Hermelinda Sanchez Sanchez O Hermelinda Sanchez
Expediente 1094/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Hermelinda Sanchez Sanchez O Hermelinda Sanchez
- HERMELINDA SANCHEZ SANCHEZ O HERMELINDA SANCHEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa Hermelinda Sánchez Sánchez o Hermelinda Sánchez, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que en copia certificada exhibió con su demanda de amparo. Al respecto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada y razón de entrega que se deje en autos. Asimismo, se autoriza la devolución de mérito a través de las personas que autoriza para tal efecto, quienes deberán comparecer debidamente identificados con documento oficial vigente, previa cita que generen con la debida anticipación de cinco días hábiles, ello a fin de realizar las gestiones necesarias para la entrega de dichos documentos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales; asimismo, con fundamento en el artículo 21 inciso d) del multicitado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente, regístrese en el libro de registro de juicios de amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico 1094/2022. PARTE QUEJOSA Hermelinda Sánchez Sánchez O Hermelinda Sánchez, por propio derecho y firma la demanda a su ruego Bertha Elvia Martínez Sánchez. AUTORIDADES RESPONSABLES. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, TLACOLULA, OAXACA. SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, TLACOLULA, OAXACA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, TLACOLULA, OAXACA, SUPLENTE DEL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, TLACOLULA, OAXACA; y PRESIDENTE DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DEL NUCLEO AGRARIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, TLACOLULA, OAXACA ACTO RECLAMADO La omisión de dar contestación a sus escritos de fechas veintitrés de agosto de dos mil veintidós (recibido el veintiséis siguiente) y de diez de agosto de este año (recibido el doce de ese propio mes y año) y en consecuencia, abstenerse de realizar cualquier obra. Ello, porque mediante dichos escritos hizo del conocimiento de las autoridades responsables que es poseedora de cinco fracciones de terreno comunal entre ellos el que se ubica en el paraje denominado el "PAREDON", por lo que les solicitó que se abstengan de seguir cercando y realizar cualquier tipo de trabajo. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículo 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso por lo que hace a los actos reclamados al Presidente del Comisariado de Bienes Comunales del núcleo Agrario de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 1°, FRACCIÓN I Y 5°, FRACCIÓN II, TODOS DE LA LEY DE AMPARO, YA QUE EL CITADO PRESIDENTE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De igual forma, por lo que hace a los actos reclamados a las autoridades restantes, se advierte que tales actos no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° y 6° de la Ley de Amparo. Los preceptos citados con antelación disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ". Por tanto, respecto a la causal de improcedencia precisada en el inciso a), conforme al artículo 32 de la Ley Agraria, el Comisariado es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y tienen conferidas por dicha ley diversas facultades; pero no por ello debe considerársele como una autoridad agraria, ya que el carácter de órgano representativo y de ejecución es respecto de la comunidad y hacia su interior, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.A. J/20 (10a.), registro 2020279, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2086, de rubro y texto: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal.". Asimismo, la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), registro 2008595, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III , página 2184, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.". Lo anterior, porque el acto que se atribuye al citado Comisariado, es susceptible de impugnación en la vía ordinaria, ante el Tribunal Unitario Agrario correspondiente, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que señala: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; (.)". Ya que de conformidad con el diverso numeral 21 de la Ley Agraria, el Comisariado Ejidal, tiene el carácter de órgano del ejido: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: [.] II. El comisariado ejidal; y (.).". Aunado a que, el artículo 166 de la Ley Agraria contempla como atribuciones del tribunal, proveer las medidas necesarias, para mantener la materia del juicio, mientras se resuelve en definitiva, al señalar lo siguiente: "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso.". Por otra parte, en relación con la causal de improcedencia precisada en el inciso b), relativa a los actos reclamados a las autoridades responsables restantes, de los preceptos de la ley de amparo invocados en párrafos que anteceden, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, con motivo de la falta de contestación a sus escritos de veintitrés de agosto y diez de agosto de dos mil veintidós. Ahora, los artículos 8 de la Constitución Federal y 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, disponen: "Art. 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". "ARTICULO 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quien se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario". Por su parte, los artículos 23 y 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, señalan: [CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES A LA AUTORIDAD] "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta". "ARTÍCULO 26.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma". De ahí que conforme a los numerales 23 y 26 de la invocada legislación del acto administrativo, la autoridad debe dar contestación a lo peticionado por el solicitante en el plazo de hasta noventa días naturales, de manera que la primera de dichas peticiones se presentó el doce de agosto de dos mil veintidós, tal plazo comprende del trece de agosto al ocho de noviembre de dos mil veintidós, y el segundo escrito se presentó el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, tal plazo comprende del veintisiete de agosto al veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, fechas en las cuales las autoridades todavía está en condiciones de actuar dentro del plazo legal. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó el veintidós de septiembre de esta anualidad, es evidente que la autoridad se encuentra aún dentro del plazo legal para analizar y resolver lo correspondiente a la solicitud del promovente y hacerle del conocimiento lo determinado. En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1, fracción I, interpretado en sentido contrario y 5° fracción II, y también la diversa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de dicha ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADO Ahora bien, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica y conforme a la certificación que antecede únicamente para oír y recibir notificaciones, dado que sus cédulas no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. CORREO Y NÚMERO TELEFÓNICO Ahora, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo pleno, se le tiene señalando el correo electrónico y números telefónicos que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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