Hermelinda Macoto Chapuli

Expediente 1105/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1105/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Hermelinda Macoto Chapuli
  • Titular de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el cual transcribe el auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el toca de revisión R-****/2021, que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; de lo que se toma conocimiento.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Hermelinda Macoto Chapuli, por el cual, da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinte de julio del año en curso, pues bajo protesta de decir verdad hace saber el contenido de la resolución que reclama, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente **, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, y exhibe copia de la citada resolución que tilda de inconstitucional; en tales condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechara de plano. Así, del análisis de la demanda de amparo, ocurso aclaratorio y anexo que adjuntó al mismo, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente Del Titular de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, y Secretario de Acuerdos adscrito al anterior.- La resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente **, de su índice, mediante la cual, se tuvo por recibido el expediente de responsabilidad administrativa **, instaurado en contra de la quejosa, por la Contraloría Municipal de Coronango, Puebla, lo radicó y se declaró competente para resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa que se le imputó a la peticionaria del amparo. En ese orden, tenemos que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que en esta vía se reclaman, porque dichos actos tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable. Es así, pues los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquéllos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como son la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera, y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías individuales y derechos humanos ahí reconocidos. En el caso a estudio, tenemos que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra la resolución que en esta vía se reclama, debido a que en el procedimiento de responsabilidad administrativa de origen el Titular de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, se declaró competente para resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa que se le imputó a la peticionaria del amparo. De ahí que, es claro que se trata de una posible violación al procedimiento, que deja a la quejosa en estado de indefensión, en una situación semejante a la que para el amparo directo prevé el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, violación que podrá reclamarse, en su caso, juntamente con las posibles violaciones de fondo que se hayan cometido en la resolución que ponga fin al procedimiento. Por lo que, en estos casos esas violaciones procesales pueden reclamarse cuando se impugne la resolución que ponga fin a ese procedimiento, pero no mediante el presente juicio de amparo, ya que la determinación que adoptó la autoridad responsable consistente en la radicación y declaración de competencia para resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa que se le imputó a la quejosa, dentro del aludido expediente administrativo de origen, constituye una violación que podría o no trascender al fondo del asunto. Máxime, porque la peticionaria del amparo puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener una resolución favorable a sus intereses dentro del expediente administrativo de origen y, sólo en caso de que ésta le sea adversa, podrá combatirla a través del recurso legal correspondiente, por supuesto, argumentando las transgresiones en las que consideren haya incurrido la autoridad y que hubieren sido motivo de la determinación que considera violatoria de sus garantías dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa **, instaurado en su contra, por la Contraloría Municipal de Coronango, Puebla. Así, el acto que por esta vía constitucional se combate consiste en una determinación emitida en la substanciación de un procedimiento seguido en forma de juicio, que no tiene consecuencias que colmen los extremos de irreparabilidad, para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los efectos que produce el acto reclamado pueden subsanarse con el dictado de una resolución favorable a la promovente, es decir, el acto reclamado tiene como consecuencia una afectación a los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de éste pueden ser reparables si la afectada obtiene resolución favorable. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, este último en concordancia con los diversos 107, fracciones III, inciso a) y V, interpretado a contrario sensu y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el primero de los escritos y anexo, registro ****, de ****, mandatario general para pleitos y cobranzas de la persona moral ****, sociedad anónima de capital variable, parte quejosa, por medio del cual, en cumplimiento al acuerdo de ocho de julio del año en curso, remite los generales de su perito en la especialidad de grafoscopía ****, los documentos con los que acredita su especialidad, así como informa contar con los elementos tecnológicos para llevar a cabo una videoconferencia. Ahora bien, a fin de efectuar la aceptación del cargo del perito de la parte quejosa, se precisa que dicha diligencia podrá efectuarse en términos de los artículos 5 y 25 del Acuerdo General 21/2020, que precisan lo siguiente... Dichos numerales, otorgan la posibilidad a los órganos jurisdiccionales de realizar las protestas y ratificación de cargo de peritos mediante videoconferencias, siempre y cuando se puede cerciorar de la identidad de dichos profesionales; efectuando la coordinación necesaria para materializar dicha diligencia, mediante la plataforma "Cisco Webex" Por tanto, se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la protesta de cargo del perito designado. Por tanto, envíese correo electrónico al perito designado por la parte quejosa ****, a la dirección electrónico ****; a fin de que se le haga llegar la invitación, diligencia que se llevará a cabo mediante videoconferencia, a través de la aplicación "Cisco Webex", en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 en relación con el diverso numeral 28, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura. Dicha invitación tendrá el carácter de citatorio y será remitido desde el correo institucional ****, de la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Juzgado de Distrito. Además, de conformidad con el artículo 17, fracción I, del Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la Contingencia por el virus COVID-19, las partes que intervengan en la diligencia, deberán estar disponible quince minutos antes de la hora programada, a fin de preparar a los intervinientes para el desahogo de la audiencia y la implementación de la logística operacional. Se apercibe a la parte quejosa que de no comparecer el perito designado por ésta se le tendrá por conforme con el dictamen del perito oficial. Lo anterior hágase del conocimiento de la Coordinadora Técnica Administrativa para que en la fecha y hora programadas, tenga a bien realizar el enlace respectivo. Por otra parte, respecto al segundo de sus escritos con registro ****, téngase por recibido el escrito de expresión de agravios de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo emitido dentro de la audiencia constitucional de uno de julio de dos mil veintiuno, donde se desechó la incidencia de falsedad de documento respecto de las firmas que obran en los escritos de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho y veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por no estar relacionada con los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja. En ese orden, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, córrase traslado a las demás partes con el escrito de queja, otorgándoles un plazo de tres días, a efecto de que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad. Una vez transcurrido este plazo, ríndase el informe respectivo y remítase el escrito del recurso planteado, así como las constancias pertinentes para su resolución al Encargado de la Oficina de Correspondencia de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para que éste a su vez lo turne a quien deba substanciar el recurso.

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