Heriberto López Hernández

Expediente 1348/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1348/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Heriberto López Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se negó la protección solicitada, no fue recurrida por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Toda vez que se negó la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 6. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en el mismo.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional en representación de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Efectos para los que se concedió el amparo. La protección constitucional se concedió para los efectos que a continuación se transcriben: 1. La autoridad responsable deje insubsistente el oficio 610.-0743/2017 de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. 2. Emita otro en el que ciñéndose estrictamente a lo expuesto en el considerando anterior, resuelva sobre la petición de la empresa quejosa, partiendo de la base que: El dictamen que emite el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales debe contener también el concepto de compensación anual adicional al que alude el último párrafo del artículo 60 del Reglamento de la Ley Minera. La obligación de pago de compensación adicional prevista en el numeral anterior debe estar contenida en la resolución de ocupación temporal; y, Al haber concluido el procedimiento con una resolución firme que no contempló la obligación anterior, la autoridad administrativa no puede imponerla en un oficio posterior. 3. En consecuencia, determine lo conducente respecto a lo solicitado por Minera del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la autoridad responsable Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional en representación de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México, remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el cumplimiento. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin embargo, no manifestaron nada al respecto. 3.1. Primer Efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, el Director General de Minas de la Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México, mediante oficio SE/610/02579/2021 de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el diverso oficio 610.-07043/2017 de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. 3.2 Segundo efecto. En el mencionado comunicado SE/610/02579/2021, resolvió lo solicitado por la parte quejosa, partiendo de la base de que: i) el dictamen que emite el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales debe contener también el concepto de compensación anual adicional al que alude el último párrafo del artículo 60 del Reglamento de la Ley Minera. ii) la obligación de pago de compensación adicional prevista en el numeral anterior debe estar contenida en la resolución de ocupación temporal; y, iii) al haber concluido el procedimiento con una resolución firme que no contempló la obligación anterior, la autoridad administrativa no puede imponerla en un oficio posterior. 3.3 Tercer efecto. Determinó lo conducente respecto a lo solicitado por la parte quejosa, estableciendo que no contaba con facultad o competencia sobre la materia de avalúos, a efecto de considerar si un apersona física o moral debía pagar alguna compensación sobre el otorgamiento de una ocupación temporal. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y los anexos remitidos por la autoridad responsable, se concluye que ésta atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues dejó sin efectos el oficio 610.-07043/2017 de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete y resolvió la petición de la parte quejosa, ciñéndose estrictamente a lo resuelto en la sentencia protectora. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

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