Heriberto Domínguez Hernández
Expediente 1606/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1606/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Heriberto Domínguez Hernández
Actuaciones
- Principal
AGRÉGESE A LOS AUTOS LA RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO... SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO EN SUS TÉRMINOS... PIDASE INFORME JUSTIFICADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES...SE APERCIBE A LA PARTE QUEJOSA QUE EN CASO DE QUE LA DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ SEÑALADO POR EL MISMO, SEA INCORRECTA O BIEN SEA INEXISTENTE, SE DEJARA DE TENER COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL PRESENTE ASUNTO A LAS MISMAS...SE SEÑALA DÍA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...MESA: 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo presentada por Abad Ruíz de Jesús, a favor de Heriberto Domínguez Hernández, contra actos que reclama del Director del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, consistente en la falta de atención médica especializada a favor del hoy amparista. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1606/2019; dese la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, a quien se le hará entrega de una copia simple de la presente demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO En atención a que en la demanda de amparo, se reclaman actos que ponen en riesgo la salud del quejoso, lo que se traduce en una inminente violación al derecho humano de su protección, ya que aduce el promovente que el quejoso antes de su encarcelamiento se encontraba en la Unidad de Medicina Critica y Terapia Intensiva del Hospital General "La Perla", en ciudad Nezahualcóyotl, lugar en el cual se recuperaba por lesiones producidas por disparo de arma de fuego, sin que a la fecha cuente con las medidas y atención médica especializada para tratar su padecimiento; por ello, a efecto de conservar la materia del amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 1° y 4° de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio la suspensión de plano a Heriberto Domínguez Hernández, respecto del acto que hace consistir en la falta de atención médica especializada, esto es, para el efecto de que el Director del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por conducto de la área médica de dicho centro penitenciario, otorgue la atención médica inmediata, adecuada, completa (en el caso de subministrar algún tratamiento a base de medicamentos) y eficaz al quejoso, esto para sanar o tratar el padecimiento de lesiones producidas por disparo de arma de fuego, que el quejoso dice presentar; se reitera, lo anterior con fundamento en el artículo 4° de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. En la inteligencia de que si el padecimiento de que hablamos implica alguna otra afectación a su salud, también deberá brindar la atención medica bajo los lineamientos antes establecidos; ello para hacer realmente eficaz la protección a su derecho humano a la salud. De estimarlo pertinente y, de ser el caso que el paciente interno Heriberto Domínguez Hernández, requiera de alguna atención con mayor especialización, deberá ordenar y tomar todas las medidas pertinentes y necesarias para hacer efectiva la atención médica que se le brinde; en el entendido que quedará bajo su más estricta responsabilidad el cumplimiento a tal determinación, quedando en todo caso en sus manos cualquier tema relacionado con la salud del quejoso en lo tocante a su pérdida de visión que refiere. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la Tesis VII.2o.P. J/2 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Décima Época, con registro 2011012, visible a página 1966, cuyo rubro y texto, son: DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 127, fracción II, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, se comisiona al Actuario Judicial de este juzgado de distrito, para que se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y realice la búsqueda del quejoso Heriberto Domínguez Hernández, en el lugar en mención, para lo cual incluso deberá llamarlo por su nombre en voz alta, para el efecto de que lo requiera en el acto de la notificación, a fin de que ratifique la demanda interpuesta en su nombre, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 15 en relación con el diverso 127, fracción II de la Ley de Amparo, XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 10.2.6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, artículo 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, comisiónese al actuario judicial adscrito, para que notifique a la autoridad responsable, el contenido del presente auto, lo anterior para los efectos legales conducentes; además, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe sobre el cumplimiento que dé a la suspensión de plano decretada, apercibida que de no hacerlo así, será responsable en los términos que señala en Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que pudieran incurrir, como lo establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se responsabiliza a la autoridad señalada como responsable, por cualquier violación que pudieran cometer a esta determinación, en la inteligencia de que deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. De igual manera, en términos de los artículos 8, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, queda apercibida la autoridad responsable, que de no dar cabal cumplimiento a la presente determinación, se procederá en la forma y términos legalmente establecidos, con la finalidad de dilucidar si se configuraron probables hechos ilícitos que den lugar a atribuir responsabilidades de índole administrativo, penal o de derechos humanos, a cargo de los servidores públicos que participaron en la vulneración a éstos. También, en este acto, se solicita a la responsable que al rendir el informe a que nos referimos en el párrafo que antecede, manifieste si existe algún otro motivo que sustente el acto reclamado, respecto de la falta de atención médica especializada a favor del amparista. De las notificaciones a las partes. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso únicamente las notificaciones de carácter personal en el centro preventivo en dónde se encuentra interno. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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