Heriberto Castañeda Romero
Expediente 250/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/02/2018
Partes del expediente
- Heriberto Castañeda Romero
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; fórmese expediente y regístrese en el libro con el número 250/2018-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, conviene señalar lo estipulado en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la ley de amparo en vigor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la anterior transcripción legal, se advierte que, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales realizados fuera o después de concluido el juicio. Asimismo, señala que contra actos de ejecución de sentencia sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, a saber: La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; Las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, en el toca de apelación 1090/2017, la cual confirmó el auto de quince de junio de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en el juicio 356/2009, que inadmitió el incidente de falta de personalidad promovido por el aquí quejoso en los autos de tal juicio. Para una mejor comprensión del asunto es importante reseñar los antecedentes más relevantes que obran en autos. En la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, se encuentra radicado el juicio 356/2009, promovido por el aquí quejoso, en el que demandó la disolución de su vínculo matrimonial. El dieciocho de febrero de dos mil once, se dictó sentencia definitiva, en el que se condenó al quejoso al pago de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos. Mediante escrito de quince de marzo de dos mil diecisiete, Débora Yazmín Juárez Jiménez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, promovió vía de apremio respecto del pago de pensión alimenticia que en su concepto adeudaba el quejoso. Inconforme el quejoso con la personalidad que ostentó la madre de dichos menores para promover la referida vía de apremio, promovió incidente de falta de personalidad, el cual le fue inadmitido por el A quo por auto de quince de junio de dos mil diecisiete. Disconforme con el referido auto la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, en el toca de apelación 1090/2017, en el sentido de confirmar el auto recurrido. Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia. Expuesto lo anterior, cabe señalar que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en la que pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a los quejosos, a efecto de no entorpecer la ejecución de una resolución que constituye cosa juzgada, y que por la naturaleza propia del procedimiento, entendido como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución, que finalmente sería lo que podría reparar perjuicio a las partes, y por ende puede ser objeto de impugnación, esto es, dada la vinculación de causa y efecto, entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser fundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.7J. 108/2010, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sentadas las premisas anteriores, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que el juicio natural se encuentra en su etapa ejecutiva, y que la parte quejosa se encuentra vinculada a su cumplimiento al ser parte demandada. Lo anterior es así, ya que la vía de apremio relativa al pago de alimentos promovida por Débora Yazmín Juárez Jiménez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos -parte actora en el juicio natural-, fue promovida en virtud de que previo a ésta se había condenado al aquí quejoso al pago de alimentos a favor de sus menores hijos y, en virtud de que aquélla estimó que el quejoso no había dado cumplimiento a la condena que le fue impuesta, promovió la citada vía, esto es, dicha vía de apremio y los actos derivados de la misma no son autónomos a la ejecución de la sentencia, ni se trata de un procedimiento ajeno a la cosa juzgada, pues lo que se pretende es dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, sin introducir cuestiones ajenas a ella. Por consiguiente, el auto que inadmitió el incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso con el cual pretende impugnar la personalidad con la que promovió la aludida vía la parte actora, así como la resolución que lo confirmó, se encuentran relacionados con la cosa juzgada, los cuales deben impugnarse cuando se emita la última resolución en el procedimiento de cumplimiento, en el caso, tratándose de un asunto familiar en el que en vía de apremio se pretende liquidar la pensión alimenticia adeudada, debe impugnarse lo que ahora se combate cuando se emita la resolución liquidatoria. Apoya a lo dicho la jurisprudencia 1a./J. 23/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XXI, Mayo de 2005, materia común, número de registro 178441, visible en el la página 231, que dice: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." Dicho lo anterior, en razón de que el auto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo previstas el artículo 107, fracción V, de la Ley amparo, esto es, no es la última resolución dictada en fase de ejecución de sentencia, pues no es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente, en las que sí se pudieran harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución, entre ellas, las violaciones de las que se duele la parte quejosa en el presente juicio. Los anteriores razonamientos se encuentran en la tesis (V Región)1o.2 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, décima época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, materia común, número de registro 2015335, visible en el la página 2407, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE REQUIERE AL DEMANDADO POR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO DE DESAHUCIO Y AÚN PENDIENTE DE RESOLVERSE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). La jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.", establece que la razón medular del legislador para determinar la regla de procedencia del juicio de amparo relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. De ahí que, conforme a los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto mediante el cual se requiere al demandado por el cumplimiento voluntario de la sentencia de primera instancia condenatoria dictada en un juicio de desahucio, a pesar de que se encuentre pendiente de resolver el recurso de apelación, en virtud de que el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone que la sentencia que lo decrete será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará sin fianza; lo cual implica que, aun cuando no se trate de una sentencia ejecutoriada, aquel proveído es emitido en la fase de ejecución; por tanto, debe estarse a la regla de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, citado." Así como la diversa tesis número P. LVII/97, tomo V, abril de 1997, página 16, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asimismo, es aplicable la tesis 2ª. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, tomo VII, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a MAURICIO NITO MACÍAS Y HUMBERTO RAMOS TORRES, y con fundamento en el citado artículo, en relación con el 24 de la misma ley, se tienen por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la diversa persona que se refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 73 fracción II en relación con el 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública General en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374) DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente. Así proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el Secretario Asdrúbal Vargas Romero, que autoriza y da fe. Zeus*
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