Heriberto Pérez Velázquez
Expediente 1068/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1068/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Heriberto Pérez Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vistos los oficios remitidos vía electrónica por el actuario adscrito al tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que dicho tribunal se avocó al conocimiento del presente asunto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Visto el oficio remitido vía electrónica por el actuario adscrito al tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, informa que previo a pronunciarse sobre la competencia del presente asunto, requirió al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, para que le enviará los autos del toca 647/2018, así como el expediente 647/2018, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad y cumpla con los requisitos dispuestos en el artículo 178, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo signado por **************, contra actos del Magistrado Propietario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1068/2018. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama del Magistrado Propietario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca número ******y su ejecución por parte de la juez Primero Civil de Partido de esta ciudad. De la narración de los antecedentes del acto reclamado, se desprende: El aquí quejoso **************demandó al Ayuntamiento y al Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío, ambos de esta municipalidad, el incumplimiento de contrato de depósito, radicándose bajo el juicio ordinario civil ****. El quince de junio de dos mil dieciocho la juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil *****, admitió a trámite el incidente de incompetencia por declinatoria promovido por *********** representante legal del Ayuntamiento de Celaya, corriéndole traslado a la parte contraria ************, aquí quejoso. El veintiséis de junio de la presente anualidad, se tuvo a ************, por contestada la vista que se le dio del incidente de incompetencia por declinatoria. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, señaló las doce horas del veintisiete de agosto del año en curso, para la audiencia de alegatos del incidente antes citado. El treinta y uno de agosto siguiente la juez Primero Civil de Partido de esta ciudad dentro del juicio ordinario civil *****dictó interlocutoria, cuyos puntos resolutivos son: PRIMERO.- Este juzgado resultó competente para conocer y resolver del presente incidente y la vía por la que se encausó fue la adecuada.- SEGUNDO.- Éste tribunal sostiene su competencia para conocer del presente juicio, y en tal virtud, se ordena la reanudación del procedimiento, una vez que la presente resolución quede firme en términos del considerando cuarto 6. En contra de dicha determinación **************, representante legal del Ayuntamiento de Celaya, interpuso recurso de apelación en efecto devolutivo, que correspondió conocer a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el toca número *** en el que mediante resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, estableció en el primer punto resolutivo: PRIMERO.- Se revoca la resolución interlocutoria de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, dentro del incidente de incompetencia planteado por la aparte apelante, en el expediente número ****, relativo al juicio ordinario civil sobre incumplimiento de contrato de depósito promovido por ***********en contra del actor incidentista y del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío de esta municipalidad para declarar procedente la excepción de falta de competencia., dejándose a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer conforme a su interés convenga y absolver a la parte actora al pago de gastos y costas". Este es el acto reclamado. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria Ahora bien, de conformidad con el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es procedente el amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI, del artículo 107 constitucional De lo que se evidencia que cuando se reclama una resolución que poner fin al juicio -como es aquella que declara procedente la excepción de falta de competencia, dejando a salvo los derechos de la actora -, la vía correcta para impugnarla es el amparo directo Ello es así, porque el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó-, la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca número ***, del índice la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la que revocó la resolución interlocutoria de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente número ***, relativo al juicio ordinario civil sobre incumplimiento de contrato de depósito promovido por *************, en contra del actor incidentista y del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío de esta municipalidad, para declarar procedente la excepción de falta de competencia dejando a salvo los derechos del actor, lo que se traduce en la culminación de esa instancia; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, siendo en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente el criterio con número de registro 2016973, Décima Época, Registro: 2016973, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 41/2018 (10a.), Página: 1450 , que es de rubro y texto literal siguiente: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por *************. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materia de Civil en turno, del Decimosexto Circuito, para lo que tenga a bien determinar; se solicita el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación con el usuario ********a quien se autoriza para ingresar y consultar el expediente electrónico. Asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, ya que de la certificación que antecede, se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el sistema que se lleva en los órganos del Poder Judicial de la Federación; que lo acredita para ejercer la profesión de abogado. Ahora, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, por no proporcionar mayores datos que justifique que tales autorizados cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de inscripción en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, como lo requiere la última parte del artículo 12 de la Ley de la materia. Lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier momento puedan acreditarlo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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