Heriberto Rey Solis

Expediente 580/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
580/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Heriberto Rey Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Sentencia cumplida y archivo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la parte tercera interesada. .

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por Héctor Manuel Granados Arana, mediante el cual informa que le fue revocado el nombramiento de Tercer Árbitro Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Chihuahua, en esta ciudad y solicita que el requerimiento de informes justificados y cumplimientos de sentencias sea dirigido a las personas y domicilios referidas en su ocurso de cuenta. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 23227/2021 dirigido al tercero interesado Municipio de la Ciudad de Chihuahua, por el cual se le notifica la sentencia dictada en el presente asunto. En tal virtud, en obvio de mayores dilaciones, reenvíese el citado oficio a la ciada moral referida con antelación.

  4. Principal

    En Chihuahua, Chihuahua, a las nueve horas con trece minutos del catorce de junio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con el licenciado César Javier Ortegón Mendoza, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo y el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua (Ver foja 16). A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas y se da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con la instrumental de actuaciones, presuncional y documentales ofrecidas por la parte quejosa, y documentales que allegó la responsable a su informe justificado. Enseguida, el Secretario de funciones de Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119, 121, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua; asimismo, se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas indicadas, para todos los efectos legales conducentes. Acto seguido, se pasa a la etapa de alegatos, donde se hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124, de la Ley de Amparo; por tanto, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O para resolver el juicio de amparo 580/2021-V promovido por HERIBERTO REY SOLÍS, por su propio derecho, contra actos de la Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua (denominación correcta de la autoridad señalada como Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Chihuahua), con sede en esta ciudad, los cuales estimó violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El nueve de abril de dos mil veinte, HERIBERTO REY SOLÍS, por su propio derecho, presentó demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, la cual se turnó hasta el día doce del mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, contra la autoridad señalada como responsable en el proemio que antecede, y por el acto que a continuación se precisa: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama la omisión de la autoridad responsable de sustanciar el procedimiento laboral dentro del expediente TA/17/2017, formado por la reclamación que sigue el quejoso en contra del Municipio de Chihuahua, ante la autoridad señalada como responsable, omisión relativa a los plazos y términos previstos por la legislación aplicable, esto en virtud de que el trámite del juicio laboral del cual derivan los actos reclamados, se encuentra inactivo, totalmente suspendido por causas imputables a la autoridad responsable." SEGUNDO. El trece de abril de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo bajo el número estadístico 580/2021-V; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde a la representación social federal; finalmente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37, último párrafo, y 107, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado se trata de una omisión y la demanda de amparo se presentó ante este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a las autoridades responsables. En ese tenor, del examen integral del escrito de demanda, así como del informe justificado y su correspondiente anexo, se obtiene que la quejosa reclama la omisión de tramitar el juicio laboral TA/17/2017 del índice de la autoridad responsable, dentro de los términos establecidos en la legislación aplicable, en específico, de realizar los trámites necesarios para desahogar prueba a cargo de la Dirección de Planeación y Evaluación. Es aplicable al caso concreto, el criterio P. VI/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, como no se invocaron causales de improcedencia por las partes, ni tampoco se advierte en forma oficiosa la actualización de alguna, procede entrar al examen de los motivos de disenso formulados por el quejoso. QUINTO. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide a la suscrita cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En apoyo a lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Es fundado el concepto de violación hecho valer. Del análisis de las constancias que remitió como complemento a su informe justificado la autoridad responsable consistente en diversas copias certificadas del expediente laboral TA/17/2017 (Ver fojas 17 a 30), a las cuales se le confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el párrafo segundo del artículo 2º de este último ordenamiento legal, se advierte que no se ha logrado continuar con el procedimiento hasta el desahogo total de las pruebas ofrecidas por las partes, siendo inobjetable, que conforme a la ley de la materia se encuentra facultada para la aplicación de medios de apremio para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Al respecto, se estima oportuno destacar el contenido del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que de manera literal señala: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Conforme al numeral trascrito, la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos que le garantice la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el Juzgador emita una resolución no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d). Justicia gratuita, que estriba en que los Órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobraran a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Así, el mandato contenido en el párrafo segundo del precepto constitucional en comento está encaminado preponderantemente a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad jurisdiccional. Entonces, el acceso a la jurisdicción es un derecho fundamental de gran envergadura en el orden jurídico constitucional, pues a través de su ejercicio los individuos podrán defender sus derechos, ya bien, dilucidando una controversia, esclareciendo una situación jurídica dudosa, declarando la existencia de una obligación y, en caso necesario, haciéndola efectiva, todo ello ante la autoridad jurisdiccional. Por ende, la necesidad de que los órganos jurisdiccionales actúen de manera diligente y sin dilaciones injustificadas, lleva a determinar, en la actual circunstancia y contexto constitucional, la plena eficacia de los principios constitucionales previstos en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, cabe señalar que el artículo 77, primer párrafo, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, dispone que, en la relación laboral entre el municipio y sus trabajadores, se aplicará en lo no previsto por dicha codificación, lo relativo a la Primera parte del Libro Único, Título IV, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua3. Así, en el caso se torna obligatorio acudir al Código Administrativo del Estado de Chihuahua para observar las disposiciones que rigen el juicio laboral burocrático, suscitado con motivo del conflicto individual de trabajo con los trabajadores al servicio del municipio de Chihuahua, el cual, en su artículo 165 establece que el procedimiento para resolver todas las controversias individuales en el juicio burocrático, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de la comparecencia, a la respuesta que se dé en igual forma y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal o Juntas se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará se lleven a cabo, y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda. Es importante destacar que, según lo establecido por el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, el procedimiento laboral burocrático es de tipo sumario, lo que se traduce a que los plazos y términos fijado para ello se celebraran en un lapso menor a un juicio ordinario, o bien, que las distintas etapas del juicio se celebraran en una sola audiencia, lo que permite el transcurso del proceso laboral en menor tiempo. Empero, si bien esta última legislación, en su artículo 168, establece que, una vez recibida la contestación de la demanda, o transcurrido el plazo para ello, se ordenará la práctica de las diligencias necesarias y se citarán a las partes y testigos para una audiencia única, donde se desahogaran las pruebas, se recibirán alegatos y se dictará la resolución correspondiente, también lo es que no señala el plazo o término para llevar a cabo dicha audiencia. De tal forma, la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente por disposición expresa del artículo 77 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en su artículo 883 y 884, prevé: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito." De acuerdo con los dispositivos transcritos, se obtiene que una vez admitidas las pruebas ofrecidas por las partes, las juntas deberán señalar día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas dentro de los diez días hábiles siguientes, ordenando a su vez, la práctica de las diligencias necesarias para lograr el desahogo de todas las pruebas que se hayan admitido y, de manera excepcional, señala que cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, a consideración de la junta no sea posible desahogarlas en una sola audiencia, podrá ordena su desahogo en días y horas distintas, sin que sea obligatorio guardar el orden en que fueron recibidas, pero procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado; además, sin que tal periodo pueda exceder de treinta días. Las disposiciones anteriores, en armonía con las reglas para la substanciación del juicio burocrático entre el municipio de Chihuahua y sus trabajadores, ponen en manifiesto que una vez recibida la contestación de la demanda, el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua, deberá señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia única de pruebas, alegatos y resolución, dentro del plazo de diez días hábiles, ordenando las medidas necesarias para que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas admitidas a las partes, y, de estimar que su desahogo no puede llevarse a cabo en una sola audiencia, el plazo antes citado puede prolongarse, sin que pueda exceder de treinta días. En ese tenor, en el caso en estudio, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que desde el año dos mil diecisiete interpuso demanda en contra del Municipio de Chihuahua, la cual se radicó con el número TA/17/2017, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se hayan desahogado a totalidad de las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes, situación que evidentemente transgrede la impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, existe una paralización del procedimiento laboral, puesto que la autoridad responsable ha omitido seguir el juicio burocrático en los plazos y términos establecidos en la legislación laboral, ya que han mediado más de cuatro años, circunstancia que hace patente la dilación del procedimiento laboral de origen, y consecuentemente, la violación al principio de prontitud en la impartición de justicia, en perjuicio del solicitante del amparo. Cabe destacar que la observancia a la administración de justicia no se limita a ordenar las actuaciones que constituyen el procedimiento laboral dentro de los plazos legales, sino también al desahogo de las mismas, ya que el imperativo constitucional exige el desarrollo del procedimiento hasta el dictado de la resolución respectiva, de donde se obtiene que la observancia al derecho fundamental no se circunscribe a que la autoridad judicial ordene el desahogo de las etapas que constituyen el procedimiento natural, así como que éstas se celebren finalmente, sin soslayar que la concesión del amparo debe concretarse a la etapa procesal en que se sitúa el acto reclamado. En las relatadas condiciones, en reparación de ese agravio, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En ese contexto, para restituir al accionista de la tutela constitucional en el goce de sus derechos fundamentales conculcados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para efecto de que, realice lo siguiente: > Tome las medidas necesarias previstas en la Ley Federal del Trabajo para lograr el desahogo de la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral TA/17/2017, respetando los plazos y términos establecido para su realización. Cabe precisar que el amparo y protección de la Justicia Federal concedido no es extensivo para los actos posteriores al antes analizado, ya que los alcances de la concesión del amparo deben de limitarse en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, (registro: 2005150), cuyo rubro y texto es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a HERIBERTO REY SOLÍS, contra la omisión reclamada del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua, por los motivos, fundamentos y para los efectos que se precisaron en el último considerando del presente fallo. Notifíquese a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así lo resolvió y firma el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el secretario César Javier Ortegón Mendoza, con quien actúa y da fe, con lo que concluye la audiencia constitucional; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.

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