Heriberto Palacios Jacinto

Expediente 248/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
248/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Heriberto Palacios Jacinto
  • Junta Especial Numero 38 de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente laboral 938/2013 de su índice...Al respecto, agréguese sin mayor proveer en razón de que por auto de once de julio del año en curso se ordenó el archivo definitivo del presente asunto...

  2. Principal

    ...Presidenta de la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el oficio 12719/2023 librado en el presente asunto, relativo al auto de once de julio pasado ya que, dicho oficio va dirigido la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad...reexpídase el oficio 12719/2023 correspondiente al acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés para que la autoridad responsable esté en posibilidad de imponerse de su contenido...

  3. Principal

    Coatzacoalcos, Veracruz, once de julio de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto, el estado que guardan los autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrió el término de tres días concedido en autos a las partes, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al amparo concedido; razón por la que este órgano jurisdiccional efectúa el análisis correspondiente. Cabe destacar que conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, por tanto, esta Potestad Federal procede a su análisis. A fin de estar en aptitud de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida, se considera necesario precisar sus alcances y realizar un examen comparativo básico de lo decidido nuevamente por las responsables y los límites establecidos en dicha ejecutoria con base en las constancias de autos. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así pues, cabe precisar que el acto reclamado, en este juicio, se hizo consistir en: La omisión de proveer sobre el caudal probatorio ofrecido por las partes dentro del expediente laboral 938/2013, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo que se traduce en una paralización procesal; así como de proveer sobre la expedición de la copia certificada de la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós solicitadas por la parte actora (aquí quejosa). Asimismo, mediante sentencia dictada el veintiocho de abril de dos de mil veintidós, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "(.) proceda al dictado del auto por medio del cual se pronuncie en relación a la admisión o no del caudal probatorio aportado por las partes en el juicio laboral 938/2013; y, actúe en consecuencia, esto es, ordene al Actuario de su adscripción notifique a las partes dicha determinación (.)" Dicha resolución no fue impugnada, por lo que causó ejecutoria mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora. En acatamiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, a través de oficio 392 de siete de junio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del proveído de esa misma data dictado en el expediente 938/2013 de su índice; por medio del cual proveyó sobre el caudal probatorio ofrecido por la partes en el citado juicio laboral; asimismo, señaló diversas fechas para el desahogo de aquellas que lo requieren; documentales a la que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de epígrafe y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, mediante proveído de treinta de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho. Previo análisis comparativo y general, entre los efectos de la ejecutoria de amparo precisados y la determinación dictada en acatamiento, se concluye que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que la Junta responsable, en cumplimiento al fallo protector debido a que el Juzgado responsable, en cumplimiento al fallo protector proveyó sobre el caudal probatorio ofrecido por la partes en el citado juicio laboral; asimismo, señaló diversas fechas para el desahogo de aquellas que lo requieren, dentro del expediente 938/2013 de su índice. En tales condiciones, este órgano de control constitucional DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio sustentado en la tesis 1a. CX/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ciento quince, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional". Gírese oficio a la autoridad responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por otra parte, con sustento en los considerandos décimo y decimoprimero, así como en los artículos 6, 9, 14 y 17, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable. Sin embargo, con sustento en el artículo 17 fracción III, inciso a), del propio Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE en un plazo de tres años, por lo que una vez fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, conforme al penúltimo párrafo del precepto legal invocado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente Juan José Contreras Madero, Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Horacio Malpica Hernández, Secretario quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    (personalmente)...Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio laboral...con su contenido, dese vista a las partes, por el término de tres días, legalmente computado, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no efectuar manifestación alguna al respecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria...

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 7,217 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano