Heriberto Flores Bustamante

Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
59/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Heriberto Flores Bustamante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, de la que se advierte que en la materia de la revisión administrativa del expediente auxiliar 572/2021, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Heriberto Flores Bustamante, contra los actos reclamados precisados en el considerando sexto y por las razones asentadas en el último considerando, ambos de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo de la copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciado en la revisión administrativa 295/2021, del control del oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 59/2021 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la suerte del presente expediente. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y al órgano revisor. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de abril de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito firmado vía electrónica por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra la resolución constitucional; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte ocursante interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios, en la inteligencia que las que les conciernen a las autoridades responsables les serán remitidas mediante oficio, en tanto que para las demás partes quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. En su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el escrito de expresión de agravios firmado electrónicamente. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Kervin

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del doce de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la quejosa junto con su demanda y de una de las autoridades responsables, las cuales obran agregadas al presente sumario, así como la confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones ofertadas por dos de las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 59/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno al día siguiente, a este órgano jurisdiccional, Heriberto Flores Bustamante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y otras autoridades. Por proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida dicha demanda, se ordenó su registro con el número 59/2021, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Continuando con el trámite, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: ? Acuerdo J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para ese año. ? Acuerdo N°7.III.Bis-2020-SE-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para ese año. ? Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para ese año. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justiciado. Lo que se corrobora con la copia auténtica de los documentos relativos a las Actas del Acuerdo J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para ese año, del Acuerdo N°7.III.Bis-2020-SE-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para ese año, y del Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para ese año, que adquieren el carácter de documentales públicas y, por tanto, con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Causa de improcedencia actualizada El estudio de las causas de improcedencia es preferente y de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. Esto es así, toda vez que la quejosa presentó la demanda de amparo que nos ocupa el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, combatiendo el Acuerdo J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para ese año, el Acuerdo N°7.III.Bis-2020-SE-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para ese año, y el Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para ese año. Ahora, del contenido de dicha demanda se advierte que la quejosa señala bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de su demanda, lo siguiente: a) Que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (acta 672), ordenó en un principio que ese incremento fuera por un 4%, para lo cual aplicó el parámetro del aumento salarial pactado con los trabajadores estatales. b) Luego, en el mes de marzo del dos mil veinte, aplicó un 3.8% adicional (Acta 700). c) Finalmente, el quince de julio de dos mil veinte (acta 705), ordenó corregir lo ordenado en el año dos mil diecinueve. Siendo que, como lo refiere la autoridad responsable, mediante acta 708 de la sesión ordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil veinte, se autoriza el pago del punto cincuenta y cinco por ciento de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del uno por ciento de los demás pensionados y jubilados del instituto, por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio dos mil diecinueve, por el periodo de enero a septiembre de dos mil veinte, que se encuentra corroborado con las copias certificadas del mismo que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que mediante acta 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la cual se aprobó por unanimidad el pago del punto cincuenta y cinco por ciento de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del uno por ciento de los demás pensionados y jubilados del instituto, por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio dos mil diecinueve, por el periodo de enero a septiembre de dos mil veinte, por lo que con tal actuación sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, este último, como ya quedó precisado, se actualizó mediante actas 672/08 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 700 de siete de febrero de dos mil veinte, y 705 de quince de julio de dos mil veinte, por lo que no se puede entrar al estudio de fondo del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación jurídica imperante para la quejosa ante la autoridad responsable; por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, al haber sido sustituidos los acuerdos J.D.S.O. 672/08, N°7.III.Bis-2020-SE-700, y N°5.1-2020-SE-705, por el diverso acuerdo N°8.X-2020-SO-708, de treinta de septiembre de dos mil veinte y, en vía de consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada en el apartado V, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Heriberto Flores Bustamante, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada en el capítulo IV, precisado en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado V. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Designación de delegados y domicilio. De conformidad con lo dispuesto en el arábigo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de las responsables a las personas que designan para tal efecto y como domicilios procesales los señalados en los oficios de cuenta. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tienen por ofrecidas las documentales que la autoridad referida en primer término adjunta; asimismo, ténganse por ofrecidas la presuncional e instrumental de actuaciones que refiere la responsable mencionada en segundo lugar; sin perjuicio de hacer relación de estas al celebrarse la audiencia constitucional. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe en comento, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con treinta y nueve minutos del doce de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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