Heriberto Gamboa Cuellar

Expediente 950/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
950/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Heriberto Gamboa Cuellar

Actuaciones

  1. Principal

    ...I...HA causado estado...

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el escrito firmado por el licenciado Martín Eduardo Silguero Muñoz, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al acuerdo dictado por este órgano jurisdiccional el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en la suspensión del procedimiento administrativo laboral 00489/E06/2019, por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que del contenido del informe justificado con que se da cuenta, se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, ya reanudó el procedimiento del expediente administrativo laboral 00489/E06/2019, ya que en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, señaló las once horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por lo que han quedado sin efectos los actos reclamados, puesto que, como se dijo, la autoridad responsable ya continuó con el procedimiento laboral antes mencionado que era la causa de pedir en esta instancia constitucional (paralización del juicio administrativo laboral). No obstáculo para lo anterior, que en el presente caso, también se reclamara la omisión del actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de llevar a cabo las notificaciones del proveído antes precisado, puesto que dicho acuerdo fue emitido con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen a este expediente, lo cual ocurrió el diez de agosto de dos mil veintidós; de ahí que, no pueda reprochársele un acto cuya omisión de realizar no existía antes de instar la presente contienda constitucional. Máxime que los actos reprochados derivan de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que el interesado se encuentra obligado a encontrarse pendiente de las solicitudes que planteé dentro del procedimiento que le interesa, así como de los acuerdos que en él se emitan y las notificaciones que de los mismos se deriven, por lo que se reitera, han cesado los efectos de los actos omisivos que se reclamaron. En tales condiciones, al haber cesado los efectos de los actos reclamados a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Finalmente, no constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de agosto de dos mil veintidós. Admisión de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por Heriberto Gamboa Cuellar, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad; regístrese en el libro respectivo con el número 950/2022-I. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. Juicio en línea. Tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Intervención al Fiscal de la Federación adscrito. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, en relación con el 4º., fracción IV de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito. Incidente de suspensión. Sin que sea necesario tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Informe justificado. En términos de los artículos 115 y 117 de la ley de la materia, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por el quejoso, remitir las constancias necesarias. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o no remitir las copias certificadas completas y legibles de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. Requiérase a las partes, para que informen oportunamente a este juzgado, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, 60/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sustento en el numeral 251 de la ley de la materia. Audiencia constitucional. De conformidad en el numeral 115 de la Ley de Amparo, se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós. Pruebas. Respecto a las documentales exhibidas por la parte agraviada, de conformidad en lo previsto en el dispositivo 119 de la legislación en cita, se tienen por ofrecidas y desahogadas desde este momento en razón de su propia y especial naturaleza. Llamamiento a tercero interesado. El agraviado en su escrito de demanda, señala como tercero interesado a, con domicilio en; de ahí que, de conformidad en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene con tal carácter. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 115 de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria adscrita a efecto de que se constituya en el lugar antes citado y con las formalidades de ley, con copia simple del escrito inicial de demanda y del presente proveído, emplace a esta contienda constitucional al referido tercero, a fin de que si lo desea comparezca a defender sus derechos. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda, y como autorizados en los términos del que refiere al licenciado Martín Eduardo Silguero Muñoz. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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