Heriberto Sanchez Delgadillo

Expediente 1900/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1900/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2016

Partes del expediente

  • Heriberto Sanchez Delgadillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. *JUZGADO ACEPTA COMPETENCIA ARCHIVO* POR RECIBIDO EL OFICIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL CUAL ACUSA RECIBO DEL DIVERSO OFICIO. E INFORMA QUE ADMITIÓ A TRÁMITE LA DEMANDA CORRESPONDIENTE A DICHO JUICIO. SE AGREGA EN AUTOS EL OFICIO DE MÉRITO, PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA; TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATA COMO CONCLUIDO, AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. NOTIFÍQUESE.IO

  2. Principal

    Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de cuenta suscrita por Heriberto Sánchez Delgadillo, por propio derecho, contra actos del Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno con el número 1900/2016-VII. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito del siguiente modo: Jueces Federales Penales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los dispositivos contenidos en el capítulo aludido. Igualmente se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado (artículos 51, 52, fracciones I, II y III, 54 y 55, fracciones I, II, y III, del cuerpo de leyes en cita), b) La naturaleza de la autoridad responsable (artículos 52, fracciones IV y V, y 55, fracción IV). Los criterios antes señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Para robustecer el anterior aserto, debe decirse que para dilucidar la competencia entre Juzgados de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, tienen que tomarse en cuenta la naturaleza del acto y su contenido. Así, en materia laboral no basta que el acto se emita por una autoridad de las previstas en la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ni que ese acto se funde en algún dispositivo de dicha ley, sino que debe atenderse a si éste es de contenido materialmente laboral. Para ello deben considerarse sus elementos distintivos, esto es, verificar si existen actos cuyo contenido material tiene por objeto el análisis de aspectos eminentemente laborales, como son los conflictos individuales que lleguen a suscitarse entre los titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. De esta manera, las controversias que se refieren a conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores, quedarán enmarcados dentro del ámbito del derecho del trabajo. Bajo esa premisa, los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo conocerán de los asuntos sometidos a su potestad, siempre que se vinculen con alguno de los aspectos antes señalados; de no ser así, el acto reclamado quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado; y, por consecuencia, deberá estimarse que se trata de un acto materialmente administrativo cuyo conocimiento corresponderá a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa. En esa tónica, cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo o de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que supera la concepción individualista que sustentó la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina al trabajo y al salario. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos, ya que en todo el marco constitucional e internacional erigido en favor del operario laboral, rige la máxima consagrada en favor del trabajador, la cual consiste en velar por mejorar las condiciones en que se desempeñan las labores. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la parte que interesa en la tesis número I.14o.T.1 L, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, página 1714, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa." En ese contexto, no debe perderse de vista que el artículo 123, apartado b), fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional, en la parte que interesa establecen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (.) Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: (.) VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes; (.) XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria." "LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. Artículo 2o.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado; (.) Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: (.) Secretaría de Educación Pública (.) LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos. (.) Artículo 38.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: I.- De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados; II.- Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente, de una manera expresa, su conformidad; III.- De los descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con motivo de obligaciones contraídas por los trabajadores; IV.- De los descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir alimentos que fueren exigidos al trabajador, y V.- De cubrir obligaciones a cargo del trabajador, en las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones legalmente consideras como baratas, siempre que la afectación se haga mediante fideicomiso en institución nacional de crédito autorizada al efecto. VI.- Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del fondo de la vivienda destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. El monto total de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del importe del salario total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de este artículo. (.) Artículo 41.- El salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, fuera de lo establecido en el artículo 38. (.) Artículo 42.- Es nula la cesión de salarios en favor de tercera persona. (.) Artículo 124.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. II.- Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones de trabajadores a su servicio; III.- Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación del mismo; IV.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales, y V.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos de Escalafón, Reglamentos de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y de los Estatutos de los Sindicatos." De los preceptos legales transcritos, se advierte que la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado b), regula las relaciones laborales burocráticas; que la misma prohíbe realizar retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, y por último que en caso de que se susciten conflictos individuales, colectivos o intersindicales, quien debe resolver es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, que la Secretaría de Educación Pública, es un órgano de la Administración Pública Centralizada, en auxilió del Poder Ejecutivo, mismo que forma parte de los Poderes de la Unión. De igual manera, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte que la misma es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión; que la misma regula lo referente a las retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores burocráticos; prohíbe el embargo judicial administrativo fuera de lo establecido en el artículo 38 de la referida ley; nulifica la cesión de salarios en favor de tercera persona y precisa la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que entre otros, lo faculta para resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. Por otro lado, es importante resaltar que este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que actualmente nos rige, encuentra limitada su competencia únicamente respecto: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio." De lo que se advierte claramente que los actos que se reclaman en esta vía no se ubican en los supuestos de competencia a que hace alusión el precepto trascrito, ya que no se trata de un acto de naturaleza administrativa o dentro de un procedimiento de esa índole. Asentado lo anterior, debemos considerar que del estudió integral de la presente demanda, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: Los descuentos quincenales vía nomina realizados a partir del treinta de junio de dos mil dieciséis, así como la no cancelación de los mismos; y La omisión de emitir respuesta al escrito de petición de diez de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual el quejoso solicitó la cancelación de los descuentos vía nómina realizados desde el treinta de junio de dos mil dieciséis. De lo que se desprende que los actos que se tildan de inconstitucionales afectan la relación contractual de carácter laboral, establecida entre el quejoso y la Secretaría de Educación Pública, en su calidad de Secretario de Apoyo en la Escuela Secundaria número doscientos ochenta y dos, "Gilberto Borja Navarrete"; por lo que, quien debe conocer del presente asunto es un Juzgado especializado en dicha materia. Por ende, ya que los actos reclamados tienen ejecución directa en el sueldo que percibe Heriberto Sánchez Delgadillo, como trabajador de la Secretaría de Educación Pública; en consecuencia, son de naturaleza eminentemente laboral, por lo que, este Juzgado de Distrito no es el competente para conocer de la demanda de garantías de marras. Así las cosas, es incuestionable que de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, versan sobre cuestiones netamente laborales, dada la relación laboral que tiene el quejosa con la Secretaría de Educación Pública; por lo que, evidentemente corresponde conocer del presente juicio de amparo a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, ya que la competencia que debe asumir, no sólo corresponde a aquellos asuntos en los que se reclamen actos de autoridades laborales, leyes sobre la misma materia o se refieran a conflictos entre patrones y trabajadores, sino que contempla todos los que se refieren o tengan relación directa con las relaciones laborales que regula el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el caso acontece, en atención a que conforme a la propia naturaleza de los actos, se advierte un problema de índole laboral. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías y ordena remitir el presente expediente, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juez de Distrito en Materia de Trabajo la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de garantías y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento antes citado por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Osorio Jiménez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a Marisol Osornio Mejía, María Michel Osornio Jiménez y Arturo Palomo Lemus, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.2o.64 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 833 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: IX, Enero de 1999, Tesis: V.2o.64 C, del rubro y tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la legitimación del autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el no señalamiento del número de registro de cédula profesional en el escrito correspondiente o el reconocimiento tácito por el Juez de Distrito llegue a transgredir el citado dispositivo en su segundo párrafo, el cual es claro en cuanto a que en las materias civil, mercantil y administrativa, es condición que el autorizado acredite ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, tales omisiones no pueden dar lugar a legitimar en las referidas materias al profesionista que no cubra esos requisitos, toda vez que es una obligación del Juez de Distrito constatar tal circunstancia, pues una vez que el a quo reconozca la legitimación necesaria para ofrecer pruebas, éste ya está autorizado para interponer recursos, así como cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, dado que el autorizado en términos amplios del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tiene una diversidad importante de facultades de representación. Por ello, la importancia de que el Juez de Distrito constate la autorización que expida en términos del multicitado artículo, a fin de no estar en contra de la ley, al legitimar a algún profesionista que no cuente con la autorización correspondiente, pues estaría legitimando a quien la ley expresamente prohíbe". Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como, los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como solicitar la supresión de los nombres de las partes en las listas de notificación que se publiquen por medios electrónicos. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la parte promovente, en atención a la Jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y cinco, tomo III marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en lo que interesa señala: "...es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Así como el criterio emitido por la Segunda Sala, visible en la página 1436, tomo CIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES. El artículo 30 de la Ley de Amparo, no establece ni impone obligación alguna para que el juzgador mande hacer personalmente determinadas notificaciones, sino que únicamente le concede facultad para ordenar que se hagan en la forma que las estime convenientes." Notifíquese por medio de oficio al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el Maestro Carlos Hugo Luna Baraibar, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido por el Secretario licenciado Francisco Javier García Hernández, quien autoriza y da fe. Doy fe. CHLB/FJGH/jerh EL JUEZ EL SECRETARIO

  3. Principal

    MESA VII. *INCOMPETENCIA-MATERIA DE TRABAJO* VISTA LA DEMANDA DE CUENTA SUSCRITA POR. SE FORMA EXPEDIENTE TANTO IMPRESO COMO ELECTRÓNICO Y SE REGISTRA EN EL LIBRO DE GOBIERNO. AHORA BIEN, DEL ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO SE ADVIERTE QUE ESTE JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA LA CIUDAD DE MÉXICO, ES LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE MATERIA PARA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, SEGÚN SE PONDRÁ DE RELIEVE AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES. Y ORDENA REMITIR EL PRESENTE EXPEDIENTE, AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, A QUIEN SE CONSIDERA COMPETENTE PARA CONOCER DEL ASUNTO. SE SOLICITA AL JUZGADO. QUE POR RAZÓN DE TURNO LE CORRESPONDA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, SE SIRVA ACUSAR EL RECIBO DE ESTILO CORRESPONDIENTE INFORMANDO SOBRE LA ACEPTACIÓN O NO DE LA COMPETENCIA DECLINADA. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA FORMAR EL CUADERNO DE ANTECEDENTES RESPECTIVO. ASIMISMO, SE TIENE COMO DOMICILIO EL QUE SEÑALA Y COMO AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES A... SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y SU REGLAMENTO, DEBEN HACERSE PÚBLICAS LAS RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE CAUSEN ESTADO O EJECUTORIA, PERO LAS PARTES EN RELACIÓN A TERCEROS PODRÁN OPONERSE A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES... NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,173 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano