Heriberto Quintero Barraza
Expediente 368/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público titular de la unidad Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia de la Procuraduría General de Justicia del Estado
- Heriberto Quintero Barraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, quince de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial 7/2021-I, en la que se resolvió: "PRIMERO. Existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Heriberto Quintero Barraza, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. TERCERO. Con testimonio de esta ejecutoria, envíense los autos del juicio de amparo indirecto número 273/2021, promovido por Heriberto Quintero Barraza, al Juzgado declarado competente, haciéndose del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, con testimonio de la presente resolución. CUARTO. Este asunto no tiene relevancia documental en términos del último considerando" En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), archívese este asunto como totalmente concluido y acúsese recibo por la vía que solicita la autoridad oficiante. Ahora, este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, agréguese sin mayor proveído el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el trámite dado al conflicto competencial suscitado en el presente juicio; lo anterior, en virtud de que en proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se acordó respecto a dicho oficio.
- Principal
Mexicali, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, que contiene inserto el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el cual señala que no acepta la competencia para conocer la demanda de amparo promovida por Cesar Ademym Navez Heredia, quien se ostenta como defensor particular de Heriberto Quintero Barraza, contra actos del Juez de Garantía del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, la cual fue declinada por este Juzgado de Distrito en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Ahora, de las consideraciones que se advierten de la determinación del Juzgado de Distrito oficiante, se desprenden las siguientes. - Que el acto reclamado tiene ejecución en un distrito diverso a su jurisdicción. - Señaló que el acto reclamado consistente en la resolución que niega el sobreseimiento de la causa emitida por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro del proceso 5100/2019, sus efectos se trasladan directamente al proceso, por lo que es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido, con ello, la competencia se surte para el juez en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que reside en la jurisdicción donde está recluido el quejoso. - Añadió que, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado la demanda en esta ciudad de Mexicali, Baja California, le permitió presumir que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, resulta ser el de más fácil acceso material para el justiciable, dado que el promovente optó por acudir ante un juez en esta ciudad. De igual manera, citó las jurisprudencias 1ª./J. 118/2011 y PC.XVI.P. J/6 P (10a.), de rubros: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO.". Sin embargo, este juzgador respetuosamente no comparte las consideraciones expuestas por su homo´loga declinante, ya que estima que en el presente caso existen razones suficientes para establecerse la competencia a ese órgano jurisdiccional. Ahora, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, mediante auto de seis de abril de dos mil veintiuno, declaró que carecía de competencia legal para conocer de la demanda que nos ocupa, en virtud de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social, con sede en el Municipio de Tecate, Baja California, por lo que el rechazo del sobreseimiento de la causa penal 5100/2019, solicitado por la defensa del imputado, implica que éste continúe privado de su libertad en el lugar en el que actualmente se encuentra recluido -Tecate, Baja California-, por ello es competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en el que se encuentra el quejoso. Luego, este Juzgado de Distrito, considera que se surte la primera hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo que los efectos y consecuencias de la resolución reclamada, se producirán en el Centro de Reinserción Social con sede en Tecate, Baja California, ya que el acto que reclama el aquí quejoso impacta directamente en su libertad, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Contrario a lo que señala la autoridad oficiante, se considera que la resolución que niega el sobreseimiento de la causa penal, no es de las que sus efectos se trasladan únicamente al proceso, tomando en consideración su naturaleza y que el quejoso se encuentra privado de su libertad. Luego, las jurisprudencias citadas por la autoridad oficiante, se considera que no son aplicables al caso concreto, tomando en consideración lo siguiente. Las jurisprudencias 1ª./J. 118/2011 y PC.XVI.P. J/6 P (10a.), comparten una similitud en cuanto a que el auto de formal prisión y la medida cautelar de prisión preventiva. La primera, en cuanto a su naturaleza según lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en la primera-, sus efectos se trasladan directamente en el proceso, aunado a que en caso de que existieran diversos imputados recluidos en distintos lugares, se lograría la unidad del proceso con un juez de amparo que resolviera sobre la constitucionalidad del mismo. En cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva, busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad. Por tanto, en cuanto a su naturaleza y finalidad, comparten el efecto de que el imputado se encuentre sujeto al proceso y a garantizar su comparecencia. Cuestión diversa es en la que se considera se encuentra ubicada la resolución que niega el sobreseimiento de la causa penal, dado que su finalidad es la culminación del proceso de manera anticipada, y mientras la negativa del sobreseimiento subsista, implica que el imputado continúe privado de su libertad en el lugar en el que actualmente se encuentra recluido. Como se estableció en auto de seis de abril de dos mil veintiuno, cobra aplicación las jurisprudencias 1ª./J. 48/2005 y 1ª./J 14/2014, de las que se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté recluido el quejoso, en el momento en que se le niegue o no se dé trámite a su solicitud de otorgamiento respecto de alguno de los beneficios para suspender la ejecución de la pena de prisión o cuando se reclama la resolución en la que un Juez de Distrito se declara incompetente para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por un sentenciado, debido a que mientras subsistan dichas determinaciones, el acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentre recluido el quejoso. Situación similar, es cuando la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, determina improcedente una solicitud de indulto. Luego, el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los efectos del sobreseimiento, entre ellos, que se considera como sentencia absolutoria cuando adquiere firmeza, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado, por lo que en caso de que sea la de prisión preventiva, el imputado obtiene su libertad. De ese modo, conforme a los criterios que invocó el Juzgado de Distrito oficiante, se puede colocar el auto de formal prisión y la medida cautelar de prisión preventiva, como actos encaminados a la sujeción a proceso y a garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento. En distinto plano se encuentran, las resoluciones que niegan o no se dé trámite a solicitud de otorgamiento respecto de alguno de los beneficios para suspender la ejecución de la pena de prisión o cuando se reclama la resolución en la que un Juez de Distrito se declara incompetente para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por un sentenciado, o bien, cuando la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, determina improcedente una solicitud de indulto, debido a que mientras subsistan dichas determinaciones, el acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentre recluido el quejoso. Por lo que, se considera que la resolución en la que se niega el sobreseimiento de la causa, se encuentra en la misma dirección de estas últimas, dado que su finalidad implica la obtención de la libertad del imputado de manera anticipada, y en caso de que dicha determinación subsista, el quejoso seguirá privado de su libertad en el lugar de reclusión. Por otro lado, contrario a lo que señala el Juzgado de Distrito oficiante, no se puede fincar competencia a un órgano jurisdiccional, partiendo de la decisión del gobernado, sino que debe tomarse en consideración las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto a si requiere de ejecución el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 16/2021 (10ª), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 7 de mayo de 2021, registro 2023065, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el oficio dictado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se determinó improcedente el indulto solicitado por una persona recluida en un Centro de Readaptación Social, ya que para uno el competente es el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable, mientras que para el otro lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubique el Centro de Readaptación Social. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso es el legalmente competente para conocer del amparo indirecto contra el oficio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el que determinó improcedente el indulto, ya que el acto reclamado tiene una ejecución material al incidir en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena. Justificación: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Ahora bien, en el caso es aplicable la primera regla, a saber, la relativa a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, porque esta Primera Sala ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Ante ello, si una persona presentó una solicitud de indulto cuya concesión favorable implicaría, inter alia, la cesación de la privación de la libertad personal ante la extinción de la pena, la resolución que la determina improcedente tiene por consecuencia que permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material. Dicha ejecución material ocurrirá en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó." En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la ley de la materia, se insiste, en que éste Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata; motivo por el cual previas las anotaciones de estilo en el libro de Gobierno, remítase los autos de mérito, al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda, y solicítese el acuse de recibo respectivo. Asimismo, mediante oficio con transcripción del presente auto, hágase del conocimiento de lo anterior al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que exponga lo que estime pertinente, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes que quede en substitución del original.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintiséis de abril del año en curso: resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por PMP de Mexicali, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la autoridad y acto precisado en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a PMP de Mexicali, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos que se precisan en el considerando último de este fallo.
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