Hermelinda Martínez Varela
Expediente 761/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Hermelinda Martínez Varela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, se tramita por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1343/2016-V, promovido por JUVENTINO BETANZOS CALVO, contra actos del JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR Y DE SUCESIONES DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS y otras autoridades. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. De conformidad con el artículo 138, fracción III de la Ley de la materia , requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación del presente auto, para cuyo efecto se envía copia simple de la demanda, apercibida que de no rendirlo dentro del término que se concede, se presumirá cierto el acto reclamado, con fundamento en el numeral 142 de la Ley de Amparo , con independencia de que en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de la materia , puede ser sancionada con una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como dispone el artículo 238 de ese ordenamiento legal. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA EN RELACIÓN A LA DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones de la parte quejosa está la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la ley de la materia); en consecuencia se apercibe a la parte quejosa en el sentido que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación del presente asunto, lo cual guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, de rubro "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN.", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta XXIX, Marzo de dos mil nueve, pagina cincuenta y dos, Novena Época. También es aplicable la tesis III20.P.36 K, de rubro "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en el semanario judicial de la federación y su gaceta, Tomo XXIII, Enero de dos mil seis, página dos mil trescientos veintinueve, Novena Época. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama: 1. La orden de embargo y requerimiento de pago que pretenden realizar y ejecutar las autoridades señaladas como responsables sobre bienes de su propiedad. MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso y cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se niega la suspensión provisional atendiendo a que el quejoso no acredita el interés suspensional; hecho que puede ser analizado por este Juzgado aun de oficio, por tratarse de un elemento que se encuentra vinculado con el requisito de procedencia previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Para robustecer esta afirmación, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 101/2008, señaló que si el objeto de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es la de evitar perjuicios al agraviado con su ejecución, en tanto se resuelve la sentencia definitiva, la ley condiciona la concesión del beneficio a la voluntad del interesado. Esto es -se adujo- la petición de parte es un requisito de procedencia de la medida y su examen implica, generalmente, el de la apariencia del derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad del quejoso para promover la medida. También se adujo en dicha ejecutoria que, tales hipótesis constituyen una clara aplicación del principio de la apariencia del buen derecho, aplicación que también se presenta en tratándose de terceros extraños a juicio que deban justificar, aunque sea de manera presuntiva, su interés en que se conceda la suspensión, lo que necesariamente lleva a un examen de la presunta existencia del derecho, sin que se anticipe apreciación alguna respecto del fondo del negocio. Finalmente, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. Los anteriores argumentos le dan origen a la jurisprudencia 1ª./J.4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Época: Novena Época Registro: 167346, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 4/2009, Página: 515, cuyo texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien.". Las anteriores consideraciones jurídicas son aplicables al caso, porque la pasada Ley de Amparo, preveía como requisito de procedencia de la suspensión del acto reclamado, que lo solicitara el quejoso (fracción I del artículo 124); mientras que, en la Ley de la Materia vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de igual forma se prevé como elemento sustancial para la procedencia de la medida cautelar, que sea a petición de parte, pues así se estatuye en la fracción I de su artículo 128, por tanto, al existir identidad de los supuestos normativos, por ende, la jurisprudencia en cita es perfectamente aplicable. Por tanto, como las consideraciones jurídicas inmersas en la ejecutoria constitucional antes descrita se dirigen a demostrar y evidenciar que el interés suspensional del solicitante se vincula con el elementos sustancial de procedencia, relativo a que la solicite el justiciable; se concluye que en el incidente de suspensión debe analizarse la procedencia de la suspensión, conforme el artículo 138 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, que se analice el interés suspensional de la parte quejosa. En el acto reclamado, la parte quejosa aduce en esencia la orden de embargo y requerimiento de pago que pretenden ejecutar sobre bienes de su propiedad. Atento a lo anterior, se concluye que la parte quejosa no cuenta con el interés suspensional para pedir la medida cautelar, toda vez que al cuaderno incidental no allegó medio de convicción que permita a este juzgado advertir, ni siquiera de forma indiciaria que es poseedora del algún derecho sobre los bienes muebles o inmuebles en los que se pretende ejecutar la orden de embargo y requerimiento de pago. En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional asevera que la parte quejosa no acredita su interés suspensional, porque omitió adjuntar algún medio de convicción eficaz y suficiente para tener la certeza de que la aplicación del acto reclamado causa algún perjuicio a su persona. Una vez precisado lo anterior, se niega la suspensión provisional solicitada respecto de las consecuencias jurídicas del acto reclamado; en virtud de que, como ya se apuntó, la parte quejosa no acreditó en forma presuntiva, el interés suspensional que le asiste o haga presumir que realmente, la ejecución del acto reclamado le cause perjuicio, por lo que en atención a lo establecido en el artículo 131 de la Ley de Amparo, no es procedente conceder la medida cautelar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, se acredite de forma directa o indirecta el interés suspensional del quejoso, a efecto de que se actualicen en su totalidad los requisitos establecidos en los artículos 128 y 131 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFICACIONES Ahora bien, se instruye al Actuario judicial para que el presente acuerdo y los subsecuentes que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del incidente de suspensión; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia incidental no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del incidente, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa en su escrito inicial, se ordena expedir copia debidamente certificada de la suspensión de que se trata.
- Principal
diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificados no desahogaron dicha vista. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa HERMELINDA MARTÍNEZ VARELA contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para el efecto de que la citada junta deje insubsistente la determinación contenida en la actuación de dos de mayo de dos mil dieciséis, donde fijó las once horas del treinta de agosto del presente año para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del conflicto laboral 74/2015; y señale una nueva fecha para su desahogo en un plazo ceñido a lo establecido en el articulo 873 de la Ley Federal del Trabajo y posteriormente notificar a las partes. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada de las constancias de las que se advierte que con fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis se acordó señalar una nueva fecha para la celebración de la audiencia, fijando las doce horas del siete de julio del año en curso, posteriormente con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis se realizó la notificación a la parte actora dentro del juicio laboral de origen. Constancia que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es documento público al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al haber dejado sin efectos la fecha precisada en el proveído de dos de mayo del presente año y señalado nueva fecha para la celebración de la audiencia y posteriormente haber notificado a las partes, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte el acuerdo de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar.... AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.ammg
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