Heriberto Zendejas Cervantes

Expediente 4/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
4/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Heriberto Zendejas Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes...

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del juicio de amparo 4/2021 del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que en esta fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ordenándose el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. ARCHIVO En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo, toda vez que en encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso c) del aludido Acuerdo General, debido a que se negó la suspensión solicitada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni billetes pendientes de devolver y que carece de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL INCIDENTE ORIGINAL En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE De Igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en mención, se decreta que el duplicado del incidente carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, así como la fecha del presente acuerdo de archivo. Por lo anterior, dicho expediente judicial es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y Incidente de suspensión 4/2021 la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020 y 37/2020 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Debido a que la parte tercero interesado ********* no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo, realizando manifestaciones al respecto únicamente la parte quejosa; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) Mediante sentencia de seis de abril de dos mil veintiuno (fojas 32 a 48), se concedió el amparo y protección constitucional a *********, para el efecto que el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente ********* de su índice; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva determinación en la que resolviera el recurso de reclamación interpuesto por *********, pero purgando, desde luego, los vicios formales que la afectaban y que se precisaron en dicha sentencia. II) Mediante auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (foja 63). III) Por oficio 1726/2021 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector, anexando al efecto diversas constancias (fojas 69 a 82). IV) Posteriormente, por acuerdo de treinta de abril del presente año, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a dicho cumplimiento (foja 84), realizando manifestaciones únicamente la parte quejosa (fojas 88 a 92) Ahora bien, previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA, debido a que: El Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la diversa de uno de diciembre de dos mil veinte, emitida en el expediente ********* de su índice; y, de nueva cuenta procedió a resolver el recurso de reclamación interpuesto por *********, declarándolo improcedente; y por ende, se confirmó la pensión alimenticia provisional en favor de la actora ********* y su menor hijo de iniciales *********, consistente en el equivalente al cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente de trabajo. Lo anterior, previo análisis de los agravios formulados en la reclamación y valoración de todo el material probatorio. Así, el Juzgado responsable en su nueva determinación esencialmente expresó: Que la materia de la reclamación, se constreñía a examinar la proporcionalidad de la cantidad que se fijó inicialmente; es decir, solo tendía un nuevo estudio sobre las posibilidades del deudor alimentario y la necesidad del acreedor, con el material de pruebas que hasta ese momento se aportó. Así, respecto al primer agravio del escrito de reclamación, en el que el recurrente señaló que el porcentaje decretado por concepto de pensión alimenticia provisional resultaba desproporcionada; la responsable sostuvo que, no le asistía la razón al reclamante, pues para que se esté en condiciones de regraduarse dicha pensión, era necesario que se aportaran datos o pruebas respecto de las cuales no se tuvo noticia al fijarla; y, en el caso, esa autoridad al decretarla, ya era sabedora de lo expresado por la parte actora en su escrito de demanda, en el sentido que "la suscrita siempre trabajando y atendiendo la casa" "la suscrita siempre he trabajado desde que lo conocí, además de realizar todas las actividades para el cuidado de la casa", situación que no es novedosa y se tuvo en consideración al decretar el monto provisional. En relación a lo expresado en el sentido que de su salario también depende su menor hija de iniciales *********, a la que consigna la cantidad de $*********) quincenales, en el expediente *********; adujo que tales manifestaciones se tomaron en consideración al graduar la pensión alimenticia provisional, pues tal circunstancia lo hizo valer la actora en su demanda, y que si bien, en esa etapa procesal exhibió copias con sello original de los escritos a los que acompañó las fichas de depósitos hechos por concepto de alimentos en favor de dicha menor, también lo es que, dichas constancias prueban en contra del deudor alimentario, dado que tales consignaciones datan del año dos mil diecinueve, de las cuales únicamente siete amparan la cantidad de quinientos pesos, una por trescientos cincuenta pesos y otra más por la suma de novecientos pesos; en tanto que en el año de dos mil veinte, las consignaciones fueron de mil pesos, novecientos pesos, dos mil quinientos pesos y dos mil pesos, por lo que tales probanzas dan cuenta de su capacidad económica, puesto que en el año dos mil veinte, se consignaron cantidades mayores a los quinientos pesos que refiere; además, la existencia de otra acreedora, no afecta los derechos que de igual manera corresponden a la menor de iniciales *********., quien dada su minoría de edad goza con la presunción de necesitar alimentos. Respecto a las manifestaciones consistentes en que se deben ponderar sus gastos, tales como pago de renta de la casa en la que vive, pago de gas, agua, luz e internet; el Juzgado, expresó que, el único medio de prueba que aportó para demostrar dichos gastos, consistieron en dos comprobantes de pago de servicio telefónico, pero esas pruebas únicamente evidenciaban el cargo que se generó en los meses de julio y septiembre de dos mil veinte, por el servicio de telefonía, sin que se haya exhibido comprobante de pago; de ahí que resultaran insuficientes para demostrar los gastos que dice erogar, aunado a que no aportó prueba relacionados por el concepto de renta; sin embargo, tomando en cuenta su afirmación de sufragar tales numerarios, sumados a las cantidades que eroga voluntariamente para la otra acreedora alimentaria, llevaban a la convicción de contar con capacidad económica. Por cuanto hace al segundo agravio, aduce el Juzgado, que tampoco resultaba fundado ni suficiente para regraduar la pensión alimenticia provisional, ya que el que manifestara que siempre ha cumplido con su obligación de dar alimentos no es suficiente, pues no aporta pruebas idóneas para demostrarlo, ya que los cinco tickets de compra de productos infantiles, lácteos y frutas, el ticket de compra de zapatos y el diverso de ropa, no tienen el alcance de probar la satisfacción de las necesidades básicas del menor, establecidos en el artículo 239 del Código Civil para el Estado de Veracruz, aunado a que un cumplimiento voluntario de ese deber, no es suficiente para lograr la reducción de pensión alimenticia provisional, pues las necesidades de los acreedores alimentarios surgen de momento a momento, por lo que el cumplimiento de esa obligación no puede sujetarse al arbitrio del deudor, sino que corresponde a la autoridad jurisdiccional fijarla y vigilar su cumplimiento. Sobre sus manifestaciones expuestas en la parte final del segundo agravio en el sentido que, su hijo contaba con lesiones en los brazos, supuestamente ocasionada por su progenitora y que interpuso una denuncia en la Fiscalía Sexta Orientadora de la Unidad de Atención Temprana, con residencia en esta ciudad y, para tal efecto exhibió dos fotografías; aduce el Juzgado responsable, que tales fotografías son ineficaces en esa etapa procesal, puesto que el objetivo de la reclamación es decidir lo excesivo o desproporcional del quantum provisional, sin que ello pueda deducirse de la referidas placas fotográficas, de ahí la ineficacia de su exhibición. Respecto al tercer agravio en el que arguye la falta de argumento fehaciente que acredite la necesidad de la actora, pues tiene conocimiento que en su fuente de trabajo percibe un sueldo de $*********quincenales; el Juzgado sostuvo que ello no era fundado ni suficiente para regraduar la pensión alimenticia provisional, ya que se limitó a exhibir dos impresiones electrónicas, la primera de ellas correspondiente a la tarjeta de número de seguridad social y la segunda, a la asignación del número de seguridad social, los cuales resultan insuficientes para el fin pretendido, ya que de ellas no se advierte la percepción de ingresos económicos que afirma el reclamante. Además, precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, lo hizo con la finalidad de orientar al juzgador para cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que no solo es aplicable para mujeres, sino también a hombres, y que en ese tenor, se debía analizar la situación de cada uno de los progenitores y advertir los roles que cada uno había desempeñado durante el concubinato, de donde si bien la actividad laboral de ambos hacía que no se percibiera en términos ordinarios alguna asimetría económica, no era óbice para advertir que el cuidado y atención de los hijos implicaba a quien los tiene, un cuidado y atención que debía visualizarse para el dictado de decisiones judiciales justas; de ahí que en el caso concreto, la capacidad económica de la actora, no hacía nugatorio su derecho a recibir alimentos complementarios, y menos aún, la colocaba en un estado de innecesidad. Agregando, que el cuarto agravio no constituía propiamente un agravio, sino que únicamente señalaba que por todo lo narrado, se tenía que la medida provisional decretada transgredía su esfera jurídica, por fijarse un porcentaje alto, desequilibrado y desproporcional, lo que como se expuso, resultaba infundado. Así, ante lo insuficiente de los agravios y las pruebas aportadas hasta esa fase procesal, con el objetivo de atender al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, se pormenorizaron los motivos por los cuales debía subsistir el quantum provisional decretado en el auto de radicación. Establece la responsable que, tocante a las necesidades de los acreedores alimentarios se tiene que en el caso concreto se trata de dos acreedores alimentarios, un menor de edad y una adulta; que el infante vive al lado de su progenitora, por lo que ésta última cumple con un doble roll en el hogar, ya que además de laborar, tiene a su cuidado al menor de edad; por tanto, atendiendo a los rubros que comprende la institución jurídica de los alimentos, esto es, vestido, habitación, asistencia médica, y tratándose de los hijos, educación básica, de ahí que se presuma que los acreedores tienen las necesidad de cubrir dichos rubros. En relación al deudor alimentario, se trata de una persona adulta que cuenta con otra carga alimentaria más, como es una hija menor de edad, y que con las pruebas aportadas consistentes en consignaciones de alimentos, puso en conocimiento su capacidad económica, dado que a otro acreedor alimentario menor de edad, en el año dos mil veinte, le consignó de manera voluntaria cantidades que van de los novecientos pesos a los dos mil pesos, lo que sumado a los recibos de servicio telefónico y las placas fotográficas que adjuntó a su contestación, resultaron insuficientes en esa etapa procesal, al no comprobarse que realmente se cubren esos gastos; asimismo, al deudor alimentario no le asiste una protección legal reforzada como sí sucede con su hijo menor de edad, ya que cuando están en juego los derechos de los adultos frente a los de los menores debe darse preferencia a éstos últimos, aunado a que del informe rendido por la fuente pagadora del demandado, se advertía que percibe quincenalmente la suma de $*********) y si a ese ingreso se le calcula el cuarenta por ciento decretado por concepto de alimentos provisionales, se advierte que a la actora y su hijo reciben un aproximado de $*********) en forma quincenal, por tanto, se está ante una cantidad mínima con la cual debe subsistir la actora y su representado, en tanto que el demandado le resta un aproximado de $********* centavos, moneda nacional) para subsistir quincenalmente y hacer frente a su otra obligación alimentaria, por ende en el caso concreto procede dejar intocado el quantum provisional que se determinó desde el auto de radicación, puesto que tratándose de los menores de edad sus necesidades alimentarias son preferentes por sobre las necesidades de los adultos, en tanto que la actora por derecho propio evidenció su doble roll en el hogar, adicionándose el factor objetivo del alto costo de la vida el que se estima perjudica por igual a los litigantes, tomando también en consideración que el menor se encuentra al cuidado de su progenitora y hasta estos momentos no deriva del sumario el estilo de vida que impera entre los litigantes, sus costumbres u otras particularidades de la familia; entonces, se insistió, que a fin de observar los principios de equidad, proporcionalidad justicia, equivalencia entre los progenitores e interés superior de la infancia y de acuerdo con los fundamentos y motivos mencionados, con libertad de jurisdicción se imponía confirmar la pensión alimenticia provisional del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente de ingresos, en el entendido que dicho porcentaje se distribuye en un veinticinco por ciento para el menor de edad y un quince por ciento para la actora por derecho propio, todo lo anterior sin perjuicio de lo que decida en definitiva. Es así, que se constata que la autoridad responsable al dictar la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, subsanó las deficiencias formales a que se hizo referencia en la sentencia amparadora, ya que en la nueva interlocutoria, como se mencionó, tomó en consideración los agravios del reclamante y valoró el material probatorio. Por lo anterior, se reitera que la autoridad responsable dio cumplimiento cabal a lo ordenado en la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y, en consecuencia, lo procedente es TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S. I. S. E.). MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, respecto a las manifestaciones formuladas por el autorizado de la parte quejosa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; dígasele que el sentido de la resolución emitida por la autoridad resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues en ésta sólo se ordenó a la responsable que emitiera una nueva determinación en la que se purgaran los vicios destacados en el fallo amparador y, posteriormente, con libertad de jurisdicción, se dictara el pronunciamiento que se estimara apegada a derecho, sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido, como acontece en la especie, por lo que ese motivo no puede considerarse un desacato al fallo amparador. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DOCUMENTOS ORIGINALES. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que se ordena su devolución; por tanto, requiéraseles para que comparezcan a recibirlos, para lo cual se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas del juicio ordinario civil *********, las cuales obran en un tomo por separado, toda vez que resulta innecesario su conservación por haberse ordenado el archivo del presente asunto. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso *********, a través del cual realiza diversas manifestaciones en atención a la vista otorgada mediante proveído de treinta de abril del año en curso, las cuales serán tomadas en consideración al momento de analizar el cumplimiento dado al fallo amparador. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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