Heriberto Tenahua Zacahua
Expediente 733/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Heriberto Tenahua Zacahua
- Juez de lo Penal de Cholula, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del cuatro al veintiséis de octubre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, con la que se formó el anexo I; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo haya hecho, en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal auto, por lo que con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil diecisiete (fojas 76 a 98), se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Heriberto Tenahua Zacahua, porque el acto reclamado atenta contra el principio de legalidad contenido en el artículo 16, de la Constitución Federal, por lo que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en la que decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, en los autos de la causa penal 48/2017, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 313, fracciones I, incisos a) y b) y III, 323, 326, fracciones I y II, 328 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó José Javier Mota García; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales advertidos, es decir, deberá: a. Especificar los preceptos legales que sustenta su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos. b. Estudiar y valorar de manera pormenorizada las pruebas de descargo que ofreció el inculpado, aquí quejosa, en la etapa de preinstrucción. c. Explicar con qué pruebas se acreditan las calificativas del delito de homicidio que estime actualizadas, así como qué valor le corresponde a los medios de convicción empleados, conforme a qué preceptos legales fueron justipreciados y el alcance demostrativo de los mismos; debiendo exponer, además, las razones de hecho por las que concluyó que esas agravantes quedaron acreditadas en la causa penal de origen. c. Respetar la congruencia interna que en toda resolución debe de observarse, para lo cual deberá constatar que en esa nueva resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí. En el entendido de que, la incongruencia destacada en esta sentencia, tuvo como fin ilustrar el vicio de forma que dio lugar a la concesión del amparo, pero ello no implica que sea la única, por lo que, al dictar la resolución con la que dé cumplimiento, el juez de origen deberá ocuparse de subsanarlas todas; esto es, para acatar el fallo protector de garantías, la nueva resolución no deberá presentar consideraciones contradictorias entre sí. Cabe indicar, que para cumplimentar el fallo protector, la autoridad responsable queda constreñida a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al demandante constitucional, sino, únicamente que la responsable con libertad de jurisdicción, subsane las deficiencias formales. (.) Por último, debe decirse que los efectos de la concesión del amparo, se hacen extensivos al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios." Determinación que en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete causó ejecutoria (fojas 115 a 117), por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, mediante oficio 7292 de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 124 a 131), el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 48/2017 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de dieciséis de junio de dos mil diecisiete. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a resolver la situación jurídica del quejoso Heriberto Tenahua Zacahua, decretándole auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracciones I, incisos a) y b) y III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 12, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de José Javier Mota García. Determinación en la cual el juez de la causa especificó los preceptos legales que sustenta su competencia por razón de fuero, materia y territorio, al establecer: "PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. El suscrito es competente para conocer el presente asunto penal, mismo que se sigue por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, ilícito previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracciones I incisos a) y b) y III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los artículos 11, 12, 13, 17 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Jose Javier Mota García de 32 treinta y dos años de edad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 7 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el suscrito es autoridad judicial adscrito al Juzgado Penal de Cholula, que comprende la jurisdicción en el lugar en donde, de acuerdo a las pruebas recabadas se advierte acaeció la conducta ilícita generadora de la presente causa penal, esto es, en Calle Benito Juárez, a la altura del inmueble marcado, con el número 14, Colonia La Purísima, Santa Clara Ocoyucan, Puebla, de acuerdo con la diligencia ministerial de levantamiento de cadáver, practicada por la Ciudadana Agente del Ministerio Público investigador, de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, que obra en las constancias que integran el presente proceso, lugar perteneciente a este distrito Judicial de Cholula, Puebla, de ahí que el suscrito sea competente para conocer del presente asunto." (fojas 125 y 125 vuelta). Así mismo, el juez del proceso precedió al estudio y valoración de las pruebas de descargo que ofreció el inculpado, aquí quejoso, en la ampliación del término constitucional, al referir: "Durante el término constitucional fue ofrecida la prueba testimonial a cargo de Víctor Hugo Rodríguez y José Francisco Ruperto Hernández Meléndez, que rindieron ante el suscrito mismas que se dan por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertasen; testimoniales en cita goza de valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 179 del Código Procesal Penal, declaraciones que hasta este momento procesal resultan jurídicamente insuficientes para desvirtuar la probable responsabilidad de los indiciados en la comisión de los delitos atribuidos, indicios que se contraponen con lo expuesto por el denunciante, sin que hasta este momento se perfeccione la prueba mediante careos respectivos, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 188 del Código adjetivo de la materia que a la letra dice:.. Motivo por el que dichas declaraciones hasta este momento procesal resultan jurídicamente insuficientes para desvirtuar la probable responsabilidad de los indiciados en la comisión del ilícito de robo (sic) atribuido. A la causa se agregó la diligencia de ampliación de declaración preparatoria a cargo del inculpado Heriberto Tenahua Zacahua alías "El Beto", misma que se da por reproducida en este apartado como si a la letra se insertase. Declaración que merece valor probatorio en términos de lo dispuesto por el numeral 193 del Código adjetivo de la materia, sin embargo, tomando en consideración que el que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal, y en la presente causa penal no existe material probatorio que corrobore su dicho, o bien, resulte jurídicamente insuficiente para desvirtuar el cúmulo de probanzas que existen en su contra, dichas alegaciones no son de tomar toda vez que no se encuentra corroborado con material probatorio alguno, sin que pase desapercibido el ofrecimiento de la testimonial de descargo, sin embargo como ya se dijo las mismas no han sido perfeccionadas. Asimismo la defensa ofreció la prueba presuncional legal y humana, sin embargo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 FVII (sic) y 173 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, la misma no surte efectos a favor del indiciado porque como ha quedado establecido en líneas que antecede las declaraciones de los testigos de descargo Víctor Hugo Rodríguez y José Francisco Ruperto Hernández Meléndez, que rindieron ante el suscrito, no han sido perfeccionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 del Código adjetivo de la materia, al contraponerse a las declaraciones de los testigos de cargo Abraham Varela Tlacuatl (foja 51), y Jorge Gómez Hernández (foja 55), que rindieron ante el Agente del Ministerio Público, mediante los careos respectivos, y en esa virtud al no existir probanza que acredite su dicho, la prueba presuncional legal y humana, hasta este momento procesal resulta jurídicamente insuficiente para desacreditar las pruebas de cargo que sirven para acreditar la probable responsabilidad del indiciado." (foja 130 vuelta). Igualmente, el Juez responsable procedió a estudiar la agravante que refiere se actualiza respecto del delito de homicidio imputado al quejoso, así como los medios de prueba con los cuales se tiene por demostrada, procediendo a su valoración, al referir: "DE LAS CALIFICATIVAS. Respecto a la calificativa a que refiere el artículo 326 fracción II, del Código Penal para el Estado, relativa a que el inculpado actúa con ventaja por el arma que emplea, cabe destacar que en la presente causa penal se encuentra acreditada con la declaración de Abraham Varela Tlacuatl (foja 51) rendida ante el Agente del Ministerio Público, la cual ha sido valorada en párrafos que anteceden, toda vez que de la misma se advierte, entre otras cosas, que refirió que el hoy inculpado le disparó al agraviado en tres ocasiones, lo cual se corrobora con la diligencia de levantamiento de cadáver, con fecha 20 veinte de mayo del año 2016 dos mil dieciséis (foja 6), de la que se advierte que se localizaron 4 casquillos metálicos color gris y amarillo respectivamente, y finalmente con el dictamen médico legal y forense de levantamiento de cadáver, identificación y necrocirugía, número 356, de fecha 20 veinte de mayo del año dos mil dieciséis, practicado por las médicos legistas adscritas al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (foja 84), del que se puede apreciar que la causa del deceso del pasivo fue choque hipovolémico y traumatismo craneoencefálico secundario a herida por proyectil, disparo por arma de fuego, penetrante de cráneo con laceración encefálica, con lo que se reitera que el sujeto activo era superior al pasivo por el arma que empleó consistente en un arma de fuego, justificándose la agravante que contempla el artículo 326 fracción II del Código Represivo Penal." Medios de prueba que se advierte procedió a su valoración a fojas 126 y 126 vuelta. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el escrito del quejoso Heriberto Tenahua Zacahua, y en atención a su contenido, téngasele autorizando con facultades amplias en términos del artículo 12 de Ley de Amparo a Carlos David Carreño Maceda y Pedro Christian Razo Manrique, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionales del Derecho de la Secretaría de Educación Pública y con facultades restringidas a la demás personas que menciona por así manifestarlo expresamente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, por medio del cual informa que a realizado las anotaciones correspondientes respecto de la concesión del amparo al aquí quejoso; así mismo, manifiesta que recibió el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del juez responsable, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar.
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