Heriberto Chavez Castañeda
Expediente 1049/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Heriberto Chavez Castañeda
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, la[s] constancia[s] de [los] actuario[s] judicial[es] adscrito[s] a este juzgado con registro 17673, mediante el [los] cual[es] el actuario judicial adscrito a este recinto judicial manifiesta la imposibilidad que tuvo para emplazar personalmente a********************, asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, por los motivos que allí expone. En consecuencia, mediante oficio que se libre al efecto, con copia de la demanda de amparo emplácesele al juicio constitucional en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley en cita, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Por otra parte, glósese a los autos la diversa la constancia de emplazamiento de Alejandra Mendoza Bermejo, tercera interesada en el presente asunto y, en atención a su contenido, téngasele por emplazada a la presente instancia constitucional y señala la lista de acuerdos de este juzgado para oír y recibir notificaciones. En esas condiciones con apoyo en el artículo 27, fracción II de la ley en cita, realícense las notificaciones personales por lista de acuerdos.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. gréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, la diligencia levantada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional con registro 17679, de la que se advierte que notificó la suspensión provisional a Alejandra Mendoza Bermejo, en su carácter de tercera interesada en el presente asunto y señala[n] domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, téngasele por notificado del auto de inicio y como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdo, con apoyo en el artículo 27, fracción III de la ley en cita. Por otra parte, glósese a los autos el diverso documento con registro 17756, a través del cual el autorizado de la parte quejosa, interpone recurso de queja contra el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se concedió al impetrante la suspensión provisional del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto tal recurso. Ahora bien, distribúyase la versión impresa del escrito de agravios a las partes y remítase inmediatamente el escrito de agravios [electrónico], mediante oficio que se libre al respecto, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para la calificación y, en su caso, substanciación del recurso de queja de que se trata. Lo anterior, atendiendo al criterio de rubro y datos de localización siguientes: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL. [Registro digital: 2014429, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 26/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 570, Tipo: Jurisprudencia]. Por otra parte, se instruye a la oficial judicial "a" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para efecto de dejar a disposición el presente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Finalmente, se rinde el informe materia de la queja, expresando que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, pues el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés este órgano judicial concedió la suspensión provisional a Heriberto Chávez Castañeda, por las razones allí plasmadas.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlan de los Reyes, Veracruz, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Admisión y registro. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1049/2023- VI-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Requerimiento de Informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s]. Pídase el informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s], quien[es] deberá[n] rendirlo por escrito y de la siguiente forma: 1. Dentro del plazo de quince días hábiles. 2. Aun cuando de ser el caso de que el informe sea en sentido negativo, se le solicita (sin que sea obligatorio) lo rinda en el plazo de cinco días hábiles; lo anterior sin que contravenga la jurisprudencia por contradicción P./J.22/2018, ya que no se les restringirá el término de quince días que les otorga la Ley de Amparo para rendir su informe justificado, a fin de preparar con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en los que basarán su pretensión, al ser un acto inexistente, lo que permite garantizar a las partes el derecho a la tutela judicial efectiva y se impartirá una justicia completa, pronta e imparcial. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que corresponden a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la[s] autoridad[es] que el informe que se le[s] requiere debe[n] preferentemente enviarlo al correo electrónico 16jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (271) 4-05-22-21; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la[s] autoridad[es] las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección calle 13 número 1309, entre Avenidas 1 y 3, colonia Centro, código postal 94500, Córdoba, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga[n] la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. Toda vez que la parte quejosa solicita la medida cautelar del acto reclamado, tramítese por separado y por duplicado el cuaderno incidental relativo al presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por artículo 128 de la Ley de Amparo. Audiencia Constitucional. Se fijan las once horas con cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Emplazamiento e intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista, el trámite de este juicio al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado federal. Se le informa que está a su disposición copia de la demanda en la actuaría de este juzgado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia V1. 3o. J/2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo II, julio a diciembre de 1988, página 673, que dice: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". Designación y emplazamiento de tercero interesado. Del escrito de demanda se aprecia que el asesor jurídico Manuel Anell Trujillo, los elementos de la Secretaría Seguridad Pública Miguel Ángel Solano Espinoza, Erick Alonso, Daniel Rogelio de la Luna Marcos, Eduardo López Martínez, Martin Velázquez García, Karina Josefina Martínez Castillo, Alejandra Mendoza Bermejo y María Teresa Velázquez Llanos, así como los Fiscales Quinto y Sexto adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, ambos con residencia en Córdoba, Veracruz, les corresponde el carácter de terceros interesados, en términos del artículo 5º, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Amparo, respectivamente. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 801/2023-VI-A del propio índice, los citados terceros interesados Miguel Ángel Solano Espinoza, Erick Alonso Campechano, Daniel Rogelio de la Luna Marcos, Eduardo López Martínez, Martin Velázquez García, Karina Josefina Martínez Castillo, pueden ser emplazados a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz; en consecuencia, mediante oficio que se libre al efecto, con copia de la demanda y auto admisorio empláceseles al juicio constitucional, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley en cita. De igual forma respecto de los Fiscales Quinto y Sexto adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, ambos con residencia en Córdoba, Veracruz, mediante oficio que se libre al efecto, con copia de la demanda de amparo y auto admisorio emplácesele al juicio constitucional en términos del artículo invocado en el párrafo que antecede. Por otro lado, comisiónese a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en los domicilios de los diversos terceros interesados las víctimas Alejandra Mendoza Bermejo y María Teresa Velázquez Llanos, así como del asesor jurídico Manuel Anell Trujillo y con copia de la demanda de amparo y del auto admisorio, los emplace al presente juicio constitucional. Ofrecimiento de pruebas documentales y certificación. De conformidad en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que anexó a su demanda de garantías, las cuáles serán tomadas en consideración en la audiencia constitucional respectiva; asimismo, por haber exhibido copias suficientes para anexarse al incidente, de oficio compúlsese y certifíquese para agregarse en éstos, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 19/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de febrero de dos mil doce, derivada de la contradicción de tesis 482/2011, bajo el rubro: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). Por cuanto hace la[s] prueba[s] contenida en el disco de videograbación (DVD) que contiene la audio y video de la audiencia de revisión de medida, se ordena el resguardo en un sobre cerrado, el cual correrá agregado en autos, para lo efectos legales procedentes. Se invoca en apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª.), consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada con el rubro y contenido: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con los usuarios vinculados a los correos electrónicos que menciona. Notificaciones electrónicas. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la[s] parte[s] que así lo solicita[n] quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Intervención de autorizados. Se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] María de Jesús Palacios González (8541943), Luis Enrique González Lira (11773864), José Rodolfo Fernández Jiménez (12390686) y Luis Arroyo Rodríguez (09668143) en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Oposición de datos personales. Ténganse por hecha sus manifestaciones relativas a la oposición a la publicación de sus datos personales o sensibles; por tanto, dichos datos deberán considerarse como reservados, en la lista de acuerdos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
- Incidental
De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la[s] autoridad[es] responsable[s] su[s] respectivo[s] informe[s] previo, mismo[s] que deberá[n] rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea[n] notificada[s], enviándole[s] al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a la[s] autoridad[es] responsable[s] de que en caso de que no rinda[n] el [los] informe[s] requeridos, se le[s] sancionara con multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la[s] autoridad[es] que el informe que se le[s] requiere debe[n] preferentemente enviarlo al correo electrónico 16jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (271) 4-05-22-21; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la[s] autoridad[es] las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección calle 13 número 1309, entre Avenidas 1 y 3, colonia Centro, código postal 94500, Córdoba, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga[n] la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe[s] deberá[n] hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Se señalan las diez horas con cuarenta y un minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Del escrito de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la determinación de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el juez responsable, dentro del proceso penal 32/2020 y su acumulado 102/2021 de su índice administrativo, específicamente en la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que fue impuesta prisión preventiva justificada. Bajo ese contexto, resulta pertinente establecer que para determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada se debe atender a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Del mencionado numeral, en concordancia con lo señalado por los diversos 129, 131 y 138 de ese mismo ordenamiento legal, se evidencia que los requisitos necesarios para tal efecto son: 1. Que expresamente la solicite el quejoso; 2. Haya certidumbre sobre la existencia del acto reclamado; 3. El acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 5. Se lleve a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que el quejoso debe reunir para su procedencia. Entonces, con base en la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.", para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: 1. Expresamente la solicite el quejoso; 2. Haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. El acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 5. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada. Por tanto, el órgano jurisdiccional debe analizar, en el orden señalado, que se reúnan los mencionados requisitos en cada caso en concreto, por lo que si el acto reclamado no es suspendible, como lo es la resolución interlocutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, a través de la cual niega la medida cautelar solicitada en el juicio contencioso administrativo, entonces, resulta innecesario estudiar si se reúnen el resto de los requisitos, dado que aun surtiéndose los presupuestos señalados, no existiría materia que suspender por la naturaleza del propio acto reclamado. Al respecto, se advierten satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128 en relación con el diverso 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Se observa también que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 166 de la ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso quede a disposición del juez del proceso para la continuación de este, y a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto hace a su libertad personal. Lo anterior se determina así, puesto que el numeral 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución, y el 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), sin perder de vista que la suspensión no puede nulificar el acto reclamado, pues en la sentencia será en donde definitivamente se decida sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. Igualmente, porque el tribunal de amparo podrá conceder la medida cautelar con efectos restitutorios, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia de la suspensión; sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción 397/2016 dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.), visible en la página 483, Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número registro digital 2015310, que indica: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Bajo tales parámetros, este órgano de control constitucional advierte que la concesión de la suspensión con efectos restitutorios en contra de la prisión preventiva justificada, bajo la premisa de que es inconvencional, no podría ser otra que ordenar a la autoridad responsable que deje insubsistente esa medida privativa de libertad, pues sólo así se restablecería provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se resuelve la definitiva o se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Sin embargo, tratándose de los efectos de la suspensión cuando se reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe acatarse la jurisprudencia expresamente definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo particular, aborda el tema de los efectos de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, en la que señaló que los actos en materia penal se rigen, exclusivamente, por las normas especiales previstas en la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, relativas a la suspensión del acto reclamado en materia penal. Incluso, en la Ley de Amparo vigente, el legislador debidamente justificó la necesidad de diseñar un apartado especial sobre la suspensión en materia penal, principalmente por la necesidad de evitar confusiones en torno a los efectos que debían darse a esa medida cautelar en la materia penal, pues se asumió, que no existía un criterio uniforme respecto a los alcances que debía darse a la suspensión en cada caso concreto; lo cual dejó establecido en los artículos 159 al 169 de la Ley de Amparo, y específicamente en el numeral 166 del mismo cuerpo normativo, donde reguló de manera clara la forma en que el juzgador de amparo debe proceder cuando en la demanda respectiva se solicite la suspensión y el quejoso se encuentre materialmente detenido con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva. Por consiguiente, estos lineamientos son obligatorios mientras no se modifiquen o abandonen los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se establecen las pautas sobre la suspensión en materia penal, en los cuales precisó que ésta debe otorgarse de conformidad con lo previsto en el apartado especial establecido en los artículos 159 al 169 de la Ley de Amparo; aunado a que en atención al numeral 217 de dicho ordenamiento, dichos criterios jurisprudenciales son obligatorios para los tribunales del país conforme a la dimensión vertical de su obligatoriedad; y mientras los preceptos relativos a la suspensión en materia penal respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, concretamente lo preceptuado por el arábigo 166 de la indicada ley, no hayan sido declarados inconstitucionales o inconvencionales, es por lo que para este Tribunal Colegiado subsiste su debida observancia. Consecuentemente, si en el caso concreto, el acto reclamado es la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y el quejoso se encuentra materialmente detenido, la suspensión definitiva sólo debe concederse para el efecto de que queden a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Además, referente al tema aquí analizado, es un hecho notorio, que en sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, resolvió la contradicción de criterios 46/2023 [cuyo engrose, a la fecha, sigue pendiente de publicación], en la que sostuvo, en lo que interesa, que respecto de una medida cautelar de prisión preventiva, los jueces de amparo no están facultados para conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, a fin de que se imponga una distinta, dado que el artículo 19 de Constitución Federal, que prevé esa medida cautelar, así como el numeral 166, fracción I, de la Ley de Amparo, como norma especial en materia penal, no han sido derogados o modificados, en ese aspecto, de manera que tales órganos de amparo tienen vedada esa facultad, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Máxima Autoridad Judicial del País, además de que resolver en otro sentido, afectaría la seguridad jurídica, dado que únicamente ese Alto Tribunal tiene la facultad de examinar la prevalencia de la jurisprudencia y, en su caso, de estimarlo necesario y procedente, sustituirla. Criterio que es de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, acorde con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto de las pruebas exhibidas por el quejoso respecto de que se le impuso esa medida de prisión preventiva sin justificación alguna, resultan ineficaces para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados. Lo anterior es así, porque esos temas se refieren al fondo del asunto, de modo que, no es posible hacer el estudio correspondiente que permita arribar a la conclusión de que es procedente ordenar el cese inmediato de la pretendida privación de la libertad y tomar medidas necesarias para que no evada la acción de la justicia. Por lo que, en su caso la pretensión del quejoso, que se traduce en que obtengan su libertad, para enfrentar con esa calidad el procedimiento penal instaurado en su contra, sólo puede verificarse al examinar la constitucionalidad de la manera cautelar. En función de lo anterior, es evidente que los supuestos invocados por el quejoso en su escrito de demanda resulten inaplicables para el caso concreto, porque en ellos se parte de la premisa de que existan elementos que puedan prever el dictado de una sentencia de amparo favorable a los intereses del quejoso en apariencia del buen derecho; empero, en el particular, se insiste, el estudio condigno habrá de realizarse al resolver en definitiva el juicio de amparo. Por tal motivo no procede la valoración de la audiencia de revisión de medida cautelar en que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada reclamada [que ofrece en un disco de videograbación y obra en actuaciones], ni tampoco la documental, aportada, puesto que el estudio del acto procesal donde se emitieron argumentos que dieron origen a la determinación reclamada lo realizará el suscrito juzgador al emitir sentencia definitiva en el juicio de amparo.
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