Heriberto González Trujillo
Expediente 1276/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Heriberto González Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En doce de noviembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, CERTIFICA: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veintiocho de octubre de dos mil quince, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, lo que se asienta para los efectos legales conducentes.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta al Juez, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a doce de noviembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El treinta de septiembre de dos mil quince, se dictó sentencia en el presente juicio de garantías, en la que se por un lado se sobreseyó y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Heriberto González Trujillo, en los términos siguientes: En tales condiciones, procede otorgar al quejoso HERIBERTO GONZÁLEZ TRUJILLO, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las responsables, den una respuesta, a la solicitud que formuló el quejoso mediante escrito presentado en fecha seis de julio de dos mil quince, y le sea notificado de manera personal en el domicilio que señaló para ese efecto; ya que sólo de esta manera se podrá restituir el orden constitucional vulnerado, como lo ordena el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo." Posteriormente, en auto de veintidós de octubre del presente año, se declaró que la sentencia protectora de garantías causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables, Presidente y Tercera Visitaduría General, ambos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días diera cumplimiento al fallo protector de garantías (f.90). Mediante oficio V3ZAC/8947/2015 de veintisiete de octubre del año que transcurre, la Tercer Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo acompañando para ello las constancias, con las que dio contestación a la pretensión del quejoso, de fecha dos de octubre de dos mil quince, con el cumplió con la ejecutoria de amparo (f.94 a 95) Posteriormente, mediante proveído de veintiocho de octubre de la presente anualidad y con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordenó dar vista al promovente del amparo por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho corresponda, sin que haya hecho manifestación alguna. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto ahí precisado; y además, existe constancia en autos de que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector de garantías en la que siguió los lineamientos requeridos para su cumplimiento; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Andrés.
- Principal
En veintiocho de octubre de dos mil quince, el Secretario Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez, con el oficio y anexo, registrado con el número 21408.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de octubre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, firmado por la autoridad responsable Tercera Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, mediante el cual da cabal cumplimiento al requerimiento que se les hizo por auto de veintidós del presente mes y año y con el cual informa que dio respuesta al aquí quejoso Heriberto González Trujillo a la solicitud que formuló mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil quince y le fue notificado de manera personal en el domicilio que señaló para ese efecto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el mismo, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
En veintidós de octubre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para las partes del seis al veinte del presente mes y año, con exclusión de cinco días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada por este juzgado dentro del juicio de amparo número 1276/2015, promovido por Heriberto González Trujillo.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada por este Juzgado, en la cual por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en los artículos 72 y 192, de la Ley de Amparo vigente, prevéngase a las autoridades responsables Presidente y Tercer Visitaduría General, ambos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sede en esta ciudad de Zacatecas, para que acaten en sus términos el fallo protector de que se trata e informen sobre su cumplimiento dentro del término de TRES DÍAS, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a cada una, una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1276/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, HERIBERTO GONZALEZ TRUJILLO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad responsable: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. LA TERCERA VISITADURIA GENERAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS AMBAS AUTORIDADES CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS. A). El oficio V3ZAC/5895/2015, de fecha veinte de julio del año dos mil quince, emitido por la señalada como ejecutora en el que se niega la expedición de copias certificadas del expediente marcado con el número CEDHEZ/392/2015. B). La omisión de dar contestación a mi petición de fecha seis de julio del año dos mil quince, dentro del oficio V3ZAC/5895/2015, de fecha veinte de julio del año dos mil quince, emitido por la señalada como ejecutora, en el sentido de que se solicite informe al jefe del departamento jurídico licenciado Enrique Víctor Rodríguez Aguirre, dependiente de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, respecto de mi situación laboral dentro de esa dependencia." Precepto constitucional que se estima violado. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, la contemplada en el artículo 1, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular dictó proveído el veintisiete de julio de dos mil quince, en el que ordenó su admisión y registro bajo expediente 1276/2015; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar a los terceros interesados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme lo disponen las tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, consiste en la negativa de expedir copias certificadas del expediente marcado con el número CEDHEZ/392/2015 y la omisión de dar contestación a la petición del quejoso en el sentido de que se solicite informe al Jefe del Departamento Jurídico licenciado Enrique Víctor Rodríguez Aguirre, dependiente de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, respecto de la situación laboral del quejoso dentro de esa dependencia. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: Son ciertos los actos que se reclama al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Tercera Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, toda vez que así lo reconocieron al rendir su respectivo informe con justificación (f. 12-13 y 42-47). Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas que para tal efecto remitieron las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento legal, en el que obra el acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se analiza la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La autoridad responsable, Tercera Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, ambas con sede en esta ciudad, manifiestan que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, toda vez que dice, que el quejoso no agotó el principio de definitividad, que prevé el artículo 61 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en esencia dice lo siguiente: "Art. 61. Las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se sustanciarán con base en lo dispuesto por el artículo 102 apartado «B», de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiéndose hacer valer dentro de los treinta días naturales contados a partir de que la parte quejosa tenga conocimiento del hecho." En apoyo a lo anterior, las responsables sostienen que el quejoso debió agotar el recurso de inconformidad, en contra de la resolución emitida por esa dependencia en cuanto a su solicitud de copias certificadas, puesto que se trata de un acto de omisión, por lo que tenía a su alcance dicho recurso, previo al juicio de amparo indirecto. En atención a lo anterior, cabe mencionar lo siguiente, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente lo siguiente: Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De esta porción normativa se obtiene que el juicio de amparo es procedente únicamente contra actos administrativos que no sean susceptibles de modificación o revocación a través de algún recurso o medio de defensa ordinario, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional lo hubiere hecho valer o no con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones limitativamente previstas en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el punto es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, bajo registro 187016, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consultable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que no se contrapone a las proposiciones de la Ley de Amparo vigente, y dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, la quejosa señaló como primer acto reclamado el oficio V3ZAC/5895/2015, de fecha veinte de julio del año dos mil quince, emitido por la señalada como ejecutora en el que niega la expedición de copias certificadas del expediente marcado con el número CEDHEZ/392/2015. Por su parte, la responsable Tercera Visitaduria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado manifestó lo siguiente: "Primero.Segundo.Tercero.- El primer acto que reclama y hace consistir en a). El oficio V3ZAC/5895/2015, de fecha veinte de julio del año dos mil quince, emitido por la señalada como ejecutora en el que niega la expedición de copias certificadas del expediente marcado con el número CDHEZ/392/2015." Acto que se niega su inconstitucionalidad y por ende no violenta derecho alguno, lo anterior en atención al fundamento que se le dio desde la contestación misma, concretamente el artículo 63 del Reglamento Interno de esta comisión que dice: "ARTÍCULO 63.- La Comisión no está obligada a entregar ninguna de las constancias que obran en los expedientes de Queja, sea a solicitud del Quejoso o de la Autoridad. Tampoco estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación. Sin embargo, el visitador previo acuerdo con el Presidente de la Comisión, podrá determinar si se accede a la solicitud respectiva; el Acuerdo correspondiente se notificara al solicitante a través de oficio, exigiéndose el acuse de recibo que corresponda." Manifestación a la cual se adhiere la diversa responsable en su calidad de autoridad ordenadora Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas Asimismo, señala que en el caso concreto se le indicó que podría consultar el expediente en las fechas y horas de servicio de ese Organismo, y entre otras cosas señala la responsable que este Juzgado deberá analizar si la demanda cumple o no con el principio de definitividad, (artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo), toda vez, que para la parte quejosa dentro de un procedimiento de queja, que aún no concluye, es decir, está en trámite opera el recurso de inconformidad, previsto en el artículo 61 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en concordancia con los similares, 3°, 4° y 6° fracciones IV y V de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De todo lo anterior, se advierte que en efecto y por lo que se refiere al primer acto que reclama a las responsables acuerdo que niega la entrega de copias y atendiendo al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previo a la interposición del amparo indirecto ante este Órgano Jurisdiccional, el quejoso tenía su alcance el recurso de inconformidad ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta entidad federativa, el cual no agotó, en las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo debido es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales, por lo que se refiere al acto reclamado en primer término, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, y en cuanto al segundo de los actos que reclama el peticionario de garantías, y que hace consistir en: "B). La omisión de dar contestación a mi petición de fecha seis de julio del año dos mil quince, dentro del oficio V3ZAC/5895/2015, de fecha veinte de julio del año dos mil quince, emitido por la señalada como ejecutora, en el sentido de que se solicite informe al jefe del departamento jurídico licenciado Enrique Víctor Rodríguez Aguirre, dependiente de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, respecto de mi situación laboral dentro de esa dependencia." A juicio de este Juzgador no se advierte, que se actualice la citada causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, tal y como lo señala la citada autoridad responsable, o alguna otra de oficio, por lo tanto, lo que procede es entrar al estudio de los conceptos de violación que alega la parte quejosa en su escrito de demanda, cuya falta de trascripción no transgrede las reglas que norman el procedimiento en el juicio de amparo, de conformidad con la Jurisprudencia 2ª./J./58/2010, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." IV.I. Conceptos de Violación. Es esencialmente fundado el concepto de violación que esgrime el peticionario del amparo HERIBERTO GONZÁLEZ TRUJILLO, en el que aduce infracción al derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Conforme a este dispositivo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el derecho de petición, para cuyo efecto debe satisfacer plenamente los requisitos formales que se desprenden de la tesis que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo". Ahora bien, la impetrante HERIBERTO GONZÁLEZ TRUJILLO, reclama de las responsables Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Tercera Visitaduria General de la propia Comisión, ambas con sede en esta ciudad, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado en fecha seis de julio de dos mil quince, mediante el que solicitó se pidiera informe al Jefe del Departamento Jurídico licenciado Enrique Víctor Rodríguez Aguirre respecto a su situación laboral. Para justificar que realizó esa petición ante la autoridad responsable, acompañó a su demanda copia certificada del citado escrito, el que se aprecia que está debidamente sellado por la dependencia en comento y con fecha de recepción precisamente del día seis de julio de dos mil quince. En ese tenor, la responsable, no demostró que se haya dado respuesta a la petición que le fuera hecha, lo que pone en evidencia la existencia de la abstención reclamada, y por ende, la infracción al derecho fundamental que defiende el quejoso. Por otra parte, no pasa inadvertido, que la responsable Tercera Visitaduria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado adjunto copia certificada del oficio V3ZAC/5700/2015, de fecha 29 de junio de dos mil quince, dirigido al licenciado Enrique Víctor Rodríguez Aguirre, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de Educación, para que proporcione copia del procedimiento o bien informe número y estado que guarda, pero también, es cierto que no remite constancia que acredite haber notificado el resultado a dicha solicitud al quejoso del que se desprenda que en efecto se le dio contestación a su solicitud, por lo que, en uso de sus atribuciones debió realizar las gestiones necesarias a efecto de satisfacer dicha solicitud, no obstante que en el contenido de su informe argumenta que dicha petición del quejoso aparece posterior a la solicitud de copias, que si se respondió, pues contrario a lo manifestado por la responsable, del escrito presentado por el quejoso ante dicha autoridad, se desprende que la solicitud fue realizada en el mismo escrito, y al ser dos actos diferentes de ahí que el contenido de esas solicitudes no tenga el alcance de dar cumplimiento a los requisitos formales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, procede otorgar al quejoso HERIBERTO GONZÁLEZ TRUJILLO, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las responsables, den una respuesta, a la solicitud que formuló el quejoso mediante escrito presentado en fecha seis de julio de dos mil quince, y le sea notificado de manera personal en el domicilio que señaló para ese efecto; ya que sólo de esta manera se podrá restituir el orden constitucional vulnerado, como lo ordena el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 1276/2015, promovido por Heriberto González Trujillo, contra el primer acto que reclamó de las autoridad señaladas como responsables. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Heriberto González Trujillo, contra la omisión que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos señalados en la parte final del último considerando de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABSLE. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy treinta de abril de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.- DOY FE. L´ECA.
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