Herlinda de Jesús Picina Jiménez
Expediente 523/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Herlinda de Jesús Picina Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con testimonio de dicha resolución, notifíquese a la autoridad responsable. Archívese el presente asunto como asunto concluido, previas las anotaciones de ley en el libro respectivo. Por ello, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, específicamente en los puntos de acuerdo decimoprimero, vigésimo y vigesimoprimero, se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE VEINTICINCO DE JULIO Y DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL TANTO A LA PARTE QUEJOSA, COMO A LA TERCERA INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 523/2018, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: En veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el secretario de estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México. Veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, el artículo 196 del ordenamiento en cita, señala que una vez que el órgano judicial de amparo reciba el informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista a la quejosa y, en su caso, al tercero interesado dentro del plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días, donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento y, dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés; además, precisa que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Adicionalmente, indica que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y una vez declarada cumplida, se ordenará el archivo del expediente, pues si no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley. En el caso, la sentencia de amparo se dictó el doce de septiembre de dos mil dieciocho; por auto de presidencia de dos de enero de dos mil diecinueve, se declaró que en contra de la referida resolución no se interpuso recurso de revisión, y por oficio de la misma fecha, se requirió a la responsable su cumplimiento. Así, el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante oficio 46 de nueve de enero de dos mil diecinueve, comunicó que por auto de la misma fecha, dejó insubsistente la sentencia reclamada, de cinco de junio de dos mil dieciocho; asimismo, solicitó se le concediera una prórroga de ocho días para dar cumplimiento al fallo protector. Petición que le fue concedida por auto de presidencia de once de enero siguiente. En ese tenor, por oficio 172 de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de la nueva resolución que emitió en cumplimiento al fallo protector. A continuación se procede a determinar si se dio o no cumplimiento exacto a tal ejecutoria. a) La sentencia que conlleva el cumplimiento se dictó el doce de septiembre de dos mil dieciocho. b) La protección constitucional se otorgó para el efecto de que el juez responsable: "1. Dicte una nueva resolución en la cual deje insubsistente la aquí reclamada; 2. Enseguida, dicte otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronuncie en torno a todos los hechos, pretensiones (prestaciones, excepciones y defensas) y material probatorio de ambas partes, para lo cual deberá expresar los motivos concretos y fundamentos jurídicos que estime aplicables; y, 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo correspondiente". En la especie, por auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve se hizo del conocimiento de las partes la sentencia con la que el juez responsable sostiene su cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en un término de diez días manifestaran lo que a su derecho correspondiera; sin que ninguno así lo hiciera. Para una mejor comprensión del asunto y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano colegiado, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORA: RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1. Dejara insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado El nueve de enero de dos mil diecinueve se dejó insubsistente la sentencia de cinco de junio del citado año. 2. Enseguida, dicte otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronuncie en torno a todos los hechos, pretensiones (prestaciones, excepciones y defensas) y material probatorio de ambas partes, para lo cual deberá expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estime aplicables; y, Al emitir la nueva sentencia, refirió que el artículo 1194 del Código Mercantil, establece que el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones, por tanto, para la procedencia de la pretensión planteada por *********, era menester acreditar los siguientes elementos: - La relación jurídica causante de los títulos de crédito; y, - La existencia de un concreto negocio jurídico que hubiese dado origen a la emisión de los títulos de crédito. Del análisis que se hizo de los hechos narrados por las partes, así como de la valoración lógica jurídica de las pruebas ofrecidas tendentes a acreditar, debía decirse que dado que el estudio de la procedencia de la acción, al ser una cuestión de orden público, debía analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que debe tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. Una vez precisado lo anterior, estimó que resultaba improcedente la excepción de improcedencia de la vía, toda vez que los títulos fundatorios de la acción habían prescrito; en consecuencia, la vía intentada (acción causal) era la correcta. Además, indicó que en cuanto al primer elemento de la acción, consistente en la relación jurídica causante de los títulos de crédito quedaba plenamente demostrada, a través de todos y cada uno de los documentos exhibidos como base de la pretensión, consistentes en veinte títulos de crédito denominados cheques de distintas cantidades y en diversas fechas, suscritos por la parte demandada a favor del actor, documentales que si bien fueron objetados por la demandada, no menos cierto era que del caudal probatorio ofertado por la parte demandada, ninguno de ellos fue tendente a acreditar la citada objeción, dado que la confesional ofertada a cargo de su antagonista fue con el objeto de acreditar que los títulos fueron otorgados en garantía y no como documentos de pago, no así en cuanto a la objeción hecha valer; por tanto, no se le concedía valor probatorio alguno, ello en términos de lo establecido en el artículo 1289 del Código de Comercio, quedando acreditada, la existencia de la relación jurídica. Ahora, en cuanto al segundo elemento de la acción, consistente en la existencia de un concreto negocio jurídico que hubiese dado origen a la emisión de los títulos de crédito, el juez estimó que no quedaba acreditado, ello era así en consideración que la presentación de los títulos suscritos por la demandada adminiculados con su confesional en el sentido de que los suscribió, y la narración de la relación causal subyacente en la demanda, después de prescrita la acción cambiaria directa, eran insuficientes para probar la acción causal, pues si bien, tales probanzas podían demostrar que existió la obligación cambiaria, no probaban la existencia de la distinta obligación cuya fuente es la relación causal subyacente en esa relación cambiaria, toda vez que el accionante dejó de dar cabal cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 1390 bis 11, fracción V, párrafo segundo, del Código de Comercio, al dejar de narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión, es decir, dejó de narrar circunstancias de tiempo, modo y lugar, montos y lugares por lo que se llevó a cabo cada venta de "materiales plásticos como polipropileno, polietileno y toda clase de derivados", ni las fechas en que se llevó a cabo cada venta, ni mucho menos, ofertó medio de convicción tendente a la acreditación de las aludidas circunstancias, dado que, tal como se advierte de actuaciones judiciales, con valor probatorio pleno, en términos de lo que establece el artículo 1294 del Código de Comercio, el accionante se desistió de la prueba confesional ofertada a cargo de la demandada, por ende, no se le podía conceder valor probatorio alguno, ello en términos de lo que establece el artículo 1289 del ordenamiento legal en consulta; las documentales privadas, consistentes en veinte cheques solo acreditaban la obligación cambiaria de la parte demandada, no así la fecha de celebración de cada venta, el monto de cada operación, así como el modo en que aconteció ni el lugar en que se llevaron a cabo las mismas, por lo que, no se le concedió valor probatorio alguno para los efectos y fines que pretendía el accionante, ello en términos de lo que dispone el artículo 1297 del Código de Comercio, sin que existiera presunción legal o humana ni instrumental de actuaciones que abonara a su favor, razón por la cual, no se encontraba acreditado el segundo elemento de la acción, dado que, para probar la acción causal debía acreditarse la existencia de la misma, que era distinta e independiente de los títulos de crédito, por lo que, la presentación de los mismos, adminiculada con la confesión de la demandada, en el sentido de que los suscribió y la narración de la relación causal subyacente era insuficiente para probar la acción intentada, pues si bien tales probanzas podían demostrar que existió la obligación cambiaria, no probaban la existencia de la distinta obligación cuya fuente era la relación causal subyacente en esa relación cambiaria. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolvió lo correspondiente. Consecuentemente, ante la falta de acreditamiento del segundo de los elementos de la acción, consistente en la existencia de un concreto negocio jurídico que hubiese dado origen a la emisión de los títulos de crédito, se absolvió a la demandada del pago de los mismos, así como a los intereses al tipo legal, al tratarse de una cuestión accesoria a la principal que resultó improcedente, y tampoco hizo condena en costas. Del anterior cuadro comparativo, se advierte el cumplimiento al fallo protector emitido por este tribunal. En esas condiciones y tomando en cuenta lo anterior, se concluye que la ejecutoria quedó cabalmente cumplida, sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento, puesto que la autoridad responsable dejó sin efectos la sentencia reclamada y emitió otra donde en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunció en torno a todos los hechos, pretensiones (prestaciones, excepciones y defensas) y material probatorio de ambas partes, expresando los motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, mismos que quedaron precisadas en párrafos precedentes, y con plenitud de jurisdicción, el juez de manera fundada y motivada resolvió lo correspondiente. Por tanto, como la autoridad cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como al tercero interesado. Así lo acordó y firma el magistrado Willy Earl Vega Ramírez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa licenciado Hugo Rosete Guerrero, que autoriza. Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
En cumplimiento al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo que interesa establece que corresponde a esta presidencia proveer sobre el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria de amparo, procédase a emitir el pronunciamiento respectivo.
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