Heriberto Herrera Sotelo
Expediente 315/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Heriberto Herrera Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Acapulco, Guerrero uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de seis de julio del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, trece de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de ocho de junio de dos mil dieciocho, remite copia certificada del acuerdo de seis de junio del año en curso, dictado en el expediente laboral 1073/2011; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Para efectos de la notificación de este acuerdo, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción para que al momento de practicarla, entregue copia simple de este proveído y de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable a la parte quejosa, referidas en el párrafo anterior, en el entendido, que deberá constar su entrega y recepción en el acta que al efecto se levante.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a ocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que ampara a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Ahora, tomando en consideración que el efecto del fallo protector consiste en que la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje: ".en caso de que a la fecha no haya emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral 1073/2011, tan pronto cause firmeza esta sentencia lo pronuncie sin demora alguna." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lapso en el que se considera que la sentencia deberá quedar cumplida, sin que haya lugar a ejercer la facultad conferida en el último párrafo del citado numeral, dado que la complejidad del cumplimiento se considera que no exige mayor plazo; sin embargo, en el supuesto de que requiera un término adicional, deberá motivar la solicitud de prórroga. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá al Titular, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 315/2018; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito recibido el tres de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia oficial en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Heriberto Herrera Sotelo, promovió demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje , con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La omisión de la autoridad responsable para dictar el laudo dentro del juicio laboral número 1073/2011, el cual desde hace mas de catorce meses se encuentra en proyecto, sin que a la fecha se me haya notificado al respecto". SEGUNDO.- Mediante acuerdo de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se registró la demanda en el libro de gobierno respectivo con el número 315/2018 y admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; comisionó la notificación de los terceros interesados del inicio de este juicio; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que se reclama de la Junta responsable la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 1073/2011. TERCERO. ES CIERTO el acto que se reclama a la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; pues así lo manifestó el Presidente de esa junta al rendir informe justificado; certeza que además se corrobora con las constancias que en copia certificada acompañó a su informe, la cual hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Las partes no invocaron expresamente la actualización de alguna causa de improcedencia, ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo cual en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada. En ese sentido, se aprecia substancialmente fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, por las consideraciones que a continuación se expondrán. El numeral 17 de nuestra Carta Magna, contiene el derecho público subjetivo relativo a la celeridad en la impartición de justicia, el cual está supeditado a los términos que para ese fin señalen las leyes secundarias, lo que obliga a los tribunales a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que para que se infrinja esta garantía por parte de la autoridad responsable basta con que los acuerdos o resoluciones no los emita dentro de los plazos y términos legales que al efecto establecen las leyes relativas. Ahora, los numerales 885, 886, 887, y 889 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que una vez concluido el desahogo de pruebas y formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, si transcurrido ese término no desahogan la vista, se les tendrá por desistido y de oficio se declarara cerrada la instrucción; y una vez que esto acontezca, dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo; una copia de dicho proyecto se entregará a cada uno de los miembros que integren la Junta respectiva, quienes dentro de los cinco días siguientes podrán solicitar, que se practiquen las diligencias que faltaren o las que se juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, en cuyo caso, con citación de las partes, dichas diligencias se llevarán a cabo dentro de los siguientes ocho días. Transcurridos los cinco días que se conceden a los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de las diligencias referidas en el párrafo que antecede o, en su caso, desahogadas las diligencias ordenadas, o transcurrido el lapso fijado para ese fin, el Presidente de la junta citará a los miembros del mismo, para la discusión y votación del proyecto elaborado, lo que deberá acontecer dentro de los diez días siguientes, si el multicitado proyecto es aprobado sin adiciones o modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y en caso contrario, se ordenara al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En ese orden de ideas, tenemos que en el juicio laboral 1073/2011, desde el treinta y uno de octubre de dos mil catorce se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (tres de abril de dos mil dieciocho) resulta evidente que ha fenecido con exceso el término de diez días siguientes con que se contó para la formulación de dicho proyecto de laudo; luego si han transcurrido más de diez días de lo que el artículo 887 de la Ley Federal del Trabajo concede para la discusión, votación, aprobación y, en su caso, adición y modificación del proyecto elaborado, para su inmediata elevación a la categoría de laudo, sin que a la fecha en que se emite la presente sentencia la autoridad responsable haya justificado con prueba idónea alguna, el pronunciamiento de tal resolución, con su omisión viola en perjuicio del quejoso la garantía que tutela el artículo 17 de la ley fundamental, que establece como un derecho público subjetivo, que cualquier gobernado puede acudir ante los órganos jurisdiccionales con el propósito de plantear las controversias que afectan sus intereses, y que dichos tribunales deberán administrarle justicia de manera pronta y expedita. Lo anterior, da pauta para conceder a la parte quejosa Heriberto Herrera Sotelo la protección de la justicia federal que solicita, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, para el único efecto de que la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en caso de que a la fecha no haya emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral 1073/2011, tan pronto cause firmeza esta sentencia lo pronuncie sin demora alguna. Finalmente, en relación a las manifestaciones realizadas por la agente del Ministerio Público de la Federación, mediante pedimento ministerial 110/2018, las mismas se desestiman pues no forman parte de la litis en el juicio constitucional y en ellos no se hace valer alguna causa de improcedencia, acorde con la jurisprudencia P./J. 27/94 con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 77, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Heriberto Herrera Sotelo, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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