Heriberto Sanchez Flores

Expediente 181/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
181/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Heriberto Sanchez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veintiocho de abril del año en cusro, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. El cuaderno original es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a), pues las medidas cautelares -provisional como y definitiva-, fueron concedidas; por ende, se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, concluido, dentro de los noventa días siguientes será depurado: se conservarán las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la suspensión, para después transferirlo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese al expediente principal sin alterar el folio. El duplicado es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha. Archívese por separado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I), consistentes en copias certificadas de la causa penal 41/2011 de su índice lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse respectivo.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el once de marzo de este año se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Heriberto Sanchez Flores únicamente respecto a las autoridades siguientes: - Jueza Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. - Notificador adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. - Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla. A quienes se reclamó, en su orden: - La omisión de acordar el oficio que le remitió la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado, Blanca Laura Ollivier Palacios, el 22 de noviembre 2021. - La consecuente falta de notificación de tal determinación. - La omisión de designar Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Asimismo, el cuatro de este mes y año, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, promovida el uno de este mes, respecto de la jueza y notificador indicados, a quienes se reclamó, respectivamente, la omisión de resolver el incidente no especificado de adecuación de pena que promovió el quejoso dentro del proceso penal 41/2011 de su índice; y, la falta de notificación de dicha determinación. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se evidencia una causa manifiesta e indudable de improcedencia respecto a tales actos, lo que hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d) , de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En ese contexto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme a lo transcrito el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Causa de improcedencia que está orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, conforme a tal supuesto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto controvertido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Para verificar lo anterior, se toma en consideración que por acuerdo de 29 de marzo del año en curso (foja 96 de los autos), se tuvo a la jueza responsable remitiendo copia certificada de los acuerdos de 24 de diciembre de 2021, 17 de enero y 11 de marzo, ambos de 2022, los tres emitidos en la causa penal 41/2011 de su índice. En el primero de tales acuerdos, (foja 60 de los autos), la abogada María del Cármen Sánchez Cortés, con el carácter de secretaria de acuerdos encargada del despacho por vacaciones del titular, proveyó el oficio JESI/2939/2021-V signado por la jueza de Ejecución de Sentencias itinerantes, que contiene el acuerdo de 22 de noviembre de 2021 emitido en la carpeta de ejecución 530/2016/JESI/E; sustancialmente, tuvo a la jueza de ejecución declinando competencia para conocer del incidente no especificado de adecuación de la pena promovido por Heriberto Sánchez Flores, se declaró competente para conocer tal incidencia y, por tanto, le requirió la remisión del proceso original 41/2011. En el acuerdo de 17 de enero de este año (foja 86 de los autos), la indicada secretaria de acuerdos, encargada del despacho, atendiendo a los oficios CJ154 y CJ192 de 13 y 17 de ese mes y año, suscritos por la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y en términos del artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, determinó, en esencia, estar impedida para resolver el fondo del incidente planteado, resolución que emitiría una vez que se designara al titular del juzgado. Finalmente, en el acuerdo dictado el 11 de marzo de este año (foja 93 de los autos), por la jueza de lo Penal de Tepeaca, Puebla, abogada Rosa Celia Pérez González, advirtió que no se notificaron al sentenciado Heriberto Sanchez Flores los acuerdos antes mencionados; por lo que ordenó a la diligenciaría adscrita, notificárselos. Esto último ocurrió conforme a la diligencia de notificación practicada el 18 de marzo del año en curso (fojas 93 vuelta -sello- y 94). Lo relatado guarda relación con las omisiones por las que se admitió la demanda, atribuidas a la jueza y notificador, ambos adscritos al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Por otra parte, de las constancias derivadas del proceso penal 41/2011, remitidas en copia certificada por el titular del Juzgado Penal de Tepeaca, Puebla, abogado Víctor Abraham Saviñon López, al rendir su informe justificado respecto a la ampliación de la demanda (foja 120 de los autos), se conoce que el 4 de abril de este año, se pronunció sobre incidente no especificado de adecuación de la pena promovido por Heriberto Sánchez Flores. En esencia, conforme a las disposiciones constitucionales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que citó, y los motivos que expuso, determinó que ese juzgado carece de competencia para conocer tal incidencia, siendo el competente el juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante, al que determinó devolver los autos originales de la causa penal indicada; también ordenó notificar tal determinación al promovente Heriberto Sánchez Flores (fojas 122 a 125 de los autos). Tal notificación se practicó al sentenciado (quejoso) el 5 de abril de este año (fojas 125 vuelta -sello- y 127 de los autos). Así mismo, de tales constancias se advierte que en diverso acuerdo de 11 de este mes y año, el juez responsable admitió de plano el recurso de apelación que interpuso Heriberto Sánchez Flores en contra de la determinación de cuatro de abril de este año (foja 128 a 133 de los autos). Lo relatado guarda relación con las omisiones reclamadas en la ampliación de la demanda al juez y notificador. Finalmente, en cuanto a la omisión atribuida al Consejo de la Judicatura del Estado, conforme a las constancias que remitió en copia certificada la secretaria ejecutiva de ese organismo, acordadas el veintinueve de marzo de dos mil veintidós (foja 96 de los autos), se advierte, en lo que interesa: Que en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 24 de febrero de este año, entre otras cuestiones, se determinó el cambio de adscripción de la abogada Rosa Celia Pérez González al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla (foja 51 de los autos). Que mediante oficio CJ832 de 24 de febrero de este año, dirigido a la abogada Rosa Celia Pérez González, suscrito por la secretaria ejecutiva del Consejo responsable, se le informó su cambio de adscripción al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a partir del 1 de marzo de 2022 (foja 56 de los autos). Lo relatado permite concluir respecto a la existencia de las omisiones reclamadas en la demanda, a la fecha de presentación de la misma, esto es, el dieciocho de febrero de este año; pues a esa data aún no se notificaban al quejoso los acuerdos de 24 de diciembre de 2021 y 17 de enero de 2022 emitidos en la causa penal 41/2011 del índice del Juzgado de lo Penal responsable, mediante los cuales la secretaria encargada del despacho, se pronunció respecto al acuerdo de 22 de noviembre de 2021 contenido en el oficio JESI/2939/2021-V signado por la jueza de Ejecución de Sentencias itinerantes, emitido en la carpeta de ejecución 530/2016/JESI/E; acuerdos que se ordenó notificar el 11 de marzo de 2022 por la entonces titular de dicho juzgado, esto es, con posterioridad a la promoción del juicio de amparo, practicándose tal notificación el 18 siguiente. Respecto a las omisiones reclamadas en la ampliación de la demanda, que se presentó el 1 de abril de 2022 (foja 99 de los autos), también existían; pues fue hasta el 4 siguiente que el juez se pronunció sobre el incidente no especificado de adecuación de la pena, promovido por el sentenciado, declarando su incompetencia legal para resolverlo, determinación que se le notificó el 5 de este mes. Y respecto a la omisión atribuida al Consejo de la Judicatura local, esta también existía al presentarse la demanda de amparo, puesto que a esa fecha no se había designado al funcionario que fungiría como titular del juzgado de lo Penal de Tepeaca Puebla; lo cual se hizo hasta el 24 de marzo del año en curso. Lo anterior evidencia que durante la substanciación de este juicio cesaron las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, pues llevaron a cabo los actos que les eran exigibles, como si se hubiera concedido el amparo solicitado, esto es, desapareció la inactividad que motivó la promoción de este medio extraordinario de defensa, pues las jurisdiccionales responsables emitieron las determinaciones indicadas y se le notificaron al quejoso; y la diversa responsable administrativa, efectuó el nombramiento del titular del órgano jurisdiccional citado. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con catorce minutos del día tres de mayo de dos mil veintidós. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el once de marzo de este año se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Heriberto Sanchez Flores únicamente respecto a las autoridades siguientes: - Jueza Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. - Notificador adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. - Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla. A quienes se reclamó, en su orden: - La omisión de acordar el oficio que le remitió la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado, Blanca Laura Ollivier Palacios, el 22 de noviembre 2021. - La consecuente falta de notificación de tal determinación. - La omisión de designar Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Asimismo, el cuatro de este mes y año, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, promovida el uno de este mes, respecto de la jueza y notificador indicados, a quienes se reclamó, respectivamente, la omisión de resolver el incidente no especificado de adecuación de pena que promovió el quejoso dentro del proceso penal 41/2011 de su índice; y, la falta de notificación de dicha determinación. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se evidencia una causa manifiesta e indudable de improcedencia respecto a tales actos, lo que hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d) , de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En ese contexto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme a lo transcrito el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Causa de improcedencia que está orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, conforme a tal supuesto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto controvertido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Para verificar lo anterior, se toma en consideración que por acuerdo de 29 de marzo del año en curso (foja 96 de los autos), se tuvo a la jueza responsable remitiendo copia certificada de los acuerdos de 24 de diciembre de 2021, 17 de enero y 11 de marzo, ambos de 2022, los tres emitidos en la causa penal 41/2011 de su índice. En el primero de tales acuerdos, (foja 60 de los autos), la abogada María del Cármen Sánchez Cortés, con el carácter de secretaria de acuerdos encargada del despacho por vacaciones del titular, proveyó el oficio JESI/2939/2021-V signado por la jueza de Ejecución de Sentencias itinerantes, que contiene el acuerdo de 22 de noviembre de 2021 emitido en la carpeta de ejecución 530/2016/JESI/E; sustancialmente, tuvo a la jueza de ejecución declinando competencia para conocer del incidente no especificado de adecuación de la pena promovido por Heriberto Sánchez Flores, se declaró competente para conocer tal incidencia y, por tanto, le requirió la remisión del proceso original 41/2011. En el acuerdo de 17 de enero de este año (foja 86 de los autos), la indicada secretaria de acuerdos, encargada del despacho, atendiendo a los oficios CJ154 y CJ192 de 13 y 17 de ese mes y año, suscritos por la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y en términos del artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, determinó, en esencia, estar impedida para resolver el fondo del incidente planteado, resolución que emitiría una vez que se designara al titular del juzgado. Finalmente, en el acuerdo dictado el 11 de marzo de este año (foja 93 de los autos), por la jueza de lo Penal de Tepeaca, Puebla, abogada Rosa Celia Pérez González, advirtió que no se notificaron al sentenciado Heriberto Sanchez Flores los acuerdos antes mencionados; por lo que ordenó a la diligenciaría adscrita, notificárselos. Esto último ocurrió conforme a la diligencia de notificación practicada el 18 de marzo del año en curso (fojas 93 vuelta -sello- y 94). Lo relatado guarda relación con las omisiones por las que se admitió la demanda, atribuidas a la jueza y notificador, ambos adscritos al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Por otra parte, de las constancias derivadas del proceso penal 41/2011, remitidas en copia certificada por el titular del Juzgado Penal de Tepeaca, Puebla, abogado Víctor Abraham Saviñon López, al rendir su informe justificado respecto a la ampliación de la demanda (foja 120 de los autos), se conoce que el 4 de abril de este año, se pronunció sobre incidente no especificado de adecuación de la pena promovido por Heriberto Sánchez Flores. En esencia, conforme a las disposiciones constitucionales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que citó, y los motivos que expuso, determinó que ese juzgado carece de competencia para conocer tal incidencia, siendo el competente el juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante, al que determinó devolver los autos originales de la causa penal indicada; también ordenó notificar tal determinación al promovente Heriberto Sánchez Flores (fojas 122 a 125 de los autos). Tal notificación se practicó al sentenciado (quejoso) el 5 de abril de este año (fojas 125 vuelta -sello- y 127 de los autos). Así mismo, de tales constancias se advierte que en diverso acuerdo de 11 de este mes y año, el juez responsable admitió de plano el recurso de apelación que interpuso Heriberto Sánchez Flores en contra de la determinación de cuatro de abril de este año (foja 128 a 133 de los autos). Lo relatado guarda relación con las omisiones reclamadas en la ampliación de la demanda al juez y notificador. Finalmente, en cuanto a la omisión atribuida al Consejo de la Judicatura del Estado, conforme a las constancias que remitió en copia certificada la secretaria ejecutiva de ese organismo, acordadas el veintinueve de marzo de dos mil veintidós (foja 96 de los autos), se advierte, en lo que interesa: Que en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 24 de febrero de este año, entre otras cuestiones, se determinó el cambio de adscripción de la abogada Rosa Celia Pérez González al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla (foja 51 de los autos). Que mediante oficio CJ832 de 24 de febrero de este año, dirigido a la abogada Rosa Celia Pérez González, suscrito por la secretaria ejecutiva del Consejo responsable, se le informó su cambio de adscripción al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a partir del 1 de marzo de 2022 (foja 56 de los autos). Lo relatado permite concluir respecto a la existencia de las omisiones reclamadas en la demanda, a la fecha de presentación de la misma, esto es, el dieciocho de febrero de este año; pues a esa data aún no se notificaban al quejoso los acuerdos de 24 de diciembre de 2021 y 17 de enero de 2022 emitidos en la causa penal 41/2011 del índice del Juzgado de lo Penal responsable, mediante los cuales la secretaria encargada del despacho, se pronunció respecto al acuerdo de 22 de noviembre de 2021 contenido en el oficio JESI/2939/2021-V signado por la jueza de Ejecución de Sentencias itinerantes, emitido en la carpeta de ejecución 530/2016/JESI/E; acuerdos que se ordenó notificar el 11 de marzo de 2022 por la entonces titular de dicho juzgado, esto es, con posterioridad a la promoción del juicio de amparo, practicándose tal notificación el 18 siguiente. Respecto a las omisiones reclamadas en la ampliación de la demanda, que se presentó el 1 de abril de 2022 (foja 99 de los autos), también existían; pues fue hasta el 4 siguiente que el juez se pronunció sobre el incidente no especificado de adecuación de la pena, promovido por el sentenciado, declarando su incompetencia legal para resolverlo, determinación que se le notificó el 5 de este mes. Y respecto a la omisión atribuida al Consejo de la Judicatura local, esta también existía al presentarse la demanda de amparo, puesto que a esa fecha no se había designado al funcionario que fungiría como titular del juzgado de lo Penal de Tepeaca Puebla; lo cual se hizo hasta el 24 de marzo del año en curso. Lo anterior evidencia que durante la substanciación de este juicio cesaron las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, pues llevaron a cabo los actos que les eran exigibles, como si se hubiera concedido el amparo solicitado, esto es, desapareció la inactividad que motivó la promoción de este medio extraordinario de defensa, pues las jurisdiccionales responsables emitieron las determinaciones indicadas y se le notificaron al quejoso; y la diversa responsable administrativa, efectuó el nombramiento del titular del órgano jurisdiccional citado. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con catorce minutos del día tres de mayo de dos mil veintidós. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a los autos el oficio de cuenta del JUEZ DE LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA, recibido vía correo electrónico institucional, por medio del cual rinde su informe justificado, con su contenido dése vista a las partes en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." AMPLIACIÓN IMPROCEDENTE POR NO ENCONTRARSE RELACIONADOS LOS ACTOS QUE INDICA En otro orden de ideas, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso HERIBERTO SÁNCHEZ FLORES, a través del cual, pretende ampliar su demanda de amparo, sin embargo, esta resulta improcedente. Lo anterior porque el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: No hayan transcurrido los plazos para su presentación; Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." En dicho precepto legal el legislador prevé la posibilidad de ampliar la demanda de amparo que haya dado origen al juicio constitucional cuando: 1.- No hayan transcurrido los plazos para su presentación, es decir, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. 2.- Con independencia de lo anterior, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. 3.- La demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Aunado a lo anterior, el conocimiento de los nuevos actos o la participación de nuevas autoridad en su emisión, ejecución o comisión, debe revelarse de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, es decir, cuando de los informes aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa que dejen ver acciones u omisiones distintas a los reclamados inicialmente en la demanda de amparo y éstos causen perjuicio en la esfera jurídica del gobernado; datos que el quejoso no conocía hasta el momento de imponerse de los citados informes, lo que constituye un requisito sine qua non. Todo esto tiene lugar al momento de que el quejoso se le da vista con los informes que contengan éstos datos y, por ende a partir de esa fecha le empieza a correr el término para ejercer la acción constitucional de amparo, ya promoviendo un nuevo juicio de amparo o a través de la ampliación de la demanda en trámite. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inserto en la jurisprudencia por contradicción de tesis identificada con el número P./J. 15/2003 publicada en la página 12 del Tomo XVIII, correspondiente al mes de Julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En ese orden de ideas, el señalamiento de nuevos actos reclamados deviene improcedente, cuando los actos reclamados inicialmente no existen, pues en este supuesto, no concurre posibilidad de relacionar actos inexistente con nuevos o, cuando pretenden impugnarse nuevos actos por considerarlos directamente vinculados con el señalado inicialmente, pero se reclaman por vicios propios. Ahora bien, del los informes justificados rendidos por las autoridades responsables a la presente data, se aprecia con claridad que éstos no guardan relación con los actos por los que pretenden ampliar su demanda el aquí quejoso, ya que originalmente señaló: -La omisión de la Jueza Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla de acordar el oficio que le remitió la JUEZ DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES ITINERANTE DEL ESTADO, Blanca Laura Ollivier Palacios, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y la consecuente falta de notificación de dicha determinación. - La omisión del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla de designar Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Y en una diversa ampliación de demanda, señaló como acto reclamado: La omisión de la Jueza Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla de resolver el INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE ADECUACIÓN DE PENA que promovió el aquí quejoso dentro del proceso penal 41/2011 de su índice; y la falta de notificación de dicha determinación Ahora, en la presente ampliación el quejoso se duele de la omisión del juez penal responsable de remitir la apelación al tribunal de alzada, dentro del proceso penal de origen número 41/2011, relativo al INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE ADECUACIÓN DE PENA que promovió el citado quejoso (recurso interpuesto por el sentenciado -quejoso- contra el acuerdo de cuatro de este mes y año, en el que el Juez Penal de Tepeaca, Puebla, declaró que no es competente para resolver tal incidente, sino el juez de Ejecución de Sanciones Itinerante). Sentado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados en el escrito primigenio de amparo, así como en la ampliación de demanda de amparo de uno de abril de la anualidad en curso, van encaminados únicamente a la omisión del juez responsable de resolver el INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE ADECUACIÓN DE PENA, sin embargo, en la ampliación que se provee se encamina a la omisión de remitir el recurso de apelación que interpuso el sentenciado contra una determinación específica del juez responsable, por lo cual, de proveer favorablemente la ampliación de la demanda respecto a dicho acto, conllevaría a innumerables ampliaciones, en perjuicio del derecho de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, resulta indudable que en el caso no se actualiza el segundo de los requisitos previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, esto es, actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, por consiguiente lo procedente es desechar de plano la ampliación de demanda intentada por el quejoso respecto a la omisión del juez penal responsable de remitir la apelación al tribunal de alzada, dentro del proceso penal de origen número 41/2011, respecto al acuerdo de cuatro de este mes y año, que interpuso el quejoso. No obstante lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procédase a remitir el original del escrito de ampliación de demanda, y copia autorizada de la presente determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, a efecto de que sea remitida al órgano jurisdiccional al que por turno corresponda conocer de la citada demanda de amparo.

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