Hermelindo Victoria Pedro

Expediente 329/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
329/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Hermelindo Victoria Pedro
  • Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de octubre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, remite el juicio de amparo en el que se actúa e informa que se declaró firme el proveído por el que se desechó el recurso de revisión 222/2022 de su índice. Acúsese el recibo de estilo de los autos originales del juicio de amparo 329/2022 del propio índice, así como de tres legajos de pruebas. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Declaración de estado. En atención a lo determinado por el órgano resolutor, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas señalados como Tomo I, II y III, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por el tribunal oficiante; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; por oficio al órgano plenario de referencia, así como a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Colegiado informa sobre recurso. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que por proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la determinación de veintiséis de julio pasado; el cual quedó registrado con el toca 222/2022 de su índice. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Interpone recurso de revisión. Glósense a los autos los escritos de cuenta firmados electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, y atento a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la determinación de veintiséis de julio pasado, emitida en este sumario. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios respectivo, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios -en el entendido de fue presentado electrónicamente-. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente al agente del ministerio público de la federación de la adscripción, por oficio a la autoridad responsable, y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el encargado del despacho del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonorosa; dese vista a las partes con su contenido para el uso de su derecho. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña la citada autoridad. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de los autos que integran el juicio en que se actúa se advierte la actualización, de manera notoria, manifiesta e indudable, de una causal de sobreseimiento contenida en la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado por la parte quejosa en el presente sumario. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la causa de sobreseimiento en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Es así, pues se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo; dispositivo legal que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". De la transcripción que antecede, se desprende que son tres los requisitos exigidos para que opere la causa de improcedencia relativa, comúnmente denominada litispendencia, a saber: a) Que la norma general o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o no haya causado esta ejecutoria; y, c) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el propio quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por identidad de actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de la certificación de cuenta se desprende que al haberse realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte un diverso juicio de amparo en trámite actualmente, radicado en este mismo órgano jurisdiccional, con el número 127/2022 PC-II, derivado de la incompetencia declinada por el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, para conocer de la demanda de amparo promovida por Hermelindo Victoria Pedro, entre otros, contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, dentro del juicio ordinario civil 2/2018, que se desechó sin más trámite el incidente innominado planteado por el aquí quejoso, es decir, en contra del mismo acto y autoridad responsable que se señala en demanda que nos ocupa. Asimismo, al traer a la vista como hecho notorio el citado juicio de amparo, al ser susceptible de invocarse para decidir en el presente asunto lo que en derecho corresponda, se observa que la demanda que dio origen al juicio de amparo aludido, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y turnada a este juzgado, en donde se admitió a trámite por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la que el aquí quejoso reclama sustancialmente el mismo acto que el tribunal de alzada declinó competencia a este órgano jurisdiccional. Los anteriores datos constituyen un hecho notorio y su invocación cuenta con eficacia probatoria plena, puesto que se trata de información recabada de un expediente radicado ante este propio órgano y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), instaurado de forma obligatoria en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en donde se estableció que los Juzgados y Tribunales de la Federación, están constreñidos a registrar y mantener actualizados los movimientos atinentes a cada asunto de su conocimiento. En ese orden de ideas, se concluye que el acto reclamado en el juicio en que se actúa, es materia del diverso juicio de amparo 127/2022 PC-II, actualmente en trámite, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue promovido por el aquí quejoso contra la misma autoridad responsable y, substancialmente, por el mismo acto respecto del cual se declinó competencia a este órgano judicial, entre otros. En ese contexto, existe imposibilidad jurídica para que se analice el acto reclamado en el presente caso, pues en consideración a que la constitucionalidad del acto reclamado se analiza en el procedimiento constitucional atinente al referido juicio de amparo que ya se encuentra en trámite y pendiente de emitir resolución, lo que torna incuestionable que se materializa la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 235, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causal de improcedencia, respecto de este acto, de acuerdo con la fracción III, del artículo 73, de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". Una conclusión en diverso sentido; es decir, en la que se aceptara la procedencia del juicio de amparo, permitiría la promoción interminable de la acción constitucional reparando, en cada ocasión, las omisiones en las que se hubiera incurrido previamente por parte del justiciable, lo que resulta jurídicamente inaceptable. No se desconoce por parte de este juzgador la existencia de la tesis jurisprudencial P./J. 24/2014 (10a.) sustentada por el Plano del Alto Tribunal, del tenor literal: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." (Énfasis propios) Sin embargo, se estima que la misma no es aplicable al caso, en virtud de que el motivo de improcedencia se analizó en el contexto del artículo 51 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y el procedimiento que dicho ordinal establecía cuando distintos jueces de Distrito conocían de demandas promovidas por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y los mismos actos, lo que no acontece en la especie. Asimismo, la citada jurisprudencia derivó de la contradicción de tesis 307/2012 cuyo génesis tuvo como objetivo dilucidar si el supuesto de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, requería que la primer demanda de amparo promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se encontrara admitida o si, por el contrario, únicamente tenía que considerarse la fecha de su presentación. De dicha contradicción en lo que interesa, se advierte: "55. Ahora, del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. 56. Consecuentemente, si una de las finalidades de la referida causal de improcedencia es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. 57. Para ello, es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren admitidas y en trámite, pues sólo de esta forma se garantiza que, al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que, en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia de litispendencia. 58. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y las mismas autoridades, pero también es obvia la necesidad de que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que lo que la ley dispuso fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y, en el otro, se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. 59. En estas condiciones, es indispensable que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, el juzgador proceda a cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida, y no en una condición de incertidumbre sobre su admisión, pues podría acontecer que nunca se tramite y, por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios: en un caso, por no haberse tan siquiera admitido la demanda; y en el otro, por haberse sobreseído por litispendencia. 60. Para evitar desatender indebidamente la acción planteada en los dos juicios con identidad de quejosos, actos y autoridades, la Ley de Amparo dispuso, en su artículo 51, un procedimiento merced al cual los asuntos en cuestión deben ser conocidos por un solo Juez de Distrito, de modo que sea un solo juzgador quien analice y valore con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo, e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo pero por motivo legal distinto." (Énfasis propio) Las anteriores consideraciones guardan armonía con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en el recurso de queja 67/2022 de su índice, pues el estudio de la referida causa de improcedencia se estudia una vez que el presente asunto se encuentra en trámite. Por tanto, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia derivada de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V de ese cuerpo normativo, procede sobreseer en el juicio de amparo por actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio. Es importante señalar que lo determinado, no constituye una decisión que haya tenido como consecuencia que se niegue el acceso a la justicia a la parte quejosa, ni tampoco que se hayan dejado de aplicar lo previsto en los artículos 133 de la Constitución Federal, 2.1, a), 26 y 27, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios contenidos en la jurisprudencia nacional. Ello, debido a que el derecho de acceso a la justicia no implica necesariamente que se deba otorgar la razón a las pretensiones que se presentan ante el órgano jurisdiccional, sino únicamente implica que se le permita acceder a la jurisdicción y a la judicial, cumpliéndose con las formalidades en el juicio, tal como aconteció en el presente caso. Máxime que el juicio de amparo 127/2022 PC-II del índice se encuentra en trámite, pendiente de resolución. Aunado a lo anterior, si bien la parte inconforme tiene en su favor el "acceder a un recurso sencillo y rápido que se resuelva en un plazo razonable", ello, de ninguna manera significa que adquiere un derecho para poder soslayar los diversos requisitos procesales que se deben satisfacer. Esto es, la circunstancia de que se tenga en su favor el derecho de acceso a la impartición de justicia, no implica ni tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, como en el caso ocurre respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado, pues se deben observar los requisitos necesarios y satisfacerse éstos, para que el mismo sea procedente. Además, el estimar lo contrario, esto es que no deben respetarse los presupuestos procesales y que siempre debe resolverse el fondo de la cuestión planteada, en el caso equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicable en el caso, por identidad de razón la jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano