Heriberto Munguia Chavira
Expediente 594/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Heriberto Munguia Chavira
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; este expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que por auto de veinte de octubre del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio. Sin perjuicio de lo anterior, expídasele la copia certificada que solicita, previa razón que de su recibo se asiente en autos. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 594/2020-VII. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de Ley de la Materia. En efecto, la suscrita considera que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este orden de ideas, en el caso, se aprecia que la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada, ya que mediante oficio ST/35/2020, de fecha siete de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable dio contestación a la petición que la parte quejosa ahora reclama, mismo que le notificó el personal autorizado de la citada Comisión, al ahora quejoso, el once de septiembre de dos mil veinte, a través del número telefónico proporcionado por el referido quejoso, según se advierte de las citadas constancias. Luego entonces, resulta claro que en esas condiciones, han cesado los efectos de la omisión reclamada porque con dicha resolución y su respectiva notificación, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido. Sin que sea óbice el hecho de que la autoridad responsable no hubiese notificado personalmente a la parte quejosa, la contestación recaída a su petición, toda vez que de la razón que acompaña a su informe, se advierte la imposibilidad que tuvo la autoridad para llevarla a cabo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, debe sobreseerse de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con su contenido y anexos, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala; de igual forma se le tiene señalando correo electrónico y teléfono de contacto, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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