Heriberto Lopez Diaz
Expediente 1538/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1538/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/10/2018
Partes del expediente
- Heriberto Lopez Diaz
- Juez De Control Distrito Judicial de Toluca , Estado De México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo de cuenta, del que se advierte que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, hace del conocimiento el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la causa de control 1141/2018, a través del cual dictó auto de vinculación a proceso en contra************ por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones, en agravio de los menores de edad de identidad reservada de iniciales ****. y **** representados por M***********. Lo que se corrobora con las videograbaciones remitidas en disco óptico. Atento a lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso *****, reclama la orden de aprehensión y/o, comparecencia, así como su ejecución, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual se ordenó su comparecencia para audiencia de imputación y posible detención; sin embargo, del oficio enviado por la responsable se advierte que el treinta de octubre pasado, en la causa de control 1141/2018, que dictó auto de vinculación a proceso en contra de *************de obligaciones en agravio de los menores de edad de identidad reservada de iniciales ****** y ****. representados por ***********. En consecuencia, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, resulta improcedente el juicio de amparo en contra de los actos mencionados en párrafos precedentes, dado que posteriormente a ellos, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ****** por su probable intervención en el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones; por lo que no sería viable realizar pronunciamiento alguno en relación a la orden de aprehensión y/o, comparecencia; si ya se resolvió la situación jurídica del quejoso durante el plazo constitucional, pues podría afectarse la nueva situación jurídica que lo rige, lo cual constituye una diversa fase procesal que genera a futuro sus propios efectos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Sirve de apoyo la tesis II.2o.P.20 P (10a.), consultable en la página 1287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 2012, Tomo 2, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Y al no reclamarse de las autoridades responsables ejecutoras, vicios propios de ejecución de los actos reclamados, se hace extensivo el sobreseimiento decretado. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 286, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 91-96 Sexta Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para este día las diez horas con cincuenta minutos, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III) (se lista citatorio parte quejosa)Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo de cuenta, del que se advierte que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, hace del conocimiento el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la causa de control 1141/2018, a través del cual dictó auto de vinculación a proceso en contra************ por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones, en agravio de los menores de edad de identidad reservada de iniciales ****. y **** representados por M***********. Lo que se corrobora con las videograbaciones remitidas en disco óptico. Atento a lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso *****, reclama la orden de aprehensión y/o, comparecencia, así como su ejecución, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual se ordenó su comparecencia para audiencia de imputación y posible detención; sin embargo, del oficio enviado por la responsable se advierte que el treinta de octubre pasado, en la causa de control 1141/2018, que dictó auto de vinculación a proceso en contra de *************de obligaciones en agravio de los menores de edad de identidad reservada de iniciales ****** y ****. representados por ***********. En consecuencia, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, resulta improcedente el juicio de amparo en contra de los actos mencionados en párrafos precedentes, dado que posteriormente a ellos, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ****** por su probable intervención en el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones; por lo que no sería viable realizar pronunciamiento alguno en relación a la orden de aprehensión y/o, comparecencia; si ya se resolvió la situación jurídica del quejoso durante el plazo constitucional, pues podría afectarse la nueva situación jurídica que lo rige, lo cual constituye una diversa fase procesal que genera a futuro sus propios efectos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Sirve de apoyo la tesis II.2o.P.20 P (10a.), consultable en la página 1287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 2012, Tomo 2, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Y al no reclamarse de las autoridades responsables ejecutoras, vicios propios de ejecución de los actos reclamados, se hace extensivo el sobreseimiento decretado. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 286, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 91-96 Sexta Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para este día las diez horas con cincuenta minutos, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente al quejoso
- Incidental
III. Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°., agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta enviados por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual hace del conocimiento haber celebrado audiencia inicial para recibir comparecencia voluntaria del imputado dentro de la causa de control 1141/2018; asimismo, informa que se formuló imputación en contra del quejoso Heriberto López Díaz, y que se fijaron las catorce horas con treinta minutos del treinta de octubre del año en curso, para llevar acabo para la audiencia de continuación inicial, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Con copia certificada de la promoción de cuenta dése cuenta en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente de suspensión para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por medio de del cual remite la constancia de notificación practicada a la parte tercero. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tienen por emplazados a los terceros interesados menores de identidad resguardada de iniciales A.D.L.A. y R.A.L.A. representados por su madre Mayra Dayana Álvarez Rodríguez. En otro orden, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, hasta en tanto la tercera interesada señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios, dado que el que indicó consistente en el "número telefónico indicado" no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo. Como esta ordenado en el cuaderno incidental derivado del presente sumario constitucional, en esta fecha se ordenó remitir copia certificada del oficio enviado por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual informó haber celebrado audiencia inicial para recibir comparecencia voluntaria del imputado dentro de la causa de control 1141/2018; asimismo, informa que se formuló imputación en contra del quejoso Heriberto López Díaz, y que se fijaron las catorce horas con treinta minutos del treinta de octubre del año en curso, para llevar acabo para la audiencia de continuación inicial. Por tanto, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la responsable para que de manera inmediata, informe el resultado de dicha diligencia, para lo cual deberá remitir copia certificada legible y completa de las constancias que acrediten dicha situación. Con el apercibimiento que para el caso de ser omiso al presente requerimiento, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
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