Herlinda Juárez Mendoza

Expediente 835/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
835/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Herlinda Juárez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante auto de ********************, se acordó lo referente a un acuse de recibo de un recurso de queja interpuesto en contra del auto de tres de marzo de dos mil veinte, el cual no existe y se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo hasta en tanto se resuelva dicha queja. Con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio, siendo lo correcto tener por recibido el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que comunica el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte de su índice, del que se desprende que acusa recibo de las constancias que integran expediente 835/2020 y manifiesta que acepta la competencia al conocimiento del presente asunto. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se decretó la incompetencia; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que comunica el auto de dos de septiembre de dos mil veinte, a través de los cual acusa recibo del escrito de remisión del original del recurso de queja interpuesto en contra del auto de tres de marzo de dos mil veinte, comunicando que se admitió y registró bajo el toca Q.A. 80/2020; por lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior se suspende el procedimiento en el presente juicio de amparo hasta en tanto se resuelva la queja interpuesta en el presente asunto. En mérito de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba fijada para las catorce horas con cinco minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veinte, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Se hace del conocimiento de las partes que, en su caso, se estima innecesario emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles la suspensión del procedimiento, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio... Finalmente, atendiendo a lo ordenado en el presente asunto, desglósense los oficios relativos al cumplimiento de la suspensión de plano y remítanse al Juzgado oficiante, toda vez que es el órgano competente para conocer del juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo del mismo, toda vez que se tendrá como tal la constancia de notificación correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguense a los presentes autos los ********************s de cuenta del Director del Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Ciudad de México, a través de los cuales desahoga el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte e informa el cumplimiento de la suspensión plano y remite las constancias que así lo acreditan. Se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto referido y se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por * por propio derecho contra actos del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 835/2020. Antecedentes. De la lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la quejosa Herlinda Juárez Mendoza, aduce laborar como enfermera especializada "C", en el turno matutino en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, manifiesta que padece desde el año dos mil cuatro de la enfermedad denominada "artritis reumatoide", el cual es catalogado como crónico degenerativo -y entre sus características se encuentra que afecta severamente el sistema inmune- padecimiento que la coloca en sector vulnerable en caso de contagio de COVID-19, lo que puede darse por la exposición directa a la que se somete la quejosa en su centro de trabajo. En ese contexto, la parte quejosa refiere que el diecisiete de agosto de dos mil veinte, el Director del Hospital y el Secretario General de la Sección XLIII del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en respuesta a su solicitud de resguardo domiciliario con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19, le notificaron vía whats app, que dicha petición no cumplía con lo establecido en la "Guía para la Des-reconversión en las Unidades Médicas", por no hacer exhibido la "Incapacidad Temporal (licencia Médica)" En ese sentido, expresa que se vio gravemente atentada en contra del principio de seguridad jurídica, puesto que al exigirle documentos no previstos por la normatividad emitida para atacar la emergencia sanitaria generara por el COVID-10, se le deja en incertidumbre a la hoy quejosa. Determinación jurisdiccional. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la pretensión de la parte quejosa es que las autoridades del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde labora adscrita al servicio de quirófano, le otorgue la posibilidad de acceder a la petición de resguardo domiciliario. Esto, pues considera que acudir al centro de trabajo constituye un riesgo, quien se ubica en el grupo de personas de riesgo de contraer el virus SARS-CoV2 (COVID-19), derivado de la enfermedad crónica que padece. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que:... Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que el acto reclamado corresponde a la materia laboral. En efecto, la competencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido, por lo que atento a ello, en principio no es determinante la naturaleza formal de la autoridad responsable (ni sus atribuciones legales), es decir, si es una autoridad laboral o administrativa, pues ello no es definitorio para este tipo de controversias. Al respecto, es aplicable la Tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO". Ahora bien, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal.... En el caso concreto, la pretensión del promovente es que las autoridades del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le otorgue la posibilidad de acceder a la petición de resguardo domiciliario y le otorguen una licencia con goce de sueldo, derivado de una relación de trabajo entre aquél y este último. Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el cuaderno relativo al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, atentamente solicítese el acuse de recibo correspondiente en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas vía interconexión; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Suspensión de plano. La quejosa solicita la suspensión de plano para los siguientes efectos: ".a fin de que en un modo irreparable se me siga privando de mi legítimo derecho de acceso al servicio de salud por parte del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza", hasta que me sea resuelto en definitiva mi solicitud de resguardo domiciliario hasta la conclusión de la pandemia, relativo a la contingencia sanitara COVID-19 que me coloca como persona vulnerable y en total indefensión ante loa actos de la responsable y que por consecuencia de los actos violatorios de mis derechos humanos por parte la responsable, pueden verse afectados de forma irreparable." De la interpretación de la lectura íntegra de la demanda de amparo; así como de las manifestaciones antes transcritas, se advierte que la quejosa pretende, mediante la obtención de la medida suspensional, que las autoridades responsables del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le permitan ausentarse de su trabajo con goce de sueldo, con la finalidad de que no constituya un factor de riesgo de contagio para su persona dada la condición médica que padece. Además de que no se le prive de los servicios de salud que ese hospital provee. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo segundo se estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a menores de cinco años y a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como padecimientos pulmonares y diabetes mellitus, tal como se advierte de la siguiente transcripción:... Tomando en consideración dichas medidas, debe precisarse que la quejosa *, manifestó contar con un diagnóstico de enfermedad crónica no transmisible. Por tanto, este juzgador concluye que la negativa por parte de las autoridades señaladas como responsables de permitir a la quejosa ausentarse de sus actividades laborales donde se encuentran los pacientes afectados por el COVID-19, podrían implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física tanto de dicho quejoso, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación a la quejosa. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida del quejoso y de su familia, se concede la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables dicten inmediatamente las órdenes que sean necesarias con la finalidad de que la quejosa Herlinda Juárez Mendoza pueda laborar en un entorno que represente un mínimo riesgo de contagio de COVID-19, con el objetivo de mitigar las posibilidades de contagio para ella. Para ello, las autoridades responsables podrán implementar como medidas para lograr el cumplimiento a la suspensión otorgada, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes acciones: encomendar a la parte quejosa únicamente en asignaciones que no pongan en riesgo su salud ni la de su familia, o bien, que realice dichas labores desde su hogar; trasladarla a un centro hospitalario en el que pueda prestar sus servicios a pacientes que no se encuentren afectados por COVID-19; asignarla en algún área administrativa de su centro de trabajo donde no tenga contacto con pacientes COVID-19; otorgarle las medidas e instrumentos de protección necesarios y la capacitación para trabajar con los pacientes afectados por el COVID-19 conforme a los protocolos adecuados en materia sanitaria y cualquier otra que las autoridades consideren pertinentes; así como proporcionar atención médica cuando así lo requiera. Ello implica que la autoridad responsable debe instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Cabe precisar que las medidas ordenadas con motivo de la suspensión de plano aquí ordenada, no restringen la facultad del juez de distrito competente para que, una vez que admita a trámite el juicio de amparo, las limite, reduzca o amplié, en caso de que las considere insuficientes o excesivas para salvaguardar el derecho a la salud de la persona quejosa. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".. Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 4jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como los correos electrónicos que refiere de los cuales se toma conocimiento, para que en su haya una eventual comunicación. Asimismo téngase como por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, siempre y cuando su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese.

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