Heriberto Bautista Martínez y Otros.

Expediente 598/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 80 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
598/2018
Año
2018
Actuaciones
80
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Heriberto Bautista Martínez y Otros.
  • Heriberto Bautista Martínez
  • 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 80.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. ***

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de dieciséis de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades obligadas que dieran cumplimiento al fallo constitucional.  El Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por oficio 1148, de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, remitieron en copia certificada del arreglo conciliatorio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, celebrado por las partes del juicio laboral ***.  Luego, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta.  SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables 1. Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: " a). Emplacen a la parte demandada a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, relativa al juicio laboral ***, con la suficiente anticipación que impida nuevamente su diferimiento, celebrando la misma en la fecha fijada en proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho; y, en caso de no ser posible su llamado a juicio, proceder en los términos precisados en el presente fallo hasta lograr la iniciación de la audiencia sumaria.". TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en representación de las responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que mediante oficio 1148, la responsable remitió el convenio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, celebrado entre *** (quejoso) y ***, ante la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con en esta ciudad, de la que se advierte que el aquí quejoso ***, llegó a un arreglo con la parte demanda, desistiéndose de toda acción legal, asimismo, recibió la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), teniéndose por pagado de todas y cada una de las prestaciones solicitadas en su escrito de demanda. Por lo antes expuesto la Junta responsable ordenó el archivo del juicio laboral ***, por carecer de materia. En ese sentido, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), de título "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO", delimitó el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo indirecto, en la forma siguiente:  En términos del numeral 192 de la Ley de Amparo vigente, el procedimiento de ejecución inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia constitucional en que se haya concedido el amparo, por lo que, el órgano jurisdiccional ordenara notificar la resolución a las partes.  En el mismo auto debe requerir a la responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda para continuar con el trámite de inejecución.  De igual forma, debe requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última cumplir con el fallo, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.  Posteriormente, de conformidad con el diverso artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la responsable informe al órgano judicial de amparo que ya se cumplió la ejecutoria, deberá darse vista la parte quejosa y tercero interesada para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con la finalidad de alegar exceso o defecto en el cumplimiento.  Transcurrido el referido plazo, el juez de distrito deberá pronunciar si la sentencia se encuentra o no cumplida, se incurrió en exceso o defecto, o bien, si existe imposibilidad para cumplirla.  En caso de considerar cumplida la ejecutoria, se podrá ordenar el archivo del expediente, pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo, por exceso o defecto en su observancia, o en su caso, considera de imposible cumplimiento, ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que se siga el procedimiento previsto en el numeral 193 de la ley de la materia. Por tanto, el Juez de Distrito una vez que la responsable informe lo relativo al cumplimiento de la sentencia constitucional, puede emitir resolución conforme a lo siguiente: a) Que la sentencia de amparo está cumplida y ordene el archivo del asunto; b) Que no está cumplida; c) Que no está cumplida totalmente; d) Que no lo está correctamente, por exceso o defecto; o, e) Que existe imposibilidad para cumplir el fallo. No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa no acontece ninguna de las circunstancias anteriormente reseñadas, en virtud de que la parte actora -aquí quejosa- ha desistido de la instancia y por ende, de los derechos subjetivos correspondientes, ello al celebrar un convenio por mutuo acuerdo con su contra parte del juicio laboral ***. De ahí que, no pueda alegarse la existencia de una violación de derechos fundamentales, ya que en el procedimiento de ejecución de sentencia ha desaparecido la parte agraviada en el juicio de amparo, pues con el desistimiento de la instancia desaparecieron los derechos subjetivos respecto de los que alegó violación en el juicio de origen, y con ello tampoco se cumple con el principio de parte agraviada en el juicio de amparo estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 5 de la Ley de Amparo. En suma, la desaparición de la intención de preservar el procedimiento de origen, se traduce en la desaparición de la intención que se revierta su sentido, lo que implica declarar sin materia la ejecución de la sentencia constitucional, por haber desaparecido su objeto, que es precisamente restituir a la parte agraviada en el ejercicio de sus derechos subjetivos, en el expediente laboral ***, del índice de la responsable. En esa tesitura, las actuaciones reseñadas evidencian que por voluntad de la parte aquí quejosa cambió la situación jurídica, que torna a dejar sin materia el objeto de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4o.T.17 K (10a.), pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del contenido siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo" Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: El cumplimiento de la ejecutoria de amparo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, ha quedado sin materia. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de dieciséis de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades obligadas que dieran cumplimiento al fallo constitucional.  El Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por oficio 1148, de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, remitieron en copia certificada del arreglo conciliatorio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, celebrado por las partes del juicio laboral ***.  Luego, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta.  SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables 1. Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Emplacen a la parte demandada a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, relativa al juicio laboral ***, con la suficiente anticipación que impida nuevamente su diferimiento, celebrando la misma en la fecha fijada en proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho; y, en caso de no ser posible su llamado a juicio, proceder en los términos precisados en el presente fallo hasta lograr la iniciación de la audiencia sumaria. TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en representación de las responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que mediante oficio 1148, la responsable remitió el convenio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, celebrado entre *** (quejoso) y ***, ante la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con en esta ciudad, de la que se advierte que el aquí quejoso ***, llegó a un arreglo con la parte demanda, desistiéndose de toda acción legal, asimismo, recibió la cantidad de XXX(treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), teniéndose por pagado de todas y cada una de las prestaciones solicitadas en su escrito de demanda. Por lo antes expuesto la Junta responsable ordenó el archivo del juicio laboral ***, por carecer de materia. En ese sentido, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), de título "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO", delimitó el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo indirecto, en la forma siguiente:  En términos del numeral 192 de la Ley de Amparo vigente, el procedimiento de ejecución inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia constitucional en que se haya concedido el amparo, por lo que, el órgano jurisdiccional ordenara notificar la resolución a las partes.  En el mismo auto debe requerir a la responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda para continuar con el trámite de inejecución.  De igual forma, debe requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última cumplir con el fallo, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.  Posteriormente, de conformidad con el diverso artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la responsable informe al órgano judicial de amparo que ya se cumplió la ejecutoria, deberá darse vista la parte quejosa y tercero interesada para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con la finalidad de alegar exceso o defecto en el cumplimiento.  Transcurrido el referido plazo, el juez de distrito deberá pronunciar si la sentencia se encuentra o no cumplida, se incurrió en exceso o defecto, o bien, si existe imposibilidad para cumplirla.  En caso de considerar cumplida la ejecutoria, se podrá ordenar el archivo del expediente, pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo, por exceso o defecto en su observancia, o en su caso, considera de imposible cumplimiento, ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que se siga el procedimiento previsto en el numeral 193 de la ley de la materia. Por tanto, el Juez de Distrito una vez que la responsable informe lo relativo al cumplimiento de la sentencia constitucional, puede emitir resolución conforme a lo siguiente: a) Que la sentencia de amparo está cumplida y ordene el archivo del asunto; b) Que no está cumplida; c) Que no está cumplida totalmente; d) Que no lo está correctamente, por exceso o defecto; o, e) Que existe imposibilidad para cumplir el fallo. No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa no acontece ninguna de las circunstancias anteriormente reseñadas, en virtud de que la parte actora -aquí quejosa- ha desistido de la instancia y por ende, de los derechos subjetivos correspondientes, ello al celebrar un convenio por mutuo acuerdo con su contra parte del juicio laboral ***. De ahí que, no pueda alegarse la existencia de una violación de derechos fundamentales, ya que en el procedimiento de ejecución de sentencia ha desaparecido la parte agraviada en el juicio de amparo, pues con el desistimiento de la instancia desaparecieron los derechos subjetivos respecto de los que alegó violación en el juicio de origen, y con ello tampoco se cumple con el principio de parte agraviada en el juicio de amparo estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 5 de la Ley de Amparo. En suma, la desaparición de la intención de preservar el procedimiento de origen, se traduce en la desaparición de la intención que se revierta su sentido, lo que implica declarar sin materia la ejecución de la sentencia constitucional, por haber desaparecido su objeto, que es precisamente restituir a la parte agraviada en el ejercicio de sus derechos subjetivos, en el expediente laboral ***, del índice de la responsable. En esa tesitura, las actuaciones reseñadas evidencian que por voluntad de la parte aquí quejosa cambió la situación jurídica, que torna a dejar sin materia el objeto de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4o.T.17 K (10a.), pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del contenido siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo" Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: El cumplimiento de la ejecutoria de amparo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, ha quedado sin materia. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y anexo, por el cual remite copia certificada del convenio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***; con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA DE CUMPLIMIENTO Por tanto, en términos de lo dispuesto por el numeral 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, con el comunicado de cuenta, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que la autoridad responsable refiere haber dado a la ejecutoria en cita; en el entendido que transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, emitirá la resolución correspondiente. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Notifíquese.

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