Heriberto Pereyra Mendoza y Otros.
Expediente 233/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2021
Partes del expediente
- Heriberto Pereyra Mendoza y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
Glósese a los autos la razón de cuenta, levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, mediante la cual manifiesta que se encuentra imposibilitada para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de trece de abril de dos mil veintiuno; atento a su contenido, ante tal impedimento, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a los quejosos, se faculta al fedatario judicial adscrito a este Juzgado, para que practique dicha notificación por lista, así como las subsecuentes, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por Heriberto Pereyra Mendoza, Daniel Canseco Hernández y Ana Lucía López Molina, promoviendo por propio derecho, contra el acto consistente en: auto de quince de octubre de dos mil veinte, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en los Juicios Laborales 544/2020, 545/2020 y 546/2020, a través de los cuales declina competencia a favor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 233/2021-VI, por ser el progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado: Por otra parte, en el capítulo Antecedentes del acto reclamado, expresan lo siguiente: "(.) (.)" De lo inserto se advierte que el acto reclamado lo constituye el auto de quince de octubre de dos mil veinte, dictado en los expedientes laborales 544/2020, 545/2020 y 546/2020, respectivamente, mediante los cuales, la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, declina competencia para conocer las demandas de los impetrantes de amparo Heriberto Pereyra Mendoza, Daniel Canseco Hernández y Ana Lucía López Molina, a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. En este tenor, del análisis integral del ocurso de demanda y constancias adjuntas, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio de amparo procede ante Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación; es decir, que afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución General de la República y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos, como en este asunto. Ahora, la parte quejosa promovió la demanda de amparo contra el auto de quince de octubre de dos mil veinte, dictado en los autos de los juicios laborales 544/2020, 545/2020 y 546/2020, respectivamente, donde se declara incompetente para seguir conociendo de los asuntos, a favor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad. De lo anterior, claramente se evidencia que la violación procesal aludida por los quejosos no es de aquellos que afecten de modo directo o inmediato algún derecho sustantivo; en virtud, que en el caso que nos ocupa, el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales, lo cual no constituye una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto por no constituir un acto de ejecución de imposible reparación; además que, el auto de quince de octubre de dos mil veinte, donde la junta laboral responsable, determinó carecer de competencia para seguir conociendo de los juicios laborales 544/2020, 545/2020 y 546/2020, respectivamente, carece de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo, en virtud de no existir acuerdo de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en donde acepte dicha declinatoria. Apoya lo anterior, la Tesis XVIII.4°.11 (10ª.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1620, libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA O INHIBITORIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN DEFINITIVA CONCLUYE CUALQUIERA DE ESOS PROCEDIMIENTOS (ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "DETERMINEN" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la disposición citada, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo que tiene como finalidad permitir la revisión de tales cuestiones en esa vía constitucional. Ahora bien, el juicio de amparo reviste un carácter excepcional y no debe sustituir a los procedimientos ordinarios, puesto que su propósito principal es proteger los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, es claro que, una cuestión de competencia, se suscita por el desacuerdo entre autoridades sobre quién debe conocer de cierto asunto, por lo que cada una de ellas bien puede emitir resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia o su conocimiento; pero la amplitud del citado texto legal, en cuanto a los supuestos que establece, no puede llevar al absurdo de que, en una cuestión de competencia, puedan impugnarse en amparo indirecto cada una de las determinaciones que van emitiendo las autoridades involucradas pues, de ser así, una impugnación podría afectar a la otra y se desplazaría al sistema legal previsto en la ley respectiva, para dilucidar las cuestiones de competencia, lo cual no corresponde a la finalidad del juicio de derechos fundamentales. Por ende, la aplicación de la norma aludida no debe interrumpir ni sustituir los procedimientos legales ordinarios para la sustanciación de las cuestiones de competencia, por lo que, en cada vía o tipo de juicio, habrá de analizarse cuál es el momento oportuno para que el asunto sea del conocimiento de los tribunales de amparo, armonizando los principios de la legislación que rija al acto reclamado, con los del referido juicio constitucional. En ese sentido, el vocablo "determinen" utilizado en la fracción en comento, debe entenderse referido a aquella resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto; esto es, tanto la inhibitoria como la declinatoria se componen de dos decisiones judiciales, la que inicia y la que concluye. Así, el amparo indirecto sólo procede contra la que concluye cualquiera de esos dos tipos de procedimientos competenciales, salvo cuando la decisión concluyente sea en sentido negativo pues, en ese caso, se generaría el conflicto competencial, el cual tiene una tramitación especial". Asimismo, la Tesis VIII Región, 2o.3 (10ª.) sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en Julio de 2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto expresa: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA. De la intelección sistemática y en uso del argumento a rúbrica de los artículos 107, fracción VIII y 172, fracción X, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo indirecto procede cuando se reclama la determinación que resuelve una excepción de incompetencia de la autoridad responsable, siempre que se surtan las dos hipótesis siguientes: a) que la determinación sea definitiva; y, b) que la declare fundada, supuesto en el cual, la autoridad se inhibe o declina la competencia o el conocimiento del asunto, y esta determinación adquiere firmeza. Por lo que, por exclusión, cuando la excepción se desecha, no se tramita el incidente relativo o se declara infundada, procede reclamarla como violación procesal en el amparo directo, bajo las reglas del artículo 171 de la ley de la materia, porque en estos supuestos no se estaría determinando la inhibición o declinación de la competencia o el conocimiento del asunto, sino que se continuaría el procedimiento después de haberse promovido una competencia, lo que implica que se trataría de casos análogos a los previstos en la fracción XII del artículo 172 mencionado, en relación con su fracción X, de la propia ley". Pues la determinación de la junta responsable, en cuanto a su legal incompetencia, se deberá presentar necesariamente la siguiente alternativa, para la diversa Junta Local a favor de quien se declina el conocimiento del asunto: a) Aceptar la competencia, o b) Rechazarla. De esta forma, si la Junta Local a favor de quien se decretó la competencia la acepta, será esta aceptación lo que podrá reclamarse en amparo indirecto, si en su contra no hay recurso ordinario o si agotado éste en el supuesto de que exista, la aceptación es confirmada, pues sólo hasta entonces la determinación estimada perjudicial se convierte, por irremediable, en acto de imposible reparación. En el segundo caso, la Junta declinada al rechazar la competencia propuesta, originaría un conflicto competencial de negativa de conocimiento entre Juntas Federal y Local de distinto grado; este conflicto no se dirime en vía de amparo, sino mediante el procedimiento específico, cuyo conocimiento está reservado a los Tribunales Colegiados. Así, puede concluirse que el auto de quince de octubre de dos mil veinte, (declinatoria de incompetencia) no reúne el requisito de procedibilidad exigido por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, que a su vez deriva de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En abundamiento, no debe tomarse al acuerdo dictado por la junta responsable, como de carácter definitivo, ya que no es obligatorio para la Junta Local a favor de quien se declinó la competencia, el cual podrá válidamente rechazar la competencia propuesta. Sirve de apoyo, la tesis, del rubro y texto: "INCOMPETENCIA, CUANDO LA RESOLUCION DE, CARECE DE DEFINITIVIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si no se encuentra demostrado en autos que alguno de los juzgados a quienes se consideró competentes para avocarse al conocimiento de un juicio civil, hubiese emitido resolución aceptando o no la competencia que se le atribuye, es evidente que el acto reclamado en tales circunstancias carece de definitividad, en virtud de estar supeditado a la resolución que emita el juzgado al que se declinó dicha competencia, razón por la cual el acto reclamado no afecta aun los intereses jurídicos de la quejosa; de donde, si alguno de dichos juzgados está en posibilidad legal de aceptar o no la competencia, es incuestionable que la definitividad del acto reclamado reside precisamente en dicha resolución." De igual manera, la Jurisprudencia 10/2013, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico." En el mismo sentido, se cita la tesis, del tenor literal: "INCOMPETENCIA EN MATERIA LABORAL RECLAMADA EN AMPARO. SI SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA QUE SE DECLARA INCOMPETENTE Y REMITE LOS AUTOS AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SIN QUE ÉSTE HAYA EMITIDO RESOLUCIÓN SOBRE SI ES COMPETENTE O NO LO ES, EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Por virtud de lo establecido en el artículo 4o., en relación con la fracción XVIII del artículo 73, ambos de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de garantías es necesario que exista una afectación real y directa en agravio del quejoso; por tanto, si éste reclama la resolución de incompetencia dictada por una Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al que dicha Junta remitió el expediente aún no decide si admite la competencia o no la admite, como no puede presuponerse tal aceptación porque a dicho tribunal no le obliga la resolución de la Junta, debe concluirse que la resolución reclamada no causa perjuicio al quejoso, como exige el primero de los preceptos citados, por lo cual debe sobreseerse en el amparo". En sentido contrario, se cita la Jurisprudencia 156/2011, de rubro y texto siguiente: "INCOMPETENCIA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE DESECHA O ESTIMA INFUNDADA ESA EXCEPCIÓN. Con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 2a./J. 19/99, de rubro: "COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SÓLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO.", para sustentar que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la referida Ley, dicho juicio procede, excepcionalmente y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha o estima infundada la excepción de incompetencia en el juicio laboral, porque se considera que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada dicha defensa, deberá reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional." En las relatadas consideraciones, se arriba a la firme convicción que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del precepto 61, en relación al 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por los quejosos Heriberto Pereyra Mendoza, Daniel Canseco Hernández y Ana Lucía López Molina, con fundamento en el normativo 113, del ordenamiento invocado. De conformidad con los normativos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en relación al artículo 2º de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en esta ciudad; asimismo, como autorizados a los profesionistas que indican en el ocurso de demanda. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común entre los quejosos al primero de los mencionados, es decir, a Heriberto Pereyra Mendoza, sin perjuicio que la parte quejosa lo substituya por otro. Se faculta a los promoventes de amparo y autorizados el uso de medios electrónicos, como scanner, cámara fotográfica, lectores láser, siempre y cuando, el medio que utilicen no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este Órgano Jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este Órgano de Control Constitucional no está acreditado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por las razones que expone, resulta aplicable en la especie, la Tesis, del rubro y tenor siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos." Asimismo, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes, que las pruebas y alegatos pueden presentarse por escrito, por medio del Portal de Servicios en Línea, o bien, con uso de Firel; asimismo, solamente podrán hacer alegatos en forma verbal tratándose de los supuestos previstos en el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De igual forma, se les hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional es pública, en caso que alguna de ellas requiera estar presente durante su celebración, deberá informarlo por escrito a este órgano de control constitucional con la oportunidad debida, para que se realicen las gestiones pertinentes y hacer uso de las herramientas que permitan su desahogo mediante videoconferencia, conforme a lo previsto en el artículo 28, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; o bien, se agende la cita que permita el ingreso de las partes al juzgado, conforme a lo previsto en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal...
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NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Visto el escrito de cuenta signado por Heriberto Pereyra Mendoza, Daniel Canseco Hernández y Ana Lucía López Molina, promoviendo por propio derecho, contra el acto consistente en: auto de quince de octubre de dos mil veinte, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en los Juicios Laborales 544/2020, 545/2020 y 546/2020, a través de los cuales declina competencia a favor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 233/2021-VI, por ser el progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado: Por otra parte, en el capítulo Antecedentes del acto reclamado, expresan lo siguiente: "(.) (.)" De lo inserto se advierte que el acto reclamado lo constituye el auto de quince de octubre de dos mil veinte, dictado en los expedientes laborales 544/2020, 545/2020 y 546/2020, respectivamente, mediante los cuales, la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, declina competencia para conocer las demandas de los impetrantes de amparo Heriberto Pereyra Mendoza, Daniel Canseco Hernández y Ana Lucía López Molina, a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. En este tenor, del análisis integral del ocurso de demanda y constancias adjuntas, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio de amparo procede ante Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación; es decir, que afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución General de la República y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos, como en este asunto. Ahora, la parte quejosa promovió la demanda de amparo contra el auto de quince de octubre de dos mil veinte, dictado en los autos de los juicios laborales 544/2020, 545/2020 y 546/2020, respectivamente, donde se declara incompetente para seguir conociendo de los asuntos, a favor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad. De lo anterior, claramente se evidencia que la violación procesal aludida por los quejosos no es de aquellos que afecten de modo directo o inmediato algún derecho sustantivo; en virtud, que en el caso que nos ocupa, el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales, lo cual no constituye una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto por no constituir un acto de ejecución de imposible reparación; además que, el auto de quince de octubre de dos mil veinte, donde la junta laboral responsable, determinó carecer de competencia para seguir conociendo de los juicios laborales 544/2020, 545/2020 y 546/2020, respectivamente, carece de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo, en virtud de no existir acuerdo de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en donde acepte dicha declinatoria. Apoya lo anterior, la Tesis XVIII.4°.11 (10ª.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1620, libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA O INHIBITORIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN DEFINITIVA CONCLUYE CUALQUIERA DE ESOS PROCEDIMIENTOS (ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "DETERMINEN" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la disposición citada, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo que tiene como finalidad permitir la revisión de tales cuestiones en esa vía constitucional. Ahora bien, el juicio de amparo reviste un carácter excepcional y no debe sustituir a los procedimientos ordinarios, puesto que su propósito principal es proteger los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, es claro que, una cuestión de competencia, se suscita por el desacuerdo entre autoridades sobre quién debe conocer de cierto asunto, por lo que cada una de ellas bien puede emitir resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia o su conocimiento; pero la amplitud del citado texto legal, en cuanto a los supuestos que establece, no puede llevar al absurdo de que, en una cuestión de competencia, puedan impugnarse en amparo indirecto cada una de las determinaciones que van emitiendo las autoridades involucradas pues, de ser así, una impugnación podría afectar a la otra y se desplazaría al sistema legal previsto en la ley respectiva, para dilucidar las cuestiones de competencia, lo cual no corresponde a la finalidad del juicio de derechos fundamentales. Por ende, la aplicación de la norma aludida no debe interrumpir ni sustituir los procedimientos legales ordinarios para la sustanciación de las cuestiones de competencia, por lo que, en cada vía o tipo de juicio, habrá de analizarse cuál es el momento oportuno para que el asunto sea del conocimiento de los tribunales de amparo, armonizando los principios de la legislación que rija al acto reclamado, con los del referido juicio constitucional. En ese sentido, el vocablo "determinen" utilizado en la fracción en comento, debe entenderse referido a aquella resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto; esto es, tanto la inhibitoria como la declinatoria se componen de dos decisiones judiciales, la que inicia y la que concluye. Así, el amparo indirecto sólo procede contra la que concluye cualquiera de esos dos tipos de procedimientos competenciales, salvo cuando la decisión concluyente sea en sentido negativo pues, en ese caso, se generaría el conflicto competencial, el cual tiene una tramitación especial". Asimismo, la Tesis VIII Región, 2o.3 (10ª.) sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en Julio de 2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto expresa: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA. De la intelección sistemática y en uso del argumento a rúbrica de los artículos 107, fracción VIII y 172, fracción X, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo indirecto procede cuando se reclama la determinación que resuelve una excepción de incompetencia de la autoridad responsable, siempre que se surtan las dos hipótesis siguientes: a) que la determinación sea definitiva; y, b) que la declare fundada, supuesto en el cual, la autoridad se inhibe o declina la competencia o el conocimiento del asunto, y esta determinación adquiere firmeza. Por lo que, por exclusión, cuando la excepción se desecha, no se tramita el incidente relativo o se declara infundada, procede reclamarla como violación procesal en el amparo directo, bajo las reglas del artículo 171 de la ley de la materia, porque en estos supuestos no se estaría determinando la inhibición o declinación de la competencia o el conocimiento del asunto, sino que se continuaría el procedimiento después de haberse promovido una competencia, lo que implica que se trataría de casos análogos a los previstos en la fracción XII del artículo 172 mencionado, en relación con su fracción X, de la propia ley". Pues la determinación de la junta responsable, en cuanto a su legal incompetencia, se deberá presentar necesariamente la siguiente alternativa, para la diversa Junta Local a favor de quien se declina el conocimiento del asunto: a) Aceptar la competencia, o b) Rechazarla. De esta forma, si la Junta Local a favor de quien se decretó la competencia la acepta, será esta aceptación lo que podrá reclamarse en amparo indirecto, si en su contra no hay recurso ordinario o si agotado éste en el supuesto de que exista, la aceptación es confirmada, pues sólo hasta entonces la determinación estimada perjudicial se convierte, por irremediable, en acto de imposible reparación. En el segundo caso, la Junta declinada al rechazar la competencia propuesta, originaría un conflicto competencial de negativa de conocimiento entre Juntas Federal y Local de distinto grado; este conflicto no se dirime en vía de amparo, sino mediante el procedimiento específico, cuyo conocimiento está reservado a los Tribunales Colegiados. Así, puede concluirse que el auto de quince de octubre de dos mil veinte, (declinatoria de incompetencia) no reúne el requisito de procedibilidad exigido por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, que a su vez deriva de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En abundamiento, no debe tomarse al acuerdo dictado por la junta responsable, como de carácter definitivo, ya que no es obligatorio para la Junta Local a favor de quien se declinó la competencia, el cual podrá válidamente rechazar la competencia propuesta. Sirve de apoyo, la tesis, del rubro y texto: "INCOMPETENCIA, CUANDO LA RESOLUCION DE, CARECE DE DEFINITIVIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si no se encuentra demostrado en autos que alguno de los juzgados a quienes se consideró competentes para avocarse al conocimiento de un juicio civil, hubiese emitido resolución aceptando o no la competencia que se le atribuye, es evidente que el acto reclamado en tales circunstancias carece de definitividad, en virtud de estar supeditado a la resolución que emita el juzgado al que se declinó dicha competencia, razón por la cual el acto reclamado no afecta aun los intereses jurídicos de la quejosa; de donde, si alguno de dichos juzgados está en posibilidad legal de aceptar o no la competencia, es incuestionable que la definitividad del acto reclamado reside precisamente en dicha resolución." De igual manera, la Jurisprudencia 10/2013, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico.En las relatadas consideraciones, se arriba a la firme convicción que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del precepto 61, en relación al 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por los quejosos Heriberto Pereyra Mendoza, Daniel Canseco Hernández y Ana Lucía López Molina, con fundamento en el normativo 113, del ordenamiento invocado. De conformidad con los normativos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en relación al artículo 2º de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en esta ciudad; asimismo, como autorizados a los profesionistas que indican en el ocurso de demanda. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común entre los quejosos al primero de los mencionados, es decir, a Heriberto Pereyra Mendoza, sin perjuicio que la parte quejosa lo substituya por otro. Se faculta a los promoventes de amparo y autorizados el uso de medios electrónicos, como scanner, cámara fotográfica, lectores láser, siempre y cuando, el medio que utilicen no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este Órgano Jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este Órgano de Control Constitucional no está acreditado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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