Heriberto Cruz Hernández
Expediente 205/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Heriberto Cruz Hernández
- Juzgado Octavo de Distrito En el Estado de Michoacán
- HERIBERTO CRUZ HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la citada resolución; por lo que previa integración del mismo y ordenada su remisión a la superioridad, por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida para ahora conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por lo que, seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE a) Deje insubsistente única y exclusivamente por cuanto se refiere a Heriberto Cruz Hernández, el acto reclamado consistente en el auto de plazo constitucional de siete de mayo de dos mil veinte, dictado en los autos de la causa penal 3/2019 de su índice. b) En su lugar emita uno nuevo, en el que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que estime procedente, lo que podrá ser en el mismo o en diverso sentido, pero purgando los vicios y deficiencias destacados en la presente ejecutoria, de tal manera que se realice una debida valoración probatoria; y en su caso, las circunstancias objetivas deducidas de las mismas, desde luego sin agravar la situación actual del quejoso de que se trata. Esto es: 1. Que en caso de otorgarles valor a las pruebas consistentes en los testimonios de José Moreno Zertuche, Cristhian Mendoza Castolo, Oscar Enrique Alvarado Hernández, Gerardo Contreras Ramírez, Israel Salazar Leyva y del propio quejoso Heriberto Cruz Hernández, se abstenga de apreciarlas como confesiones, entendiendo a lo expuesto en la presente resolución; y, 2. En relación a la pruebas consistentes en el oficio de puesta a disposición, así como los testimonios de Adán Sánchez Ramírez, Víctor Hugo Rojas, Víctor Eduardo Monroy Ramírez, Bernabé Guzmán Gúzman e Irma Linda Salmoran Rosas; en caso de otorgarles valor probatorio, considere que quienes firmaron dicho documento y los indicados testigos, en un inicio sus deposados fueron recabados en calidad de testigos y posteriormente se les atribuyo el carácter de coinculpados. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio 2233, de fecha quince de febrero de dos mil veinte, el Juez responsable informo que mediante auto pronunciado en esa misma fecha, dejó insubsistente únicamente por cuanto ve al aquí quejoso el auto de plazo constitucional de siete de mayo de dos mil veinte, dictado en los autos de la causa penal 3/2019, de su índice. b) Mediante el diverso comunicado 4242, remitió testimonio de la resolución dictada el siete de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte emitió un nuevo auto de plazo constitucional en el que purgo los vicios y deficiencias destacadas en la ejecutoria de que se trata, esto es, realizó una debida valoración probatoria, sin agravar la situación actual del aquí quejoso. Esto es, otorgó valor probatorio a la prueba consistente en los testimonios de José Moreno Zertuche, Cristhian Mendoza Castolo, Oscar Enrique Alvarado Hernández, Gerardo Contreras Ramírez, Israel Salazar Leyva y del propio quejoso Heriberto Cruz Hernández; así como a los diversos medios de convicción consistentes en el oficio de puesta a disposición, así como los testimonios de Adán Sánchez Ramírez, Víctor Hugo Rojas, Víctor Eduardo Monroy Ramírez, Bernabé Guzmán Gúzman e Irma Linda Salmoran Rosas, absteniéndose de apreciarlas como confesionales, tomando en consideración, que dichos medios probatorios en un inicio fueron recabados en calidad de testigos y posteriormente se les atribuyo el carácter de coinculpados. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable siguió con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, dentro de los autos del amparo en revisión penal 194/2021, de su índice. Lo anterior, sin que obste lo manifestado mediante los escritos firmados por el licenciado Leobardo Sotelo López, defensor particular de la parte quejosa dentro del juicio de origen, en los que, en esencia manifiesta que la ejecutoria de amparo se encuentra parcialmente cumplida, toda vez que si bien la autoridad responsable dejó sin efectos el auto de veinte de mayo de dos mil veinte (sic), (siendo lo correcto el día siete de mayo de la citada anualidad); manifiesta que, la referida responsable incumple con el inciso b), apartados 1, y 2, de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, donde se le requiere de manera concreta para que se abstenga de apreciar como confesiones los depostados de José Moreno Zertuche, Cristhian Mendoza Castolo, Oscar Enrique Alvarado Hernández, Gerardo Contreras Ramírez, Israel Salazar Leyva y del propio quejoso Heriberto Cruz Hernández, toda vez que otorga a dichos medios de convicción un criterio de orientación objetiva, concatendolos con diversos medios de convicción a fin de acreditar circunstancias de modo tiempo y lugar, perdiendo de vista medios de convicción legalmente constituidos en los que a su criterio si acreditan las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, señalando además que la responsable no hace una valoración ex oficio en materia de derechos humanos, así como que no aborda los pasos en materia de control constitucional y convencionalidad a los que se encuentra obligado. Al respecto, es de señalarse que los agravios que aduce el promovente resultan infundados, toda vez que del análisis del actuar de la responsable, no se observa ilegalidad alguna en su emisión, ni mucho menos que la referida autoridad haya incurrido en defecto en el cumplimiento que realizó a la ejecutoria de amparo, ya que la referida responsable al momento de dictar la nueva resolución en sustitución de la diversa de siete de mayo de dos mil veinte, en la parte que interesa, se abstiene de valorar como confesiones los testimonios de José Moreno Zertuche, Cristhian Mendoza Castolo, Oscar Enrique Alvarado Hernández, Gerardo Contreras Ramírez, Israel Salazar Leyva y del propio quejoso Heriberto Cruz Hernández. Misma suerte con la que corrió el diverso medio de convicción consistente en el oficio de puesta a disposición, así como los testimonios de Adán Sánchez Ramírez, Víctor Hugo Rojas, Víctor Eduardo Monroy Ramírez, Bernabé Guzmán Gúzman e Irma Linda Salmoran Rosas, ya que al momento de su desahogo dichos inculpados tenían la calidad de testigos, toda vez que como se dijo en la ejecutoria de amparo al momento de su desahogo no se cumplió con lo dispuesto por los artículos 207 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como a lo establecido por el apartado "A", fracción II, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Motivo por el cual, en ejercicio de la libertad de jurisdicción otorgada por la superioridad, la responsable, resolvió otorgar a dichos medios de convicción el valor de pruebas indiciarias, en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, puesto que dichos medios de prueba no fueron obtenidos de una prueba ilícita, señalando que de conformidad con el citado artículo, los mismos resultan útiles para acreditar los elementos del delito, ya que deben estudiarse a la luz de la hipótesis jurídica en que se desahogaron es decir como víctimas y como testigos antes de ser cambiados a indiciados, como fue señalado en la ejecutoria de amparo. Aunado a que dichos medios de prueba permiten su debido análisis que, en el caso, no corresponde a la hipótesis de confesión por tratarse del dicho de personas contra quienes, al momentos de rendir sus manifestaciones, la investigación no era dirigida en su contra; por lo que, al momento de su desahogo resultaba innecesario su obtención a la luz de lo dispuesto por el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales. Señalando además que debido a la circunstancia señalada en el párrafo que antecede, dichas manifestaciones fueron analizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a su reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho) De ahí que se estimen infundados los agravios esgrimidos por la parte quejosa por conducto de su autorizado; lo anterior, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto al resto de los agravios hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos se encuentran encaminados a combatir diversas consideraciones con las que la responsable sustentó la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se analiza, las cuales no fueron materia de la concesión de amparo que se analiza. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, dentro de los autos del amparo en revisión penal 194/2021, de su índice, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA HERIBERTO CRUZ HERNÁNDEZ, POR CONCUDOT DE SU DEFENSOR PARTICULAR LEOBARDO SOTELO LÓPEZ, MEDIANTE AVISO DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la citada resolución; por lo que previa integración del mismo y ordenada su remisión a la superioridad, por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida para ahora conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por lo que, seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE a) Deje insubsistente única y exclusivamente por cuanto se refiere a Heriberto Cruz Hernández, el acto reclamado consistente en el auto de plazo constitucional de siete de mayo de dos mil veinte, dictado en los autos de la causa penal 3/2019 de su índice. b) En su lugar emita uno nuevo, en el que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que estime procedente, lo que podrá ser en el mismo o en diverso sentido, pero purgando los vicios y deficiencias destacados en la presente ejecutoria, de tal manera que se realice una debida valoración probatoria; y en su caso, las circunstancias objetivas deducidas de las mismas, desde luego sin agravar la situación actual del quejoso de que se trata. Esto es: 1. Que en caso de otorgarles valor a las pruebas consistentes en los testimonios de José Moreno Zertuche, Cristhian Mendoza Castolo, Oscar Enrique Alvarado Hernández, Gerardo Contreras Ramírez, Israel Salazar Leyva y del propio quejoso Heriberto Cruz Hernández, se abstenga de apreciarlas como confesiones, entendiendo a lo expuesto en la presente resolución; y, 2. En relación a la pruebas consistentes en el oficio de puesta a disposición, así como los testimonios de Adán Sánchez Ramírez, Víctor Hugo Rojas, Víctor Eduardo Monroy Ramírez, Bernabé Guzmán Gúzman e Irma Linda Salmoran Rosas; en caso de otorgarles valor probatorio, considere que quienes firmaron dicho documento y los indicados testigos, en un inicio sus deposados fueron recabados en calidad de testigos y posteriormente se les atribuyo el carácter de coinculpados. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio 2233, de fecha quince de febrero de dos mil veinte, el Juez responsable informo que mediante auto pronunciado en esa misma fecha, dejó insubsistente únicamente por cuanto ve al aquí quejoso el auto de plazo constitucional de siete de mayo de dos mil veinte, dictado en los autos de la causa penal 3/2019, de su índice. b) Mediante el diverso comunicado 4242, remitió testimonio de la resolución dictada el siete de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte emitió un nuevo auto de plazo constitucional en el que purgo los vicios y deficiencias destacadas en la ejecutoria de que se trata, esto es, realizó una debida valoración probatoria, sin agravar la situación actual del aquí quejoso. Esto es, otorgó valor probatorio a la prueba consistente en los testimonios de José Moreno Zertuche, Cristhian Mendoza Castolo, Oscar Enrique Alvarado Hernández, Gerardo Contreras Ramírez, Israel Salazar Leyva y del propio quejoso Heriberto Cruz Hernández; así como a los diversos medios de convicción consistentes en el oficio de puesta a disposición, así como los testimonios de Adán Sánchez Ramírez, Víctor Hugo Rojas, Víctor Eduardo Monroy Ramírez, Bernabé Guzmán Gúzman e Irma Linda Salmoran Rosas, absteniéndose de apreciarlas como confesionales, tomando en consideración, que dichos medios probatorios en un inicio fueron recabados en calidad de testigos y posteriormente se les atribuyo el carácter de coinculpados. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable siguió con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, dentro de los autos del amparo en revisión penal 194/2021, de su índice. Lo anterior, sin que obste lo manifestado mediante los escritos firmados por el licenciado Leobardo Sotelo López, defensor particular de la parte quejosa dentro del juicio de origen, en los que, en esencia manifiesta que la ejecutoria de amparo se encuentra parcialmente cumplida, toda vez que si bien la autoridad responsable dejó sin efectos el auto de veinte de mayo de dos mil veinte (sic), (siendo lo correcto el día siete de mayo de la citada anualidad); manifiesta que, la referida responsable incumple con el inciso b), apartados 1, y 2, de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, donde se le requiere de manera concreta para que se abstenga de apreciar como confesiones los depostados de José Moreno Zertuche, Cristhian Mendoza Castolo, Oscar Enrique Alvarado Hernández, Gerardo Contreras Ramírez, Israel Salazar Leyva y del propio quejoso Heriberto Cruz Hernández, toda vez que otorga a dichos medios de convicción un criterio de orientación objetiva, concatendolos con diversos medios de convicción a fin de acreditar circunstancias de modo tiempo y lugar, perdiendo de vista medios de convicción legalmente constituidos en los que a su criterio si acreditan las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, señalando además que la responsable no hace una valoración ex oficio en materia de derechos humanos, así como que no aborda los pasos en materia de control constitucional y convencionalidad a los que se encuentra obligado. Al respecto, es de señalarse que los agravios que aduce el promovente resultan infundados, toda vez que del análisis del actuar de la responsable, no se observa ilegalidad alguna en su emisión, ni mucho menos que la referida autoridad haya incurrido en defecto en el cumplimiento que realizó a la ejecutoria de amparo, ya que la referida responsable al momento de dictar la nueva resolución en sustitución de la diversa de siete de mayo de dos mil veinte, en la parte que interesa, se abstiene de valorar como confesiones los testimonios de José Moreno Zertuche, Cristhian Mendoza Castolo, Oscar Enrique Alvarado Hernández, Gerardo Contreras Ramírez, Israel Salazar Leyva y del propio quejoso Heriberto Cruz Hernández. Misma suerte con la que corrió el diverso medio de convicción consistente en el oficio de puesta a disposición, así como los testimonios de Adán Sánchez Ramírez, Víctor Hugo Rojas, Víctor Eduardo Monroy Ramírez, Bernabé Guzmán Gúzman e Irma Linda Salmoran Rosas, ya que al momento de su desahogo dichos inculpados tenían la calidad de testigos, toda vez que como se dijo en la ejecutoria de amparo al momento de su desahogo no se cumplió con lo dispuesto por los artículos 207 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como a lo establecido por el apartado "A", fracción II, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Motivo por el cual, en ejercicio de la libertad de jurisdicción otorgada por la superioridad, la responsable, resolvió otorgar a dichos medios de convicción el valor de pruebas indiciarias, en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, puesto que dichos medios de prueba no fueron obtenidos de una prueba ilícita, señalando que de conformidad con el citado artículo, los mismos resultan útiles para acreditar los elementos del delito, ya que deben estudiarse a la luz de la hipótesis jurídica en que se desahogaron es decir como víctimas y como testigos antes de ser cambiados a indiciados, como fue señalado en la ejecutoria de amparo. Aunado a que dichos medios de prueba permiten su debido análisis que, en el caso, no corresponde a la hipótesis de confesión por tratarse del dicho de personas contra quienes, al momentos de rendir sus manifestaciones, la investigación no era dirigida en su contra; por lo que, al momento de su desahogo resultaba innecesario su obtención a la luz de lo dispuesto por el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales. Señalando además que debido a la circunstancia señalada en el párrafo que antecede, dichas manifestaciones fueron analizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a su reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho) De ahí que se estimen infundados los agravios esgrimidos por la parte quejosa por conducto de su autorizado; lo anterior, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto al resto de los agravios hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos se encuentran encaminados a combatir diversas consideraciones con las que la responsable sustentó la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se analiza, las cuales no fueron materia de la concesión de amparo que se analiza. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, dentro de los autos del amparo en revisión penal 194/2021, de su índice, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de junio de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual realiza diversas manifestaciones en atención a la vista otorgada el catorce de junio de dos mil veintidós, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de junio de dos mil veintidós. DESAHOGA VISTA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida y agréguese a los autos el escrito signado por Leobardo Sotelo López defensor particular del quejoso, a través del cual, realiza diversas manifestaciones en atención a la vista otorgada el nueve de marzo de dos mil veintidós. Por tanto, previo a proveer lo que en derecho corresponda, mediante oficio que derive del presente proveído remítase copia del escrito de referencia mismo que cuenta a la autoridad responsable, para dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE.
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