HERMELINDA TORRES ESQUIVEL y Otros.

Expediente 1558/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1558/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Hugo Roberto Carmona Padilla
  • HERMELINDA TORRES ESQUIVEL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de quince de octubre último (fojas 16 a 21), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. UN ACUERDO DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA IV. (RAZÓN DE AVISO PARTE QUEJOSA), se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por lista el proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho, en el que: Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, personalidad que acreditan con el acta de asamblea general de ejidatarios de uno de febrero de dos mil diecisiete, contra actos del Delegado de la Procuraduría Agraria en Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número **************. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Se trasncribe. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: Se transcribe. Precisión del acto reclamado. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en:  La primera y segunda convocatorias de asamblea de ejidatarios del Ejido de Santa María Totoltepec, Municipio de Toluca, Estado de México, emitidas a fin de elegir a sus órganos de representación. Desechamiento. Hecha tal precisión, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa previo a comparecer a la presente instancia constitucional debió acudir ante los Tribunales Unitarios Agrarios a pedir la nulidad del acto reclamado. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: Se transcribe. La porción normativa transcrita establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a que no deben exigirse mayores requisitos, lo cual significa que si la Ley reglamentaria del recurso o medio de defensa ordinario, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley que rige el juicio constitucional para conceder la suspensión definitiva; el principio de definitividad debe prevalecer en ese caso y, en consecuencia, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios en su defensa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le causen afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de Leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia 447, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297 del Tomo VI, Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394403, que establece: Se transcribe. Asimismo, la jurisprudencia 451 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 300, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394407, que establece: Se transcribe. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, es importante destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto a los que requiere la Ley de Amparo como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como las de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que los particulares estén en la aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Resulta ilustrativa a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia 2./J. 115/99, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 1999, Novena Época, con número de registro 193142, cuyo rubro y texto son los siguientes: Se transcribe. Por consiguiente, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) El acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) La legislación ordinaria prevea la suspensión del acto reclamados sin mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo para su procedencia. d) El caso concreto no se ubique dentro de algunas de las excepciones contempladas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, el contenido del artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece: Se transcribe. De la norma transcrita se desprende que el Tribunal Unitario Agrario es competente para conocer del juicio de nulidad instaurado contra cualquier acto emitido por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. En ese sentido, el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario es un medio ordinario de impugnación que la parte quejosa debe agotar antes de acudir ante esta instancia constitucional, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado. De ahí, que contra el acto que se combate, consistente en la primera y segunda convocatorias de asamblea de ejidatarios del Ejido de *****************, emitidas a fin de elegir a sus órganos de representación, la parte quejosa tiene la obligación de promover juicio agrario ante el Tribunal correspondiente. Por tanto, al tratarse de la afectación de un derecho de agrario, o bien, la existencia de una obligación, su impugnación tiene la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo del acto tildado de inconstitucional, lo que evidencia que se traduce en actos dictados por autoridades administrativas diversas a los tribunales judiciales, que dan origen a la tramitación de un juicio cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Unitario Agrario competente. Además, del contenido del artículo 166 de la Ley Agraria se desprende que podrá decretarse la suspensión de los actos reclamados, para cuya substanciación se remite al trámite previsto en la Ley de Amparo, de ahí que no se exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en virtud de que ambos juicios se regulan por igual ordenamiento legal y requisitos para proveer sobre la medida cautelar; por tanto, se cumple con ese requisito, contemplando lo dispuesto en la Ley de Amparo en materia de suspensión, pues se constituyen los mismos requisitos con lo que se refuerza que el acto que se combate carece de definitividad y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 2/J. 33/97, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, Tomo VI, Agosto de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1997, Novena Época, con número de registro 197894, que establece: Se transcribe. También se cumple con el último requisito para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el caso concreto no se ubica dentro de las excepciones previstas en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; además, no se desatiende que la jurisprudencia invocada con anterioridad establezca la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario correspondiente contra la asamblea de elección de representantes ejidales o comunales, pues el citado artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no se hace referencia específica de las resoluciones contra las cuales procede el referido juicio de nulidad. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX de la Ley de la materia, y con fundamento en lo dispuesto en el diverso artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **********************, por notoriamente improcedente. Se invoca de forma ilustrativa la tesis X.3.7 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, página 1738, Novena Época, con registro 190574, que dice: Se transcribe. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con respaldo en lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ***************, y de forma restringida a la diversa persona que menciona en su demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la parte quejosa para que exprese su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorga su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Devolución de documento. En términos del numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución del documento con que los promoventes acreditan su personalidad, una vez que quede firme la presente determinación, y previa toma de razón que por su recibo obre en autos, para constancia legal. Notifíquese personalmente. CILN.

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