Hermenegildo Aurelio Pelaez Correa
Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Hermenegildo Aurelio Pelaez Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que el accionante interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. ..II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de julio de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Se tiene Hermenegildo Aurelio Peláez Correa, desahogando correctamente la prevención que le fue formulada en autos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En efecto, en la especie se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 2 (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: 3 a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamados; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho o siete años; incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo, son las establecidas de manera 4 específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Cabe aclarar, que esta juzgadora de amparo no soslaya que, anteriormente, durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada en el segundo artículo transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo, publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, la promoción del juicio de amparo en los casos en que el acto reclamado afectara la libertad personal del individuo, podía verificarse en cualquier tiempo, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, de la ley de la materia. De esta norma, derivaron muchos criterios jurisprudenciales, conforme a los cuales, partiendo de la inexistencia de límites temporales para la promoción del juicio constitucional, en todos los casos en que el acto reclamado afectara directa o indirectamente la libertad personal, el amparo también podía pedirse en cualquier tiempo. Sin embargo, al tenor de las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la regla apuntada ya no rige más que para aquellos casos en que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, dentro de los cuales no se encuentra la orden de aprehensión y el auto de plazo constitucional. Sobre esto último, conviene apuntar que los actos de autoridad que tengan como finalidad o efecto inmediato una afectación a la libertad personal, pueden reclamarse en cualquier tiempo mediante el juicio de amparo, siempre y 5 cuando se hayan emitido fuera de procedimiento, el cual, en materia penal, inicia con la denuncia o querella en la averiguación previa y termina con la consumación de la ejecución de la pena que la autoridad judicial llegara a imponer. En ese sentido, si el acto reclamado consistente en la privación de ejercer el cargo de albacea, sin ser notificado del incidente de remoción de albacea, que se desahogó dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Peláez García; por ende, se advierte que el mismo se encuentra comprendido dentro del expediente 453/2012, del índice de Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, motivo por el cual, para ese acto, rige la regla genérica contenida en la primera parte del artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la acción constitucional debe ejercerse dentro del plazo de quince días. Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la promoción de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada. En ese sentido, si el quejoso manifiesta expresamente en su escrito de demanda que, ante esa situación, el dieciocho de mayo del año en curso, tramitó incidente de nulidad de actuaciones; se concluye, que, del término para interponer la presente demanda, empezó a transcurrir el día siguiente al en que se ostentó sabedor del acto o su ejecución Por tanto, es evidente que la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que dicho plazo transcurrió del diecinueve de mayo al ocho de junio del año en curso, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo y cinco y seis de junio, todos del año en curso, ya que estos fueron inhábiles, y dicha demanda fue presentada vía buzón judicial el catorce de junio de dos mil veintiuno, es 6 decir, cuatro días después de fenecido su plazo, por lo que es incuestionable que fue presentada fuera de término. En efecto, dicho término transcurrió en exceso a la fecha de su presentación, lo que conduce a afirmar el acto reclamado fue consentido tácitamente; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, aunado a que no se está ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de los que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, como ya se dijo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo....III
- Principal
...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de julio de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Se tiene Hermenegildo Aurelio Peláez Correa, desahogando correctamente la prevención que le fue formulada en autos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En efecto, en la especie se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 2 (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: 3 a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamados; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho o siete años; incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo, son las establecidas de manera 4 específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Cabe aclarar, que esta juzgadora de amparo no soslaya que, anteriormente, durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada en el segundo artículo transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo, publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, la promoción del juicio de amparo en los casos en que el acto reclamado afectara la libertad personal del individuo, podía verificarse en cualquier tiempo, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, de la ley de la materia. De esta norma, derivaron muchos criterios jurisprudenciales, conforme a los cuales, partiendo de la inexistencia de límites temporales para la promoción del juicio constitucional, en todos los casos en que el acto reclamado afectara directa o indirectamente la libertad personal, el amparo también podía pedirse en cualquier tiempo. Sin embargo, al tenor de las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la regla apuntada ya no rige más que para aquellos casos en que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, dentro de los cuales no se encuentra la orden de aprehensión y el auto de plazo constitucional. Sobre esto último, conviene apuntar que los actos de autoridad que tengan como finalidad o efecto inmediato una afectación a la libertad personal, pueden reclamarse en cualquier tiempo mediante el juicio de amparo, siempre y 5 cuando se hayan emitido fuera de procedimiento, el cual, en materia penal, inicia con la denuncia o querella en la averiguación previa y termina con la consumación de la ejecución de la pena que la autoridad judicial llegara a imponer. En ese sentido, si el acto reclamado consistente en la privación de ejercer el cargo de albacea, sin ser notificado del incidente de remoción de albacea, que se desahogó dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Peláez García; por ende, se advierte que el mismo se encuentra comprendido dentro del expediente 453/2012, del índice de Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, motivo por el cual, para ese acto, rige la regla genérica contenida en la primera parte del artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la acción constitucional debe ejercerse dentro del plazo de quince días. Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la promoción de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada. En ese sentido, si el quejoso manifiesta expresamente en su escrito de demanda que, ante esa situación, el dieciocho de mayo del año en curso, tramitó incidente de nulidad de actuaciones; se concluye, que, del término para interponer la presente demanda, empezó a transcurrir el día siguiente al en que se ostentó sabedor del acto o su ejecución Por tanto, es evidente que la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que dicho plazo transcurrió del diecinueve de mayo al ocho de junio del año en curso, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo y cinco y seis de junio, todos del año en curso, ya que estos fueron inhábiles, y dicha demanda fue presentada vía buzón judicial el catorce de junio de dos mil veintiuno, es 6 decir, cuatro días después de fenecido su plazo, por lo que es incuestionable que fue presentada fuera de término. En efecto, dicho término transcurrió en exceso a la fecha de su presentación, lo que conduce a afirmar el acto reclamado fue consentido tácitamente; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, aunado a que no se está ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de los que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, como ya se dijo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo....III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Hermenegildo Aurelio Peláez Correa, contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, y actuario de su adscripción.REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 747/2021-III. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114 de la Ley de Amparo señala:"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Conforme a la norma reproducida, el órgano de control 2 constitucional debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta; se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108 de la misma legislación; no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera; no se exprese con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional. Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo disponen:"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Irregularidad relacionada con la precisión del acto reclamado. Tomando en cuenta que el requisito previsto en el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, se traduce en un hacer, no hacer o incluso una omisión por parte de la autoridad responsable. Por tanto, no es factible tener como acto reclamado actuaciones genéricas, ya que al momento de dictar sentencia se debe señalar con precisión cuál es el acto reclamado, de acuerdo con la verdadera voluntad de la parte quejosa, lo que no sería posible si únicamente se cuenta con manifestaciones imprecisas. En efecto, debe tenerse en cuenta que la intervención a los derechos fundamentales del gobernado, por lo general, ocurre mediante actos de naturaleza positiva o negativa, así como también omisivos o prohibitivos, pero siempre claramente determinados; de ahí que la parte quejosa debe determinar cuáles son los actos que le causan agravio. Es aplicable la jurisprudencia IV.3o.A. J/18, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 3 Cuarto Circuito, Décima Época, registro 160485, cuyos rubro y texto son los siguientes:REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo. Lo anterior, en virtud de que de la lectura del capítulo de acto reclamado se advierte que el quejoso señala como tales "la privación de sus derechos a ejercer el cargo de albacea sin ser notificado legalmente del incidente de remoción de albacea, así como lo resuelto en la sentencia interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veinte, ambos dentro del expediente 453/2012"; sin embargo, en el penúltimo reglón de dicho apartado indica que ante los actos antes referidos interpuso incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue desechado el veintiséis de mayo del año en curso, transgrediendo sus derechos fundamentales; de lo anterior, se puede evidenciar una completa imprecisión del acto que se reclama en el presente juicio. Por ello, a fin de integrar debidamente el presente juicio, se hace necesaria tal aclaración. 4 REQUERIMIENTOS. En mérito de lo que precede, se requiere a Hermenegildo Aurelio Peláez Correa para que dentro del plazo de cinco días: Señale, de manera precisa y rigurosamente exacta, los actos reclamados. APERCIBIMIENTO. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, con fundamento en lo dispuesto en el dispositivo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO PROCESAL DEL QUEJOSO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fernando de Lizardi número 1006, colonia Bulevares de San Francisco, en esta ciudad. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Carlos Alberto Gómez Ramírez; lo anterior, por no acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; además, no se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF).CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita 5 correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados.MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las 6 partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al 7 promovente como a su autorizado el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se orDenen realizar en el presente juicio de amparo....III
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