Heriberto Munguía Chavira

Expediente 730/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
730/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Heriberto Munguía Chavira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el uno de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, del cual se desprende que la autoridad responsable en su informe justificado y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al formular su pedimento, refieren que en el presente juicio se actualiza la causal de sobreseimiento que señala la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en San Luis Potosí: ".la violación al Derecho Público consagrado en el precepto 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido al incumplimiento de la Autoridad Responsable con su obligación de dar contestación a la petición que hizo el suscrito de manera pacífica y respetuosa, mediante escrito recibido por esa autoridad el día 21 de septiembre del año 2020." Del informe justificado remitido por el Director de lo Contencioso de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, recibido el doce de noviembre de dos mil veinte, en este juzgado, se advierte que remitió copia certificada del oficio QVG/OFSLP/1210/2020, de quince de octubre de ese año, emitido en el expediente CNDH/5/2020/7513/OD, en el que se acordó la petición de la quejosa formulada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual presentó queja en contra de servidores públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí. En dicho oficio el Coordinador de la Oficina de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en San Luis Potosí, dio respuesta a su solicitud. Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que dicho oficio se notificó a la parte quejosa el diecinueve de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, con el contenido de dicho informe se dio vista a la parte quejosa, y se le requirió para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la respuesta dada a su solicitud, con el apercibimiento que de no hacerlo se seguiría el juicio únicamente por los actos inicialmente reclamados, sin que lo haya hecho, por lo que en diverso auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se le hizo efectivo tal apercibimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, como lo refieren la autoridad responsable y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se advierte que se actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: I. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. II. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ante la Quinta Visitaduría General, Oficina Regional en San Luis Potosí, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Heriberto Munguía Chavira, promovió queja en contra de servidores públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí. 2. Mediante oficio QVG/OFSLP/1210/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente CNDH/5/2020/7513/OD, el Coordinador de la Oficina de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en San Luis Potosí, acordó dicha petición en los términos siguientes: "[.] Se hace referencia a su escrito de queja presentado ante este organismo Nacional, el 21 de septiembre de 2020, mediante la cual hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos en su agravio, atribuibles a servidores públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, y en el que refiere que se dictó laudo a su favor y el cual a la fecha no ha sido posible cumplimentarlo, debido a diversas acciones legales promovidas por la parte demandada. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le orienta a que, de continuidad y seguimiento a las acciones legales que manifestó haber iniciado, así como interponga las que conforme a derecho procedan ante las autoridades correspondientes.." 3. Asimismo, el referido oficio se notificó a la parte quejosa el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el domicilio que para tal efecto señaló, esto es, en Camino Antiguo a Ahualulco 272-1, Privada Rincón del Pirul, Las Piñas, San Luis Potosí, a través del servicio de mensajería FedEx, como se advierte del rastreo de paquete o envío. III. Caso concreto. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del oficio QVG/OFSLP/1210/2020, que acordó la petición de la quejosa y su respectiva notificación a ésta, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. IV. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Audiencia constitucional Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado de autos, del cual se desprende que la autoridad responsable en su informe justificado y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al formular su pedimento, refieren que en el presente juicio se actualiza la causal de sobreseimiento que señala la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en San Luis Potosí: ".la violación al Derecho Público consagrado en el precepto 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido al incumplimiento de la Autoridad Responsable con su obligación de dar contestación a la petición que hizo el suscrito de manera pacífica y respetuosa, mediante escrito recibido por esa autoridad el día 21 de septiembre del año 2020." Del informe justificado remitido por el Director de lo Contencioso de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, recibido el doce de noviembre de dos mil veinte, en este juzgado, se advierte que remitió copia certificada del oficio QVG/OFSLP/1210/2020, de quince de octubre de ese año, emitido en el expediente CNDH/5/2020/7513/OD, en el que se acordó la petición de la quejosa formulada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual presentó queja en contra de servidores públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí. En dicho oficio el Coordinador de la Oficina de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en San Luis Potosí, dio respuesta a su solicitud. Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que dicho oficio se notificó a la parte quejosa el diecinueve de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, con el contenido de dicho informe se dio vista a la parte quejosa, y se le requirió para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la respuesta dada a su solicitud, con el apercibimiento que de no hacerlo se seguiría el juicio únicamente por los actos inicialmente reclamados, sin que lo haya hecho, por lo que en diverso auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se le hizo efectivo tal apercibimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, como lo refieren la autoridad responsable y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se advierte que se actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: I. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. II. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ante la Quinta Visitaduría General, Oficina Regional en San Luis Potosí, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Heriberto Munguía Chavira, promovió queja en contra de servidores públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí. 2. Mediante oficio QVG/OFSLP/1210/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente CNDH/5/2020/7513/OD, el Coordinador de la Oficina de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en San Luis Potosí, acordó dicha petición en los términos siguientes: "[.] Se hace referencia a su escrito de queja presentado ante este organismo Nacional, el 21 de septiembre de 2020, mediante la cual hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos en su agravio, atribuibles a servidores públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, y en el que refiere que se dictó laudo a su favor y el cual a la fecha no ha sido posible cumplimentarlo, debido a diversas acciones legales promovidas por la parte demandada. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le orienta a que, de continuidad y seguimiento a las acciones legales que manifestó haber iniciado, así como interponga las que conforme a derecho procedan ante las autoridades correspondientes.." 3. Asimismo, el referido oficio se notificó a la parte quejosa el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el domicilio que para tal efecto señaló, esto es, en Camino Antiguo a Ahualulco 272-1, Privada Rincón del Pirul, Las Piñas, San Luis Potosí, a través del servicio de mensajería FedEx, como se advierte del rastreo de paquete o envío. III. Caso concreto. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del oficio QVG/OFSLP/1210/2020, que acordó la petición de la quejosa y su respectiva notificación a ésta, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. IV. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Audiencia constitucional Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. En las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del uno al quince de febrero dos mil veintiuno. Instrumentos de observancia general relatados en el párrafo anterior que indican que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en trece de febrero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, estaban fijadas las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencias constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga su verificativo. Razón actuarial. Por otro lado, agréguese la razón actuarial de cinco de febrero del año en curso, de la que se advierte que al actuario judicial de este órgano jurisdiccional no le fue posible entregar el oficio 31499/2020, dirigido a la "Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta ciudad", en virtud de que dicha autoridad se cambió de domicilio. Por lo anterior, se comisiona a cualesquiera de los referidos actuarios, para que hagan entrega del citado oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en esta ciudad, en el domicilio ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 875, de la Colonia Tequisquiapan, de esta ciudad. Notificación a las partes. Finalmente, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en aras del principio de justicia pronta y expedita, garantizado en el numeral 17 constitucional, se ordena que el presente proveído sea notificado a las partes por lista de acuerdos.

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