cumplimiento a una determinación judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, en la tesis número XII.2º.4 P, publicada en la página 996 del Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Marzo de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO. CASO EN EL QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTA OBLIGADO A RECABARLAS DE OFICIO, AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO RINDA INFORME JUSTIFICADO. Si el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, de conformidad con el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, debe considerarse que el Juez de Distrito está obligado a recabar de oficio las pruebas que hubiesen sido rendidas ante dicha autoridad, que no obren en autos y que se estimen necesarias para la correcta resolución del asunto, a pesar de que se omitiera rendir informe justificado por la autoridad designada, ya que independientemente de que la conclusión sobre la existencia del acto reclamado se funde en una presunción no desvirtuada o en la expresa confesión de la responsable, de cualquier manera pueden y deben recabarse pruebas oficiosamente por el Juez Federal, aunque no conste que hayan sido rendidas ante aquella autoridad, en virtud de que resulta inaceptable suponer que una orden de aprehensión emanada de autoridad judicial no se apoyara en algún dato o prueba, por mínimos que fuesen, pues la experiencia pone de manifiesto lo contrario, y el juzgador está obligado a tomar en cuenta la notoriedad de un hecho, cuando éste le es conocido en razón de su actividad oficial. Por otra parte, si bien la reposición del procedimiento, en estos casos, deja a la autoridad responsable en condiciones de subsanar la omisión de rendir informe justificado, pues al ser requerida por la remisión de las constancias podría negar la existencia del acto reclamado, lo que llevaría, en su caso, a decretar el sobreseimiento, tal inconveniente, sin embargo, debe ceder en interés del quejoso y en congruencia con el espíritu tutelar del juicio constitucional, porque desde cualquier punto de vista resulta preferible aquella solución a la de negar el amparo sin haber tenido a la vista las pruebas en que el acto reclamado se fundó. Además, ello no impediría imponer a la autoridad responsable la multa que prevé el artículo 149 de la Ley de Amparo, por la conducta omisa en que ya había incurrido.". Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia V.1º.J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 712 del Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Junio de 1996, Novena Época, que a la letra dice: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo.". En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se señala como nueva hora y fecha para su celebración las NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Ruperto Triana Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Carlos Vicente Espinosa Coutiño, secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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