Heriberto Hernández Jamessón

Expediente 1090/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1090/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Heriberto Hernández Jamessón

Actuaciones

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte las autoridades responsables no han rendido su informe previo, ni obra constancia de que hayan quedado notificadas de su petición; por tanto, la audiencia incidental señalada para este día se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe el quejoso Heriberto Hernández Jamesson; visto su contenido, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expídase a su costa copias simples de las constancias que solicita, previa identificación y razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte, el quejoso Heriberto Hernández Jamesson, compareció a ratificar el escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el diez de diciembre del año en curso, con número de registro 19175; en consecuencia se provee: Téngase al quejoso Heriberto Hernández Jamesson, dando cumplimiento a los requerimientos formulados en proveído de cinco de diciembre del año en curso -foja 18-. En consecuencia, con fundamento en los artículos103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por el mencionado quejoso, contra actos del juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otras autoridades. En consecuencia, tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado; pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional ($8,449.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Dígase a la (s) autoridad (es) responsable (s) que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá (n) hacerlo al número telefónico 951 502-3565, o al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil quinientos setenta y cuatro pesos 70/100, moneda nacional ($2,574.70), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional ($4,224.50), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, les será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados pueda hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Finalmente, fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1090/2019, promovido por HERIBERTO HERNÁNDEZ JAMESSON, contra actos del juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional ($8,449.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cien (100); de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) que para rendir su informe deberá (n) hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA O CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe previo, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente del que deriva el acto aquí reclamado, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional ($4,224.50), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento legal. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, les será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Ahora bien, respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en el desalojo del inmueble ubicado en el andador Cantantes, manzana D, casa tres, Séptima Etapa, unidad habitacional Primero de Mayo, INFONAVIT Primero de Mayo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como la sentencia definitiva dictada en el expediente civil 78/1996, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; se niega dicha medida cautelar, toda vez que se trata de actos consumados, en contra de los cuales no es posible conceder dicha medida, pues en caso contrario, se le darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que en cuanto al fondo del asunto se pronuncie. Al caso, es aplicable la jurisprudencia sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 371, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por otra parte, respecto a la suspensión provisional de los restantes actos que reclama dentro del expediente civil 78/1996, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: la negativa de aportar pruebas, negativa de formular alegatos, negativa de declarar de precluído el derecho de ejecutar la sentencia y negativa de declarar de oficio la prescripción de ejecutar la sentencia; con apoyo en el numeral 128 de la Ley de Amparo interpretado en sentido contrario, no ha lugar a conceder la medida cautelar, toda vez que se trata de actos negativos en contra de los cuales no es procedente conceder la misma. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 49, Tomo V, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO.- Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión". Ahora, a fin de determinar la procedencia de la concesión de la medida cautelar, respecto de las consecuencias derivadas del acto reclamado consistente en el desalojo del inmueble ubicado en el andador Cantantes, manzana D, casa tres, Séptima Etapa, unidad habitacional Primero de Mayo, INFONAVIT Primero de Mayo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es menester analizar si el quejoso cumple con los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción X, constitucional, 128 y 138 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, a saber: 1.- Exista solicitud de parte interesada. 2.- La naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo. 3.- Con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, realizando un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho de la parte quejosa, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a página 1560, Tomo III, febrero de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 131, 132, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se advierte que para determinar si se concede la suspensión debe verificarse que: a) exista solicitud de parte interesada; b) la naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo; c) haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se pide la suspensión; d) quien solicita la medida cuente con interés para obtenerla; y, e) con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, según sea el caso, debe analizarse: f) la apariencia del buen derecho; g) si con la suspensión puede ocasionarse daño o perjuicio a terceros, y si es necesario o no garantizar su reparación; además, en el caso de la suspensión definitiva, h) debe fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas y las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación." En el caso, se encuentran satisfechos los requisitos precisados, porque la suspensión fue solicitada por la parte quejosa en la demanda inicial, bajó protesta de decir verdad, la parte quejosa indicó la existencia del juicio civil 78/1996 del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de donde emanan los actos reclamados y la naturaleza de las consecuencias de éstos son susceptibles de ser suspendidos; además, con tal medida suspensional, a consideración del suscrito juzgador, por sí misma, no existe afectación del interés social, ni contravención de disposiciones de orden público. Ahora, realizando la ponderación de la apariencia del buen derecho del agraviado, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; este juzgador considera que la agraviada no acredita ni aun de forma indiciaria la afectación a su interés jurídico. Lo anterior, debido a que aun cuando anexó a su demanda un recibo oficial de pago del impuesto predial, número 2305787, de treinta y uno de enero de dos mil once, expedido por la Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez, éste fue expedido a nombre de Rosa Ramos Cruz, y no del quejoso HERIBERTO HERNÁNDEZ JAMESSON. Por lo que, con dicha documental no acredita la legítima posesión del bien inmueble ubicado en el andador Cantantes, manzana D, casa tres, Séptima Etapa, unidad habitacional Primero de Mayo, Infonavit Primero de Mayo, Oaxaca de Juárez, pues dicho recibo aparece a nombre de una persona distinta al quejoso, además que el promovente en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, adujo ser simple poseedor del citado inmueble. Luego, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para que la posesión sea acreditada, se debe fundar en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer; es evidente que el impetrante únicamente acredita la simple tenencia material del bien inmueble en litigio, lo que no genera el derecho de posesión que tiene que ser protegido. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1/2002, página 5 del tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. Del mismo modo, en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 672, Tomo I, Junio de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado. En esas consideraciones, y al no estar acreditado ni aún en forma indiciaria, la titularidad del derecho real respecto del inmueble que refiere tiene en posesión, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, no ha lugar a conceder la suspensión provisional respecto de las consecuencias del acto reclamado; pues de concederla, se contravendría lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 138 de la ley en cita, constituyendo a la parte quejosa, un derecho del que no goza a la fecha de presentación de la demanda que nos ocupa. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a fojas 225, tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA.- Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizado únicamente para esos efectos a la persona que refiere, sin gozar de las demás facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, o proporcione el registro correspondiente para realizar su búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión y entregue los oficios que del mismo deriven. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Como lo solicita la parte quejosa, expídase copia certificada de esta determinación, teniéndose por autorizados para recibirlas a las personas que indica. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados pueda hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Finalmente, fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.

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