Heriberto Canseco Agudo
Expediente 386/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Heriberto Canseco Agudo
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Heriberto Canseco Agudo, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 386/2017. Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En la especie, este juzgado federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y aclara que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos precisados. En ese orden de ideas, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece una regla general y dos específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio. La regla general de procedencia del juicio de amparo se advierte del primer párrafo de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de la materia, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Cabe destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de dicha Suprema Corte, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, destaca para la resolución del presente asunto, el siguiente pronunciamiento: "Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes." De igual forma, se invoca la tesis aislada número I.3o.C.116 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1287, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161390, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, AUTÓNOMOS A LA COSA JUZGADA. De conformidad con la tesis P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que por excepción, en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, puede admitirse la vía indirecta para actos que de manera directa afecten derechos sustantivos dictados en esa etapa ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Asimismo, de las consideraciones que sustentan la ejecutoria que da origen a ese criterio, se observa que la aplicación, por analogía, que dicha jurisprudencia autoriza, no implica la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, autónomos a la cosa juzgada, la regla general la constituye que el juicio de amparo sólo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y sólo por excepción se admite la procedencia del amparo biinstancial, cuando se trate de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; entendiéndose como tales de conformidad con la tesis P. LVII/2004, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que sustenta el mismo órgano, aquellos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Asimismo, procederá amparo indirecto contra las resoluciones que tengan autonomía de la ejecución." Por su parte, las dos reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto, derivan de los párrafos segundo y tercero de la fracción en cita, en cuanto establecen la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en los siguientes casos: a). Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, b). En tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; pudiendo en ambos casos reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada el veintidós de abril de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2011474, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Asimismo, cabe señalar que en relación con la fracción IV del precepto en comento, la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho procedimiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las mencionadas reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto fueron instrumentadas por el legislador al expedir la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, ahora abrogada, así como en la ley de la materia actualmente en vigor, con la finalidad que se desprende de la exposición de motivos respectiva, consistente en evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el mencionado juicio constitucional se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía la verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, y tratándose de remates, que sólo procedería contra la resolución que lo aprobara o desaprobara. Importa también precisar que nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha emitido criterio en el sentido de que por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, es aplicable por las razones que la informan la tesis aislada 2a. XLIX/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 367, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200593, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la Ley de Amparo, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que brinde una interpretación diferente." Igualmente, apoya lo anteriormente expuesto la tesis aislada 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196894, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. ANÁLISIS DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La causa de improcedencia se actualiza por lo siguiente: En la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada, el acuerdo dictado en el expediente 86/2013, relativo al juicio sumario de terminación de contrato de comodato y entrega de inmueble, mediante el cual el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, ordena la ejecución del lanzamiento del quejoso del bien inmueble que ocupa con su familia, y solicita el auxilio de la fuerza pública, así como la fractura de chapas o cerraduras de ser necesario, y en consecuencia lo desposea del bien inmueble ubicado en la Agencia Municipal de la Barra de Colotepec, perteneciente al municipio de Santa María Colotepec, Distrito de San Pedro Pochutla, Estado de Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide diez metros con cuarenta y cinco centímetros (10.45 metros), y colinda con calle; al Sur mide once metros con noventa y cinco centímetros (11.95 metros), y colinda con calle; al Oriente mide diecinueve metros (19.00 metros), y colinda con camino a la playa, y al Poniente mide veintitrés metros con treinta y cinco centímetros (23.35 metros), y colinda con Nicasio Castellanos Rodríguez, y su ejecución por parte del Actuario adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que si bien se reclama una resolución emitida después de concluido el juicio (regla general); no se actualiza alguna de las dos hipótesis específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio, porque: 1. Los actos reclamados no constituyen actos con autonomía propia, pues en realidad tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia del juicio natural. 2. Por tanto, los actos reclamados no son actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues su objeto es preparar la ejecución de la condena. 3. Aunado a lo anterior, los actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que con ellos no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente. 4. Además, los actos reclamados tampoco constituyen la última fase del eventual procedimiento de remate, considerando que no se trata de aquellas que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes. Es decir, se trata de una actuación dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia firme pronunciada en el juicio natural, pero no constituye la última resolución en el mismo, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial. Máxime que de conformidad con la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este Juzgado se radicó el juicio de amparo 248/2016, del índice de este juzgado, promovido por el mismo quejoso Heriberto Canseco Agudo, por su propio derecho, contra actos de las mismas autoridades señaladas en este asunto: 1) Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Pedro Pochutla; 2) Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, y 3) Actuario adscrito al precitado juzgado, ambos con residencia en Puerto Escondido; actos que hizo consistir de manera destacada, según se aprecia de la demanda que dio origen a dicho juicio de amparo, en lo siguiente: a) La ilegal notificación del auto de fecha dos de octubre de dos mil quince, dictado dentro del juicio ordinario civil 86/2013, promovido por Fernando Ríos García (tercero interesado), en contra de Heriberto Canseco Agudo (quejoso), donde se demandó la terminación de un contrato de comodato y la consecuente entrega del inmueble materia del contrato. Auto en el cual se concedió un plazo de cinco días a la parte demandada (Heriberto Canseco Agudo) para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva que lo condenó a la terminación del contrato de comodato y a la entrega del inmueble respectivo. b) La ilegal notificación del auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del precitado juicio ordinario civil. Auto en el que, por una parte, se tuvo a la parte actora precisando el domicilio donde debía requerirse al demandado Heriberto Canseco Agudo, el cumplimiento de la sentencia condenatoria, en los términos ya mencionados; y, por otra parte, se ordenó girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, a efecto de notificar a dicho demandado, tanto el acuerdo de marras, como el de dos de octubre de dos mil quince, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de mérito. Ordenándose agregar a los presentes autos copia certificada de la demanda de amparo con el que se formó dicho expediente de amparo, y de las constancias que se anexaron a la misma, para ser invocadas como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tesis XIII.3o.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 176544, con el rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo." Constancias de las que se advierte específicamente de la sentencia de veinticuatro de abril de dos mil quince, dictada en el expediente 86/2013, por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, que el aludido quejoso es parte en el aludido juicio natural, en virtud de que se le emplazó al mismo, y se le tuvo por contestada la demanda instaurada en su contra, anunciando pruebas y reconviniendo a la parte actora la rescisión del contrato de comodato; por consiguiente, resulta inconcuso que el quejoso no es tercero extraño al juicio natural, al haber sido demandado y haber comparecido al mismo, esto es, intervino en el juicio de origen y tuvo oportunidad de ser oído y vencido puesto que no reclama ninguna violación procesal en el mismo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia I.3o.C. J/21,publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Junio de 2000, visible a página 511, Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 191663, cuyos rubro y texto son del terno siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." Asimismo, resulta aplicable lo dispuesto por la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, visible en la página 1331, del tomo XXI, mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 178405, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada bajo el rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como el quejoso señala los estrados de este Juzgado, como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, y el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publica en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo pide el quejoso las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable al caso la tesis XXII.1o.22 K, publicada a foja 1067 del Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Cabe señalar que los criterios invocados resultan aplicables al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, puesto que su contenido no se opone a la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Finalmente, se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a Eloy Esquivel López y Denilson Romario Esquivel Castellanos, sin las amplias facultades que confiere el citado artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, circunstancia a la cual estaba obligado, en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia civil, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a sus nombres en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como tampoco en los libros de registros de cédulas profesionales que se llevan en este Juzgado. Notifíquese por lista a la parte quejosa, como se encuentra ordenado en este proveído. I-A P
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