Hermelo Ricardo Pacheco Martínez

Expediente 1033/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1033/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Hermelo Ricardo Pacheco Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I-A "... Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca; mediante el cual acusa recibo del diverso 21004; asimismo, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesta por la parte quejosa, contra el auto de treinta de octubre del año en curso, donde se desechó su demanda de amparo; el cual lo registro con el número 516/2023...."

  2. Principal

    MESA I-A "... Agréguese el escrito del quejoso ***********; se tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente, y como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, 1) el expediente electrónico, debidamente vinculado; y, 2) el original y copia del escrito interposición del recurso y expresión de agravios. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para que habilite y vincule el expediente electrónico...."

  3. Principal

    Se notifica mediante lista de acuerdos a HERMELO RICARDO PACHECO MARTINEZ, el proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, que a la letra dice: MESA I-A "... Visto el oficio 7776 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, y anexos consistentes en: 1) Testimonio de la ejecutoria de once de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el amparo directo 461/2023, promovido por **********; 2) Original del oficio 402/2023 con el que rindió informe justificado el Magistrado Presidente de la Primer Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; 3) Escrito original de demanda de amparo, constancias de notificación realizada a la parte quejosa y emplazamiento de la tercera interesada *******; 4) autos originales del expediente civil ****** del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y toca civil *******, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; acúsese recibo. Ahora, como del testimonio de cuenta se advierte que el Tribunal Colegiado oficiante, mediante resolución de once de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo directo 461/2023 de su índice, se declaró incompetente en razón de la vía para conocer de la presente demanda; en tal virtud, SE ACEPTA LA COMPETENCIA y continúa en el conocimiento del asunto. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1033/2023. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por principio de cuentas, de la lectura integral de la demanda de derechos humanos, se aprecia que el quejoso *******, reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ******, donde se ordenó la reposición del procedimiento del juicio *******, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, a partir del auto de dieciséis de enero del año dos mil veintitrés, para el solo efecto de que el juez de conocimiento requiera a la parte actora ********, para que exhiba el original del contrato de arrendamiento que sirve de fundamento de la prueba pericial ofrecida por la demandada y con el resultado de ese requerimiento, tomando en cuenta lo que la ley adjetiva dispone para la exhibición del documento, provea lo que en derecho corresponda en la preparación y desahogo de la prueba pericial ofrecida por *******. En razón de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. "ARTÍCULO 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación, y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo. Así mismo, que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior; así acontecía con el presupuesto de la personalidad, al cobijo de la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- si no que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal del Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Jurisprudencia 37/2014 (10ª), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce, según certificación del licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Asimismo, respecto de las resoluciones que ordenan reponer el procedimiento por falta de emplazamiento, existe la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." (Época: Novena Época; Registro: 170244; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 23/2008; Página: 593). Del criterio transcrito se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que ordena reponer la reposición del procedimiento, puesto que dicha resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, toda vez que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. Sin que sea óbice a lo anterior, el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En la especie, la quejosa reclama la resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil *******, donde se ordenó la reposición del procedimiento del juicio 285/2021, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, a partir del auto de dieciséis de enero del año dos mil veintitrés, para el solo efecto de que el juez de conocimiento requiera a la parte actora *******, para que exhiba el original del contrato de arrendamiento que sirve de fundamento de la prueba pericial ofrecida por la demandada y con el resultado de ese requerimiento, tomando en cuenta lo que la ley adjetiva dispone para la exhibición del documento, provea lo que en derecho corresponda en la preparación y desahogo de la prueba pericial ofrecida por ********. Como se ve, la resolución reclamada, que ordena la reposición del procedimiento, en este caso en particular, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental o sustantivo contenido en las garantías individuales de la parte quejosa, sino en su caso, la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o procesales. Es así, porque esa reposición no implica nulificar prueba alguna en el procedimiento del juicio ********, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, sino que solo fue para el efecto de requerir el original de un contrato de arrendamiento para la correcta preparación y desahogo de una prueba pericial. En otro aspecto, cabe precisar que la reposición reclamada no conculca en sí misma el derecho sustantivo a la pronta impartición de justicia que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de los gobernados, pues, por un lado, el simple transcurso del tiempo en el que tenga que resolverse el juicio natural con motivo de la reposición no constituye circunstancia que afecte los derechos de fondo discutidos en el juicio y, por otro, en razón de que el procedimiento no está legalmente limitado a determinado periodo como para considerar que en el caso de que el mismo fuere rebasado, no pudiera ser reparable el tiempo que de dicho lapso se excediera; todo ello implica que ni el procedimiento judicial, en sí mismo considerado, ni la reposición decretada en él podría considerarse como un acto de imposible reparación, ya que al ser tal procedimiento judicial el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aun cuando no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen para sostener el pleito ni de subsanarles las afectaciones que el juicio genere. Finalmente, este Juzgador no desatiende las jurisprudencias de rubros "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." (Localización: [J]; 8a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo VII, Mayo de 1991; Pág. 25. P./J. 17/91) y "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". (Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 87/2016 (10a.); Publicación: Viernes 12 de Agosto de 2016 10:20); puesto que, como ha quedado demostrado del análisis ponderado sobre los efectos concretos y específicos del caso en particular, las consecuencias de la resolución la resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 224/2023, donde se ordenó la reposición del procedimiento del juicio 285/2021, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, no son de imposible reparación, toda vez que no producen una afectación cierta e inmediata sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo que se tiene certeza, pues se cuenta con los autos originales del toca civil *******, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, del cual deriva el acto reclamado. Sirve de apoyo el siguiente criterio: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2027098 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.C.26 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CUENTE CON LOS AUTOS DEL JUICIO DE ORIGEN, PUEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA SI ADVIERTE QUE NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2016 (10a.)]. Hechos: Se reclamó en amparo directo una resolución de alzada que ordenó reponer el procedimiento en primera instancia para llamar a juicio a diversos litisconsortes. La autoridad responsable dio el trámite de ley y remitió su informe justificado ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente; sin embargo, éste se declaró incompetente por razón de la vía y remitió la demanda, anexos e informe al Juzgado de Distrito; dicho órgano radicó la demanda, aceptó la competencia y desechó de plano la demanda de amparo, al estimar que no se afectaban derechos sustantivos, al no haberse anulado ninguna actuación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclame en amparo una resolución de alzada que ordene reponer el procedimiento en primera instancia y ésta se radique en la vía indirecta en la que obren las constancias del proceso, el Juez de Distrito puede desechar de plano la demanda si advierte que no se afectan derechos sustantivos, pues es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 222 de la Ley de Amparo y a la tesis aislada 2a. CXII/2016 (10a.), de la propia Sala para determinar si un precedente obligatorio resulta aplicable a un caso concreto, el órgano jurisdiccional se encuentra vinculado a observar la razón decisoria; esto es, a determinar si las circunstancias de hecho son de una entidad similar o equiparable a las del caso que se juzga y así poder resolver el conflicto a partir de la argumentación del precedente. En ese sentido, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) citada no es aplicable cuando el tribunal de amparo cuenta con los autos del juicio y del toca de donde deriva la resolución que ordenó reponer el procedimiento en primera instancia, porque la demanda de amparo se tramitó en un primer momento en la vía directa y a la postre se remitió la demanda, anexos e informe justificado de la autoridad responsable para que se siguiera en la vía indirecta e, incluso, el órgano de amparo realiza ese análisis ponderado; lo anterior, porque dicho criterio jurisprudencial parte del hecho de que el examen necesario a efecto de determinar si la reposición del procedimiento ordenada por el tribunal de alzada afecta derechos sustantivos no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito de demanda y, en su caso, los anexos que se exhiban, lo que en ese supuesto no acontece, pues el Juez de Distrito sí cuenta con los elementos para realizar el análisis sobre las consecuencias que proyecta el acto reclamado sobre el proceso, las cosas y las personas. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio el que indica y por autorizados en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Hernández Jiménez, toda vez que tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a la persona restante que menciona. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se autoriza al usuario juancarloshj, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. De igual forma se tiene como medio de contacto el número telefónico 9513940310. Se hace saber a la quejosa que desde este momento se le autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integren el presente asunto. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY....". Se deja a su disposición en la Secretaría del Juzgado, el proveído que se le notifica.

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