Heriberto Hernández Hernández

Expediente 412/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
412/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Heriberto Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    "...Vista la certificación de cuenta, se advierte que el ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, comunicó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en la áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", donde determinó que del 12 al 18 de enero de 2021, deberían adoptarse las siguientes medidas especiales: I.- [.] II.- En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 Y 37/2020. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracción III, IV, V y VII, para la cual se considera como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Por lo anterior, a partir del doce de enero del presente año, se reanudaron los plazos y términos dentro del presente asunto de conformidad con lo que establece la fracción II del artículo 2 del referido Acuerdo 21/2020. Por otra parte, del estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto donde se desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden de ideas, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el aludido sumario al Centro Archivístico Judicial..."

  2. Principal

    "...Agréguese a los autos el escrito de... por el cual desahoga la prevención formulada en auto de tres de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, la parte del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".B).- Por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad ante esta Autoridad Federal: que en atención al escrito que me indico la empleada del Ayuntamiento, se tubo por bien recibido con fecha 23 de Noviembre del Año en curso, y sellado, por conducto del Ayuntamiento ya mencionado, en el cual le solicite el apoyo para la Construcción de un Pozo Artesano para Nuestra Comunidad denominado... Perteneciente al Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, es el caso que hasta el día de hoy no he tenido respuesta es decir ha sido omiso para la atención y servicio del apoyo por parte del Ayuntamiento Constitucional así como del Secretario de la misma Institución Municipal. Es de manifestar que en verdad, que en realidad que si requerimos el Servicio y Atención de que nos Construyan un Pozo Artesano, para el agua, ya que en dicha Comunidad denominado... habitan más treinta personas con familia así como niños, personas de tercera edad, del cual es indispensable el servicio de agua, situación que el Presidente Municipal, así como Secretario de dicha Institución Municipal, han sido negativo e omiso a nuestra petición, es por ello que acudo a este Órgano Federal, para solicitar el Apoyo de la Justicia Federal, a fin de que se no sea violentado nuestros derechos que nos asiste Nuestra Carta.(Lo subrayado es propio) Efectuada dicha precisión, se procede ahora a analizar que, en el caso concreto, el acto que se combate es la falta de respuesta de la autoridad tocante a la petición formulada por el aquí quejoso, por lo que nos encontramos ante un silencio por parte de la responsable, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de dar respuesta al escrito de veintitrés de noviembre del año en curso, por parte del Secretario y Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Castillo de Teayo respecto a la construcción de un pozo artesano para la comunidad... perteneciente al citado municipio Por lo anterior, se considera que el juicio de amparo es improcedente, pues el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave, establecen que: Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: . IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código. Asimismo, cabe destacar que la Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 7, establece: "Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo." De lo anterior se aprecia que en el Estado de Veracruz, las autoridades están obligadas en dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles. Tal disposición estatal aplicable al caso de forma complementaria al numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que genera un beneficio en favor del gobernado respecto del derecho de petición, acotado el margen temporal de actuación de los entes públicos de la entidad veracruzana obligados a observarla, pues se establece un Plazo máximo que constituye un parámetro de límite formal y materialmente legislativo a la dilación mayor que pueden tener las citadas autoridades a fin de contestar una petición. Como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Constitucional, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 7, de rubro y texto: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." También cobra aplicación la Tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II , Materia(s): Común, Laboral, página: 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Y finalmente, sustenta todos lo anterior la Tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II , Materia(s): Constitucional, Común, página: 1086, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sentado lo anterior, si en la especie la parte quejosa reclamó la omisión de dar contestación por las responsables a su escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la acción de amparo deviene improcedente, ya que la supuesta omisión atribuida a las autoridades responsables ni siquiera se ha materializado. Lo anterior es así, ya que a la fecha de la presentación de la demanda -tres de diciembre del año en curso-, no ha fenecido el término de cuarenta y cinco días a que se ha hecho referencia, pues precisamente ese es el día ocho de dicho plazo para que la autoridad responsable pudiera dar contestación a su petición; por lo que, es inconcuso que se encontraba transcurriendo el término de cuarenta y cinco días con que cuentan las autoridades para dar respuesta a la petición formulada. Por tanto, cuando se reclama una negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que en el amparo no cabe aplicar el principio de litis abierta, pues de su regulación se advierte que el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable, lo que significa que en este medio de control constitucional no pueden hacerse valer cuestiones no planteadas ante la responsable y, por ende, no es posible esgrimir conceptos de violación directamente contra la resolución recurrida en sede administrativa, ya que la materia de la litis en el amparo lo es únicamente la resolución recaída al recurso administrativo, no así la impugnada en este, a diferencia de lo que ocurre en el juicio de nulidad, donde dicho principio sí opera; de ahí que una negativa ficta no puede controvertirse eficazmente en el amparo, ya que en su impugnación se requiere que el gobernado tenga la posibilidad de formular argumentos no planteados en sede administrativa, lo que es propio únicamente del contencioso administrativo. "NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, las reglas que rigen al juicio contencioso administrativo cuando se impugna una negativa ficta son: en la demanda de nulidad debe exhibirse copia de la instancia no resuelta; en su contestación deben expresarse los fundamentos y motivos en que se apoya la negativa; el actor puede ampliar su escrito inicial contra estos y el tribunal administrativo, al dictar su sentencia, debe resolver el fondo de la pretensión planteada, reconociendo la validez o declarando la nulidad de la resolución ficta. Así, cuando se reclama la negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicha figura es propia del juicio contencioso, ya que en este existe la posibilidad de que el particular amplíe la demanda una vez que en la contestación se le den a conocer las razones que sustentan esa negativa, circunstancia que no sucede en el amparo indirecto, pues la autoridad responsable sólo está obligada a rendir el informe justificado, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad del acto reclamado; y si bien es cierto que existe la diversa regla de que cuando en la demanda de amparo se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, para que el quejoso amplíe su demanda contra esa complementación, también lo es que ello sólo opera tratándose de actos materialmente administrativos, no cuando se reclama una resolución recaída a un recurso." Así las cosas, por las razones expuestas con antelación, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia planteada; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo..."

  3. Principal

    "...Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que el fedatario de la adscripción hizo constar que en la lista de acuerdos generada el cuatro de los cursantes, no se visualizó el proveído de tres de diciembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que corresponda, practique la diligencia encomendada en auto de tres de los cursantes..." (INSERCIÓN DEL PROVEÍDO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE) "...Visto el escrito de demanda presentado por... contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Castillo de Teayo, Veracruz, y otra autoridad, por violación al derecho humano previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 412/2020-II. Ahora, a efecto de proveer respecto a la admisión del escrito constitucional, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se puede observar del artículo anterior, el suscrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, como el señalamiento preciso de la autoridad señalada como responsable. Imprecisión del acto reclamado, así como la falta de exhibición de las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En la especie, del escrito de demanda se puede advertir que el promovente, en el apartado que denominó "antecedentes del acto reclamado", asentó como tal lo siguiente: "[.] Es el caso que con fecha 23 de noviembre del año 2020, se tuvo por bien recibido ante la Oficialía de partes del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, presente escrito solicitando a dicha autoridad, sin embargo al día de la fecha, no existe contestación de parte de la autoridad señalada como responsable, ni mucho menos alguna actividad encaminada a continuar con el procedimiento laboral [.]" De lo anterior se obtiene que el promovente se duele de la falta de contestación a su escrito presentado el veintitrés de noviembre del año en curso, ante el Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, lo cual reclama también al Secretario de dicho cabildo, toda vez que en el capítulo de autoridades responsables fue asignada por el ocursante. Asimismo, asevera lo que a continuación se asienta: "[.] Al considerar como violatorio de derechos humanos el actuar de la responsable, acudo a este tribunal federal a fin de que sean respectados. [.]" De ello se advierte que alude únicamente a una autoridad responsable, la cual si bien no la especifica, puede entenderse que se refiere a la Presidente Municipal de Castillo de Teayo, Veracruz, dado que exhibió el escrito referido del que se observa que lo dirigió únicamente a esta. Atento esas imprecisiones se estima que se actualiza el supuesto contemplado en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, dado que, si bien anexó a su escrito de demanda el escrito fechado en veintitrés de noviembre del año en curso, mediante el cual el promovente dirigió su petición a la Presidente Municipal de Castillo de Teayo, Veracruz, en el que consta el sello de recepción respectivo; sin embargo, no se advierte que el ocurso también se encuentre dirigido a la diversa autoridad que señala como responsable, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Castillo de Teayo, Veracruz, así como tampoco en la narrativa de sus antecedentes refiera cuándo presentó su petición ante esta última, o que formule conceptos de violación generados por ésta. Lo anterior, resulta necesario de atenderse ya que para que se actualice el deber de dar respuesta a una petición que se formula en términos artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es requisito sine qua non que ésta sea recepcionada por la autoridad a quien va dirigida, empero, el accionante no precisa la data en que el mencionado Secretario recibió el escrito de petición, de cuya falta de respuesta se duele el inconforme. Esto es, para demostrar que la petición se formuló, debe existir constancia de su recepción por la autoridad a quien se dirigió, lo que no ocurre en el caso, respecto de las autoridades que se señala con el carácter de responsables. Aunado a lo anterior, tampoco el promovente precisa en qué consistió la petición de cuya falta de respuesta se duele, aspecto que resulta necesario conocer a fin de determinar la naturaleza de dicha petición y proveer sobre la admisión de la demanda de cuenta, ni las circunstancias que rodean el acto que reclama. Imprecisiones que se estiman estrictamente necesarias de aclarar dado que pueden dar lugar a diversos problemas, verbigracia: a. La autoridad responsable no podría rendir su informe correctamente. b. Los posibles terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo. Condiciones que son necesarias, a fin de fijar correctamente la litis constitucional y no restringir el derecho de defensa de las partes y garantizar en su momento, la rendición correcta y completa del informe que le sea peticionado. Al respecto, cabe destacar que la exigencia de las copias de la demanda para cada una de las partes, es una formalidad procesal que tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio biinstancial y proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Cabe señalar que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino además de analizar éste, debe comprender igualmente los documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella, pues de esta forma se puede llevar a cabo la interpretación completa de la voluntad del impetrante. En relación con lo anterior, las copias de la demanda y los documentos que se anexan a ésta, deben de ser conforme a las exhibidas en el escrito original; sin embargo, el promovente exhibió copias del escrito de demanda, empero únicamente un juego de los anexos; por tanto es insuficiente para dar trámite al juicio de garantías. Consecuentemente, con fundamento en los artículo 110 y 114 fracción II y penúltimo párrafo, es necesario prevenir a la parte quejosa, en relación con el diverso numeral 108 fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 211 que bajo el rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA." que puede consultarse en la página 144, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias correspondientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, precise: 1. Narre en forma clara, ordenada, completa, cronológica y, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto o actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. 2. Precise en forma clara las autoridades a las que les atribuye la omisión de dar respuesta a la petición que formuló. 3. Precise la fecha en que la autoridad señalada como responsable, Secretario del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, recibió el escrito en que se contiene la petición de cuya omisión de dar respuesta se duele el promovente. 3. Exhiba tres copias completas de los anexos de la demanda, para ser distribuidas de la siguiente manera: a). Autoridad responsable (dos copia). b). Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional (una copia). Lo anterior, porque al ser la demanda de amparo un todo con sus anexos, la falta de éstos podría dejarse en estado de indefensión a las demás partes del juicio al momento de correrles traslado sin esos documentos. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado numeral 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda..."

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