Heriberto Felipe Hernandez Soto

Expediente 1504/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1504/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Heriberto Felipe Hernandez Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen al juicio 1504/2017-4, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Heriberto Felipe Hernández Santos, por propio derecho a la que adjunta cuatro copias de la misma, contra actos que reclama del Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo; y otras autoridades. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Dicho precepto autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o. J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Ahora bien, el promovente Heriberto Felipe Hernández Santos, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad y el acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. ? Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. ? Ejecutor adscrito a la primera secretaria del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. ? Ejecutor adscrito a la segunda secretaria del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. ACTO RECLAMADO. "(. ) se reclama el ilegal auto de Exequendo de fecha veinte de octubre del año 2005 relativo al expediente número 936/2005 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el señor ALFREDO JOAQUÍN ANAYA GAYOSSO en contra de JOEL IGNACIO, HERIBERTO FELIPE y MARCO ANTONIO de apellidos HERNÁNDEZ SANTOS (.) lo cual hace evidente que todo el procedimiento de dicho juicio ejecutivo mercantil se encuentra afectado de ilegalidad pues dicha autoridad pretende que el suscrito pague por medio de su propiedad algo inexistente (.) ya que hasta el día de hoy dicha autoridad jamás ha corregido dicha situación y no obstante de ello mediante SENTENCIA DEFINITIVA de fecha once de agosto de dos mil ocho dentro del mismo juicio ejecutivo mercantil en su resolutivo cuarto insiste en condenarnos y rematar mi bien inmueble por la cantidad de $83,250.00 (Ochenta y dos mil doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional) (.) el ilegal emplazamiento y la ejecución material de este requerimiento y/o emplazamiento y/o embargo que es una ilegal orden de requerimiento de pago que pretenden realizar y que constituyen una clara violación a las formalidades esenciales del procedimiento (.)" SEGUNDO. En la especie, la parte quejosa ocurre a esta instancia constitucional, por considerar esencielamente por que lo actuado en el juicio ejecutivo mercntil 936/205, le causa agravio en razón de que se le prentende hacer un cobro indebido, rebasando el límite de la deuda, pretendiendo ejecutar la sentencia de once de agosto de dos mil ocho, rematando un bien inmueble de su propiedad. Ahora bien de las constancias que en copia certificada el promovente exhibió con su demanda, relativas al juicio ejecutivo mercantil 936/2005, que en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen el carácter de prueba plena, por haber sido expedidas por funcionario público, en el ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el más Alto Cuerpo Colegiado de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; se advierte que el promovente es parte formal (demandado) en el juicio origen; que en sentencia de once de agosto de dos mil ocho, se le condenó al pago de la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), pues sólo se obligó cambiariamente a cubrir la precitada suma, más el pago de los interés moratorios pactados en los documentos base de la acción a razón de 7%, mensual mas los que se sigan venciendo hasta la terminación del juicio; y, que el juicio mencionado se encuentra en ejecución de sentencia. Expuesto lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la acción de amparo intentada, resulta notoriamente improcedente, toda vez que se advierte se actualiza la causa de improcedencia de la demanda de derechos prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en correlación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y Ia entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". (Énfasis añadido). El numeral señalado establece un distingo entre los actos de ejecución de sentencia y los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, que de acuerdo con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Al respecto de la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, o como en la especie, la parte actora inició la fase ejecutiva de la misma, por lo que la parte vencida en juicio o ambas partes, según sea el caso, pueden asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla, en ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aún en contra de su voluntad. No obstante lo anterior, también se han plasmado algunas excepciones al criterio general antes aludido, es decir, cuando se trata de actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los que sí es procedente el amparo indirecto, situación que en la especie no acontece como se verá más adelante. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento. En el caso específico, como ya se señaló el promovente del amparo aduce esencialmente violaciones cometidas en el periodo de ejecución de la sentencia dictada en el juicio mercantil de origen, actuaciones que han sido emitidas a efecto de cumplimentar o ejecutar dicha sentencia, lo que debe conceptuarse como actos de ejecución de sentencia. De tal manera que en la especie, es innegable que en el caso concreto estamos ante un acto dictado después de concluido el juicio, emitido a efecto de cumplimentar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo que es claro que, en este caso, se deben de seguir las reglas de procedencia del amparo indirecto señaladas para actos dictados en ejecución. En esa tesitura, tenemos que los actos reclamados no son más que hechos derivados de la ejecución de la sentencia; por tanto, se considera que no es la última resolución que pueda dictarse en dicho procedimiento de ejecución de sentencia. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia VI1.20.C. J/29, sustentada, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a foja 1672, del tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Febrero de 2009, Novena Época, que sostiene: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL. PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción 111del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa."(Énfasis añadido). En otras palabras, para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencias, la ley de la materia exige que se reclame la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución; esto es, la que declare cumplida la sentencia o decrete la imposibilidad de que se cumpla, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. Esto es así, porque la fase ejecutiva obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada que, por ende, debe cumplimentarse en razón de su naturaleza de orden público. En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede desechar de plano la demanda de derechos promovida por Heriberto Felipe Hernández Santos, por propio derecho, contra el acto que reclama del Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo y otras autoridades. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente; se resuelve: RESUELVE: PRIMERO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos promovida por Heriberto Felipe Hernández Santos, por propio derecho, contra del acto que reclama del Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo y otras autoridades. SEGUNDO. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos López Reyes y Néstor Alberto Osorio Casas y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Notifíquese personalmente.

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