Heriberto Silva Manzano
Expediente 1060/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/05/2017
Partes del expediente
- Heriberto Silva Manzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1060/2016, anexo, y testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 77/2017; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee respecto de la determinación por la que se negó al quejoso el derecho de interponer el 'recurso que procedía' contra la resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis en la causa penal 149/2010 del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Penal de esta ciudad. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Heriberto Silva Manzano contra la resolución de plano que recayó al recurso de revocación interpuesto contra la mencionada resolución interlocutoria". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio y en otra se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Ahora, toda vez que no es necesaria la retención del anexo que remitió la autoridad judicial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva. En otro aspecto, en cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del comunicado 16311 de diez del mes en curso e informa a este órgano de control constitucional que admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por el quejoso, contra la resolución dictada en este controvertido, quedando registrado con el orden R.P. 77/2017.
- Principal
Ciudad de México, a seis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del impreso de expresión de agravios y en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del ocurso de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1060/2016, promovido por Heriberto Silva Manzano, contra actos del Juez Vigésimo Séptimo Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O : I. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el cinco de diciembre siguiente se admitió a trámite la demanda registrándose con el orden 1060/2016; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. Mediante ocurso recibido en este juzgado el seis de enero del año en curso, el justiciable amplió la demanda respecto del acto consistente en la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto contra la diversa que resolvió el incidente no especificado promovido en la causa penal 149/2010, por lo que por auto de esa fecha, se tuvo por ampliada la demanda. Llegada la fecha y hora de la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse actos después de concluido el juicio, que se atribuyen a una autoridad con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados, tal criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, de las constancias de autos, así como del ocurso de ampliación, se precisa que los actos reclamados consisten en: a) La determinación por la que se negó al quejoso el derecho de interponer el recurso que procedía contra la resolución dictada por el juez responsable el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis en la causa penal 149/2010; y b) La resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por el amparista contra la diversa que resolvió el incidente no especificado promovido en la causa indicada. Ambos actos atribuidos al Juez Vigésimo Séptimo Penal de esta ciudad. TERCERO. No es cierto el acto precisado en el inciso a), pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a dicho comunicado, de las que se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo por interpuesto el recurso de revocación -documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna que desvirtuara esa negativa. En tal virtud, debido a la inexistencia del citado acto reclamado, se sobresee en el juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Es cierto el acto señalado en el inciso b), reclamado del juez responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con la copia certificada de la causa indicada, que remitió en apoyo a dicho informe, entre las que se encuentra la resolución reclamada; documental que tiene pleno valor probatorio, en los términos expuestos en el considerando anterior. QUINTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, y que este órgano de control constitucional no advierte que exista materia para suplir la queja deficiente de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, aun cuando en el caso el quejoso no hiciera valer algún concepto de violación, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: 1. Mediante escrito presentado en el juzgado responsable el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el amparista promovió "INCIDENTE INNOMINADO DE MODIFICACIÓN ESENCIAL DE CONDENA". 2. Por escrito recibido en el citado juzgado el dieciocho de octubre siguiente, la defensora del justiciable aclaró su pretensión, esto es, solicitó la "TRASLACIÓN DE TIPO", aclaración con la que estuvo de acuerdo el amparista, pues así lo manifestó mediante comparecencia de veintisiete del citado mes. 3. Por resolución de cuatro de noviembre siguiente, el juez responsable resolvió el citado incidente, declarándolo improcedente. 4. Inconforme con la anterior determinación, se tuvo por interpuesto el recurso de revocación hecho valer por el justiciable, que resolvió la autoridad responsable en la fecha citada en el punto anterior, en lo que interesa en los siguientes términos: ".AUTO.- En la Ciudad de México a 04 cuatro de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. Visto el contenido de la certificación que antecede, ténganse por realizadas las manifestaciones vertidas dentro de la misma para todos los fines y efectos legales a que haya lugar. En tal virtud se le tiene al sentenciado HERIBERTO SILVA MANZANO inconformándose en contra de la emisión de la resolución incidental de fecha 04 cuatro de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis y so pena de violentar los derechos políticos del justiciable de merito, se tiene por interpuesto el recurso de revocación de conformidad con el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.. . Recurso que se desecha de plano de acuerdo al contenido del ordinal 413 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sin necesidad de oír a las partes, lo que se justifica aun mas cuando dada la naturaleza de la cuestión planteada, se observa que la pretensión del sentenciado ya fue objeto de análisis en diversas resoluciones, mismas que revisten la firmeza de cosa juzgada, lo que por si mismo denota la improcedencia del recurso que se resuelve, pues lo contrario llevaría a la ilógica consecuencia de que se afecte lo que ya ha quedado firme, por haber causado ejecutoria en otras determinaciones, pues evidentemente las mismas razones se mantienen incólumes, dada la firmeza que jurídicamente revisten, y por ende se siguen manteniendo, reiterando los argumentos esgrimidos en la resolución incidental de fecha 04 cuatro de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, de ahí, que se deseche de plano el recurso interpuesto." (sic). Siendo esta última resolución la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora, es menester destacar que la resolución reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que el mismo está adecuadamente fundado y motivado, porque el juez responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que no era procedente revocar la resolución recurrida, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asentado lo anterior, es necesario establecer que fue correcta la forma en que la responsable resolvió, pues se basó en la figura de la "cosa juzgada", ya que no podía pronunciarse sobre cuestiones que ya fueron analizadas. En efecto, la figura de cosa juzgada se actualiza cuando una cuestión particular ya ha sido materia de pronunciamiento por una autoridad en una resolución que quedó firme, de modo que no resulta válido volver a discutirla. Aserto que encuentra apoyo en lo que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 589 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, septiembre de 2008, del rubro siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Ahora, si bien es cierto que el nuevo marco jurídico de nuestro país, privilegia los principios y derechos humanos previstos no sólo en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, sino también inmersos en la máxima normativa nacional, también lo es que en la especie, dicha circunstancia se debe ponderar con la observancia estricta del principio de cosa juzgada; adicionalmente, no se debe soslayar que este último principio se encuentra indisoluble e inexorablemente vinculado con el diverso de seguridad jurídica, con lo que dicha figura de cosa juzgada, aunado al de seguridad jurídica, en la especie, constituyen el binomio preponderante, pues de considerar lo contrario significaría conculcar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada emerge en una sentencia obtenida del auténtico proceso judicial, en el que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento conforme al artículo 14, párrafo segundo, de la Carta Magna, lo que dota a las partes en litigio, de seguridad y certeza jurídica; asimismo, la figura procesal de referencia, también se encuentra prevista en el artículo 17, párrafo sexto, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la debida ejecución de sus resoluciones, porque esta ejecución íntegra únicamente se logra en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia previsto en el párrafo segundo del citado artículo 17 constitucional, pues dentro de esta prerrogativa, se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales diriman los conflictos, sino que también se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la institución de cosa juzgada protege los mecanismos de acceso a la justicia y de seguridad jurídica, para garantizar con certeza la correcta y funcional administración de justicia, así como la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo resuelto en los juicios que hayan causado ejecutoria, así como en las diversas sentencias que cuenten con la misma hipótesis. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de mayo de dos mil dieciséis, aprobó la tesis de jurisprudencia 1a./J 25/2016 (10a.) de epígrafe: "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO 'NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL' NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR". Ahora, debe destacarse que cuando mediante una tesis jurisprudencial, se supera, modifica o interrumpe alguna otra, dichos cambios de criterio son válidos para resolver exclusivamente casos aún no fallados, sin que puedan afectarse las situaciones concretas decididas en los precedentes, pues por seguridad jurídica de la cosa juzgada, el nuevo criterio no constituye el mecanismo legal para cambiar los casos ya resueltos. En esas condiciones, lo que procede es negar a Heriberto Silva Manzano, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto que reclamó del Juez Vigésimo Séptimo Penal de esta ciudad, consistente en la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto contra la diversa que resolvió el incidente no especificado promovido en la causa penal 149/2010. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Heriberto Silva Manzano, contra el acto consistente en la determinación por la que se negó al quejoso el derecho de interponer el recurso que procedía contra la resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis en la causa penal 149/2010, atribuido al Juez Vigésimo Séptimo Penal de esta ciudad. SEGUNDO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Heriberto Silva Manzano, contra el acto consistente en la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto contra la diversa que resolvió el incidente no especificado promovido en la causa penal mencionada, atribuido al Juez Vigésimo Séptimo Penal de esta ciudad.
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