Heriberto Munguia Chavira

Expediente 596/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
596/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Heriberto Munguia Chavira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Razón: En la misma fecha, el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. 1. Causa estado. Visto el estado de autos, particularmente la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el trece de octubre del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. 2. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 211 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de trece de octubre del año que transcurre, se sobreseyó en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, determinación que causo ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Toda vez que la parte quejosa exhibió en el presente asunto un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple del mismo a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obre en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; apercibido que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Para lo cual deberá presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. 1. Causa estado. Visto el estado de autos, particularmente la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el trece de octubre del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. 2. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 211 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de trece de octubre del año que transcurre, se sobreseyó en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, determinación que causo ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Toda vez que la parte quejosa exhibió en el presente asunto un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple del mismo a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obre en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; apercibido que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Para lo cual deberá presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial de cuenta, en la que el Actuario Judicial de la adscripción hizo constar la imposibilidad de entregar el diverso oficio 642/2020-II dirigido a Luis González Lozano, en su carácter de Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta ciudad, que contiene el acuerdo de trece de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia constitucional, toda vez que al haberse constituido en el domicilio oficial conocido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad -mismo que proporcionó la propia autoridad responsable en su informe de ley-, en fechas diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre del año que transcurre, la referida Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha encontrado cerrada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la autoridad responsable Luis González Lozano, en su carácter de Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta ciudad, dicha determinación de trece de octubre de dos mil veinte, por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y cúmplase. ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Téngase como domicilio de la autoridad responsable el que indica en su informe de cuenta; asimismo, respecto a la petición relativa a que se le autorice consultar el expediente electrónico a través del usuario "lglozano", dígasele que se le autoriza para consultar el expediente electrónico en la forma propuesta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, en principio, se deben precisar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo, así como sus anexos a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."1 y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2 En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que el quejoso Heriberto Munguía Chavira, comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de Luis González Lozano, en su carácter de Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta ciudad, la omisión de emitir respuesta a la petición que le fue presentada el diecisiete de julio de dos mil veinte, a través del cual promovió queja en contra de Jorge Andrés López Espinoza, en su calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. Precisado lo anterior, y por las razones expuestas a continuación, quien aquí provee, considera que respecto a la omisión reclamada se surte de forma manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097. Tesis de Jurisprudencia. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810. importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como ya ha quedado de relieve, de las constancias que acompaña el referido Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta ciudad, se desprende que el siete de septiembre de dos mil veinte, la responsable emitió el oficio en el que dio respuesta al escrito presentado por el aquí quejoso el diecisiete de julio de dos mil veinte. Luego entonces, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada, puesto que con motivo de lo anterior, se creó una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento de la omisión reclamada y por ende, la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, desapareciendo en forma total sus efectos, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Cobra vigencia la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y seis, del tomo y Apéndice en consulta, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- No se soslaya el contenido de las jurisprudencias 1a./J.136/2011 y VI.1o.A. J/48, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, ambas de observancia obligatoria para este juzgado de distrito en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la ley de la materia, cuyos rubros establecen: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.".3 "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.". 4 Lo anterior obedece a que se estiman inaplicables al caso, pues en términos de la adición de un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete: "Artículo 17. [.] Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Ante lo cual, este juzgador no puede soslayar que a nada práctico conduciría requerir al quejoso para que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo (y que incluso le generaría una falsa expectativa) 3 Localizable con el registro y visible en la página 801 del Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 4 Localizable con el registro y visible en la página 1728 del Tomo XXIX, Abril de 2009 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. por lo que se refiere al acuerdo que recayó a la petición omitida, pues aun y cuando ésta se reclame en instancia constitucional tendría que desecharse de plano la eventual ampliación, en observancia de la diversas jurisprudencias obligatorias en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, según las cuales la respuesta a una queja que se propuso conforme a leyes de responsabilidades administrativas, no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de modo que el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, y de allí que en esos casos la parte quejosa carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la respuesta dada a su petición. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 1/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro 176129 y visible en la página 1120, Tomo XXIII, Enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa". Así como, la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable a foja 2365, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, Materia Común, Administrativa, registro 2010368, que reza: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese ...

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial de cuenta, en la que el Actuario Judicial de la adscripción hizo constar la imposibilidad de entregar el diverso oficio 642/2020-II dirigido a Luis González Lozano, en su carácter de Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta ciudad, que contiene el acuerdo de trece de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia constitucional, toda vez que al haberse constituido en el domicilio oficial conocido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad -mismo que proporcionó la propia autoridad responsable en su informe de ley-, en fechas diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre del año que transcurre, la referida Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha encontrado cerrada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la autoridad responsable Luis González Lozano, en su carácter de Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta ciudad, dicha determinación de trece de octubre de dos mil veinte, por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y cúmplase. ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Téngase como domicilio de la autoridad responsable el que indica en su informe de cuenta; asimismo, respecto a la petición relativa a que se le autorice consultar el expediente electrónico a través del usuario "lglozano", dígasele que se le autoriza para consultar el expediente electrónico en la forma propuesta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, en principio, se deben precisar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo, así como sus anexos a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 596/2020-II EDGAR TADEO SILVA BAUTISTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.ab 25/05/23 19:22:56 Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."1 y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2 En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que el quejoso Heriberto Munguía Chavira, comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de Luis González Lozano, en su carácter de Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta ciudad, la omisión de emitir respuesta a la petición que le fue presentada el diecisiete de julio de dos mil veinte, a través del cual promovió queja en contra de Jorge Andrés López Espinoza, en su calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. Precisado lo anterior, y por las razones expuestas a continuación, quien aquí provee, considera que respecto a la omisión reclamada se surte de forma manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097. Tesis de Jurisprudencia. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810. EDGAR TADEO SILVA BAUTISTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.ab 25/05/23 19:22:56 3 importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como ya ha quedado de relieve, de las constancias que acompaña el referido Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta ciudad, se desprende que el siete de septiembre de dos mil veinte, la responsable emitió el oficio ST/35/2020 EDGAR TADEO SILVA BAUTISTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.ab 25/05/23 19:22:56 en el que dio respuesta al escrito presentado por el aquí quejoso el diecisiete de julio de dos mil veinte. Luego entonces, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada, puesto que con motivo de lo anterior, se creó una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento de la omisión reclamada y por ende, la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, desapareciendo en forma total sus efectos, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Cobra vigencia la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y seis, del tomo y Apéndice en consulta, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con EDGAR TADEO SILVA BAUTISTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.ab 25/05/23 19:22:56 5 ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". No se soslaya el contenido de las jurisprudencias 1a./J.136/2011 y VI.1o.A. J/48, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, ambas de observancia obligatoria para este juzgado de distrito en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la ley de la materia, cuyos rubros establecen: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.".3 "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.". 4 Lo anterior obedece a que se estiman inaplicables al caso, pues en términos de la adición de un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete: "Artículo 17. [.] Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Ante lo cual, este juzgador no puede soslayar que a nada práctico conduciría requerir al quejoso para que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo (y que incluso le generaría una falsa expectativa) 3 Localizable con el registro 160116 y visible en la página 801 del Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 4 Localizable con el registro 167577 y visible en la página 1728 del Tomo XXIX, Abril de 2009 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. EDGAR TADEO SILVA BAUTISTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.ab 25/05/23 19:22:56 por lo que se refiere al acuerdo que recayó a la petición omitida, pues aun y cuando ésta se reclame en instancia constitucional tendría que desecharse de plano la eventual ampliación, en observancia de la diversas jurisprudencias obligatorias en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, según las cuales la respuesta a una queja que se propuso conforme a leyes de responsabilidades administrativas, no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de modo que el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, y de allí que en esos casos la parte quejosa carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la respuesta dada a su petición. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 1/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro 176129 y visible en la página 1120, Tomo XXIII, Enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa". Así como, la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable a foja 2365, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, Materia Común, Administrativa, registro 2010368, que reza: EDGAR TADEO SILVA BAUTISTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.ab 25/05/23 19:22:56 7 "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a las partes.

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