Heriberto Hedy Matadamas Vargas
Expediente 644/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Heriberto Hedy Matadamas Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, en atención a su contenido como lo solicita el quejoso Heriberto Hedy Matadamas Vargas, se revoca la autorización para consultar el expediente electrónico y se instruye a la analista jurídico SISE de este órgano jurisdiccional para que realice la baja del usuario que el quejoso proporcionó para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio descrito en la cuenta, mediante el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 400/2022 y devuelve las constancias originales del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 644/2022 y un tomo de pruebas; acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del correspondiente medio de impugnación. Ahora bien, de la ejecutoria remitida se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, revocó la sentencia recurrida, que sobreseyó el amparo, determinando: "PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, contra los actos reclamados consistentes en las resoluciones de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictadas por el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Centro, Oaxaca, en el juicio ejecutivo mercantil 517/2018. Notifíquese;." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. I. Atento a lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. III. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, atendiendo a que este juicio de amparo en un primer momento se sobreseyó, no obstante la Superioridad revocó dicha determinación y negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte disidente, en consecuencia, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General. IV. Por tanto, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 17 del citado acuerdo, se considera que este expediente es conservable, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años al dictado de este acuerdo hágase la transferencia respectiva. V. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Finalmente, por carecer de objeto su permanencia en este Juzgado devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el cuaderno de pruebas que obra por separado y que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito acusa recibo del escrito de interposición del recurso de revisión y expresión de agravios de la parte quejosa contra la sentencia dictada en el juicio de amparo de donde deriva este cuaderno, así como de los autos de tal asunto e informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación, por lo que se toma conocimiento de tales determinaciones. Notifíquese
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 644/2022, promovido por ***, contra actos de la Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. ANTECEDENTES Ante el extinto Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial del Centro, se radicó el juicio ejecutivo mercantil 1416/2006, en el cual Heriberto Hedy Matadamas Vargas, endosatario en procuración de Octavio Azamar Gallardo demandó de Alejandrina Fabiola Canseco Cruz, como deudora principal y Ricarda Sara Mendoza Antonio, como aval, el pago de diversas prestaciones. Seguido el trámite del juicio ejecutivo mercantil en comento, el veintisiete de octubre de dos mil ocho, se dictó sentencia definitiva, en la cual se condenó a las demandadas el pago de diversas prestaciones. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, acorde a lo establecido en el Acuerdo General 42/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, asumió la competencia para seguir conociendo del expediente, registrándolo bajo el número 517/2018. El seis de agosto de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo a la demandada Ricarda Sara Mendoza Antonio, en la cual, bajo la más estricta responsabilidad de la parte actora, se embargó el bien inmueble precisado en dicha actuación. Seguido el trámite del juicio, el doce de enero de dos mil diez, se dictó sentencia en el juicio natural, donde se condenó a la parte demandada; de ahí que dicho asunto actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio natural, se negó al actor aquí quejoso, la solicitud de que recayera en él, la depositaría respecto al bien embargado en el juicio natural. En diverso proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la responsable, tampoco accedió a la solicitud del impetrante en el sentido de ordenar notificar a la parte demandada el incidente de aclaración de datos de embargo, por lista. Inconforme dichas determinaciones, en proveídos de dieciséis de febrero y nueve de marzo, ambos del año que transcurre, la responsable tuvo al quejoso interponiendo recurso de revocación contra de parte considerativa de los acuerdos de dos de diciembre de dos mil veintiuno y dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Reciente, el veinte de mayo de dos mil veintidós, para ser exactos, la jurisdicente responsable al resolver los recursos de revocación respectivos estimó parcialmente fundados los agravios enderezados en su contra y emitió nuevas determinación las cuales a continuación se transcriben: Respecto al proveído de dos diciembre de dos mil veintiuno: "Visto el contenido del punto número dos del escrito de cuenta, tomando en consideración que se solicita se le otorgue en depositaría el bien embargado de este juicio, dígase al promovente que no ha lugar otorgarle la depositaría que requiere ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 1392 del Código de Comercio, en relación con el artículo 2539 del Código Civil Federal, 444 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la depositaría deberá recaer en un tercero designado por el actor y bajo la responsabilidad de éste, esto como se lee de los numerales antes mencionados y que se transcriben para una mejor comprensión de ellos." En relación al proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós: "Visto el contenido del segundo, dígasele que no ha lugar a ordenar la notificación a las demandadas en el incidente de aclaración de datos de embargo, en los estrados de este Tribunal, toda vez que la vista que se le dio fue respecto a la imposibilidad de notificar a las demandadas respecto del incidente de actualización de liquidación de intereses, a que se dio trámite por auto de fecha veinticinco de junio del año dos mil veintiuno y el diverso de octubre seis del mismo año; esto como se aprecia de las actuaciones judiciales con valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 1294 del Código de Comercio. Determinaciones que constituyen la materia del presente juicio. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO En este juzgado se encuentra tramitado el juicio de amparo 542/2022, promovido por el quejoso Heriberto Hedy Matadamas Vargas, en cual reclamó de la Juez Primero de lo Civil del Centro, Oaxaca, la omisión de resolver los recursos de revocación interpuestos en contra de los proveídos de dos de diciembre de dos mil veintiuno y dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Por escrito de treinta de mayo de dos mil veintiuno, en los autos de aquel juicio el quejoso intentó ampliar la demanda de amparo, contra las determinación de veinte de mayo del presente año que resolvieron los medios ordinarios de defensa enunciados. Sin embargo, al considerarse que dichos autos no guardaban una relación directa en contra de los originalmente planteados, no se tuvo por admitida dicha ampliación por lo que se ordenó mandar a tramitar como una demanda nueva a la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, quien a su vez, retornó dicho escrito a este órgano jurisdiccional. Así las cosas, dicho escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, motivo por el cual, se radicó en este juzgado, se le asignó el progresivo 644/2022 y previa requerimiento, el trece de junio último, se admitió a trámite, se dio vista a la representación social y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Atendido al sentido del fallo, no se estimó necesario el emplazamiento a este juicio de la contraparte del sumario natural. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiuno de julio de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado resulta ser de naturaleza mercantil y se atribuye a una autoridad que reside dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de la Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, lo siguiente: La resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós por la que resuelve el recurso de inconformidad en contra de la determinación de dos de diciembre de dos mil veintiuno en el expediente 517/2018. La resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós por la que resuelve el recurso de inconformidad en contra de la determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 517/2018. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir informe justificado, aceptó el acto que se le reclamó, precisando que es cierto que en su juzgado se lleva el expediente 517/2018, en el cual por determinaciones de veinte de mayo de dos mil veintidós, se resolvieron los recursos de revocación reclamados. Lo que se corroboró con copias certificadas derivadas del ejecutivo mercantil 517/2018 del índice de la responsable; mismo que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y del que se advierte la existencia del acto combatido. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." LEGITIMACIÓN Heriberto Hedy Matadamas Vargas, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque tiene el carácter de actor en el juicio ejecutivo mercantil 517/2018 del índice del Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al ser el endosatario en procuración de Octaviano Azamar Gallardo. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este órgano jurisdiccional, advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Énfasis es propio). Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos que no son la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De ahí que las determinaciones mencionadas que aquí se pretende reclamar no constituyen la última resolución dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 517/2018, toda vez que en las constancias que obran en autos, se advierte que dicho sumario se encuentra en la etapa de ejecución; de ahí que en la especie, este juzgador estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Determinaciones que a criterio de este órgano jurisdiccional, no son de aquellas contra los que proceda amparo indirecto, toda vez que resulta evidente que fueron dictadas en el período de ejecución de la sentencia emitida en expediente mercantil 517/2018; y el amparo indirecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, transcrito, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de sentencia, momento en el que se pueden reclamar las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como los actos que aquí se impugnan. En efecto, se reitera que las determinaciones de la responsable en la cual señala que i) no es factible otorgarle en depositaría el bien embargado en ese juicio, y ii) en la que determina no ha lugar a ordenar la notificación a las demandadas en el incidente de aclaración de datos de embargo en los estrados del tribunal responsable. no se aprecia que constituyan la última resolución, pues como tal debe entenderse aquella que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P/J 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y uno, del tomo XIII, Abril de dos mil uno, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Conviene puntualizar, que el acto reclamado, no encuadra en los casos de excepción, que estable la prevista en el artículo 107, fracción VI de la ley de la materia para la procedencia del amparo biinstancial, tratándose de actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, que sería esa la condición para actualizar la procedencia del juicio de garantías, puesto que en autos se encuentra acreditado que es parte en la controversia mercantil, donde tiene reconocida plenamente su personalidad, y alega que por contar con ese carácter de parte, es que la responsable debió de notificar la fecha señalada para la ejecución material; razón por la cual, no se puede considerar como persona extraña al juicio agrario de donde deriva el acto tildado de inconstitucional. Tampoco se advierte que con la realización del acto reclamado se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, tales como la propiedad, posesión o la libertad, que dieran lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que resulta factible que puedan ser reclamados precisamente cuando se impugne la última resolución que se dicte en contradictorio de origen. Puesto que, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado de manera general que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación sistemática de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Esto acontece de esa manera, puesto que como se dijo, se advierte que lo que la parte quejosa reclama son las determinaciones de veinte de mayo de dos mil veintidós, en las que al resolver los recursos de revocación planteados señaló que i) no es factible otorgarle en depositaría el bien embargado en ese juicio, y ii) en la que determina no ha lugar a ordenar la notificación a las demandadas en el incidente de aclaración de datos de embargo en los estrados del tribunal responsable, cuestiones que no son ajena a la cosa juzgada y que no se advierte que lesionen derechos sustantivos ajenos a esta. Tal y como lo preciso, el Pleno del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 108/2010 (9ª), de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Actos dentro los cuales no se encuentra la designación o negativa de la misma de nombrar al quejoso, como en el caso acontece, como depositario del bien inmueble embargado en el juicio de origen, puesto que tal carácter, no propicia que se le puedan incorporar o afectar derecho alguno en su esfera jurídica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.C. J/12 C (10a.) localizable con el registro digital: 2023203, que al efecto refiere: "DEPOSITARIO DEL MENOR DE EDAD. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA EL DEPÓSITO Y ORDENA SU RESTITUCIÓN, SALVO QUE SE AFECTEN DERECHOS ESTRICTAMENTE PERSONALES DEL DEPOSITARIO, POR LO QUE LA DEMANDA DE AMPARO DEBE TRAMITARSE A FAVOR DEL MENOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO. La legitimación constituye un presupuesto procesal que debe tener la persona para que sea procedente el juicio de amparo que plantee; en términos de los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, se tiene cuando quien lo promueva contra una resolución judicial, sea la parte directamente afectada en su esfera de derechos por el acto reclamado, es decir, tenga interés jurídico para impugnarlo, o bien, sea representante legal de la persona directamente agraviada. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 156 y 345 del Código Civil, y 158 a 168 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz, que regulan el depósito de personas, se desprende que el depositario del menor de edad acepta voluntariamente el cuidado y protección de éste, por lo que se constituye en un auxiliar del Juez en el cargo provisional que le fue encomendado, pero tal carácter de depositario no incorpora derecho alguno en su esfera jurídica, ni adquiere el carácter de representante del menor de edad, pues tal representación, por regla general, la tienen los padres, atento a lo dispuesto en los artículos 343, 354 y 356 del mencionado Código Civil. En tales condiciones, la resolución que revoca el depósito y ordena la restitución del menor de edad, no afecta el interés jurídico del depositario, pues sólo lo libera de la responsabilidad que tenía encomendada, de modo que el juicio de amparo que por propio derecho promueva, resulta improcedente, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la referida ley, salvo que tal resolución viole derechos estrictamente personales del depositario, en cuyo caso sí tendrá interés para impugnar los actos que real y directamente le afectan, pero por propio derecho y no como depositario; y si lo plantea en representación del menor, en este caso se da la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII del citado precepto 61, en relación con el 6o. del mismo ordenamiento, de donde resulta precisamente que no tenga legitimación para promover el juicio de amparo en contra de dicha resolución judicial. En consecuencia, los tribunales de amparo, en el ámbito de sus atribuciones, deberán tramitar la demanda promovida en favor del menor de edad, en términos del artículo 8o. de la indicada ley, e incluso suplir la deficiencia de la queja cuando de ella pueda derivar en un beneficio para el menor de edad, a fin de garantizar su interés superior. Así entonces, resulta evidente la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de la Materia, pues como se explicó, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, sin que los actos que se reclaman en este asunto, cumplan con ese extremo, ni sean de los casos de excepción, pues como lo ha sostenido nuestro Máximo Órgano de Control Constitucional, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Abundando en lo anterior, debe decirse que el acto reclamado, no encuadra en los casos de excepción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que para que la acción constitucional biinstancial sea procedente, se requiere que los mismos no se dicten en ejecución de la sentencia, los cuales revisten el carácter de autónomos y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, como son el arresto como medida de apremio o la adjudicación de los bienes que fije en cantidad líquida la condena, pues la resolución controvertida está vinculada con seguir la secuela procesal de dicho un juicio civil; por lo que dicho extremo de excepción, no se satisface en este asunto. Sobre el tópico, cobra aplicación la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, cuyos rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la misma ley, en relación con el artículo 107, fracción I, constitucional, lo precedente es sobreseer en el presente juicio. Finalmente, resulta oportuno precisar que la presente determinación no se contrapone con lo resuelto en el diverso juicio de amparo 618/2022 del índice de este juzgado, en el sentido que en ese asunto, resultó procedente el análisis de la cuestión planteada, la cual se alegaron violaciones al artículo 17 constitucional, a diferencia el presente sumario en el que se alegan violaciones de carácter adjetivo, tal y como se evidencia en a lo largo de la presente determinación. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que reclama de la Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado VII del presente fallo. NOTIFÍQUESE.
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