Heriberto Benito López Aguilar
Expediente 261/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2019
Partes del expediente
- Heriberto Benito López Aguilar
Actuaciones
- Principal
v) Toluca, Estado de México a doce de marzo de dos mil diecinueve. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio de la cual el quejoso Heriberto Benito López Aguilar, da cumplimiento a la prevención decretada en auto de cinco de marzo pasado (f. 25-28); por lo tanto, se tiene por desahogada la misma dejándose sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó para el caso de ser omiso. ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, IV y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Fórmese por duplicado el incidente de suspensión pues la parte quejosa solicitó la medida cautelar del acto reclamado. INTERVENCIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención a la fracción III, del artículo 26 de la ley de la materia, notifíquese por medio de lista de publicación que se fija en este órgano jurisdiccional, para los fines legales a que haya lugar. ACUMULACIÓN DE AUTOS. Por otro lado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, que pueden tomarse en cuenta aunque ninguna de las partes lo alegue. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia XXII J/2, publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese orden, de la lectura integra de la presente demanda de amparo, se advierte que se encuentra relacionada con el diverso juicio de amparo 181/2019-II. Así, al tener a la vista la demanda de amparo relativa al juicio de amparo 181/2019, se advierte que ésta fue promovida por Heriberto Benito López Aguilar, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en contra de la resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 1540/2018 (derivado del procedimiento especial de divorcio incausado) por el Juez Segundo Civil de Primera instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, mediante el cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, cuyo sentido fue confirmar el auto que prevalece como medida provisional, un régimen de convivencia con los menores hijos, decretado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el expediente número 1269/2018 (acumulado) del índice de la responsable. Así las cosas, teniendo en consideración que los juicios referidos, se encuentran relacionados entre sí, dado que en ambos lo promueve Heriberto Benito López Aguilar, en ellos se señala el mismo acto reclamado atribuido a la misma autoridad responsable; que si bien en aquel asunto es relativo al recurso de revocación inmerso en la resolución de once de febrero del año en curso, también lo es, que en el presente asunto, lo relativo a lo decidido sobre las medidas precautorias y provisionales, otorgando un plazo a las partes para formular pretensiones, hechos y ofrecimiento de pruebas (conceptos de violación encaminados a controvertir además lo relativo a sus consecuencias); por tanto, este Juzgado de Distrito, determina que en el caso concreto es procedente la acumulación de los citados juicios, de conformidad con lo que establecen los artículos 66 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 71, 72, 74, 75 y 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Se expone tal aserto, pues la acumulación de que se trata, tiene por objeto, tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico, si los actos reclamados son sustancialmente los mismos (con temas distintos pero ligados entre sí); por ende, a efecto de lograr que la impartición de justicia sea pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones; con apoyo en el precepto 66 de la Ley de Amparo, corresponde acumular el juicio más reciente, esto es, el juicio de amparo 261/2019-V, al diverso 181/2019-II, para su tramitación en forma conjunta, por adecuarse los supuestos establecidos en los artículos 71, 72, 74, 75 y 76 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que para mayor claridad se transcriben. "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. "Artículo 71.- Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se presente, dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cuestiones que en ella fueron omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a otra demanda, procederá la acumulación que, en este caso, no surte otro efecto que el de la total nulificación del proceso acumulado, con entera independencia de la suerte del iniciado con anterioridad. La ampliación a que se refiere el párrafo anterior sólo puede presentarse una vez, hasta antes de la audiencia final de la primera instancia, y se observarán las disposiciones aplicables como si se tratara de un nuevo juicio." "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." "Articulo 74.- Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que haya enviado, en caso contrario. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable." "Artículo 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio." "Artículo 76.- Es válido lo practicado por los tribunales competentes antes de promoverse la acumulación. Lo que practicaren después será nulo, salvo lo dispuesto sobre providencias precautorias o disposición contraria de la Ley." Es aplicable la tesis I.6o.C.60 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1284, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2002, Novena Época, con número de registro 187636, que establece: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico." Así como, el diverso criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 2890 del Tomo IV, Libro 12, del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, Décima Época: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Consecuentemente, mediante oficio que se envíe al juicio de amparo 181/2019-II de éste juzgado, remítase el original del presente asunto, a efecto de que sean glosados en una misma pieza de autos, para los efectos legales a que haya lugar y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que se fije fecha para la celebración de la audiencia constitucional pues la misma se llevará acabo el día y hora señalados en el juicio de amparo 181/2019-II (ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE). REQUERIMIENTO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237 fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Informándole puede remitir su respectivo informe al correo electrónico jorge.ochoa.ruiz @correo.cjf.gob.mx; o bien vía fax al (01722) 2360500 ext 3107 o 3116. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérasele a la responsable, para que en el supuesto de que hubiese alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. APERCIBIMIENTO DE AUTORIDAD INEXISTENTE. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrá como inexistentes y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. NOTIFICACIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Asimismo, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a la autoridad responsable, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TERCERO INTERESADO: De igual manera, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero Adriana Daniela Evaristo Martínez; con domicilio en: calle Porfirio Alcántara número 603, interior 18, Colonia cuatro milpas, Atlacomulco, Estado de México. En esas condiciones, a fin de respetar los derechos inherentes del tercero interesado en cita como parte en el presente juicio de amparo, para que esté en posibilidad de ejercer su derecho procesal y de hacer eficaz la defensa de sus intereses en el juicio principal; con fundamento en lo establecido en el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, emplace personalmente al presente juicio de amparo a la tercero interesada Adriana Daniela Evaristo Martínez, en el domicilio señalado por éste en el procedimiento de origen, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, el presente acuerdo y le haga saber el derecho que tiene de apersonarse a este juicio si a su interés conviene y lo requiera para que dentro del plazo de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Toluca, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano federal, en términos de la fracción III del artículo 26 de la ley de la materia, hasta que señale domicilio para tal efecto en la localidad referida. Hecho lo anterior, a la brevedad posible la responsable deberá remitir las constancias respectivas; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al requerimiento anterior, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237 y 238 de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE DE LOS MENORES. Con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera pertinente nombrar un representante especial, el cual deberá defender imparcialmente el interés superior de los menores de iniciales A.B.L.E. y C.D.L.E., en el presente juicio de amparo, lo que no ocurriría en el caso de que fuera representado por alguno de sus progenitores, pues evidentemente no existiría la imparcialidad, que se requiere. Sirve de apoyo la tesis publicada en el página 1324, tomo XVI, de agosto de dos mil dos, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." En tales condiciones, gírese oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en su numeral 2°, computados legalmente, al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proponga un representante especial, el cual deberá defender imparcialmente el interés superior de los menores A.B.L.E. y C.D.L.E., en el presente juicio; o bien, manifieste la imposibilidad legal y justificada que tenga para hacerlo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al requerimiento, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Incidental
v) Toluca, Estado de México a doce de marzo de dos mil diecinueve. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 261/2019-V, promovido por Heriberto Benito López Aguilar, por derecho propio y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, se integra por duplicado el presente incidente. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda. Informándole puede remitir su respectivo informe al correo electrónico jorge.ochoa.ruiz @correo.cjf.gob.mx; o bien vía fax al (01722) 2360500 ext 3107 o 3116. ACUMULACIÓN. Como se ordenó en el juicio de amparo principal, se ordena la acumulación de este incidente al diverso 181/2019-II, del índice de este Juzgado. AUDIENCIA INCIDENTAL. Sin que se fije fecha para la celebración de la audiencia incidental, pues la misma se llevará acabo el día y hora señalados en el incidente de suspensión 181/2019-II (NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE). APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, además de que se harán acreedoras a una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Antes de entrar al estudio de la suspensión, es pertinente precisar que los artículos 107 fracción X de la Constitución General de la República, 128, 129, 138 fracción I y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario del amparo debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, las cuales son: la naturaleza de la violación alegada; la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la quejosa con su ejecución; los que la suspensión origine a los terceros interesados; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la quejosa. PRECISIÓN ACTO RECLAMADO. La quejosa tilda de inconstitucional la resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 1540/2018 (derivado del procedimiento especial de divorcio incausado) por el Juez Segundo Civil de Primera instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, mediante el cual se pronunció respecto a las medidas precautorias y provisionales, otorgando un plazo a las partes para formular pretensiones, hechos y ofrecimiento de pruebas (conceptos de violación encaminados a controvertir lo relativo a las consecuencias). Sin que pase desapercibido para este juzgador que el quejoso refiere solicitar la suspensión de acto reclamado, para que las cosas se mantengan en el estado procesal en que actualmente guardan. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. En ese contexto, se estima necesario efectuar un análisis cuidadoso para decidir sobre la medida cautelar solicitada, en virtud de que se encuentran involucrados los derechos de dos menores de edad; por tanto, debe de atenderse al interés superior de los menores. Sirve de apoyo por igualdad de razón, la tesis I.4o.C.252 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2236, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE CUSTODIA DE MENORES. PARA CONCEDERLA O NEGARLA DEBE ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." Atento a lo anterior, se debe ponderar el mayor beneficio para el interés superior del menor, evitando que surjan acontecimientos o hechos que generen mayores riesgos para su bienestar y desarrollo, ya que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcione a los niños, los satisfactores, cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, el cual se ha erigido en interés superior de la Nación, tanto en la legislación mexicana y en la normatividad del orden internacional. Ahora bien, conforme a lo señalado en la parte conducente del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez". De lo anterior, se puede deducir, que el Estado, a través de sus instituciones, entre ellas, las de administración de justicia, debe velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; esos derechos son los que aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Al efecto, una forma de lograr un desarrollo integral y sano de los menores es mediante el respeto de sus derechos, adoptando las medidas y decisiones que le garanticen la permanencia en el apego al vínculo familiar, pero siempre ponderando el interés superior de éste y salvo los casos en que lo anterior sea perjudicial para los menores. En ese orden, el suscrito considera que atendiendo al interés superior de la menor, con fundamento en el artículo 128 y 129 de la Ley de Amparo, debe negarse la suspensión provisional solicitada, pues de concederse la medida cautelar, se le podría causar perjuicios, atendiendo a que el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México hasta el momento, cuenta con más medios de convicción para determinar acerca de las medidas precautorias y provisionales tomadas en la resolución de once de febrero del año en curso en el juicio de origen. Asimismo, robustece el sentido de la presente determinación, y tomado en consideración que es el Juez responsable quien tiene los medios de convicción necesarios para adoptar las medidas que considere pertinentes acorde a los menores de edad, atendiendo en todo momento por los derechos del menor y el interés superior del mismo. No pasa desapercibido que el quejoso refiere de un riego en perjuicio de los menores, pues ello no lo acreditó al día de la presentación de la demanda de amparo, sin perjuicio que lo pueda hacer posteriormente. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis I VII.1o.C.44 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 3346, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "CONVIVENCIA PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE CON LAS RESTRICCIONES ADECUADAS DEL CASO, AUN CUANDO EL MENOR RECHACE CONVIVIR CON SU PROGENITOR NO CUSTODIO, SI NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE PUEDA SUSCITARSE ALGÚN PERJUICIO O ABUSO FÍSICO O MENTAL HACIA AQUÉL De los artículos 4°. de la Carta Magna, 3, numeral 2, 8, numeral 1, 9, numerales 1, 2 y 3, 12, numeral 1, 18, numerales 1 y 2, y 19, numerales 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se aprecia que un derecho primordial de los menores radica en no ser separados de sus padres, a menos que ello sea necesario en aras de proteger el interés superior de aquéllos; de modo que cuando dicha separación ocurre, necesariamente debe establecerse un régimen de visitas y convivencia entre el progenitor no custodio y dicho menor, en tanto que éste tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo de un modo regular con el padre que no lo tiene bajo su cuidado, el cual sólo debe restringirse o suspenderse cuando su interés superior así lo requiera, como en el caso que deba ser protegido de cualquier forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación; de ahí que si de la opinión del menor y del material probatorio existente, se advierte su rechazo a convivir con su progenitor no custodio -y en su caso, la necesidad de que las partes involucradas acudan a las terapias y/o evaluaciones pertinentes para poder decidir en definitiva sobre la guarda y custodia, y convivencia del menor en cuestión, o bien, para ajustar la forma en que debe desarrollarse la convivencia provisional-, pero no hay evidencia de que con ésta pueda suscitarse alguna forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación hacia el menor, por parte del progenitor que no lo tiene bajo su cuidado, entonces la convivencia debe otorgarse, a fin de restablecer, lo más pronto posible, el acercamiento entre ambos; medida que, en todo caso, debe fijarse con las restricciones adecuadas al caso, pero no suprimirse de manera tajante, pues ello iría en detrimento del interés superior del menor." AUTORIDADES INEXISTENTES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistentes y por ende no se les dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. DOMICILIO. En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluso las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a Adolfo López González, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia interlocutoria, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. Notifíquese.
- Principal
V) Toluca, Estado de México a cinco de marzo de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Heriberto Benito López Aguilar por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 261/2019-V. PREVENCIÓN. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente requerir a la parte quejosa por el plazo de cinco días, con copias suficientes del mismo para correr traslado a las partes con éste, y entendida de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, para que realice lo siguiente: PRIMERO. Aclare el acto que por esta vía reclama, pues en el capítulo correspondiente, inicialmente señala como tal: "la resolución de 11 de febrero de 2019 dictada en el expediente 1540/2018. mediante la cual decretó la disolución del vínculo del vínculo matrimonial, se decidió sobre las medidas precautorias provisionales; y se otorgó a las partes un plazo común de cinco días para formular pretensiones, hechos y ofrecer medios de prueba respecto de la totalidad de los puntos que no fueron objeto de consenso" y del diverso juicio de amparo del índice de este juzgado se advierte que reclama la resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 1540/2018 por el Juez Segundo Civil de Primera instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, mediante el cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, cuyo sentido fue confirmar el auto que prevalece como medida provisional, un régimen de convivencia con los menores, el cual lleva implícito el acto reclamado de medidas provisionales. No obstante ello, es pertinente precisar que para un juez de Distrito un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, acorde con la jurisprudencia apreciable con el número XXII J/12, en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Y, en conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece: ".Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". Por tanto, para quien resuelve crea incertidumbre, si su reclamo en el presente asunto es el mismo al diverso juicio de amparo (181/2019 del índice de este órgano jurisdiccional); situación que deberá aclarar para acordar lo relativo a la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XX.57 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 871 del Tomo III del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Cabe acotarse, que en el supuesto de advertirse que el promovente o sus autorizados acudieran a la presente vía constitucional con la intención de obstaculizar el procedimiento en el expediente de origen o la legal actuación de las autoridades responsables, se les impondrá, a cada uno de los mencionados, algunas de las sanciones establecidas en el artículo 261, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." SEGUNDO. Una vez que precise el contenido de la aclaración que antecede, deberá exponer si la presente demanda la promueve por propio derecho o también en representación de sus menores hijos de siglas A.B.L.E y C.D.L.E, pues del contenido de la demanda se advierte que pretende defender también sus derechos. Lo anterior se requiere en virtud de que el artículo 8 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 8°. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda." Y por tanto, resulta necesario conocer dichos datos. TERCERO. Deberá exhibir copias suficientes de las actas de nacimientos de sus menores hijos de identidad reservada, para correr traslado a cada una de las partes, lo anterior con apoyo en el artículo 110 de la ley de la materia y Jurisprudencia numero 2a./J. 124/2016 (10a.) visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 36, Noviembre de 2016, Materia(s): Común, página 1449, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado, deberá de exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en este proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluso las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a Adolfo López González, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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