Hermelindo Garcia Colli

Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
64/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Hermelindo Garcia Colli

Actuaciones

  1. Principal

    III-Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa, el acuerdo dictado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente dice: Chetumal, Quintana Roo, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Recepción de demanda Agréguese el escrito de cuenta firmado por Hermelindo García Collí, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de José María Morelos, Quintana Roo. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico1. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo2, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 64/2023-III-B...Por lo que, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer con relación a la demanda de que se trata, y en atención que solicita la suspensión de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 114 fracción l3, en relación con el 108 fracción V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad: a) Relate de manera completa y concreta los antecedentes que constituyen los actos que atribuye a la autoridad que señala como responsable, entre lo que deberá precisar el tipo juicio del cual deriva el incidente de ejecución que indica, es decir, si se trata de un juicio oral u ordinario familiar; las partes intervinientes; el tipo de acción que dio origen al mismo; así como la condena fijada en el controvertido original. Apercibimiento Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, tendrá por no presentada su demanda de amparo. Asimismo, y en atención a lo antes considerado, sirve de apoyo el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 190/2005-SS, que dio origen a la jurisprudencia 183/2005, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA." Toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, a que se refiere el artículo 108, fracciones V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita.

  3. Principal

    III-Cumple prevención Agréguese el escrito firmado por el quejoso Hermelindo García Collí, con el que da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el que da cumplimiento a la prevención efectuada en dicha determinación. Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: -Acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar número 17/2022, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de José María Morelos, Quintana Roo, por medio del cual, la autoridad responsable, no admitió el incidente de reducción de pensión alimenticia planteado en vía de reconvención por la parte quejosa. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador considera que con relación al acto reclamado en este juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Precisado lo anterior, se considera que en relación al acto reclamado en este juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia al principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Establecido lo anterior, resulta pertinente destacar que el acto reclamado consiste en el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 17/2022, mediante el cual reclamo el auto no se admitió la acción de reconvención en el incidente de ejecución de sentencia promovido por la actora incidentista. Tal acto reclamado por la parte quejosa es un acuerdo que no es de mero trámite y no hay disposición alguna en el código adjetivo civil local que establezca que sea irrecurrible, ni tampoco se trata de un auto definitivo que paralice o ponga término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio, contra el cual sí proceda tal recurso en términos de lo previsto en el artículo 600, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. En ese sentido, en atención a la naturaleza del acuerdo reclamado, se evidencia la circunstancia de que antes de acudir a este juicio constitucional, el quejoso debió agotar el medio de defensa que al efecto le otorga la ley de la materia para combatir el acto de autoridad, que en este caso, es el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, en su artículo 590, que a la letra dice lo siguiente: "Artículo 590.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En efecto, de la interpretación del citado numeral, se advierte que todos los autos contra los cuales no se conceda el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación. Por ello, si el quejoso reclama el auto de doce de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual no se admitió la acción de reconvención en el incidente de ejecución de sentencia promovido por la actora incidentista; es inconcuso que ante dicha eventualidad, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, prevé un medio de defensa legal susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de molestia de que se queja el promovente, siendo en el caso el recurso de revocación previsto en el numeral 590 de la citada codificación y se encuentra obligado a ocurrir ante la potestad común y promover el referido recurso para así agotar el medio ordinario de defensa, como parte que es del juicio natural; y al no hacerlo, es incuestionable que la demanda de amparo resulta improcedente. En esa tesitura, se configura la causa de improcedencia en comento, pues el quejoso disponía del recurso de revocación como medio de defensa por el cual era factible revocar, modificar y nulificar la determinación dictada por la autoridad responsable, y debió agotarlo previamente a esta vía constitucional; de ahí que, al no impugnarlo ordinariamente, se acredita de manera fehaciente la causal de improcedencia del presente juicio de amparo. Apoya lo antes considerado, por similitud jurídica, la tesis XXVII.3o.8C(10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1293, Décima Época, materia común, civil, que dice: "REVOCACIÓN. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE APERCIBE A UNA DE LAS PARTES SOBRE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN CASO DE NEGARSE AL DESAHOGO DE UNA DILIGENCIA, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). El artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo prevé que los autos y decretos pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles en apelación. En ese sentido, contra el auto que apercibe a una de las partes sobre el uso de la fuerza pública en caso de negarse al desahogo de una diligencia, por exclusión, procede el recurso de revocación, al tratarse de una decisión del juzgador que no es de mero trámite y respecto de la cual no existe disposición alguna en el referido código adjetivo que establezca que sea irrecurrible, por lo que debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de observar el principio de definitividad, rector en el proceso constitucional autónomo de amparo." Aunado a lo anterior, cabe señalar que el principio de definitividad establece que previo al juicio de amparo indirecto deben agotarse contra el acto reclamado los medios de defensa ordinarios que establece la ley, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio, esto es, promover el juicio constitucional cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad, pues podría suceder que simplemente por formulismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, para tener por cumplido el recurso de definitividad que en caso se ha analizado. Al caso es de precisar que conforme al criterio judicial establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar la tesis jurisprudencial, con el número 11/2018 (10ª), sostiene que la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61, de la Ley de Amparo. La tesis jurisprudencial citada es del rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Igualmente, por su contenido jurídico atinente al caso el criterio sostenido en la jurisprudencia número 986, emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 678, del tomo VI, parte TCC, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, que es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, se destaca que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé diversas excepciones al principio de definitividad; sin embargo, ninguna de ellas se actualiza en el caso concreto, ya que no se está en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, el acto no afecta la libertad personal fuera de procedimiento y el quejoso no es tercero extraño al procedimiento. De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo: XXIII, Marzo de 2006, Tesis: VI.2o.C. J/260, visible en la página 1816 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII del mes de mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto y rubro siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    III.- Notificación personal.

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