Heriberto Cortez Delfín

Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
776/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Heriberto Cortez Delfín

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 776/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. 1. Agréguese oficio. Agréguese el oficio firmado por el director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece, Cps-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual cumple con el requerimiento de trece de julio de este año, pues informa que después de realizar una búsqueda en los archivos de control de correspondencia que se lleva en esa unidad administrativa, no localizó registro de correspondencia dirigida a este Juzgado en el periodo comprendido del dos de julio de dos mil veintidós (fecha de notificación de la prevención) al doce de julio del año en curso (fecha de vencimiento del plazo concedido para cumplir la prevención). Para acreditar su dicho, remite copia certificada del registro de correspondencia; constancia que se ordena resguardar en sobre cerrado en este expediente, con la finalidad de proteger la información contenida, pues de acuerdo al dicho de la autoridad oficiante, se encuentra clasificada como reservada. 2. Estado de autos. Por lo anterior, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de treinta de junio de este año, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 3. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 4. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es DESTRUIBLE; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 776/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de treinta de junio del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Requerimiento. En ese sentido, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por razón de seguridad y certeza jurídica, a fin de establecer lo procedente sobre la demanda de amparo promovida por Heriberto Cortez Delfín; con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase al director General de ese centro de reclusión, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la fecha en que quede notificado del oficio respectivo: Comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos del Centro Federal a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso Heriberto Cortez Delfín, dirigido a este órgano jurisdiccional, que haya sido depositado entre el dos de julio de este año (fecha de notificación de la prevención) al doce del mes actual (fecha de vencimiento del plazo concedido para cumplir la prevención); de ser así, remita copia certificada de la constancia de entrega de dicha correspondencia. Con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.1224/2021 MESA 5 S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 1224/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado el diecisiete siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, Raymundo Ramírez Gonsález, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Al respecto, el quejoso narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Admisión y desechamiento parcial de la demanda. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 50 a 58) se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo con el número 1224/2021, y se desechó únicamente por los actos reclamados al Comisariado de Bienes Ejidales y Consejo de Vigilancia, ambas de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; en tanto que por los restantes actos reclamados y autoridades responsables se admitió a trámite (foja 53 reverso), se solicitó informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. Admisión y desechamiento de pruebas. Mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno se admitió la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo de a) Isaac Ramírez Cruz; b) Obed Ramírez Cruz y c) Gabriel Arrioja Carbajal, y no se admitió por dos diversos atestes (foja 120 a 121); además, en el mismo auto se desechó la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida también por el quejoso a cargo de los ex integrantes del Comité Directivo de la colonia El Paraíso. En relación con la prueba testimonial, el once de febrero de dos mil veintidós (fojas 167 a 168) se tuvo al quejoso por desinteresado en el desahogo de la testimonial a cargo de Gabriel Arrioja Carbajal. Firmeza de determinaciones. En auto de catorce de enero dos mil veintidós (fojas 141 a 142) se declaró firme el desechamiento parcial de la demanda, así como la reducción de testigos y desechamiento de la prueba de reconocimiento de firma. Audiencia constitucional. Después de diversos trámites para recabar información y documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como para que este juzgado se allegara de información necesaria para la resolución del juicio, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (foja 276), la cual se celebró al tenor del acta que antecede, vía webex para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que la orden y ejecución de los actos reclamados se atribuyen a autoridades con residencia en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y versan sobre la materia administrativa, cuyas consecuencias tienen verificativo en ese lugar en que tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, no debe limitarse a los términos en que se plantea en el apartado correspondiente de la demanda, sino que debe establecerse con precisión a partir del análisis integral de la misma, incluso de la totalidad de constancias que integran el expediente. Así, se advierte que el quejoso Raymundo Ramírez Gonsález, por propio derecho, reclama: Del delegado en Oaxaca del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (en adelante, para efectos prácticos, se podrá referir únicamente como INSUS): La negativa de realizar las acciones necesarias para el proceso de regularización del lote de terreno número cuatro, manzana veintidós, de la calle Manuel Doblado de la colonia El Paraíso, ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; como son el censo, toma de datos personales, práctica de estudio socioeconómico y recepción de documentos. Del Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca: La negativa para recibirle cuotas posteriores al veintidós de enero de dos mil diecisiete; y con motivo de ello, la negativa de extenderle una constancia de no adeudo. La negativa de permitirle el ingreso a las asambleas ordinarias o extraordinarias convocadas por ese Comité y, en consecuencia, no permitirle su registro y firma en las listas de posesionarios que acuden a las asambleas. La orden para privarlo de los derechos de posesión que ejerce sobre el lote de terreno número cuatro, manzana veintidós, de la calle Manuel Doblado de la colonia El Paraíso, ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. III.I. En relación con el acto reclamado al delegado en Oaxaca del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. El referido delegado responsable no rindió el informe justificado que le fue requerido en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, pese a que quedó notificado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, como se aprecia de la constancia que obra en autos (foja 70). No obstante, no ha lugar a presumir cierto el acto reclamado en términos del párrafo cuarto del precepto 117 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Del análisis de las constancias que integran este asunto se aprecia que es inexistente el acto reclamado (negativa de realizar las acciones necesarias para el proceso de regularización del lote de terreno número cuatro, manzana veintidós, de la calle Manuel Doblado de la colonia El Paraíso, ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; como son el censo, toma de datos personales, práctica de estudio socioeconómico y recepción de documentos) porque con independencia de la atribución legal que puede ejercer la autoridad responsable en materia de regularización de asentamientos humanos, no existe prueba de que el quejoso solicitara o instara el procedimiento para tal fin, lo que actualiza la causa de sobreseimiento contenida en la fracción IV del numeral 63, de la Ley de Amparo, como ahora se evidenciará. Tratándose de actos omisivos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, contra las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, la autoridad está legalmente obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. En similares condiciones, tratándose de actos negativos, la regla genérica es que la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente; pero ello no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable requiere, necesaria y previamente, la existencia de una solicitud del quejoso para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable. Lo anterior implica que si bien al quejoso no le corresponde probar la conducta omisa o negativa de las responsables, sí le toca acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de éstas, o que se advierta la obligación legal de actuar en la forma requerida. Es decir, los actos reclamados serán ciertos o inexistentes en función de las obligaciones constitucionales o legales que ineludiblemente las autoridades estén constreñidas a realizar, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada sin que tenga como presupuesto una condición. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, Novena Época, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Así como la diversa tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, página 366, Novena Época, registro 197269, cuyo rubro es: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ". En ese sentido, se pueden desglosar tres supuestos en los que las autoridades estarán constreñidas a actuar: 1) Como consecuencia de un acto previo que lo origine. Es decir, las omisiones que tienen origen en actos previos son aquellos que conoce la autoridad directamente, y sólo esperan ejecución. 2) Casos donde no exista como presupuesto una condición. Hechos o situaciones inmediatas que inexcusablemente debe conocer la autoridad, sin que se requiera como presupuesto algún requisito o condición. 3) Actos que requieren solicitud, petición o condición. Aquellos que prevén la existencia de previos requisitos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad. Bajo tales consideraciones, en el caso concreto, la negativa de realizar las acciones necesarias para el proceso de regularización del lote de terreno del que afirma ser propietario el quejoso, requiere, como regla general, por razones de orden lógico y legal, la existencia de una petición previa para que la autoridad se encuentre en aptitud de ejercer sus atribuciones legales; ello significa, necesariamente, que la existencia de la negativa depende de que la autoridad se encuentre constreñida legalmente a actuar al tener conocimiento de la situación de salud del gobernado. En esas condiciones, destaca de la demanda de amparo y constancias de autos, que el quejoso afirma tener en posesión el lote de terreno número cuatro, manzana veintidós, de la calle Manuel Doblado de la colonia El Paraíso, ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y para acreditarlo, toralmente, exhibió la copia certificada de una constancia de posesión (foja 29) expedida a su nombre el doce de mayo de dos mil trece por el Comisariado de Bienes Ejidales y Consejo de Vigilancia de San Isidro Monjas, municipio de Santa cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Además, refirió que la colonia "El Paraíso" se encuentra en proceso de regularización ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), y que el personal de ese Instituto le explicó a los habitantes de esa colonia los requisitos para que se regularicen sus lotes (foja 19); de modo que su pretensión es regularizar su predio, pero no le ha sido posible debido a que el presidente del Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, le dijo que (foja 21) no va a recibirle las cuotas necesarias para regularizar el predio, y que sin la constancia respectiva perderá su terreno. Sin embargo, no existe constancia en autos que demuestre que el quejoso haya realizado alguna solicitud al INSUS mediante la atención previa de los requisitos previstos en las "Reglas de Operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), para el Ejercicio Fiscal 2021" (ejercicio fiscal correspondiente a la época en que se afirma que se actualizó la negativa reclamada y se promovió el juicio de amparo). En efecto, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En relación con lo anterior, el artículo 5 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala que toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios señalados en el artículo 4 del mismo ordenamiento legal, sin importar el orden de gobierno de donde emana, y el artículo 6 señala como una de las causas de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 69 la Ley de Vivienda señala que cuando se trate de suelo de origen ejidal o comunal, la promoción de su incorporación al desarrollo urbano deberá hacerse con la intervención del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, el diez de febrero de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual General de Organización del INSUS, en el que se destacó que la misión del Instituto es coadyuvar en la definición de la Política Nacional de Suelo, y planear, coordinar, ejecutar y colaborar en proyectos de gestión del suelo y de desarrollo urbano integrales, ordenados y sustentables, con un enfoque prioritario en frenar el crecimiento de la irregularidad y la generación de una oferta de suelo para la población de menores ingresos, así como la regularización de la tenencia de la tierra. Y uno de sus principales propósitos es crear una política nacional del suelo dentro del marco de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para atender las causas de la ocupación irregular del suelo, facilitando y gestionando la producción de un suelo apto, y bien localizado para el desarrollo. Así, el trece de enero de dos mil veintiuno se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las referidas Reglas de Operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), las cuales prevén, entre otras cuestiones, criterios de elegibilidad, requisitos para ser beneficiario del PRAH, derechos y obligaciones de personas beneficiarias para la regularización de la tenencia de la tierra, y formatos necesarios para ello. En el caso particular, no existe prueba alguna que demuestre que el quejoso haya solicitado un proceso de regularización ante el INSUS; máxime que en la demanda afirmó, bajo protesta de decir verdad, que personal del INSUS le informó los requisitos necesarios para la regularización (foja 19). Sin que obste que Raymundo Ramírez Gonsález haya alegado (foja 22) que los requisitos que le exige el INSUS no son los previstos en la ley, y que fueron acordados verbalmente por la delegada del INSUS y el Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso"; tampoco obsta que dijera haber acudido al INSUS y que le informaron que no se le recibiría ningún trámite de regularización sin los requisitos completos que fueron pactados por las autoridades responsables; ello, en razón de que tales aseveraciones no se encuentran demostradas en el juicio. En efecto, en relación con los requisitos extralegales que dice que le fueron exigidos, exhibió una copia simple que obra en la foja 49, pero dicha probanza carece de valor probatorio pleno, por tratarse de una mera impresión que no tiene el nombre de la dependencia, sello o firma de la autoridad que la haya expedido, ni menos alguna certificación sobre ello. Por tal consideración, es ineficaz para demostrar que al quejoso se le haya negado la regularización con base en la exigencia de requisitos no previstos en la ley, y menos aún demuestra que, primeramente, el quejoso Raymundo Ramírez Gonsález haya realizado la solicitud de regularización; aunado a que tampoco demuestra que, en su caso, el quejoso sí haya tratado de efectuar esa solicitud, pero que el delegado del INSUS haya negado la recepción de esa petición con los respectivos documentos. En esas condiciones, se insiste, no existe la negativa del delegado del INSUS en realizar las acciones necesarias para el proceso de regularización del lote de terreno número cuatro, manzana veintidós, de la calle Manuel Doblado de la colonia El Paraíso, ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Sin que pase desapercibido que el quejoso haya anexado al escrito de dieciséis de junio de este año (fojas 325 a 380) diversas constancias en copia certificada expedidas por el INSUS, de las que se aprecia que sí existe un procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra en la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; no obstante, en ninguna de esas documentales consta que el procedimiento relativo haya sido gestionado o solicitado por Raymundo Ramírez Gonsález, solo se aprecia que fue, precisamente, el Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, el que aparentemente solicitó la regularización y, por ello, se expropió una superficie del Ejido de San Isidro Monjas (fojas 369 y 371). De modo que aun ante la existencia de ese trámite, ello no impedía al quejoso solicitar al INSUS, por propio derecho y respecto de su predio, que ejerciera las atribuciones previstas en la ley aplicable; ya que hasta ese momento podría actualizarse la negativa reclamada, es decir, una vez que en este juicio el quejoso demostrara que ejerció, por propio derecho, la facultad que en su favor prevé la ley, y que la autoridad le impidió acceder al procedimiento de regularización o le negara acordarlo favorablemente mediante el desahogo de las respectivas etapas y requisitos legales. III.I. En relación con los actos reclamados al Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Por otra parte, tampoco son ciertos los actos atribuidos al Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, consistentes en a) la negativa de recibirle a Raymundo Ramírez Gonsález las cuotas posteriores al veintidós de enero de dos mil diecisiete y, con motivo de ello, la negativa de extenderle una constancia de no adeudo; b) la negativa de permitirle el ingreso a las asambleas ordinarias o extraordinarias convocadas por ese Comité y, en consecuencia, no permitirle su registro y firma en las listas de posesionarios que acuden a las asambleas; así como c) la orden para privarlo de los derechos de posesión que ejerce sobre el lote cuatro, manzana veintidós, calle Manuel Doblado de la colonia El Paraíso, ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Se sostiene lo anterior, porque al rendir informe justificado el presidente del Comité Directivo y Administrativo de la colonia "El Paraíso", en representación del propio Comité, negó los actos que le reclama Raymundo Ramírez Gonsález; sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa, ya que los medios de convicción que ofreció en este sumario no cumplen ese propósito; se explica: Con la demanda de amparo exhibió copia certificada de una constancia de posesión expedida a su favor el doce de mayo de dos mil trece, por el Comisariado y Consejo de Vigilancia del Ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y de la ratificación de constancia de posesión (fojas 29, 30 y 47); a las que si bien se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cierto es que no acredita el presupuesto de la existencia de los actos reclamados, porque en la misma no se evidencia alguna de las actuaciones que el quejoso le reprocha, sino que, en todo caso, con esa documental pretende justificar los derechos de posesión y de propiedad que aduce tener respecto del lote cuatro, manzana veintidós, de la calle Manuel Doblado de la colonia El Paraíso, ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, lo cual está asociado con el interés jurídico, que es un presupuesto distinto al que se examina en este apartado. Exhibió también la copia certificada de diversos recibos de pago a su favor y constancia de no adeudo, expedidos por el Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (fojas 31 a 34); constancia de factibilidad para toma domiciliaria de servicio de drenaje (fojas 35 y 36) y de autorización de instalación y contrato de servicio de agua potable (fojas 37 a 40); pagos ante la Comisión Estatal del Agua (fojas 41 a 46); y constancia de no adeudo, factibilidad y autorización de toma domiciliaria para servicio de drenaje (por separado -foja 112-); mismas que tampoco demuestran la existencia de los actos combatidos y participación de la autoridad señalada como responsable, porque carecen de valor probatorio pleno para demostrar esos extremos. Es así, en razón de que las fotografías, según el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena; en tanto que las constancias relacionadas con los servicios públicos que disfruta y paga el quejoso, solo acreditan, en su caso, que goza de esos servicios y cumple con la correlativa obligación de pagarlos, pero no son eficaces para evidenciar la existencia de lo impugnado. - Por su parte, las copias de actas de asamblea ordinarias y extraordinarias celebradas por el que fuera el Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso" entre el doce de julio de dos mil catorce y el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 177 a 209), en nada lo favorecen para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, debido a que, por una parte, carecen de las firmas de sus suscriptores; por otra parte, se emitieron en años anteriores al dos mil veintiuno y, en un tercer aspecto, su contenido no versa sobre los actos que reclama al Comité actual. Por último, también se desahogó la prueba testimonial ofrecida por el quejoso a cargo de sus dos hijos (fojas 388 a 391), de nombres Isaac y Obet, de apellidos Ramírez Cruz; misma que, valorada al prudente arbitrio con fundamento en los artículos 215 y 216 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tampoco reviste la eficacia necesaria para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable. Es así, debido a que al ofrecer esa prueba (foja 88) el autorizado en términos amplios del quejoso precisó que tenía por objeto acreditar que los integrantes del Comité se negaron a recibir la cuota para que Raymundo Ramírez Gonsález se pusiera "al corriente" y para evidenciar que también se negaron a extender la constancia de no adeudo; pero aunque los atestes tienen edad y capacidad necesaria para rendir un testimonio creíble, y su exposición fue clara, sin dudas ni reticencias y proporcionaron la razón de su dicho sin haber sido obligados a declarar, lo cierto es que no declararon haber presenciado alguno de los actos reclamados, aunado a que se puede presumir cierta parcialidad en su declaración, por ser hijos del quejoso, como lo reconocieron a pregunta expresa de este órgano jurisdiccional. Entonces, al tenor de esas consideraciones, las pruebas descritas no tienen el alcance para demostrar la existencia de los actos reprochados al Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, o la participación de ese ente en esas actuaciones, en términos de lo dispuesto por el arábigo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Finalmente, se estima importante precisar que del análisis de la demanda de amparo puede advertirse como reclamado específico de la parte quejosa una vulneración a su derecho de propiedad respecto del bien inmueble ubicado en el número cuatro, manzana veintidós, de la calle Manuel Doblado de la colonia El Paraíso, ejido de San Isidro Monjas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; que toralmente aduce que se actualiza con motivo de la negativa de constancias que debe expedirle el comité de la colonia "El Paraíso" y que le impide acceder a los trámites de regularización ante el INSUS. En ese sentido, si la parte quejosa comparece ante este órgano de control constitucional a reclamar un reconocimiento de su derecho de propiedad, de modo que su pretensión sea que a través del juicio de amparo se dilucide si él tiene un mejor derecho de propiedad y posesión sobre el predio, debe puntualizarse que tal aspecto no es propio del juicio de amparo, sino de las autoridades del orden común. Por tanto, este órgano de control constitucional se encontraría imposibilitado para pronunciarse al respecto, pues las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de amparo; sino que la parte quejosa deberá promover el trámite que legalmente corresponda ante las autoridades competentes, a efecto de que se le reconozca el derecho de propiedad que asegura tener sobre el bien inmueble en cuestión, y de esa forma que tal derecho pueda surtir efectos frente a terceros. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 394, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 265, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PROPIEDAD. Las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el juez del conocimiento del negocio, quedando a salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los ejerza en la vía y forma que corresponda, ante las autoridades del orden común." Decisión. Por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia no desvirtuada de los actos reclamados al 1) delegado en Oaxaca del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y al 2) Comité Directivo de la Colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Raymundo Ramírez Gonsález. CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Raymundo Ramírez Gonsález, por propio derecho, contra los actos precisados en el considerando segundo de la sentencia que reclamó del 1) delegado en Oaxaca del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y del 2) Comité Directivo de la colonia "El Paraíso", municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitió la carga laboral existente en este Juzgado.

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