Heriberto Ayala Muñoz
Expediente 1086/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Heriberto Ayala Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dejó insubsistente la fecha señalada en acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, y ordenó dictar uno nuevo en el que fijó como nueva data para el desahogo de la audiencia inicial las diez horas del diecisiete de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 4A-2309/2019. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad en cita en vías de cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, toda vez que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridad responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, y de inmediato dicte uno diverso en el que señale la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; b) Provea y agote todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones se verifique el emplazamiento de todas las partes a fin de que se esté en condiciones de celebrar la referida audiencia; y, c) Notifique como proceda a las partes, la determinación que dicte en cumplimiento a los puntos anteriores, en el entendido de que dichas notificaciones deberán realizarse de manera oportuna en relación con la fecha señalada para la audiencia en comento. En el entendido de que la ejecutoria de amparo no se declarará cumplida sino hasta que la junta responsable celebre en sus términos dicha audiencia; de ahí que, deberá realizar todos los actos tendentes a verificarla sin mayores dilaciones". Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el órgano jurisdiccional debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable una prórroga para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto informe las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, por la se concedió la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para que realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, y de inmediato dicte uno diverso en el que señale la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; b) Provea y agote todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones se verifique el emplazamiento de todas las partes a fin de que se esté en condiciones de celebrar la referida audiencia; y, c) Notifique como proceda a las partes, la determinación que dicte en cumplimiento a los puntos anteriores, en el entendido de que dichas notificaciones deberán realizarse de manera oportuna en relación con la fecha señalada para la audiencia en comento. En el entendido de que la ejecutoria de amparo no se declarará cumplida sino hasta que la junta responsable celebre en sus términos dicha audiencia; de ahí que, deberá realizar todos los actos tendentes a verificarla sin mayores dilaciones". Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1086/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Heriberto Ayala Muñoz, por conducto de su apoderado, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de octubre de la presente anualidad, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de naturaleza omisiva de autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción, lugar en donde se presentó la demanda. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio ordinario laboral 4A-2309/2019 y haber señalado fecha distante para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro del plazo que marca la ley. Tercera. Certeza del acto reclamado. El Presidente y actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado señalaron que es cierto el acto que se le reclama; tal y como se advierte de la constancia que remitieron las autoridades responsables, toda vez mediante auto de veintitrés de septiembre del año en curso, la autoridad responsable señaló las diez horas del diez de febrero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del juicio ordinario laboral 4A-2309/2019. Lo anterior, se acredita con la constancia que acompañaron como soporte de su informe justificado, a la cual de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se le concede valor probatorio pleno, por constituir documentales públicas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causas de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado de Distrito no advierte de oficio causa de improcedencia que se actualice en el presente juicio ni alegada por las partes. Quinta. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia que se actualice en relación con el referido acto reclamado, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce del derecho violado, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/83, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164369, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso." Conceptos de violación que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, ya que no existe disposición expresa en la ley reglamentaria del juicio de amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación formulados resultan fundados como a continuación se expondrá: En el análisis de los conceptos de violación, este Juzgado de Distrito atiende al principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme al cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce del derecho violado, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de examinar la violación de los derechos conviene señalar que de la documental que acompañaron a su informe las autoridades responsables consistente en copia certificada del expediente ordinario laboral número 2309/2019, que ya fue valorada con antelación, se advierte que en acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, señaló las diez horas del diez de febrero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del citado controvertido. Al respecto, de conformidad con el artículo 74, fracción II y 79, de la Ley de Amparo, en un análisis sistemático de los motivos de disenso que formula la parte quejosa en su demanda, suplidos en su queja deficiente, son fundados los conceptos de violación, ya que efectivamente se advierte que la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha incurrido en la dilación de la que se duele la parte quejosa. En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece para su protección diversas garantías de seguridad jurídica que todas las autoridades del estado Mexicano que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben observar a saber: 1. Principio de prosecución judicial; por virtud del cual todo acto de autoridad que determine los derechos civiles y políticos de las personas debe provenir de un juez o tribunal formal y materialmente constituido y en caso contrario, que tal acto pueda ser revisado por un tribunal que satisfaga esos requisitos. 2. Principio de expeditez, por virtud del cual la justicia debe ser administrada en los plazos que fijen las leyes. 3. Principio de gratuidad; por virtud del cual las personas que ejercen la función jurisdiccional, no deben realizar cobro alguno a las personas por las actuaciones que realicen, ya que sus respectivos emolumentos deben ser pagados por el Estado. 4. Administración de justicia completa o principio de congruencia; por virtud del cual, las resoluciones que se emitan al decidir un caso concreto, deben ser acordes a lo pedido por las partes, resolviendo el fondo de la controversia planteada. 5. Principio de imparcialidad; por virtud del cual las personas que integran los órganos depositarios de la función jurisdiccional deben permanecer ajenos a cualquier presión tanto de índole interno como externo, para resolver el caso sometido a su jurisdicción de forma objetiva. Estos principios son los que garantizan de manera mínima el acceso a la justicia dado que al faltar uno de ellos, se desconocería el derecho humano en comento, por ello es necesario que todos los principios se presenten de manera concomitante para lograr que las personas efectivamente accedan al derecho fundamental. En ese sentido, la violación al derecho de acceso a la justicia se manifiesta a través de un acto negativo u omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: a) La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. b) La segunda, que es la en el caso nos interesa, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. La Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso prevé lo siguiente: "Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador." "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (...)." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley.". Lo subrayado y resaltado no es de origen. De la anterior transcripción se advierte que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, instituye que la junta responsable dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido aquélla. No obstante lo anterior, la junta responsable en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, fijó las diez horas del diez de febrero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia en comento, por lo que resulta evidente que dicho señalamiento no se ajusta al término de quince días establecido en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo. De igual forma, de la constancia que remitieron las responsables como medio de convicción, se aprecia que actualmente no se ha realizado el emplazamiento de la parte demandada. Lo expuesto demuestra que la junta laboral origina retardo en la tramitación y resolución del juicio de origen al no emplazar a la parte demandada y fijar fecha para la audiencia de mérito fuera del plazo previsto en el mencionado precepto. En tal virtud, la responsable al dilatar el procedimiento correspondiente al juicio laboral, vulnera en su perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 Constitucional. Por tanto, procede conceder la protección federal para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, y de inmediato dicte uno diverso en el que señale la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; b) Provea y agote todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones se verifique el emplazamiento de todas las partes a fin de que se esté en condiciones de celebrar la referida audiencia; y, c) Notifique como proceda a las partes, la determinación que dicte en cumplimiento a los puntos anteriores, en el entendido de que dichas notificaciones deberán realizarse de manera oportuna en relación con la fecha señalada para la audiencia en comento. En el entendido de que la ejecutoria de amparo no se declarará cumplida sino hasta que la junta responsable celebre en sus términos dicha audiencia; de ahí que, deberá realizar todos los actos tendentes a verificarla sin mayores dilaciones. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquéllas futuras o inciertas que lleguen surgir de manera posterior, acorde con lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en la quinta consideración de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Heriberto Ayala Muñoz, contra los actos reclamados al Presidente y Actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia esta ciudad, para los efectos indicados en la parte final de la misma. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia que llegue a emitirse, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
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