Heriberto de la Cruz Albelo

Expediente 720/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
720/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Heriberto de la Cruz Albelo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio familiar ordinario de divorcio voluntario 278/2011. Por resolución dictada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Aylin Eng Escorza, contra los actos del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente el punto primero del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio familiar ordinario de divorcio voluntario 278/2011. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación en la que, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre porqué son correctos y aplicables los artículos que citó la directora general de recursos humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dentro del oficio SA/DRH/3389/2022; porqué, en su caso, procedía o no requerir el nuevamente el pago, a favor de la actora Ayin Eng Escorza, del cincuenta por ciento de las prestaciones relativas a liquidación y finiquito en caso de renuncia de José Gerardo Eng García [deudor alimentario]; y, explique a quién corresponde la carga legal de exhibir "las constancias conducentes en términos de lo que ordenan los numerales 1º y 36 del Manual de Normas y Lineamientos para la Administración del Presupuesto" para proceder al pago de las referidas prestaciones y cuáles son esas constancias. 3. Ordene que se notifique personalmente de esa determinación a las partes que intervienen en el juicio; y, 4. Remita a este juzgado federal las constancias con las que justifique el acatamiento a los términos del presente fallo." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la responsable. Posteriormente, el juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, mediante oficio 1573, recibido en la oficialía de este juzgado el doce de abril de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del auto dictado el once de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente 278/2011, del que se desprende que dejó insubsistente el punto primero del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós; y en su lugar emitió una nueva determinación, donde de manera fundada y motivada, se pronunció sobre porqué son correctos y aplicables los artículos que citó la directora general de recursos humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dentro del oficio SA/DRH/3389/2022. Por lo anterior, el trece de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a las partes el catorce siguiente. De lo que se sigue, que la autoridad responsable deje insubsistente el punto primero del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio familiar ordinario de divorcio voluntario 278/2011 y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación en la que, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre porqué son correctos y aplicables los artículos que citó la directora general de recursos humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dentro del oficio SA/DRH/3389/2022. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el asunto como concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el juicio constitucional: Campo solicitado Data 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 11/04/2023 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 12/04/2023 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 14/04/2023 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 02/05/2023 Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el auto de trece de abril de dos mil veintitrés, al tercero interesado ********************, por las razones que de la misma se desprenden; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 27 de la ley de la materia, se ordena realizar por lista la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal. "San Andrés Cholula, Puebla, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado ************, por medio del cual, solicita se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que por su conducto la Institución Bancaria denominada Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, se sirva informar si los cheques números 19, 22, 23, 24 y 25 de dicha institución a cargo de la cuenta de ************** contaban con fondos suficientes para ser cubiertos en el momento de su expedición y si fueron cobrados por la tercera interesada ****************. Sin embargo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desechan las pruebas documentales ofrecidas por el tercero interesado ************, ya que no cumplen con los principios de pertinencia e idoneidad. El primero de tales principios, impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por lo que respecta al segundo de los principios citados, éste es regido, a su vez, por los principios de expedites en la administración de justicia y de economía procesal, consistentes que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumple con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Lo anterior es así, en virtud de que del escrito por el que se ofrece la aludida prueba, se advierte que el objeto de ésta es demostrar que los cheques números 19, 22, 23, 24 y 25 a cargo de la cuenta de ************* no contaban con fondos suficientes para ser cubiertos en el momento de su expedición. En las anotadas circunstancias, como se dijo, la prueba ofrecida por la parte tercero interesada no es la idónea para acreditar la constitucional del acto reclamado [Falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del expediente ********** del Juzgado Sexagésimo Noveno de la Ciudad de México] pues no constituye el medio apropiado para probar el hecho que se pretende demostrar, esto es, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, ya que éste se realizará conforme a las actuaciones que hayan generado el mismo. Aunado a lo anterior, si la pretensión de la parte oferente es que se acredite que la compraventa que ampara la escritura pública ***** no se llevó a cabo con los fondos de los cheques números 19, 22, 23, 24 y 25 de la Institución Bancaria denominada Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, dicha cuestión es ajena a la Litis constitucional que se dilucida en este asunto, en virtud de que se insiste lo que aquí se estudia lo es la falta de emplazamiento al juicio de origen, sin que el juicio de amparo tenga el alcance de determinar la legalidad de una compraventa."

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