Heriberto Hedy Matadamas Vargas
Expediente 461/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Quejoso interpone recurso de inconformidad. Visto el escrito signado por el quejoso ..., téngasele interponiendo recurso de inconformidad contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual, este Órgano Jurisdiccional declaró cumplida la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Atento a lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en los acuerdos generales 1/2023, punto Cuarto, fracción II, y el 3/2021, que adiciona el similar 3/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículo 94 de la Constitución, 37 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante los cuales se reglamentan la distribución de asuntos cuya competencia originaria corresponde a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito puedan resolverlos. Distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno, de este Decimotercer Circuito, el presente juicio de amparo, y el escrito de inconformidad con su copia respectiva, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, que se advierte un antecedente, en el conocimiento del asunto, consistente en el amparo en revisión 374/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, toda vez de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Finalmente téngasele reiterando los datos de localización y notificación proporcionados en su demanda de amparo. Se ordena agregar este acuerdo impreso al expediente físico. Con apoyo en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; dada la relevancia de este acuerdo, se ordena agregar una impresión del mismo al expediente físico del juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia dictada el quince de julio de dos mil veintidós (fojas 232 - 250), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ...., contra el acto reclamado al Congreso del Estado de Oaxaca y Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, consistente en la discusión, aprobación y publicación del artículo 17, fracción II, inciso c), de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, y su aplicación por el Comité de Transparencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca y Presidenta de ese Comité de Transparencia. Inconforme con dicha sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, y mediante ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, en el amparo en revisión 374/2022 de su índice, modificó la resolución recurrida, amparando al quejoso ..., contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Oaxaca y Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, consistente en la discusión, aprobación y publicación del artículo 17, fracción II, inciso c), de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, y su aplicación por el Comité de Transparencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca y Presidenta de ese Comité de Transparencia, para los siguientes efectos: "[.] No se aplique al quejoso en el presente y en lo futuro el artículo 17, fracción II, inciso c), de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, hasta en tanto dicho ordenamiento subsane el vicio de inconstitucionalidad advertido. Se deje insubsistente el acto de aplicación de la citada porción normativa,consistente en el acuerdo tomado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por el Comité de Transparencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, donde se ordenó la expedición de copias certificadas al promovente del amparo, previo pago de la cantidad estipulada en el artículo 17, fracción II, inciso c), de la Ley Estatal de Derecho de Oaxaca, esto es cero punto cero un UMA (0.01), por certificación de cada copia posterior a las primeras veinte. Lo anterior, sin relevarlo de la obligación de enterar el costo razonable que para el Estado representa la expedición de copias, para lo cual deberá aplicarse el costo que en el mercado tiene una fotocopia, esto de cincuenta centavos por fotocopia. [.] En atención a ello, mediante auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a las responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio JAESPO/CT/039/2023, el Presidente del Comité de Transparencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, remitió el acuerdo JAESPO/CT/04-ORD-REPOSICIÓN/2023, de cuatro de octubre del año en curso, emitido por el Comité de Transparencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca -con firmas autógrafas-, del que se advierte: 1. Se ordenó que no se aplicara en el presente y en lo futuro, el artículo 17, fracción II, inciso c), de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca, respecto a las cantidades que por concepto de derechos se generen con motivo de los servicios en materia de transparencia y acceso a la información que se otorguen por parte de ese Tribunal burocrático al aquí quejoso Heriberto Hedy Matadamas Vargas, hasta en tanto dicho ordenamiento subsane el vicio de inconstitucionalidad advertido en la ejecutoria de amparo. 3.- Dejó insubsistente el acto de aplicación de la citada porción normativa, consistente en el acuerdo tomado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós por el Comité de Transparencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, donde se ordenó la expedición de copias certificadas al promovente, previo pago de la cantidad estipulada en el artículo 17, fracción II, inciso c), de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca, esto es, cero punto cero un UMA (0.01), por certificación de cada copia posterior a las primeras veinte. Lo anterior, sin relevarlo de la obligación de enterar el costo razonable que para el Estado representaría la expedición de copias, con base en el precio que en el mercado tiene una fotocopia, esto es de cincuenta centavos por fotocopia. Así también, en el referido acuerdo el citado Comité determinó: "(.) dejar al solicitante en aptitud de que, previa cita que agende con la Encargada del Departamento de Asuntos Colectivos, pueda acudir al establecimiento comercial de su elección para obtener el servicio de fotocopiado de los documentos que contengan la información solicitada a este sujeto obligado en los puntos 1, 2, 4 y 5 de su petición formulada por escrito presentado ante la JAESPO de fecha 16 de marzo de 2022 al precio en el mercado que le resulte más favorable a su economía, el cual en promedio es de cincuenta centavos por fotocopia, según fue determinado y constatado en la investigación realizada con motivo del Amparo en Revisión número 374/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito promovido por el solicitante, lo cual deberá realizar en compañía del servidor público adscrito a la JAESPO que se le designe y dentro del plazo de sesenta días hábiles de conformidad con el artículo 135 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, tendrá que realizar una nueva solicitud, para lo cual se requiere a la Encargada del Departamento de Asuntos Colectivos de este tribunal para que tome las medidas de seguridad procedentes a fin de proteger los datos personales y/o sensibles y/o la información reservada que en su cado pudieran contener los documentos cuya consulta, reproducción y entrega se autorizaron al referido solicitante, en reiteración a las consideraciones de la primigenia respuesta que no fueron objeto de los efectos concesorios del amparo y a lo resuelto por los integrantes de este órgano colegiado mediante su primer sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, siendo de suma importancia precisar que, para certificar las copias fotostáticas de los documentos en comento, NO SE PEDIRÁ AL SOLICITANTE CUBRIR NINGÚN COSTO ADICIONAL A AQUÉL QUE SUFRAGUE por el servicio de fotocopiado (.)" Con base en lo anterior, se considera que la autoridad responsable cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, pues para ello: 1) Ordenó que no se aplicara en el presente y en lo futuro al quejoso el artículo 17, fracción II, inciso c), de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca, hasta en tanto dicho ordenamiento subsane el vicio de inconstitucionalidad advertido; 2) Dejó insubsistente el acto de aplicación de la citada porción normativa, consistente en el acuerdo tomado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por el Comité de Transparencia de la Junta de Arbitraje para los empleados al servicio de los Poderes del Estado. 3) Ordenó expedir al quejoso las copias que solicitó en escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, sin costo adicional por certificación de cada copia salvo lo que sufragara por el pago del servicio de fotocopiado, dejándolo en aptitud de elegir el establecimiento comercial que le oferte mejor precio en dicho servicio -fotocopiado-, para lo cual tomó las medidas pertinentes para el egreso de la documentación a fotocopiar. En ese orden, se considera que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones realizadas por el quejoso en escrito con número de registro 15483, en el sentido de que el Presidente del Comité de Transparencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, no cumplió con la ejecutoria de amparo, porque lo releva del pago de derechos fijados por la expedición de copias en la ejecutoria de amparo, pues afirma en ninguna parte de la ejecutoria se advierte que debe pagar el servicio de fotocopiado, ya que lo que le corresponde es el pago de derechos por el servicio público solicitado, esto es, por la expedición de las copias certificadas de la información pública que requiere; incluso insiste, que en la ejecutoria se establece que el pago de derechos debe ser a razón de cincuenta centavos por fotocopia, por concepto de pago de derechos y no por el servicio de fotocopiado, como ilegalmente se le exige. En efecto, si bien de la lectura de la ejecutoria de amparo, se advierte que al realizar el estudio de los agravios planteados por el recurrente -quejoso-, en lo que interesa, el Colegiado señaló: "[.] Así, atendiendo al principio de debida diligencia, para reparar integralmente a la parte quejosa en el goce de su derecho violado de manera pronta, asimismo, a fin de que (sic) corregir la incongruencia advertida y para que exista una verdadera restitución del derecho violado al quejoso como lo aduce el recurrente, al no encontrar la justificación formal y material del costo razonable que para el Estado representa la expedición de cada copia certificada adicional a las primeras veinte que señaló el juez de Distrito; se establece que el costo que deberá pagar el quejoso por el servicio que obtenga, debe ser el valor comercial correspondiente a una fotocopia por cada hoja certificada adicional a las primeras veinte, atendiendo al costo que en el mercado tiene una fotocopia; sin importar si la autentificación que realice la autoridad sea por cada hoja, o bien, por la totalidad de las fotocopias expedidas. Lo cual, se considera es acorde con la doctrina del Alto Tribunal, en la cual se establece no debe exentarse del pago del servicio prestado por el Estado, habida cuenta que en relación con las consideraciones dadas por el a quo, la restitución de la garantía violada solo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa fijada que es desproporcional, no que deje de pagar el costo del servicio; siendo un hecho cierto que la expedición de fotocopias -servicio regulado por el artículo tildado de inconstitucional- sí tiene un costo para el Estado, debido a que utiliza diversos insumos para realizar el fotocopiado correspondiente, la tinta y el sello correspondiente, la energía eléctrica que sirve para la máquina fotocopiadora, el mantenimiento de ésta, etcétera, que debe ser cubierto al recibir el mismo. [.]." Esto es, que el quejoso debe cubrir como costo por el servicio que se le brinda -expedición de copias certificadas-, el pago del valor comercial correspondiente a una fotocopia por cada hoja certificada adicional a las primeras veinte; sin tomar en consideración si la autentificación que realice la autoridad sea por cada hoja, o bien, por la totalidad de las fotocopias expedidas; que el pago por el costo de dicho servicio, comprende el gasto que implica para el Estado llevar a cabo el fotocopiado requerido, como son los insumos que utilice, como la tinta, el sello correspondiente, la energía eléctrica para la máquina fotocopiadora, su mantenimiento, entre otros. No obstante, se considera que la concesión del amparo no tiene el alcance de obligar a la autoridad responsable ejecutora a cobrar al quejoso -indefectiblemente-, el pago de derechos por las copias certificadas de la información pública solicitada, si en su acuerdo determinó que el quejoso puede elegir para el servicio de fotocopiado el establecimiento comercial de su elección, el que incluso le pueda brindar un costo menor al de cincuenta centavos que es el valor comercial general precisado en la ejecutoria de la Alzada. Esto, porque lo que determinó el Tribunal Colegiado, es que el quejoso pagara por derechos el monto del costo que representa para el Estado la Expedición de cada copia, entendida como los gastos realizados para fotocopias, y no el establecido en el artículo 17, fracción II, inciso c), de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca -que se declaró inconsitutucional-; luego, si la responsable determina por cuestiones internas -al contar con una sola fotocopiadora y tener otras peticiones de diversos usuarios pendientes-, que esas copias las obtenga el promovente en el negocio de su elección, esto, sin cobrarle costo adicional que el que sufrague por el servicio de fotocopiado, ello es acorde a lo determinado en la ejecutoria de amparo, pues no se le está aplicando el citado precepto, ni se le está cobrando costo alguno por el servicio de expedición de copias certificadas, pues puede llevar a cabo el fotocopiado en el establecimiento comercial que elija, lo cual se reitera, no contraviene lo determinado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior, máxime que al precisar los efectos de la concesión del amparo, el Tribunal de Alzada no constriñe a la autoridad responsable ejecutora a que, de manera directa lleve a cabo el fotocopiado, sino que, fija el efecto, en el sentido de no aplicar al quejoso el precepto inconstitucional, pero sin dejar de cubrir el costo razonable que para el Estado representa ese fotocopiado, aplicando el monto que en el mercado tiene una fotocopia -cincuenta centavos-. Por tanto, se reitera, si la responsable no lleva a cabo ese fotocopiado, no existe obligación para el quejoso de cubrir el costo por el servicio prestado, además que claramente determina la autoridad que no deberá pagar monto adicional que el que lleve a cabo para el pago de sus copias en el lugar de su elección. Por otra parte, en relación a la diversa solicitud del promovente de amparo, contenida en el ocurso con número de registro 15502, en el que solicita se la imponga al Gobernador del Estado, la multa con que fue conminado en auto de tres de octubre del año en curso, al no cumplir con la ejecutoria de amparo; dígase al promovente que no ha lugar, toda vez que en este auto se ha declarado el cumplimiento de la sentencia de amparo. Finalmente, incorpórese al expediente físico el presente acuerdo, toda vez que se trata de una determinación relevante, en razón de que es una resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos del quejoso ********************, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones de inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; al respecto, hágase de su conocimiento que una vez que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, que se otorgó en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se acordará lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso "************************, mediante el cual realiza manifestaciones de inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; al respecto, hágase de su conocimiento que una vez que las autoridades responsables den cumplimiento al requerimiento de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se acordará lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.
Quedan 28 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Heraclio Bonilla Gutiérrez, apoderado de Laura Ruíz Ramos1202/2016
- Herbert Giovanni López Ramírez607/2019
- Herculano Pérez Vásquez223/2017
- Heriberto Acevedo Avendaño437/2018
- Heriberto Fuentes Camarena187/2022
- Heriberto Garza Trinidad441/2021
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas905/2017
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas453/2012
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas1810/2016
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas81/2019
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas554/2019
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas751/2022