Heriberto Morales Ibarra

Expediente 916/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
916/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Heriberto Morales Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero menor Mixto de esta ciudad; con apoyo en los Acuerdos Generales 7/2022, 9/2022 y 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación al periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 916/2022-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso concreto, este operador jurídico estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, al acaecer un supuesto análogo al previsto en la fracción XVI, en relación con el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo por haberse consumado los efectos del antecedente del acto reclamado. A fin de explicar la conclusión adoptada, se considera necesario precisar qué debe entenderse por actos consumados irreparablemente, a efecto de establecer cuándo opera esa causa de improcedencia; por ello, es oportuno traer a contexto el contenido de los artículos 61, fracciones XVI y XXIII y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Pues bien, el primero de esos preceptos establece la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados irremediablemente, esto es, cuando sea materialmente imposible restituir al quejoso en el derecho vulnerado. Del diverso se colige que sólo en los casos de actos positivos puede ser actualizada esa causal, pues la consumación irreparable atañe a su naturaleza física o material; de modo que la improcedencia se verifica porque el acto produjo sus consecuencias fácticas y ello torna que la restitución del derecho tutelado quede fuera del alcance de la ley. Por actos consumados de modo irreparable debe entenderse que son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. De ahí, que a nada práctico llevaría conceder la protección constitucional demandada pues carecería de efectos, al existir obstáculos legales y materiales insuperables que impedirían el cumplimiento de la sentencia y, por ende, de la reparación de la prerrogativa violada. Esto, porque prevalece el interés público en la medida que en la sustanciación de los procedimientos judiciales son aplicables normas de derecho procesal, cuyo cumplimiento es de orden público y, por tanto, su observancia es obligatoria, de ahí que su cumplimiento por ningún motivo puede soslayarse por la autoridad. De ahí, que debe considerarse que constituye un acto consumado de manera irreparable, pues existe imposibilidad física y material de restituir el derecho violado al estado previo a la emisión del acto reclamado, dado que aun ante una eventual concesión, la sentencia de amparo no podría tener el efecto de lograr su restitución, al haber precluido el plazo para enderezar la impugnación contra la interlocutoria que resolvió las costas, razón por la que evidentemente el juicio de amparo resulta improcedente. Para una mejor comprensión de por qué se considera que se actualiza una situación análoga a la prevista en la fracción XVI transcrita, en relación con el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo es necesario señalar los antecedentes que se desprenden de demanda de amparo, los cuales son: 1. *********** por conducto de sus endosatarios en procuración demandó a *****************(quejoso) el pago de diversas prestaciones en ejercicio de la acción cambiaria directa; dicha demanda se radicó el dos de agosto de dos mil dieciocho, bajo el expediente ************* de la estadística del Juzgado Primero Menor Mixto Civil de esta localidad. 2. El trece de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se absolvió al demandado ************ del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas y se condenó a la actora al pago de costas; fallo que causo ejecutoria por ministerio de ley. 3. Mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente de liquidación de costas procesales promovido por el quejoso; el cual se resolvió el cuatro de agosto hogaño, desaprobando el incidente planteado. 4. El quince de agosto del año en curso, se tuvo a la parte demandada recurriendo la determinación anterior por medio del recurso de revocación; el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se declararon improcedentes e infundados los agravios apresados por el quejoso***************. [Lo que en esta instancia constituye el acto reclamado]. De lo anterior se advierte que se dictó sentencia definitiva el trece de junio de dos mil diecinueve, que causó ejecutoria por ministerio de ley, lo que es así cuándo se trata de un asunto de cuantía menor cuyas resoluciones, de conformidad con el artículo 1339 del Código Comercio son irrecurribles mediante el recurso de apelación. Ahora, bajo la regla de dicho precepto son apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga la ley; luego, si el quince de agosto del año en curso se admitió el incidente de liquidación de costas procesales, la resolución que lo decidió era inimpugnable a través de los medios ordinarios de defensa establecidos en el Código de Comercio; primero, porque por la cuantía se encontraba fuera del supuesto de procedencia de la apelación. Si tampoco se trataba de un auto o de un decreto, sino de una sentencia interlocutoria, se constituía como una resolución irrecurrible ante el juez de los autos, ante un recurso lineal como lo es la revocación. Entonces, la determinación impugnable en esta vía lo era la interlocutoria que resolvió sobre las costas, de modo que si pretende impugnar en amparo la que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra aquella, es claro que resulta improcedente. Es así, porque la resolución que decidió sobre las costas, al haber adquirido firmeza procesal, torna consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas al respecto. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el juez responsable haya admitido a trámite y resuelto un recurso improcedente, porque tal y como se apuntó, ante una eventual sentencia protectora esta no tendría el alcance de que se lograra enderezar la impugnación del antecedente del acto reclamado, puesto que se habrían consumado los plazos para tal efecto. Conclusivamente, si la resolución génesis de la emitida el veintinueve de agosto del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil ***************, de la estadística del Juzgado Primero Menor Mixto Civil de esta ciudad, constituye un acto consumado irremediablemente, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la 61, fracción XXIII, al acaecer un supuesto análogo al previsto en la fracción XVI, en relación con el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en virtud de que obran sus cédulas profesionales ****************, inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero menor Mixto de esta ciudad; con apoyo en los Acuerdos Generales 7/2022, 9/2022 y 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación al periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 916/2022-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso concreto, este operador jurídico estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, al acaecer un supuesto análogo al previsto en la fracción XVI, en relación con el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo por haberse consumado los efectos del antecedente del acto reclamado. A fin de explicar la conclusión adoptada, se considera necesario precisar qué debe entenderse por actos consumados irreparablemente, a efecto de establecer cuándo opera esa causa de improcedencia; por ello, es oportuno traer a contexto el contenido de los artículos 61, fracciones XVI y XXIII y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Pues bien, el primero de esos preceptos establece la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados irremediablemente, esto es, cuando sea materialmente imposible restituir al quejoso en el derecho vulnerado. Del diverso se colige que sólo en los casos de actos positivos puede ser actualizada esa causal, pues la consumación irreparable atañe a su naturaleza física o material; de modo que la improcedencia se verifica porque el acto produjo sus consecuencias fácticas y ello torna que la restitución del derecho tutelado quede fuera del alcance de la ley. Por actos consumados de modo irreparable debe entenderse que son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. De ahí, que a nada práctico llevaría conceder la protección constitucional demandada pues carecería de efectos, al existir obstáculos legales y materiales insuperables que impedirían el cumplimiento de la sentencia y, por ende, de la reparación de la prerrogativa violada. Esto, porque prevalece el interés público en la medida que en la sustanciación de los procedimientos judiciales son aplicables normas de derecho procesal, cuyo cumplimiento es de orden público y, por tanto, su observancia es obligatoria, de ahí que su cumplimiento por ningún motivo puede soslayarse por la autoridad. De ahí, que debe considerarse que constituye un acto consumado de manera irreparable, pues existe imposibilidad física y material de restituir el derecho violado al estado previo a la emisión del acto reclamado, dado que aun ante una eventual concesión, la sentencia de amparo no podría tener el efecto de lograr su restitución, al haber precluido el plazo para enderezar la impugnación contra la interlocutoria que resolvió las costas, razón por la que evidentemente el juicio de amparo resulta improcedente. Para una mejor comprensión de por qué se considera que se actualiza una situación análoga a la prevista en la fracción XVI transcrita, en relación con el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo es necesario señalar los antecedentes que se desprenden de demanda de amparo, los cuales son: 1. *********** por conducto de sus endosatarios en procuración demandó a *****************(quejoso) el pago de diversas prestaciones en ejercicio de la acción cambiaria directa; dicha demanda se radicó el dos de agosto de dos mil dieciocho, bajo el expediente ************* de la estadística del Juzgado Primero Menor Mixto Civil de esta localidad. 2. El trece de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se absolvió al demandado ************ del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas y se condenó a la actora al pago de costas; fallo que causo ejecutoria por ministerio de ley. 3. Mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente de liquidación de costas procesales promovido por el quejoso; el cual se resolvió el cuatro de agosto hogaño, desaprobando el incidente planteado. 4. El quince de agosto del año en curso, se tuvo a la parte demandada recurriendo la determinación anterior por medio del recurso de revocación; el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se declararon improcedentes e infundados los agravios apresados por el quejoso***************. [Lo que en esta instancia constituye el acto reclamado]. De lo anterior se advierte que se dictó sentencia definitiva el trece de junio de dos mil diecinueve, que causó ejecutoria por ministerio de ley, lo que es así cuándo se trata de un asunto de cuantía menor cuyas resoluciones, de conformidad con el artículo 1339 del Código Comercio son irrecurribles mediante el recurso de apelación. Ahora, bajo la regla de dicho precepto son apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga la ley; luego, si el quince de agosto del año en curso se admitió el incidente de liquidación de costas procesales, la resolución que lo decidió era inimpugnable a través de los medios ordinarios de defensa establecidos en el Código de Comercio; primero, porque por la cuantía se encontraba fuera del supuesto de procedencia de la apelación. Si tampoco se trataba de un auto o de un decreto, sino de una sentencia interlocutoria, se constituía como una resolución irrecurrible ante el juez de los autos, ante un recurso lineal como lo es la revocación. Entonces, la determinación impugnable en esta vía lo era la interlocutoria que resolvió sobre las costas, de modo que si pretende impugnar en amparo la que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra aquella, es claro que resulta improcedente. Es así, porque la resolución que decidió sobre las costas, al haber adquirido firmeza procesal, torna consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas al respecto. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el juez responsable haya admitido a trámite y resuelto un recurso improcedente, porque tal y como se apuntó, ante una eventual sentencia protectora esta no tendría el alcance de que se lograra enderezar la impugnación del antecedente del acto reclamado, puesto que se habrían consumado los plazos para tal efecto. Conclusivamente, si la resolución génesis de la emitida el veintinueve de agosto del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil ***************, de la estadística del Juzgado Primero Menor Mixto Civil de esta ciudad, constituye un acto consumado irremediablemente, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la 61, fracción XXIII, al acaecer un supuesto análogo al previsto en la fracción XVI, en relación con el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en virtud de que obran sus cédulas profesionales ****************, inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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