Heriberto Reyes Vazquez
Expediente 557/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 21/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Heriberto Reyes Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 32. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Miriam Huerta Lechuga), de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida resolución no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que ésta sobreseyó en el presente juicio de amparo y sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión, las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." "REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique." "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)." En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto, en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
Primero. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente, en términos del considerando tercero de esta resolución. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Heriberto Reyes Vázquez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el 54. Procurador General de justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado; sin que sea el caso realizar mayor proveído al respecto, ya que por acuerdo de cinco de julio pasado, se tuvo por rendido el mismo (foja 150). Por otro lado, de la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el término de tres días que por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve (foja 57), se concedió a la parte quejosa para que precisara la denominación actual, exacta y correcta de la autoridad responsable que señaló como "37. Fiscal de Investigación Metropolitana Centro Sur, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla", sin que la aludida parte haya dado cumplimiento a tal requerimiento. En tal sentido, hágase efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintiséis de junio del año en curso y, SE TIENE COMO INEXISTENTE a la autoridad anteriormente mencionada, ordenando suspender cualquier comunicación procesal con la misma, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que por acuerdo de nueve de julio pasado, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable 33. Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, y se ordenó dar vista a las partes con el mismo; en consecuencia, toda vez que fueron señaladas las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve (foja 30 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, resulta evidente que ésta no podrá celebrarse por estar transcurriendo la vista que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las doce horas con treinta minutos del veinticinco de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cinco minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 557/2019-C (foja 68 vuelta), Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Jessed Edoardo Cázares Virgen, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo presentada por Heriberto Reyes Vázquez (fojas 1 a 7), copia del escrito aclaratorio (foja 8), auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (suspensión provisional, fojas 9 a 14), e informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron. Por otro lado, da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable 33. Mario Cortés Aldama, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, recibido vía electrónica, y con el estado procesal que guardan los presentes autos. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede. En otro orden, agréguese a los autos el informe previo que rinde la autoridad responsable 33. Mario Cortés Aldama, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla recibido vía electrónica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveídos de veinticinco de junio, tres y ocho de julio, todos del año actual (fojas 33, 137 y 167), se reservó proveer lo conducente, respecto del oficio C-523-37, que se giró a la autoridad responsable que el quejoso denominó como 37. Fiscal de Investigación Zona Metropolitana Centro Sur, así como, del sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI y del oficio del Jefe de C.S.I., Oficina Centro, Telecomunicaciones de México (TELECOM), ambos relativos al oficio C-523-55, dirigido a la autoridad responsable que el quejoso denominó como 55. Director de la Agencia Estatal de Investigación y/o Director de la Policía Judicial, del Estado de Tlaxcala. Al respecto, se tienen por inexistentes a las autoridades mencionadas, ordenándose suspender cualquier comunicación procesal con las mismas, sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, entre ellos, la Ministerio Público Federal adscrita que no presentó pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 557/2019-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Heriberto Reyes Vázquez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 9 a 14), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Heriberto Reyes Vázquez, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, sus dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: Las órdenes de aprehensión, detención, comparecencia, citación, presentación y/o cateo dictadas en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Autoridad responsable Sentido del informe previo Fojas Ordenadoras: 1 1. Joanna Karina Perea Cano, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en Puebla. Negó 18 2 2. Marcela Elizabhet García Cante, Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Puebla, con carácter de Jueza de Control Negó 61 y 63 3 3. Antonio Trujillo Ruiz, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Puebla. Negó 19 4 4. Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Puebla. Negó 20 5 5. Francisco Rubén Martínez Iñiguez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla Negó 26 6 6. Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, por conducto del Asistente de Despacho Judicial, Encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla Negó 27 7 7. Alberto Bagatella Bermúdez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán Negó 72 8 8. Rosario Ivonne Rivera Calzada Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán Negó 74 9 9. David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, a través del Jefe de Causas Penales en Ciudad Serdán, Puebla Negó 76 10 10. María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza de Control y Ejecución del Juzgado de Oralidad y de Ejecución Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla Negó 122 11 11. Adriana De Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla Negó 124, 126 y 128 12 12. Joel Daniel Baltazar Avalos, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla Negó 130 13 13. Lucio León Mata, Juez de Control del Juzgado de Control de la Región Judicial Norte, residente en Huauchinango, Puebla Negó 158 14 14. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control de la Región Judicial Norte, residente en Huauchinango, Puebla Negó 151 15 15. Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de Sentencias, Región Norte, con sede en Zacatlán, Puebla Negó 159 16 16. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Sur-Oriente Negó 78 17 17. Salvador Hernández Martínez, Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Sur-Oriente Negó 80 18 18. Gerardo Gutiérrez Gayosso, Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Sur-Oriente Negó 82 19 22. Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por sí, y en representación de las autoridades identificadas con los numerales 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, y 28. Negó 28 20 29. Aarón Hernández Chino, Juez de Control, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla Negó 64 21 30. Fernando Martínez Espinosa, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, San Andrés Cholula Puebla Negó 29 22 31. Liszet del Carmen Fuentes Trueba Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla Negó 66 23 32. Miriam Huerta Lechuga, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan Negó 117 y 119 24 33. Mario Cortés Aldama, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla. Negó 168 25 34. Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora). Negó 21 26 35. Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de su representación (en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora). Negó 22 27 36. Fiscal de Investigación Metropolitano, a través de su representación (en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora). Negó 23 28 38. Director General Estatal de Investigación del Estado de Puebla en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora. Negó 31 29 39. Directora de Mandamientos Judiciales del Estado de Puebla, a través de su representación (en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora). Negó 24 30 42. Gabriela Capetillo Piña, Jueza Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco (en su denominación correcta), por sí y a nombre de las autoridades responsables identificadas con los numerales 40, 41 y 43. Negó 84 31 48. Marisol Barba Pérez, Jueza Quinto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Despacho (en su denominación correcta) por sí y por las autoridades responsables identificadas con los números 44, 45, 46, 47 y 49. Negó 152 32 50. Daniel Hernández George, Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de Despacho, del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala (en su denominación correcta), por sí y a nombre de las autoridades responsables identificadas con los numerales 51, 52 y 53. Negó 132 y 134 33 54. Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora. Negó 160 CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las citadas autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Por otra parte, como se indicó en el acta que antecede, las autoridades 37. Fiscal de Investigación Zona Metropolitana Centro Sur y 55. Director de la Agencia Estatal de Investigación y/o Director de la Policía Judicial, del Estado de Tlaxcala, no existen; por lo que tampoco pueden existir los actos que se les atribuyen. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue, que al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, ni las autoridades anteriormente mencionadas, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Heriberto Reyes Vázquez, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades citadas en los considerandos tercero y cuarto.
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